Reino Unido prepara el mayor cambio en la legislación de los últimos 45 años para restringir la llegada de trabajadores extracomunitarios y endurecer las medidas represivas.
«Vine a Inglaterra porque mis actividades políticas en Zimbabue significaban que mi vida estaba en peligro. Pero cuando me encerraron en el centro de internamiento de Dungavel, no estaba segura de si esto era Reino Unido o el Zimbabue de Mugabe». Testimonios como el de Yeukai, aportados por la Independent Asylum Commission, ejemplifican parte de la realidad de la inmigración. El endurecimiento de las medidas represivas para los recién llegados, incluso para los solicitantes de asilo.
La inmigración no es un fenómeno nuevo para un país que acoge trabajadores extranjeros desde hace décadas. Pero a pesar de que los británicos suelen reconocer que la inmigración ha contribuido al crecimiento de su economía, la quinta del mundo, los aires xenófobos que recorren la UE también les han llegado. Se extiende la idea de que «hay demasiados inmigrantes». No en vano, el primer ministro, Gordon Brown, acuñó su eslogan «trabajos británicos para los británicos» nada más llegar al poder en junio de 2007, para ganarse los favores de aquellos sectores del electorado blanco «autóctono» que tiemblan aterrorizados de miedo ante la compleja realidad de la globalización, que no entienden. El Gobierno prepara un cambio en la legislación destinado a restringir la llegada de extracomunitarios que comenzará a aplicarse a partir de noviembre. Un sistema por puntos mediante el cual seleccionarán a los trabajadores según su «contribución a la economía británica». Sólo los trabajadores cualificados podrán entrar legalmente al país sin la necesidad de un «patrocinador» : la colaboración de una empresa o una institución educativa.
También se endurecen las condiciones de permanencia en el país. Los inmigrantes extracomunitarios que soliciten la ciudadanía británica deberán pasar un periodo de pruebas de uno a tres años, con el objetivo de garantizar, en palabras de Brown, que «la ciudadanía no es sólo un conjunto de derechos sino también un conjunto de obligaciones». Las personas que no pasen por esas pruebas, y que hasta ahora habían disfrutado del permiso de residencia indefinida, perderán las ayudas sociales a las que tenían derecho, y éstas se restringirán únicamente a los que obtengan la ciudadanía. Se dificulta además la posibilidad de obtener la condición de residente permanente, que hasta ahora se obtenía con relativa facilidad. ¿Pero hasta qué punto estas medidas pretenden realmente poner freno a la «entrada descontrolada» de inmigrantes, como afirma el Gobierno ?
Philip Marfleet, profesor del área de Refugee Studies en la University of East London, puso de manifiesto, para DIAGONAL, la contradicción existente entre el discurso gubernamental y sus verdaderas intenciones. «La idea de que hay demasiada gente, común en los medios de comunicación, contrasta con el interés real del Gobierno : permitir el mayor número de inmigrantes, pues la economía se nutre de la explotación de mano de obra barata». ¿Cómo no aceptar a personas que vienen a trabajar en condiciones de semiesclavitud, sin rechistar ? Para Chiara Lauvergnac, del grupo No Borders, la nueva legislación «empuja a la ilegalidad», y a que las personas tengan que someterse a condiciones laborales aún más lamentables por el miedo a las medidas represivas, y las amenazas de deportación.
Empeora la situación de los solicitantes de asilo
Aunque el Reino Unido ha adquirido la reputación de ser un país de acogida para refugiados políticos, la Independent Asylum Commission asegura que esta circunstancia está cambiando peligrosamente. Amnistía Internacional denunció recientemente que el país rompe las normas internacionales, al retener en centros de internamiento cada año a miles de solicitantes de asilo, mientras se investiga su caso. Cuando el asilo es denegado (la mayoría de las veces), la persona queda en una situación desesperada : no se le permite trabajar ni acceder a las ayudas sociales, y se le pide que «voluntariamente» vuelvan a su país, o en el peor de los casos se le deporta, con el riesgo que esto puede conllevar. En los centros de internamiento las condiciones quedan muy lejos de ser idílicas. No Borders los califica de «prisiones» y denuncia casos de torturas a los retenidos. Desde los ’90, con la construcción de los primeros centros, se han producido numerosas revueltas por parte de los inmigrantes. La última fue en abril en el centro de Harmondsworth. Más de 200 retenidos se pusieron en huelga de hambre. La protesta fue duramente reprimida.