La República de Ecuador estrena este lunes nueva Carta Magna, que fue aprobada por una mayoría absoluta de ecuatorianos mediante referéndum consultivo el 28 de setiembre. El texto de la nueva Constitución, aprobada el 28 de septiembre pasado, tiene 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final, y el Régimen de Transición. […]
La República de Ecuador estrena este lunes nueva Carta Magna, que fue aprobada por una mayoría absoluta de ecuatorianos mediante referéndum consultivo el 28 de setiembre.
El texto de la nueva Constitución, aprobada el 28 de septiembre pasado, tiene 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final, y el Régimen de Transición.
Todo ello fue elaborado por una Asamblea Constituyente en un lapso de ocho meses; trabajo legislativo que ha sido considerado en Ecuador como el más democrático, pues el documento abre las puertas a diferentes tipos de propiedades: privada, social y solidaria, y de estado.
El instrumento legal fue publicado en el Registro Oficial Nº 449, y con ello quedó derogada la Constitución de 1998.
Con esta nueva constitución, entre otros aspectos, se intenta el destierro del modelo neoliberal en la administración pública y en el cumplimiento de las normativas legales, fundamentos que en la de 1998 estaban consolidados con marcadas desigualdades sociales.
La carta política además, indica que la Asamblea Constituyente deberá reunirse para elegir a la Comisión Legislativa, encargada de aprobar las primeras leyes que permitirán implementar esta legislación.
La nueva ley magna incorpora una planificación económica que no existía con el libre mercado, con lo que se pretende alcanzar equidad social y territorial.
Las leyes implementadas propician la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario, que está basado en la distribución igualitaria de los beneficios que provengan del desarrollo de los medios de producción.
Vale destacar que la reciente Constitución fue aprobada con el 63,93 por ciento de los votos escrutados por el Tribunal Supremo Electoral; mientras que los votos en contra alcanzaron el 28,10 por ciento.