Ha costado, incluso golpes de estado y erupciones des-estabilizadoras, la sola idea de convocar a debatir, y re-diseñar, los cuerpos constitucionales de algunos países. Especialmente en aquellos Estados en los que las Constituciones Políticas han sido deformadas para arrodillarlas a los caprichos más turbios del neoliberalismo. Simplemente no se toca. Y es que el nuevo […]
Ha costado, incluso golpes de estado y erupciones des-estabilizadoras, la sola idea de convocar a debatir, y re-diseñar, los cuerpos constitucionales de algunos países. Especialmente en aquellos Estados en los que las Constituciones Políticas han sido deformadas para arrodillarlas a los caprichos más turbios del neoliberalismo. Simplemente no se toca.
Y es que el nuevo (viejo) catálogo de «temas tabú» que el neoliberalismo ha histerizado con sofocos y desmayos reaccionarios, tiene como sus nervios más sensibles el problema de la «propiedad privada», el problema del latifundismo, el saqueo de los recursos naturales, la explotación demencial de la clase trabajadora, los privilegios represivos de los tres poderes amafiados y la negación sistemática de nuevas formas del poder emanadas de la voluntad social y del ejercicio socialista de los nuevos derechos humanos y sociales. Por mencionar sólo lo obvio.
Pero a la burguesía le irrita que los pueblos interroguen y debatan su constitucionalismo. A la burguesa le irrita que los pueblos sean capaces de identificar los veneros ideológicos, y sus baratijas conceptuales, que se deslizan para traficar «falsa conciencia» bajo las «sacrosantas» leyes que los oligarcas imponen. Para un burgués se trata de temas «técnicos» reservados a especialistas y los pueblos están ahí sólo para agradecer algunas migajas filantrópicas que inventan los jurisconsultos para hacer pasar por «Justo» lo que en verdad es una mascarada para legalizar todos los hurtos, saqueos e injusticias del capitalismo. No hay atenuantes. Para la lógica burguesa la idea de «sanción» no es otra cosa que la impartición de una moral hipócrita ideada para arrodillarnos, resignados a su «autoridad» imperecedera y omnipotente. No van a silenciarnos con chicanas de eruditos ni retruécanos de leguleyos. No van a silenciarnos con sus parrafadas tóxicas, herederas de tránsitos abrumadores al reino de toneladas de papeles «teóricos» que son tan infernales como inútiles y falaces cuando uno mira desnudo el estado real de la Justicia social.
La lógica suprema de una Constitución Política debería ser subordinarse como herramienta para la Justicia Social al servicio del desarrollo sin amos, de la convivencia armónica y de la igualdad incondicional de las personas. De la felicidad objetiva, concreta y en avance permanente. ¿Es eso posible en una sociedad dividida en clases?. La Constitución política de la Justicia Social, debiera garantizar que nadie se encarame en el trabajo de otros para explotarlos, saquearlos o humillarlos. Debería garantizar, por todos los medios, que se respete y realice la voluntad democrática de los pueblos. Línea por línea, reglamento por reglamento, código por código, ley por ley. Eso implica expropiarle a la burguesía su poder «superestructural» de inmediato.
Una Constitución de nuevo género debe ser una herramienta para defender a los pueblos de todo abuso del poder y de toda forma de concentración del poder y el capital para esclavizar a los pueblos. Sólo esto ya insinúa la tipificación de nuevos (viejos) modelos delictivos, por ejemplo, el delito implícito en atentar contra el poder soberano de los pueblos, el delito implícito en obstaculizar la voluntad democrática de los pueblos, el delito implícito en usar violencia para someter a los pueblos a los intereses de alguna secta, mafia o pandilla de vivales. Locales o globales.
Incluso esa idea del «monopolio» de las armas -y la violencia- que los Estados Burgueses se auto-asignan, es un delito si se piensa que no debe haber ejército, fuerza policíaca ni otras fórmulas de «seguridad» que no dependan de la voluntad del interés y de la soberanía popular. Cualquier iniciativa superpuesta a semejantes condiciones es una usurpación contraria a la lógica de las relaciones sociales igualitarias. En el súmmum de la situación ha de estar la democratización socialista de las herramientas de producción, palanca del crecimiento y el bienestar colectivo, en las que se garantice justicia del trabajo, calidad y cantidad de la vida laboral, y extensivamente, protección a la fuente de trabajo para libérala de su carácter alienado y alienante bajo el capitalismo. Como bien lo explicó Marx.
