Después de más de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una década de haber haber sido aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras estÁ imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con la cual pretende ademas de «cumplir» […]
Después de más de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una década de haber haber sido aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Honduras estÁ imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con la cual pretende ademas de «cumplir» con los compromisos adquiridos, desmantelar la consulta para convertirla en un mero trámite administrativo.
El secuestro ideológico de la consulta que pretende el Estado no es nada nuevo, en un país en donde el grupúsculo de leguleyos que detectan el poder, acostumbran legislar con el fin de reducir y negar derechos, para obtener réditos económicos.
En los últimos 9 años los pueblos indígenas en Honduras hemos enfrentado una creciente ofensiva destinada al despojo de nuestros territorios ancestrales, acompañada al mismo tiempo de una oleada de violencia, promovida por el Estado y gremios empresariales, que pretenden apoderarse de los remanentes de los denominados «recursos naturales», como parte de una visión extractivista, la cual está cimentada en la destrucción de la madre tierra.
La persecución y criminalización de líderes y defensores de nuestros territorios, como medida de presión para que la élite empresarial logre sus objetivos, ha generado una serie de asesinatos, entre ellos el de Berta Cáceres (marzo 2016), eliminada aparentemente por militares activos y retirados ademas de ejecutivos de la empresa energética, constructora de una planta hidroeléctrica, sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada (CPLI), consignada como mandatoria en el Convenio 169 (C169) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El asesinato de Berta Cáceres sacó a flote la enorme problemática existente en Honduras en materia de seguridad y de aplicación de justicia. Durante mas de dos décadas de haber sido ratificado el C169, el Estado ha tergiversado de forma deliberada la consulta con socialización, imponiendo de esta forma desde leyes, decretos, proyectos de «desarrollo», áreas protegidas, entre otras.
A partir del golpe de Estado (2009) se inicia una aprobación acelerada de leyes inconsultas que han generado un sinfín de conflictos, los que ante la inexistencia de un estado de ley en el país, se han convertido en despojos. En el caso del pueblo Garífuna, la aprobación de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (2011), conocida también como «ciudades modelo» ha dado lugar a enormes presiones territoriales, especialmente en la bahía de Trujillo, donde de forma paulatina las comunidades de Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Cristales, Rio Negro y Puerto Castilla, buena parte de su hábitat funcional fue adquirido por inversionistas canadienses, siendo conocida la Bahía hoy en día como «little Canada».
A pesar que existen casos ventilándose en el Juzgado de la Ciudad de Trujillo en contra de ciudadanos canadienses por usurpación, los fallos no se apegan a derecho; mientras líderes comunitarios Garífuna son proseguidos y perseguidos por la defensa de su territorio ancestral, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de derechos indígenas.
Después de haber sido defenestrada la Corte Constitucional (12-12-12) por el poder legislativo, como represalia de haber declarado inconstitucional las ciudades modelo, meses después fue reintroducida las «ciudades modelo» bajo el nombre de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Sí bien en la primera versión de las ciudades modelo abarcaban 24 de las 47 comunidades Garífunas existentes en Honduras, en su segunda versión incluye 20 comunidades Garífunas como presuntos escenarios para establecer las ZEDE.
Las «ciudades modelo» surgen como una iniciativa promovida por el economista estadounidense Paul Romer, el que primero intentó su experimento de gobernanza en la isla de Mauricio, situación que desembocó en un golpe de Estado. Posteriormente Romer tras el golpe en Honduras, avizoró en la crisis existente una oportunidad para establecer Zonas Económicas Especiales con el agregado de tercerización de justicia y seguridad, dando lugar a lo que puede ser consideradas como ciudades- nación cuasi independientes.
En los territorios que han sido consideradas como posibles lugares para la ubicación de las ZEDE, se viene dando fuertes especulaciones en materia de bienes raíces, generando el desplazamiento poblacional. La demolición casi en su totalidad de Río Negro – una de los primeros asentamientos del pueblo Garífuna en Honduras- es un indicador de las presiones que se vienen dando en relación a las ZEDEs. Desde el inicio de las «ciudades modelo» se ha señalado a Trujillo como la posible primera ubicación en Honduras.
Los vaivenes políticos en el país, sumado a la violencia imperante, no ha permitido el despegue de las «ciudades modelo’. Sin embargo el año pasado previo a las elecciones de noviembre, el actual mandatario efectuó un relanzamiento de las ZEDE, el que incluyó un viaje a Texas con el propósito de vender las ZEDE, las que se han convertido en uno de los ejes de su gobierno. El relanzamiento aparentemente ha contado con el apoyo de la Consultora Mckinsey y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su portal incluye un prospecto de proyecto destinado a «la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico».
Una de las empresas que aparentemente ha demostrado interés en invertir en las ZEDE, es el emporio de Kelcy Warren, propietario de Energy Transfer, el que pretende construir un complejo energético en la bahía de Trujillo el que incluiría una refinería, termoeléctrica y una planta de reconversión de gas licuado de petróleo (GLP) que serviría para distribuir el gas de esquisto proveniente desde Texas para toda Centroamérica.
