Cuatro universidades francesas son ocupadas por voluntarios y personas migrantes en respuesta a los intentos del gobierno de Emmanuel Macron para dar su «último golpe de gracia» contra los demandantes de asilo.
La inmigración vuelve a ser protagonista de un polarizado panorama político en Francia. El proyecto de ley sobre asilo e inmigración presentado el 21 de febrero por el ministro del Interior, Gérard Collomb, ha vuelto a poner en evidencia la división y falta de estrategia en Francia frente al incesante flujo de inmigrantes y de refugiados. La izquierda y las asociaciones de apoyo a las personas migrantes tachan la propuesta de «indigna», mientras que Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional la califica de «laxa». Incluso un nutrido grupo de diputados de La République en Marche (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron, la critican por considerarla «desequilibrada».
Acelerar la tramitación de demandas de asilo, reforzar la lucha contra la inmigración irregular y mejorar las condiciones de integración y acogida de los extranjeros en situación regular. Estos son los tres principios que, en teoría, rigen el controvertido proyecto de ley y que provocaron que los dos principales órganos que gestionan las solicitudes de asilo en Francia se mantuviesen en huelga durante la presentación de la medida. La Ofpra (Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas) y la CNDA (Corte Nacional del Derecho al Asilo) consideran que la reforma implicará un retroceso para los derechos de las personas que ellos atienden (en torno a 100.000 solicitudes solo en 2017), además de la sobrecarga que conllevará para sus propios trabajadores.
Aún a la espera de que el Parlamento se pronuncie sobre esta propuesta en abril, sus defensores aducen que servirá para facilitar la reunificación familiar de personas migrantes, mientras que sus detractores subrayan el desmán que supone, por ejemplo, establecer multas de 3.750 euros para los inmigrantes que crucen las fronteras francesas de forma irregular. La norma plantea también reducir de 120 a 90 días el plazo máximo para que un inmigrante tramite su solicitud de asilo, así como ampliar la privación de libertad de 45 hasta 90 días para quienes deban abandonar el país tras el rechazo de la demanda, un mayor margen para que las autoridades negocien una posible repatriación. Este es el caso de Omar Hussein, que tras dos semanas encerrado en una celda de un Local de Retención Administrativa (LRA) sin asistencia médica ni jurídica aguarda ser reenviado a Italia donde le tomaron por primera vez sus huellas. De ser aprobada la propuesta, estas personas solo dispondrán de 15 días para recurrir, lo que impedirá que muchos solicitantes puedan apelar la negación de refugio, según explica Pierre Henry, presidente de Francia Tierra de Asilo. A ojos de Henry, esta propuesta va en contra del principio fundamental del derecho a asilo en un país donde el 4,2 millones de personas (6,4% de la población francesa) son de nacionalidad extranjera, según los datos más recientes (2014) del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos.
Universidades ocupadas contra el «racismo de Estado»
La criba de personas y el desprecio con el que son atendidos los inmigrantes por el Estado galo son dos de las principales prácticas racistas más preocupantes en Francia, sostiene Amandine, del comité de apoyo a la ocupación de la Universidad de Vincennes en Saint-Denis (más conocida como París 8). Amandine pide ocultar su verdadera identidad tras un pseudónimo para evitar posibles represalias legales.
Desde el 30 de enero, un centenar de inmigrantes y una treintena de voluntarios ocupan uno de los edificios de esta universidad situada en la periferia norte de París. Protestan y actúan así contra lo que consideran un «racismo de Estado invisibilizado» que corre el riesgo de agravarse si el proyecto de ley del ministro Collomb es aprobado. «Esta ley condena a la mayoría de los exiliados a la deportación, a la reclusión o a la clandestinidad», afirma el comité de apoyo a la ocupación en uno de sus comunicados.
Con esta ya van cuatro universidades ocupadas en Francia: se viven episodios similares en Lyon, Grenoble y Nantes – que tras cuatro meses de ocupación fue evacuada este 7 de marzo con la alternativa de pasar el invierno en una antigua residencia de ancianos -, además del intento frustrado de la Sorbona (París), donde los ocupantes no lograron resistir ni un día completo debido a los esfuerzos del presidente de la institución y de la policía para expulsarlos.
La toma de universidades va más allá del apoyo simbólico a las personas migrantes y la protesta. «Además de darle visibilidad mediática a la situación, la ocupación de este edificio permite crear un lugar de encuentro para que los que realmente están siendo afectados, la población inmigrante, puedan organizarse políticamente y difundir los consensos de sus asambleas», señala Amandine, quien además destaca que uno de los principales frentes es acabar con el Reglamento de Dublín, la norma internacional que establece que solo el primer país europeo donde las autoridades recogen las huellas dactilares de un inmigrante puede tramitar su solicitud de asilo. Si un refugiado fue obligado a registrar sus huellas en Francia pero su intención es llegar a Reino Unido -para reunirse con su familia, por ejemplo- las autoridades británicas lo deportarán automáticamente de vuelta al territorio francés pues sería el único país donde podría solicitar el asilo en caso de cumplir los requisitos.
