Miles de guatemaltecos siguen en las calles en reclamo de la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, a quien reprochan no destinar suficientes recursos a combatir la pobreza y la desigualdad, mientras éste continuó la dura represión e invocó la Carta Democrática Interamericana.
Aprobada en 2001, la citada carta implementa una serie de medidas para restablecer el orden democrático en las naciones que la invocan, y para garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales. Giammattei añadió que se comunicó con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para hacer valer el diálogo, y expresó su apertura a una negociación inclusiva que propicie un entendimiento entre los sectores de la sociedad.
La situación de gran inestabilidad política estalló luego de que el sábado una enorme manifestación popular realizada en la parte histórica de Ciudad de Guatemala, la capital, finalizara con numerosos incidentes y con el incendio de parte de las instalaciones del edificio en que funciona el Parlamento.
Hay sospechas de que fue una operación planeada por el gobierno para quitarle legitimidad a las protestas. Quienes asaltaron el edificio legislativo iban vestidos de negro y llevaban palos para romper las ventanas del edificio, pero en ningún momento fueron detenidos por los policías presentes en el lugar, de acuerdo a lo que informó el diario guatemalteco El Periódico.
Una suspicacia adicional causó el hecho de que el Congreso el sábado no estaba vallado, como sí lo había estado horas antes de la aprobación del presupuesto. Referentes políticos y sociales del país expresaron que las acciones vandálicas en el Parlamento pretenden quitarle legitimidad a la enorme manifestación, que se llevó a cabo en un clima general de tranquilidad hasta la violenta irrupción de la Policía
Según cifras oficiales, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica en el país, y casi 60% de la población guatemalteca vive por debajo de la línea de pobreza.
El mandatario anunció que los actos de protesta no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado. En un comunicado previo, la OEA reconoció el derecho a protestar, pero se pronunció en contra del vandalismo denunciado por autoridades, el cual ha sido negado por voceros de los manifestantes.
La Alianza por las Reformas –que congrega a 40 organizaciones sociales– exigió la renuncia del ministro de Gobierno, Gendri Reyes, tras la represión del sábado. El vicepresidente, Guillermo Castillo, que se había desmarcado de Giammattei y le reclamó su dimisión, pidió al Ministerio Público que investigue la quema de oficinas del Congreso pero también la represión policial.
El presupuesto aprobado deja amplios espacios para la corrupción –un mal profundamente enquistado en el país– porque no estipula mecanismos de control apropiados para garantizar el debido uso de los recursos, otorgándole más recursos a ministerios que han sido focos de enormes irregularidades en los últimos años, como los de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
La protesta del sábado dejó un saldo de al menos 15 manifestantes y 12 policías heridos, y más de una treintena de detenidos. La represión policial se extendió a varios departamentos del país.
El Congreso aprobó préstamos por más de 3 mil 800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas 15 por ciento de esos recursos llegó a los guatemaltecos. La Covid-19 ha dejado casi 120 mil contagios y más de cuatro mil muertos en este país de 17 millones de habitantes.
El porqué de las protestas
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó un presupuesto para 2021 de casi 12 mil 800 millones de dólares, 25 por ciento más abultado que el de este año. La mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentos para salud ni educación, ni tampoco para combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El Congreso también se designó unos 65 mil dólares para comidas de diputados, algo que indignó a la población porque en ese momento la tormenta Iota entraba al país causando destrozos, dejando incomunicadas y sin alimentos a comunidades pobres –ya afectadas por el paso reciente de otro potente meteoro Eta– que dejaron 59 muertos y casi 100 desaparecidos.
Todo ello se produjo en un contexto en el que los hospitales están sin medicinas, los médicos sin pagos y los números de afectados por la pandemia suben. La economía se ha resentido, decenas de miles de personas han perdido sus trabajos y los precios de alimentos y otros bienes han subido.
Por ello, se convocó a manifestar a distintas “plazas” del país, incluyendo la “Plaza de la Constitución” (antiguo Parque Central), exigiendo la renuncia del presidente y de los congresistas, el cese a la corrupción y la anulación del presupuesto 2021. Pero también se portaban miles de carteles con la exigencia de una Asamblea Constituyente.
Las interrogantes se repiten: ¿Se está a las puertas de otro ciclo de protestas similar al de 2015, cuando se produjeron multitudinarias manifestaciones contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti? ¿Alcanzará niveles de confrontación violentos?
Lo que queda claro es que existe un sentimiento de cólera e indignación en contra del gobierno, que fue expresado de distintas formas (pacíficas y violentas), mientras éste no puede ni quiere dar una respuesta a las exigencias ciudadanas intenta ampararse en la OEA para reprimir “democráticamente” al pueblo.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)