El operativo en el que un grupo comando mató al comandante de los Macheteros Filiberto Ojeda en 2005 fue coordinado desde la oficina de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleeza Rice, según información extraoficial provista por una fuente política vinculada a la agencia. La fuente indicó además que el caso de Ojeda […]
El operativo en el que un grupo comando mató al comandante de los Macheteros Filiberto Ojeda en 2005 fue coordinado desde la oficina de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleeza Rice, según información extraoficial provista por una fuente política vinculada a la agencia.
La fuente indicó además que el caso de Ojeda fue parte de la estrategia de Washington sobre la nación sudamericana y que al presente están en proceso acciones políticas y diplomáticas que tienen el propósito de enfrentar los intentos de expandir la influencia de la revolución bolivariana en Puerto Rico y el resto de la región.
Entre las medidas que se discuten en círculos políticos de Washington está la posibilidad de promover una pesquisa del Congreso sobre las actividades diplomáticas venezolanas en Puerto Rico y hasta disponer el retiro del Consulado General de Venezuela en San Juan. La fuente aseguró haber conversado sobre el tema en la sección de Venezuela en el Departamento de Estado estadounidense dirigida por Moisés Behar.
Se trata de un asunto con una trayectoria que se remonta a finales del Siglo XVIII, cuando EEUU e Inglaterra acordaron apoyar la independencia latinoamericana a cambio de que no se retara la supremacía imperial con respecto a una serie de islas, entre ellas Puerto Rico. Pocos años después, Simón Bolívar intentó sin éxito la liberación de Puerto Rico, que pasaría a ser colonia de EEUU a finales del siglo XIX como resultado de la Guerra Hispanoamericana.
En estos últimos años, EEUU ha mantenido bajo evaluación la búsqueda de una solución al caso colonial de Puerto Rico y el Presidente Barack Obama asegura que dará pasos definitivos durante este cuatrienio.
El asunto sobre las acciones del Departamento de Estado de EEUU -siempre de acuerdo al informe de la fuente- también vincula a políticos del estado de la Florida, así como de Puerto Rico, entre los que se destaca el portavoz del oficialista Partido Nuevo Progresista en el Senado, Roberto Arango.
El legislador, aliado importante del Gobernador, Luis Fortuño, ha llevado una campaña intensa contra la diplomacia venezolana en Puerto Rico y ha solicitado sin éxito reuniones para presentar su protesta, tanto con la oficina consular como en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington.
De hecho, durante el año 2009 Puerto Rico fue escenario de noticias controversiales relacionadas con Venezuela, como cuando en enero pasado se informó sobre una reunión en San Juan entre funcionarios de EEUU y empresarios opositores venezolanos. Pero el caso de Ojeda es el primero que involucra una muerte violenta.
La nueva cadena de revelaciones ha sido consecuencia de una noticia publicada el año pasado por el periódico Miami Herald en la que se dio cuenta de la supuesta pesquisa del Buró Federal de Investigaciones contra el entonces cónsul venezolano en San Juan, Vinicio Romero, por supuestos vínculos con grupos radicales en Puerto Rico entre 2004 y 2005. Para esa época, la única operación conocida sobre el tema de la oficina de campo de San Juan del FBI era la dirigida a la captura de Ojeda, comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros.
La fuente fue confrontada por NCM Noticias con el hecho de que el Código de EEUU estipula que cuando se va a realizar ese tipo de pesquisa sobre terrorismo contra un diplomático extranjero no solamente hay que notificar al Departamento de Estado en Washington sino que la oficina del Secretario de Estado tiene la responsabilidad legal de convertirse en el enlace y coordinar todo lo que hagan las agencias. La fuente no mostró sorpresa alguna al respecto y explicó que siempre estuvo consciente de que así era y asintió cuando se le indicó que eso implicaba que la agencia a cargo de la diplomacia estadounidense estuvo presente en el centro en Washington en que se coordinaron los sangrientos hechos.
Los hechos se consumaron el 23 de septiembre de 2005, cuando un grupo comando del FBI asaltó la casa de Ojeda en un área rural del poblado occidental de Hormigueros, operación en la que un francotirador hirió al veterano jefe militar y se le dejó morir desangrado lentamente. De acuerdo al informe del Inspector General del FBI, la orden de que no entrase nadie a la casa hasta el día siguiente fue dada directamente desde el centro de mando en Washington.
La investigación del Inspector General concluyó que en el operativo se cometieron errores, pero no encontró responsabilidad criminal. De igual forma, aunque el fiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico determinó que debía continuar la investigación como un caso de asesinato, en la oficina del Secretario de Justicia se eliminó esa parte del informe y se dispuso su archivo por no haberse encontrado evidencia sostenible de homicidio negligente.
Al presente, la única investigación oficial sobre el caso es la que lleva a cabo la Comisión de Derechos Civiles, cuyo borrador se espera que esté listo para mediados de este mes de enero.
La muerte de Ojeda tuvo el efecto inmediato de abortar las conversaciones que sostenía con la Iglesia Católica en la que exploraba la posibilidad de una manera pacífica para que EEUU le concediera la independencia a Puerto Rico. De hecho, la última de las reuniones había sido cancelada cuando la Iglesia notificó que no se podía garantizar la seguridad.
Poco después de los hechos, funcionarios de seguridad de EEUU mostraron al Gobierno de Puerto Rico supuesta evidencia grabada que mostraba un adiestramiento militar de los Macheteros, según documentos hasta ahora confidenciales. Por su parte, los Macheteros, dirigidos ahora por el misterioso «Comandante Guasábara» y su Estado Mayor, se han mantenido sin efectuar nuevas acciones ofensivas.
Mientras tanto, Ojeda, que apoyaba la revolución bolivariana y emitió una declaración de repudio al golpe de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ha recibido diversos honores póstumos en Venezuela y su viuda, Doña Elma Beatriz Rosado Barbosa, fue recibida por el mandatario venezolano.