El edificio ocupado de la Universidad de París 8 es fácilmente reconocible por las grandes pancartas en varios idiomas que cubren su fachada. «Resistir por cualquier medio», reza uno de los muros exteriores. En las paredes interiores, nada más entrar, los mensajes se superponen unos sobre otros, y entre líneas aparecen papeles que muestran la distribución de actividades. Estas salas de aulas son hoy un cobijo y un lugar de expresión y creación efímera. Entre consejos sobre cómo hacer una revolución y eslóganes -‘¿hay que ser obediente para ser libre?’, ‘no hay libertad en el capitalismo’-, los pasillos rebosan de personas que se mueven de un lado para otro para participar en la larga lista de actividades que allí tienen lugar cada día.
El olor a cuscús salta de la cocina hasta la sala de reuniones aledaña y la farmacia. Los dormitorios están separados para hombres y mujeres, y en uno de los rellanos de las escaleras hay un «armario libre servicio». Todos esos bienes provienen únicamente de donaciones anónimas. Incluso existe una caja con dinero para quien necesite comprar, por ejemplo, un billete de metro.
Beshir, un eritreo que pide ocultar su verdadero nombre y su rostro por miedo a ser identificado, es uno de los habitantes de esta universidad ocupada. Casi todo el mundo le conoce porque hace de traductor en las asambleas. «Aquí estamos viviendo como una familia y luchamos todos por los mismos objetivos: acabar con ‘Dublín’ y conseguir nuestros papeles», cuenta este inmigrante, que lleva más de 20 años huyendo de la guerra, primero de Eritrea y después de Sudán, el segundo país donde se mudó con su familia años antes de emprender su viaje en solitario hacia Europa. «Yo solo quiero comenzar mi vida», afirma Beshir después de relatar su trayectoria para llegar a Italia desde Libia, donde trabajó encerrado durante seis meses para poder juntar los 3.000 dólares (unos 2.450 euros) que le cobraron las mafias para atravesar el Mediterráneo. «Era horrible, nos tenían en una especie de prisiones, nos vendaban los ojos y no sabíamos ni dónde nos llevaban a trabajar».
Opiniones enfrentadas ante las nuevas reglas de inmigración
En diciembre de 2017 el gobierno francés aprobó una circular para censar a los inmigrantes de los albergues sociales y clasificarlos según sus posibilidades de obtener asilo. En febrero de este año, la Asamblea Nacional (cámara baja francesa) aprobó una ley para facilitar la retención de los denominados inmigrantes ‘dublineses’ (aquellos que ya han dejado sus huellas dactilares en otro país de Europa) hasta que abandonen el territorio francés. Ahora el ministro Collomb viene a dar lo que las organizaciones de apoyo a las personas migrantes consideran su último golpe de gracia para acabar con los fundamentos del asilo en Francia e interponer una criba entre «los buenos y malos migrantes» mediante su proyecto de ley de asilo e inmigración.
«Es difícil saber a ciencia cierta la procedencia de muchos demandantes de asilo que llegan a Europa sin documentos porque las mafias se los quitan para evitar que haya constancia de la identidad de los que fallecen en la travesía», explica Irene Martínez, abogada española residente en Francia. Martínez opina que este proyecto de ley puede convertirse en una forma de cribar y excluir a las personas que llegan a Francia sin documentos. Por esta razón, el comité de ocupación de la Universidad de París 8 se opone a la clasificación por nacionalidades y a la distinción entre refugiado y migrante económico, en respuesta a la del ministro del Interior, que sostiene que «estamos obligados a hacer esa diferencia porque en un momento dado, no podremos darle un porvenir a todo el mundo», una idea que también comparte el presidente francés, Emmanuel Macron.
Los defensores de esta propuesta ven una ley más «rápida y eficaz» que pretende «alinearse a los principios del resto de países europeos», mientras que sus detractores la perciben como una amenaza que podría disuadir a las personas para pedir asilo en Francia. A la espera de que el gobierno de Macron defina con hechos el rumbo de su política migratoria, el comité de la ocupación de inmigrantes y voluntarios lanza el llamamiento a una manifestación contra la política migratoria francesa y europea para el próximo 17 de marzo. Mientras tanto, continúa movilizándose con la esperanza de conseguir documentos de residencia para el centenar de ocupantes de la Universidad de París 8 y, a medio y largo plazo, lograr la derogación del reglamento de Dublín, una norma que quita el sueño a quienes dejaron sus huellas en la comisaría de algún país europeo al que no desean volver.
*Los nombres de algunos de los entrevistados han sido modificados para preservar el anonimato de inmigrantes y voluntarios del Comité de apoyo a la ocupación.
Fuente: http://www.lamarea.com/2018/03/11/indignacion-politicas-migratorias-francia/