Sin el consentimiento de las autoridades anti drogas de Costa Rica, a espaldas de la Seguridad Nacional y exponiendo a la presidente Laura Chinchilla, la DEA, de los Estados Unidos, trabaja con la más completa autonomía en esta nación centroamericana. Tráfico de estupefacientes y lavado de dinero sigue siendo en Costa Rica el fuerte de […]
Sin el consentimiento de las autoridades anti drogas de Costa Rica, a espaldas de la Seguridad Nacional y exponiendo a la presidente Laura Chinchilla, la DEA, de los Estados Unidos, trabaja con la más completa autonomía en esta nación centroamericana.
Tráfico de estupefacientes y lavado de dinero sigue siendo en Costa Rica el fuerte de las operaciones de la DEA, siglas en Inglés de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos.
El narcotráfico y las acciones para combatirlo se subordinan a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en la subregión durante la década de 1980, y primero la Agencia de Inteligencia (CIA), desarrolló trabajos en los que puso en riesgo la seguridad y la soberanía nacional.
La historiadora Mercedes Muñoz Guillén, en su trabajo «Narcotráfico, democracia y soberanía nacional en Costa Rica», hace una reseña y análisis de esa esa época que oscureció la proclama del entonces presidente Luis Alberto Monge, de «neutralidad perpetua y activa».
Entre 1981 y 1988 muchos de los colaboradores de seguridad de la CIA en el extranjero se involucran en casos de narcotráfico con el fin de adquirir armas y dinero para grupos anticomunistas en Irán y en Centroamérica.
En lo que respecta a Costa Rica, el caso más relevante fue el del finquero John Hull, un mercenario norteamericano quien sirvió de enlace entre la CIA y los narcotraficantes.
Desde Muelle de San Carlos controló la recepción de armas para la «contra» y el despacho de estupefacientes con destino a Miami. Inclusive, fue vinculado con el ataque a periodistas en La Penca, donde fallecieron varios comunicadores y muchos resultaron heridos.
Es «hazaña» de Hull -la única por la cual se le abrió un expediente judicial- fue dirigida contra el comandante de ARDE, Edén Pastora.
En esa época, el cartel de Medellín, Colombia, achacó a Hull el haberse apoderado de un cargamento de 530 kilos de cocaína, y lo responsabilizó de haber hecho desaparecer al piloto que lo transportó hasta su finca. La CIA movió en esa época unas 500 toneladas de droga, almacenadas en Panamá y Costa Rica.
Por orden suya, se le propinó una golpiza a Richard James William, agente del servicio de aduanas de los Estados Unidos, quien también se hacía llamar John Kelso.
La misión de Kelso era investigar sobre dólares falsos, lavado de dinero y trasiego de drogas. Capturado y golpeado en la finca de Hull por miembros de varios cuerpos policiales a instancias de la DEA y, presumiblemente, también de la CIA.
Los sucesos descritos para Costa Rica, lejos de ser la excepción constituyen la regla de las políticas de seguridad promovidas en esos años por los Estados Unidos, según precisó.
Recuerda Muñoz Guillén que el Expresidente Daniel Oduber (Q.d.D.g), en un esfuerzo por explicar por qué medios de comunicación y fuentes informativas allegadas al Gobierno Norteamericano lo vinculan con el narcotráfico, señala que un informe de la Asamblea Legislativa es omiso sobre un aspecto importante del desarrollo del narcotráfico en Costa Rica: la relación de la guerra centroamericana con la introducción de droga en nuestro país.
El exmandatario costarricense aclaró «que tiene problemas con el Gobierno de los Estados Unidos por oponerse a que un grupo de aventureros se apropiaran de la zona norte del país para convertir esa región en algo similar al Vietnam, donde además de guerra había trasiego de drogas».
También precisa: «No son el ejército ni el Gobierno de los Estados Unidos los que querían meterse, sino gente que trataba de sacar provecho económico mediante vejámenes a la soberanía de países como Costa Rica».
Chinchilla cuestionada
Ahora, es la mandataria Laura Chinchilla, la cuestionada por haber utilizado un avión, cuyo propietario supuestamente está vinculado y ha sido investigado por lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Tanto Chinchilla como el cuestionado Gabriel Morales Fallón han coincidido en que no se conocen, mientras que la primera dijo que desconoce que el segundo participa en proyecto de la DEA, no conocido por las autoridades costarricenses.
Ahora, Morales Fallón dice estar protegido por la DEA a cambio de información sobre el lavado de dinero de narcotraficantes en Colombia y los Estados Unidos.
Por su lado, este miércoles, en declaraciones a diario El Tiempo, de Colombia, Chinchilla advirtió que el escándalo que estalló la semana pasada al descubrirse que viajó a Perú y a Venezuela en un avión prestado por Morales es un intento de manchar su prestigio y podría ser una operación de rechazo a su plan de reformar la Constitución Política para permitir la extradición de narcotraficantes costarricenses a Estados Unidos.
El proyecto de ley se encuentra en una comisión de asuntos de seguridad en la Asamblea Legislativa, y fue propuesto por la última Comisión de Notables, que hace varios meses entregó al Gobierno un informe sobre gobernabilidad en Costa Rica.
La presidente aseguró que si alguien cree que con este golpe que quisieron dar su imagen, «lo único que está consiguiendo es todo lo contrario».
Cuestionamientos
En varias consideraciones finales sobre narcotráfico, soberanía y seguridad a la luz de lo expuesto en su trabajo, Muñoz señala que la introducción del narcotráfico en Costa Rica, y su penetración en los partidos políticos y en los poderes públicos, se da como resultado de la conjunción de los factores que se indican a continuación:
«a) Desarticulación por parte de la DEA de la ruta que conduce la droga a través del Caribe, y, por tanto, necesidad imperiosa de los carteles de establecer una ruta alterna;
b) Facilidad de acceso aéreo y marítimo a su territorio, y, sobre todo, extrema debilidad de sus fuerzas de seguridad;
c) Tendencia muy arraigada de la burguesía nacional de promover la inversión extranjera sin cuestionar su origen;
d) Práctica muy difundida entre los partidos mayoritarios de aceptar ayudas económicas para campañas electorales del Gobierno de Panamá y también de empresarios de ese país.
2. La utilización cada vez más frecuente de la lucha antidrogas con fines político-electorales.
3. La experiencia de los últimos años indica que no sólo los narcotraficantes violan la soberanía nacional, al irrespetar el espacio aéreo y marítimo de Costa Rica, y al corromper a políticos y miembros de los poderes públicos, sino que también -y en mucho mayor grado- lo hacen los cuerpos de seguridad norteamericanos, tanto cuando se dedican a combatir el narcotráfico como cuando -por supuestos imperativos de seguridad nacional- deciden promoverlo; o, al menos, tolerarlo.»
Las conclusiones a que llegó la investigadora Muñoz Guillén parece que siguen vigentes, y dan pie a las preguntas que ella plantea:
«¿Quién proporciona la información sobre las actividades y conexiones del narcotráfico en Costa Rica? Y, sobre todo: ¿Quién decide cuándo es oportuno hacer estallar el correspondiente escándalo?».
Fuente: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/81556