Unos tres mil kilómetros separan la provincia argentina de Chubut del Estado brasileño Mato Grosso do Sul. En uno y otro lugar, se viven procesos de persecución y aniquilamiento de Pueblos Originarios, en represalia a las acciones de recuperación territorial. En nombre y defensa de intereses terratenientes, el Pueblo Mapuche en Argentina y los Pueblos […]
Unos tres mil kilómetros separan la provincia argentina de Chubut del Estado brasileño Mato Grosso do Sul. En uno y otro lugar, se viven procesos de persecución y aniquilamiento de Pueblos Originarios, en represalia a las acciones de recuperación territorial. En nombre y defensa de intereses terratenientes, el Pueblo Mapuche en Argentina y los Pueblos Guaraní y Kaiowá en Brasil, son víctimas directas de un ensañamiento sangriento cuyo objetivo es despojarlos de sus territorios ancestrales. Todo ocurre con la complicidad de los Estados nacionales, que no garantizan el debido cumplimiento de las leyes y los derechos indígenas. El empresario italiano Luciano Bennetton, y un conjunto de terratenientes ávidos de expandir a cualquier costo la frontera de los agronegocios, en uno y otro caso, son los beneficiarios directos de estas políticas de exterminio.
Cacería de Mapuches
Recientemente, tres feroces ataques militarizados -en territorio del Pu-Lof-contra la Comunidad mapuche de Cushamen- , dejaron como saldo un tendal de indígenas heridos, y detenidos que fueron posteriormente torturados. La gravedad de los hechos quedó debidamente registrada por medios alternativos que nuevamente sirvieron de contrapeso ejemplar ante el silencio cómplice o los relatos desvirtuados de los medios hegemónicos.
María Isabel Huala, de la comunidad Pu-Lof, relató a La Garganta Poderosa: «¿Qué pasó? Más de 20 efectivos de la Infantería provincial irrumpieron en nuestra comunidad, el miércoles a la noche, alegando abiertamente, así, como les digo, textual, literal, explícito, que vinieron «a cazar». Con esa orden llegaron. Y con mi familia se fueron, dejando un tendal de heridos con perdigones de goma y de plomo, con el efectivo silenciador de los negociados que sostienen con la familia Benetton, con Joe Lewis, con las petroleras y con las mineras, que solamente vienen a destruir nuestro territorio. Pues lo intentaron, lo intentan y lo volverán a intentar, durante años, durante décadas, durante siglos, cambiando la estrategia de la hipocresía».
Huala señaló además que «una vez más, nos vinieron a cazar. Y sí, parece increíble, increíble hasta que mirás la foto de mi sobrino Emilio Jones Huala, con el maxilar destruido por un balazo. Trasladado a Bariloche, donde los médicos analizan si operarlo para reconstruirle la mandíbula o ponerle una placa de platino, comparte ahora hospital con mi hijo Fausto, que ingresó a terapia intensiva con una oreja comprometida por un derrame interno y un traumatismo de cráneo, como consecuencia de todos los disparos que recibió el último miércoles pasado. Ahí está hoy, peleándola y esperando que lo puedan intervenir, cuando el coágulo se disuelva, aunque posiblemente no pueda recuperar la audición del oído izquierdo. No soportó tanto diálogo».
El conflicto de Benetton con el Pueblo Mapuche es de larga data. Reseña el sitio digital La Izquierda Diario: «En el año 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque decidió recuperar su territorio ancestral y durante años debió enfrentar continuos y violentos intentos de desalojo, hasta que en 2014 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció su derecho sobre el territorio en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial».
El 13 de marzo de 2015, un conjunto de familias de la zona protagonizó otra recuperación en tierras usurpadas por Benetton, sosteniendo que las mismas son territorio ancestral del Pueblo Mapuche. «Nosotros, Mapuches, seguimos siendo una inmensa mayoría sin tierra, con la única alternativa de ser peones, empleadas domésticas y obreros, es decir, mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional». Y sostenían que «la única manera de frenar el ‘asesinato planificado’ desde el poder económico y del Estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas» explicó entonces un comunicado firmado por los Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP)
En mayo de 2016, el lonko Facundo Jones Huala, fue encarcelado tras ser capturado en tierras recuperadas por el Lof en resistencia de Vuelta del Rio, localidad de Cushamen, propiedad del magnate Benetton. El lonko recuperó su libertad a principios de septiembre de ese año, luego de que el juzgado federal de la ciudad de Esquel -a cargo del juez Guido Otranto -dictara la sentencia del proceso de extradición de Facundo Jones Huala, en la que consta la nulidad de la causa debido a las irregularidades que se dieron en todo el proceso de investigación.
Osvaldo Bayer escribió por estos días una columna- también en La Garganta Poderosa- en la que enuncia que «A contramano de toda lógica humana, el capitalismo sigue arrasando a las comunidades originarias, mediante un Estado manejado por gobiernos que responden incondicionalmente a sus intereses, que nunca son los intereses del pueblo. Y así, van pasando diversos funcionarios, uno tras otro, asumiendo el poder con retórica democrática, cuando en realidad sólo vienen a engordar el capital de los más ricos. Pues en este caso, la bolilla le cayó en todos los colores de Benetton, que llegó al país para desequilibrar todavía más la balanza de la igualdad, penetrando en la economía y la política nacional, a tal punto que las Fuerzas reprimen al servicio de su vergonzosa empresa. Nuestros hermanos mapuches han sufrido tres violentas represiones en menos de dos días y nosotros tenemos la obligación de gritar frente a estos atropellos inadmisibles e inexplicables».