La mayoría de los planes de «desarrollo» para la Bahía de Trujillo incluyen el desplazamiento de la población de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, la que fue relocalizada en 1973, cuando el General Álvarez Martínez, pistola en mano, obligó a los Garífunas de la comunidad de Cristales y Río Negro a ceder el territorio de la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. Existe una enorme aprehensión por parte de los habitantes de Puerto Castilla sobre una nueva relocalización, que les fue anunciado desde hace dos años.
El desconocimiento por parte del Estado del CPLI, y la utilización de la socialización como sustituto, ha tomado un nuevo curso. Ante las presiones del AVA FLEGT de la Unión Europea y el Programa ONU-REDD, el Estado de Honduras en el 2012 impulsó la creación de un mecanismo de CPLI. Tanto la Confederación de pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la Dirección Nacional de Pueblos Indígena y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros (ODHPINH), realizaron su propias versiones del anteproyecto de ley CPLI.
Sin embargo, en el 2016, el PNUD y el Estado optaron por una nueva versión, para lo cual contrataron al jurista peruano Ivan Lanegra, autor de la controvertida Ley de Consulta del Perú. Una vez más el Estado pretendió convertir las socializaciones realizadas en conjunto con el PNUD en un proceso de consulta. Posteriormente, con la visita efectuada en agosto de 2017 por la Relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra Vicky Tauli Corpuz, el PNUD y el Estado optaron por denominar el proceso realizado como una socialización.
La señora Tauli Corpuz emitió un segundo informe en junio de 2017, denominado observaciones adicionales en las que exhortó al Estado de Honduras «a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas». Desafortunadamente el Estado ignoró los señalamientos de la Relatora y para febrero del presente año envió a la Organización Internacional de Trabajo una nueva versión, que podemos señalar como más nociva para los pueblos indígenas, que la versión del Sr. Ivan Lanegra y sus variantes.
Podemos indicar que el Estado de Honduras pretende realizar un secuestro ideológico de la consulta previa, convirtiéndola en un mero tramite administrativo, en el cual a los pueblos indígenas se le deniega su libre determinación. Como resultado de dicha tergiversación de la consulta, el Estado y empresarios podrán determinar el futuro de nuestros territorios.
A pesar que la Relatora manifestó en sus observaciones adicionales «preocupación en relación a los reiterados comentarios escuchados vinculando el consentimiento libre, previo e informado con un veto. A este respecto, la Relatora Especial reitera lo manifestado por su predecesor de que si se reducen los principios de consulta y consentimiento a un debate sobre la existencia de un poder de veto, se pierde de vista el espíritu y carácter de dichos principios según los estándares internacionales. Estos principios buscan crear un diálogo de buena fe entre los Estados y los pueblos indígenas para que, mediante la búsqueda de acuerdos y consensos, se ponga fin a modelos históricos de imposición de decisiones sobre los pueblos indígenas, amenazando su supervivencia como pueblos». El Estado incluyó en el artículo 2 del anteproyecto que la «Consulta no otorga derecho a veto ̈, además de ratificar que la decisión final de la consulta, la toma el Estado.
En agosto del año pasado, el Congreso Nacional aprobó la inconsulta Ley de Incentivos al Turismo, promovida por la consultora McKinse en el marco del programa Honduras 20-20. La ley permite desde la utilización de áreas protegidas para inversiones turísticas hasta la expropiación forzosa en base a una ley que data de 1913, y la cual fue invocada para presionar a los habitantes de Rió Negro y de esta forma permitir la demolición para la construcción de un muelle de cruceros en Trujillo.
Más allá de la manipulación que viene efectuando el Estado con el propósito de desconceptualizar el CPLI, las secuelas del crimen organizado y el Estado fallido existente en Honduras forman parte de la cadena de hechos que ponen en duda la existencia de un Estado de derecho en el país; a pesar de los supuestos avances en la lucha contra el narcotráfico, las estructura económicas del crimen organizado permanecen intactas, siendo la adquisición de enormes tractos de tierra una de las formas más habituales de lavado de activos, situación que ha generado graves consecuencias para las comunidades Garífunas.
Como muestra de la ausencia de apego a la jurisprudencia sobre la consulta y el deber del Estado de respeto dicho derecho, el Alcalde de la Ceiba, el Sr. Jerry Sabio, convocó el 6 de julio a un cabildo abierto para tomar la decisión sobre la instalación de una planta termoeléctrica de 87 megavatios entre las comunidades Garífunas de Corozal y Sambo Creek, a pesar que las comunidades comunidades exigieron el CPLI. Miembros de las comunidades interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía de las Etnias, sin embargo las maquinarias continúan trabajando en la edificación de la termoeléctrica.
La consulta previa es la médula de los derecho colectivos que poseemos los pueblos indígenas. El anteproyecto de Ley de Consulta, promovido por AVA FLEGT, ONU REDD, PNUD y el Estado de Honduras, además de distorsionar la consulta dará lugar a un ciclo de violencia en contra de los pueblos indígenas.
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