Antes de ejercer la jefatura del Ministerio Público de Guatemala (2014-2018), Thelma Aldana fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como única mujer allí, promovió la creación de tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Fue el primer país del mundo en contar con tribunales especiales para […]
Antes de ejercer la jefatura del Ministerio Público de Guatemala (2014-2018), Thelma Aldana fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como única mujer allí, promovió la creación de tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Fue el primer país del mundo en contar con tribunales especiales para la violencia de género, que funcionan en once de los veintidós departamentos guatemaltecos.
Tras culminar su mandato como Fiscal General y haber vivido fuera del país por razones de seguridad, en noviembre de 2018, Thelma Aldana recibió el Premio Right Livelihood «por su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las instituciones públicas».
Este 10 de marzo, Aldana será formalmente presentada como candidata a la presidencia de Guatemala de cara a las elecciones de junio.
-Usted ocupó distintos roles en el Estado, ¿cuáles han sido sus principales contribuciones a los derechos de las mujeres en Guatemala? ¿De qué se enorgullece?
Sabemos que muchas sociedades del mundo son patriarcales. En el caso de Guatemala es profunda esa cultura patriarcal que invisibiliza a las mujeres. Pero además hay una violencia que es histórica: es la indiferencia del estado. Mi mayor satisfacción en la defensa de los derechos humanos de las mujeres fue haber diseñado, creado e impulsado en Guatemala una justicia especializada penal con enfoque de género, a través de la creación de juzgados y tribunales especializados en femicidio y violencia contra la mujer. Los juzgados ordinarios penales tratan toda clase de delitos: narcotráfico, crimen organizado, asesinato, secuestro. Hasta el robo de una gallina resultaba más importante que la violencia contra la mujer, vista por los juzgados ordinarios como delitos de bagatela. Allí se manejan los estereotipos que conocemos: «ella se lo buscó» o «ella es la culpable y por eso el marido la golpea». A través de esta justicia especializada penal, los jueces especializados y las juezas especializadas solo tramitan casos de violencia contra la mujer: violencia física, sexual, económica y femicidio. Los jueces y las juezas entonces no tienen otra materia que conocer más que ésta, toda su atención está enfocada en resolver estos casos.
–¿Esta justicia penal especializada repercute de algún modo en una mayor protección de los derechos y las vidas de las mujeres, antes de llegar a la instancia de violencia?
Esto se trata del acceso a la justicia. Es recibir a la mujer víctima de violencia, sobreviviente de violencia doméstica especialmente, con un sistema de justicia que la entiende, un sistema de justicia que le da la atención especializada, tanto desde los tribunales como desde el Ministerio Público. El problema es que no hay una cultura de la prevención. Hace falta que el gobierno y la sociedad misma comprenda que la violencia contra la mujer no es normal. Y que la prevención se debe trabajar desde las escuelas, desde los colegios, desde la universidad. Y algo más: no hay reinserción para los agresores. Luego de que reciben una sentencia, el estado tiene la obligación de acompañar a los agresores y de reinsertarlos a la sociedad ya con otro enfoque que no sea el de violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres es muy profunda, hay grandes desigualdades. Vivimos en una sociedad que marca a las mujeres, que las estigmatiza, que no perdona y que exige mucho.
–¿Serían estos los próximos pasos para eliminar la violencia de género? ¿Hay otras medidas que considera necesarias en ese sentido?
Tenemos que pensar la prevención desde la óptica de erradicar la violencia contra la mujer y tener claridad en que no es reducir la violencia, es erradicar la violencia. Somos signatarios como país de las convenciones que nos dan la ruta para erradicar esa violencia. Pero además hace falta voluntad política para incorporar a las mujeres en una sociedad en condiciones de igualdad en los órdenes económico, político y social: acceso al trabajo, acceso a la salud, acceso a cargos de elección popular, a permitir y fomentar su participación en eventos electorales de carácter político para que puedan llegar a puestos efectivos de poder. Somos más de la mitad de la población y hemos vivido siempre bajo el diseño y la mirada masculina en todo lo que hacemos en nuestras sociedades. La perspectiva de las mujeres debe estar en todos los órdenes, en puestos importantes, en cargos de mucha responsabilidad. Somos capaces de incursionar en cualquier ámbito y a pesar de las limitaciones históricas que hemos sufrido, somos sujetas de derecho y tenemos todas las capacidades.
–¿Es por esto que se presenta como candidata a la presidencia de Guatemala?
Participo de una plataforma ciudadana que incluye a organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, excluidos, quienes nunca hemos tenido la oportunidad de incursionar en la política en Guatemala porque la vieja política, la política tradicional no da espacios, y menos a las mujeres. Desde esta plataforma vamos a luchar entonces por generar esos espacios para los sectores vulnerables, que somos la mayoría de la población. Nos enfrentamos al poder de un statu quo que se resiste a desaparecer, que tiene poder económico y poder político. En esta lucha, hay momentos en que he llegado a pensar que simplemente soy una hormiga ante ese poder tan grande. Pero yo, como mujer, tengo claridad de que no tengo límites.
Sobre Thelma Aldana
Nacida el 27 de septiembre de 1955, Thelma Aldana tiene una Maestría en Derecho Civil y Procedimientos Civiles de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aldana obtuvo su título mientras estudiaba por la noche y trabajaba como conserje en un tribunal familiar local durante el día. Después de graduarse, rápidamente ascendió en las filas de la judicatura. En 2009 se convirtió en magistrada de la Corte Suprema y en 2011 fue elegida presidenta de la Corte, cargo que ocupó durante un año. Aldana fue nombrada Fiscal General en 2014. En este cargo se propuso una agenda ambiciosa para fortalecer la Fiscalía, investigar la corrupción institucional y promover la protección de los pueblos indígenas, las mujeres y los niños en el país. En 2018 obtuvo el Premio Right Livelihood Award.