Genocidio en Mato Grosso do Sul
A 500 kilómetros de la frontera con Argentina, en el Estado Brasileño de Mato Grosso do Sul, los Pueblos Guaraní y Kaiowá – cerca de 40 comunidades en la zona- denuncian estar siendo víctimas de un genocidio. Es que entre 2000 y 2016 ocurrieron 425 homicidios contra líderes y pobladores indígenas Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso Do Sul. Estos crímenes son ejecutados por fuerzas paramilitares y «fanzendeiros» (terratenientes) que intentan quedarse con los territorios de los indígenas.
En portugués, Mato Grosso do Sul significa «Selva Grande del Sur». Se trata de uno de los 26 estados que forman – junto al distrito federal – la República Federativa del Brasil. Está localizado al sur de la región Centro-Oeste, limita con Paraguay y Bolivia, y ocupa una superficie de 357.124 kilómetros cuadrados. Su población ronda los dos millones y medio de habitantes. Aquí, el Pueblo Guaraní Kaoiwá alcanza una población de 45 mil personas, que habitan en comunidades que, juntas, totalizan unas 42 mil hectáreas.
En Brasil, durante la década de 1910, el Estado brasileño a través del Servicio de Protección al Indígena (SPI) -hoy Fundación Nacional del Indígena (FUNAI)- creó las primeras «reservas para indígenas».
Valdelice Verón (lideresa Indígena), de una Comunidad Guaraní-Kaiowá, cuenta: «Nos despojaron de nuestra tierra para llevarnos a esas reservas. Por eso ahora estamos recuperando nuestros territorios. Pero ellos (los fanzendeiros) quieren seguir con sus grandes plantaciones de soja, de caña de azúcar, de ganadería, en nuestros territorios, por eso nos matan y persiguen. Lo hacen contratando a pistoleros o ellos mismos disparan. Ya son cientos de indígenas asesinados en los últimos años y el Estado brasileño es cómplice por no hacer nada para frenar esta masacre. Los tiros de bala y quema de nuestras casas, escuelas y puestos de salud son constantes. Tratamos de defendernos como podemos pero ellos tienen las armas y la mano de obra de matones contratados»
En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «preocupación» por la situación en el Estado de Mato Grosso do Sul: «tiene el número más alto de asesinatos de líderes indígenas del país y que a pesar de los llamados de atención y las recomendaciones emitidas por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el Estado brasileño sigue sin adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir y sancionar la violencia en contra de las comunidades indígenas Guarani-Kaiowá. La mayor parte de la selva originaria de Mato Grosso do Sul fue aniquilada para la instauración de agro negocios que se expandieron notoriamente en las últimas dos décadas».
Ya en 2011, los Guaraní-Kaoiwá enviaron una carta abierta a la entonces presidente Dilma Rousseff:
«Qué bueno que usted haya asumido la presidencia del Brasil. Es la primera madre que asume esa responsabilidad. Pero, queremos recordar que para nosotros la primera madre es la madre tierra, de la cual somos parte y que nos sustenta desde hace millares de años. Presidenta Dilma: nos robaron a nuestra madre. La maltrataron, hicieron sangrar sus venas, dañaron su piel, quebraron sus huesos. Ríos, peces, árboles, animales y aves… todo fue sacrificado en nombre de lo que llaman progreso. Para nosotros es destrucción, es matanza, es crueldad. Sin nuestra madre tierra sagrada, nosotros también estamos muriendo poco a poco. Por eso estamos haciendo este llamado al comienzo de su gobierno. Devuelvan nuestras condiciones de vida que son nuestros «Tekoha», nuestras tierras tradicionales. No estamos pidiendo nada de más, solamente nuestros derechos que están en las leyes de Brasil y a nivel internacional…».
Nunca obtuvieron respuesta.
Hoy con Temer en la Presidencia, la violencia recrudece. El Consejo Indigenista Misionario (CIMI), advirtió recientemente que «Sin su territorio ancestral, hay hambre en las comunidades Guaraní Kaiowá. En campamentos improvisados, al costado de las rutas, entre las plantaciones de caña y soja, desde noviembre los indígenas no reciben las partidas alimenticias por parte del gobierno».
«Hoy los niños están con hambre, lloran, casi comiendo tierra. Precisamos salir a luchar, a reclamar, necesitamos apoyo» explicó Gilmar, morador de Fazenda Madama.
Hasta diciembre de 2014, cerca de 14 mil partidas alimenticias eran llevadas a las comunidades de Mato Grosso do Sul, a través de un convenio con el gobierno federal. En 2015 la cantidad de partidas disminuyó a dos mil. «Con la no renovación del acuerdo, ya no llegan partidas. Hoy las familias están desatendidas y acorraladas por los agronegocios» señala Silvio Raimundo da Silva, agente indigenista da Funai de Dourados.
Sergio Alvez. Director de Revista Superficie y colaborador de Agencia Pelota de Trapo
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