Como es de dominio público, tanto los diputados del PRI y del PAN, así como el presidente Fox, junto con su secretario de gobernación Santiago Creel, han argumentado que ellos son garantes del «estado de derecho», y que por lo tanto nadie puede estar por arriba de la ley. Con ese mismo argumento, de manera […]
Como es de dominio público, tanto los diputados del PRI y del PAN, así como el presidente Fox, junto con su secretario de gobernación Santiago Creel, han argumentado que ellos son garantes del «estado de derecho», y que por lo tanto nadie puede estar por arriba de la ley. Con ese mismo argumento, de manera ilegal el pasado 7 de Abril del presente año, 360 diputados del PRI y del PAN, aprobaron el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, considerando que violó la ley, siendo según ellos responsable de desacato a una orden judicial. Estos argumentos de las autoridades y de los diputados mencionados están llenas de falsedad e hipocresía, por lo que hacemos los siguientes planteamientos:
Quienes violentan la ley y el estado de derecho, no son los trabajadores, o los ciudadanos comunes y corrientes, sino son los gobernantes neoliberales, que en 22 años en México lo que han hecho es ignorar preceptos fundamentales de la Constitución. A continuación planteamos ejemplos y datos:
• En materia de salarios: La Constitución Política Mexicana, en su artículo 123, fracción VI, establece que: «LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES DEBERAN SER SUFICIENTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES NORMALES DE UN JEFE DE FAMILIA, EN EL ORDEN MATERIAL, SOCIAL Y CULTURAL, Y PARA PROVEER A LA EDUCACION OBLIGATORIA DE LOS HIJOS. LOS SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES SE FIJARAN CONSIDERANDO, ADEMAS, LAS CONDICIONES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.»
Este mandato Constitucional es simple y llanamente letra muerta, en virtud de que no sólo los salarios mínimos generales sino también los contractuales, son insuficientes para satisfacer las necesidades normales de los trabajadores y sus familias.
Basta recordar que especto al minisalario de la zona geográfica «A», éste recibió un aumento menor al del salario mínimo general: se incremento sólo 3.45%, al pasar de 45.24 pesos al día en 2004 a 46.80 pesos al día en 2005.
Los propios datos y cifras del gobierno federal, muestran que los 22 años de Neoliberalismo han sido de una brutal caída salarial, y por lo tanto, de pérdida constante y pronunciada del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos:
El 1ª de diciembre de 1982, el salario mínimo en México -área Geográfica A- era de
$ 0.29 diarios y el precio de la Canasta Obrera Indispensable (COI) era de $ 0.31, es decir, que se podía comprar con el salario mínimo el 93.5 % de la COI.
Para el 25 de noviembre de 2004, con un salario mínimo diario de $45.24 y un precio de $ 273.09 pesos diarios de la COI, únicamente se puede adquirir el 16.98 % de la Canasta.
LO QUE SE PUEDE COMPRAR DE LA CANASTA OBRERA INDISPENSABLE
(COI) CON UN SALARIO MÍNIMO
1982 1994 2000 2004
% de la COI 94.30% 20.10% 21.80% 16.98%
En materia energética: Particularmente en lo que se refiere a la Industria Eléctrica, el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, establece lo siguiente: «CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA NACION GENERAR, CONDUCIR, TRANSFORMAR, DISTRIBUIR Y ABASTECER ENERGIA ELECTRICA QUE TENGA POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO. EN ESTA MATERIA NO SE OTORGARAN CONCESIONES A LOS PARTICULARES Y LA NACION APROVECHARA LOS BIENES Y RECURSOS NATURALES QUE SE REQUIERAN PARA DICHOS FINES.»
A raíz de las reformas Salinistas de 1992 a la ley reglamentaria de este párrafo: la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al artículo 27 Constitucional lo han violentado los autoridades, concretamente el concepto de exclusividad en materia eléctrica, en virtud de que el artículo 3ª de la citada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a través de las figuras de autoabastecimiento, de cogeneración de pequeña producción y de producción independiente, permiten la participación de los privados en generación eléctrica.
Conforme a la Prospectiva del sector eléctrico 2002-2011, documento aprobado por la Secretaría de Energía, de 1992 a la fecha el peso del capital trasnacional ha crecido a tal grado que hoy controla 22.5 por ciento del total de la capacidad de generación en nuestro país.
A la luz de esta prospectiva, toda la nueva capacidad de generación, que deberá agregarse en los siguientes ocho años (28 mil 862 megavatios), según los planes oficiales, se basará en la inversión del capital privado. Hacia finales del gobierno foxista, el capital privado será propietario de 40 por ciento de la capacidad de generación y para 2011 controlará 58 por ciento de la capacidad instalada de generación en México, violentando la exclusividad de la Nación en materia eléctrica que establece el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
Estos dos ejemplos muestran que los que violan la ley y el estado de derecho, son el gobierno federal y los empresarios. Por eso, lo que menos tienen los diputados del PRI y del PAN, es calidad moral para hablar de estado de derecho, y por el contrario unos y otros deberían no sólo ser desaforados, sino juzgados por traición a la patria, y por violaciones a la Constitución Política, que juraron guardar y hacer guardar al tomar su cargo. En realidad el desafuero de López Obrador, fue ordenado por aquellos que pretenden asesinar la incipiente democracia mexicana, como es el caso de Madrazo, del presidente Fox y del secretario de gobernación Santiago Creel.
Asimismo, los intereses detrás del desafuero, no es garantizar el «estado de derecho», sino quedar bien con el presidente Norteamericano George Bush, quien junto con los millonarios gringos no quieren una democracia en México, sino una semicolonia a la que puedan saquear.
El desafuero de López Obrador, muestra también que si hoy los diputados del PRI y del PAN, se unieron para desaforar ilegalmente a López Obrador, mañana pretenderán unirse para imponer las llamadas «Reformas Estructurales», entregando los recursos energéticos del país a los empresarios extranjeros y nacionales.
Por estas razones exigimos la restitución de la Legalidad Constitucional:
1. Respeto a la Constitución, conservando a la Industria Eléctrica y al Petróleo, como empresas públicas, de uso exclusivo de la Nación, sin hacer concesiones a los particulares.
2. Salario remunerador, de tal manera que los trabajadores mexicanos, ganemos lo suficiente para adquirir la canasta Obrera Indispensable.
3. Respeto a las garantías individuales, particularmente a las garantías democráticas, que permite a los ciudadanos escoger libremente a nuestros gobernantes. Por tal motivo rechazamos el desafuero de López Obrador, por constituir una agresión a la democracia de este país, al inhabilitar ilegalmente a un contendiente a la presidencia de la República
4. Respeto de las autoridades del gobierno federal de las vías democráticas, porque de lo contrario, están abonando en gran medida a un estallamiento social en nuestro país.
ATENTAMENTE
«Por el derecho y la justicia del trabajador»
México, D.F.,a 8 de Abril de 2005.
José Manuel Pérez Vázquez
David Miranda Pérez
(Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas)