El gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, implementó otra de las medidas anunciadas en su discurso de toma de posesión el pasado 27 de enero.
Frente a miles de hondureños y hondureñas que abarrotaron el estadio nacional capitalino, la mandataria había presentado varios puntos y medidas que caracterizarían la acción de su gobierno durante los próximos cuatro años.
En los primeros cien días se había comprometido a realizar las promesas hechas durante su campaña electoral para la refundación de Honduras, entre otras, libertad para los defensores del agua y la vida de Guapinol – ya lograda el pasado 25 de febrero -, justicia integral para Berta Cáceres, desmontaje de reformas constitucionales y derogación de leyes que atentan contra la soberanía nacional, criminalizan la defensa de territorios y bienes comunes y que son orientadas a saquear las arcas públicas.
También había anunciado medidas claras y contundentes contra la proliferación incontrolada y corrupta de concesiones para proyectos extractivistas.
«No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados», había dicho.
Un mes después, la promesa se hizo realidad.
En atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, señala el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas difundido la tarde de este lunes, «se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano».
Además se declaró todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispuso una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones».
Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo».
La decisión del gobierno de Xiomara Castro marca el inicio de la que podría ser una ruptura decidida con el pasado extractivista del país, que ha hundido a más del 70% de la población en la pobreza y a casi el 50% en la miseria.
En el reciente Informe alternativo para el Examen periódico universal (Epu) de Naciones Unidas, más de cien organizaciones denunciaron el asesinato de 140 personas defensoras de los bienes comunes y la tierra entre 2010 y 2019. También documentaron más de 2,100 ataques entre 2016 y 2017.
De igual manera, la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, advirtió que Honduras es el país con el mayor número de líderes indígenas atacados en América Latina y el segundo, después de Colombia, con la mayor cantidad de asesinatos.
Al menos 129 líderes de comunidades garífunas e indígenas (84 hombres y 45 mujeres) fueron atacados en conflictos vinculados con proyectos extractivos y energéticos impuestos en sus territorios. Esta cifra representa el 43.7% de todos los ataques en comunidades registrados por dicha plataforma entre 2017 y 2019. El 71% de las comunidades de Honduras son afectadas por proyectos de infraestructura, principalmente hidroeléctricos.
En más de la mitad de los casos se ha detectado la violación de cuatro derechos: a la integridad física y moral (78.9% de los casos), al consentimiento libre, previo e informado (78.9%), a un ambiente saludable (73.7%) y a la defensa del territorio ancestral (52.6%).
El más reciente informe de Global Witness «Última línea de defensa» señala que Honduras está entre los países con la mayor cantidad absoluta y el mayor número de asesinatos per cápita de personas defensoras a nivel mundial.
Fuente: LINyM
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