Las declaraciones del abogado Fonseca Mora, acusando al presidente de la república, Juan C. Varela, de haber aceptado dineros de Odebrecht en su campaña electoral, continúa profundizando la crisis institucional del régimen político panameño marcado por la corrupción a todos los niveles y poderes del Estado. Del escándolo de la empresa brasileña no parece salvarse […]
Las declaraciones del abogado Fonseca Mora, acusando al presidente de la república, Juan C. Varela, de haber aceptado dineros de Odebrecht en su campaña electoral, continúa profundizando la crisis institucional del régimen político panameño marcado por la corrupción a todos los niveles y poderes del Estado. Del escándolo de la empresa brasileña no parece salvarse ningún gobierno, ningún presidente, ni ningún partido y sus aliados de los últimos 15 años.
Ramón Fonseca Mora no es cualquier persona, además de codueño del bufete Mossack-Fonseca, de donde salió el escándalo mundial de los Panamá Papers, es «amigo» personal del presidente (dicho por Varela), fue hasta el año pasado presidente del Partido Panameñista, tesorero y ministro consejero. Aunque Fonseca ha «cantado» por despecho, pues finalmente fue indagado y detenido por la Procuraduría en la investigación de Lava Jato de Brasil por haber creado empresas de maletín para mover y lavar dinero sucio de la corrupción.
Las denuncias de Ramón Fonseca requieren una investigación seria, imparcial e independiente. Pero esa investigación no puede ser hecha por una entidad supranacional impuesta desde la OEA o de Estados Unidos, como sugieren algunos sectores. Eso sería renunciar a la soberanía y retrotraernos a la situación colonial contra la que hemos luchado los panameños por generaciones. Debe ser una fiscalía o tribunal que salga de una decisión democrática del pueblo panameño.
Sin embargo, ¿qué institución puede garantizar una investigación profunda e independiente al presidente de la República? Ninguna. La Asamblea Legislativa a la que constitucionalmente le corresponde investigar denuncias contra el mandatario, es una institución igualmente corrupta, donde los diputados que se reeligieron en 2014 fueron parte de la trama de saquear 400 millones de dólares del «PAN» para financiarse sus campañas electorales. Lo diputados de la partidocracia se caracterizan por las componendas de trastienda donde los votos se arreglan con sobres de dinero.
La Corte Suprema de Justicia es otro órgano del Estado completamente corrupto en el que su presidente, Ayú Prado, fue electo porque era «manejable» para el Ejecutivo, según Fonseca Mora. Todo el sistema judicial, pero en particular sus nueve máximos magistrados, se caracterizan por fallos judiciales sospechosos de compras, siempre favorables al gran capital a cambio del respectivo «salpique», contra los intereses y demandas de la clase trabajadora. Ahí están las confesiones del propio magistrado Harry Díaz de hace un año, y no ha pasado nada.
Por ser un régimen político antidemocrático y corrupto, en que los candidatos y partidos son financiados por empresarios en los torneos electorales a cambio de jugosos contratos del Estado, deberían auditarse todos los grandes contratos públicos de, al menos, los últimos 25 años, incluyendo muchas empresas competidoras de Odebrecht.
La clase trabajadora y el pueblo panameño no pueden fiarse de salidas «institucionales» frente a la grave crisis politica que afecta al país. Volver a confiar en algún otro político o partido tradicional sería caer nuevamente en la trampa tendida por los corruptos. Cuando todos ellos están bajo sospecha en el caso de Odebrecht y otros escándalos previos.
La única alternativa frente a la podredumbre generalizada del régimen político panameño es la movilización unitaria del movimiento popular y sindical para presentar un frente alternativo que imponga en las calles las condiciones para barrer con las instituciones y políticos corruptos.
Solo con la movilización masiva y unitaria podremos hacer realidad la consigna de Asamblea Constituyente originaria para refundar el país. Pero la convocatoria a la unidad y la lucha debe ser real y sincera, donde medien conversaciones y acuerdos previos entre todas las fuerzas del campo popular.
POLO CIUDADANO exhorta a la convocatoria de un ENCUENTRO DE DISCUSIÓN UNITARIA, del que participen las principales fuerzas del campo popular, como FRENADESO, CONATO, FAD, MIREN pero que también esté abierto a toda organización popular y patriótica que desee sumarse, para dar los pasos necesarios y coordinar la lucha unitaria.