Sin el tejido de intereses de clase, subyacentes en el cuerpo ideológico de la mayoría de las leyes y reglamentos burgueses, la idea de «Justicia», que financia el capitalismo, no es más que un circo demagógico, burocrático, tramposo y corrupto, padre de muchas de las peores injusticias perpetradas contra la humanidad. Hablar de Justicia no es asunto exclusivo de jueces, abogados o de «especialistas». Tampoco es asunto sólo de instituciones gubernamentales. Es asunto de un pueblo entero y de su revolución social en específico. Hablar de «Justicia» es parte de la lucha.
Es verdad irrefutable que los pueblos claman por mejor y más expedita «Justicia», pero no claman por la «Justicia» de los amos, no claman por la «Justicia» de los latifundistas, de los banqueros, de los empresarios y de los clérigos que, por ejemplo, han instalado su «derecho» a la usura como un principio universal de privilegios para esquilmar a los pobres y convertirlos, además de víctimas del capitalismo, en «criminales». Defender semejante aberración es necesariamente un delito.
A espaldas de los pueblos, las oligarquías imperialistas se reparten el botín producto de explotar a los pueblos, a sus trabajadores y a sus recursos naturales. Banqueros, empresarios, terratenientes e iglesias con ayuda de no pocos gobiernos serviles, mueven inmisericordes sumas de «ganancias» delincuenciales, mientras hunden en la miseria, el desamparo, el desempleo y la desesperación a pueblos enteros. Eso es un delito. La suma de desocupados a nivel mundial es hoy monstruosa, el hambre es una amenaza a todo galope, la ignorancia arrasa generaciones enteras y ya sufrimos un impasse de tristeza desgarradora que mezclada con desolación y desesperanza configuran un delito universal incalculable contra la humanidad. Eso es un crimen. ¿Qué «Justicia» toma cartas en este asunto? Sólo la nueva Justicia socialista que los pueblos deben impulsar para su salvación plena. Todo lo demás es, ahora mismo, palabrería y engaño. No alcanza con buenas voluntades filantrópicas.
Que, durante el esclavismo, la esclavitud no fuese considerada delito no implica que se acepte, mansamente, una campaña burguesa exculpadora de todo atropello contra el género humano. Que el capitalismo no considere a la explotación como un delito, en los hechos punible, no implica que debamos entonces celebrarlo como un triunfo de la legalidad burguesa ni como un ejemplo de «fortaleza moral» jurídica. Por lo demás no podemos ser tan ingenuos como para seguir confundiendo a la Justicia con las instituciones que se suponen salvaguarda y activadores de aquella, y que bajo el capitalismo sólo la degradan confunden y postergan. Hay que combatir a todas las instituciones y todas las condiciones en las que el ser humano vive como un ser miserable, explotado, oprimido, alienado… mutilado en suma e incapacitado para desarrollar todas sus cualidades actuales y futuras. No permitamos que una aristocracia sustituya a otra por más disfraz revolucionario que se invente. El problema de la Justicia no es un problema «moral», todo lo contrario, es un problema material y concreto vinculado a la distribución de la riqueza física e intelectual, sus condiciones objetivas de igualdad y acceso a las herramientas propias de la dialéctica del desarrollo, indisolublemente individual y colectivo.
No importa qué tan ingeniosos sean los enredos «lógicos» o procedimentales que inventen los leguleyos burgueses para hacernos creer que la Justicia es una utopía ya realizada por el «Derecho» capitalista, la realidad es contundente, ofensiva, degradante y desafiante. Entre otras cosas porque el «Derecho» en manos de la burguesía ha sido incapaz de hacer Justicia, su rezago monstruoso, los millones de expedientes arrumbados en las oficinas de los jueces… y los millones de inocentes en las cárceles y en la humillación (por dar un ejemplo parcial) son prueba de su derrota. Es impensable la Justicia, hoy, sin tocar radicalmente al capital ni a la ganancia, sin pasar por el debate capital-trabajo.
Fernando Buen Abad Domínguez. Universidad de la Filosofía
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