Concurro con los colegas Dell Buono y Bell Lara (2024) cuando señalan que el complejo militar-industrial posfordista de los Estados Unidos está siendo desplazado por el desarrollo económico, tecnológico y militar de la República Popular China, calificada por la CIA como su principal espía industrial y contendiente mundial en el desarrollo de ciencias informáticas. El régimen neoliberal norteamericano percibe a la Federación Rusa como una amenaza debido a su monumental producción de materias primas energéticas, sus legendarios servicios de inteligencia, sus fuerzas armadas y su confluencia estratégica y pragmática con la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Ante la elección de Donald Trump como presidente, con una Cámara y un Senado dominados por la facción conservadora del Partido Republicano, la descolonización de Puerto Rico enfrenta un escenario distópico en el primer cuarto del siglo XXI. ¿Podrán las fuerzas de la breve Alianza Puertorriqueña redefinirse como un movimiento de liberación nacional mediante una autoconvocada Asamblea Constituyente? ¿Por qué la Asamblea Constituyente fue criticada por Filiberto Ojeda Ríos y el Ejército Popular Boricua – Macheteros? ¿Podría el régimen del presidente Trump conceder la independencia por decreto, ceder Puerto Rico a la República Popular China o permutar por Groenlandia? ¿Estamos en un escenario mundial unipolar o multipolar?
En el escenario internacional volátil, el Congreso de los Estados Unidos debe atender el estatus colonial del territorio que alberga siete bases militares, más de 14,000 empleados federales y agencias de inteligencia destinadas a la seguridad nacional, fábricas que producen tecnología militar y laboratorios universitarios donde se desarrolla investigación para el Departamento de Defensa. La hegemonía unipolar de los Estados Unidos de América se encuentra en su contexto más volátil del siglo XXI. La unipolaridad y la imposición de un modelo político-económico único aumentan la tensión internacional, mientras que el respeto a la soberanía nacional y la solidaridad internacional estimulan la multipolaridad.
Ricardo Dello Buono propone analizar los desafíos que enfrenta el declive de los Estados Unidos como potencia hegemónica unipolar en un contexto político-económico cada vez más volátil. Cuando nuestros colegas Dell Buono y José Bell Lara publicaron a principios de 2024 “El ciclo histórico del imperialismo se está cerrando”, la invasión rusa a Ucrania ya estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, no tenían forma de prever, y nadie podía pronosticar, una guerra campal en Medio Oriente entre Israel y Hamas, Hezbolá, hutíes y la Guardia Revolucionaria de Irán. A este ambiente inestable se suma el conflicto cívico-militar entre la derecha liberal, liderada por María Corina Machado, y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Estas tensiones afectan el precio del petróleo crudo y sus derivados, necesarios para engrasar la economía mundial, en un momento en que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN bloquean la circulación de los combustibles rusos.
En nuestro hemisferio, voceros extremistas de derecha auguran una intervención militar en Caracas. Pero los Estados Unidos no tienen emplazamientos militares ni corporativos en Venezuela, ni una misión diplomática y el secretario de estado Marco Rubio maniobró para detener la extracción petrolera de Chevron-PDVSA ya no hay causa que pudiera justificar una invasión. La facción más autoritaria de los Estados Unidos, representada por la mayoría republicana en la Cámara y el Senado, eliminó parcialmente el financiamiento militar destinado a Ucrania en 2024 y el presidente Trump extorsiona a Kiev, ofreciendo líneas de crédito para continuar la guerra a cambio de tierras ucranianas ricas en minerales raros.
Considerando este contexto global, me acerco al dilema colonial de Puerto Rico en el marco latinoamericano y caribeño. ¿Qué tiene que ofrecer Puerto Rico al imperialismo extractivista del presidente Trump? ¿Cómo recuperará Estados Unidos las transferencias de $33,120,900 millones realizadas a la colonia en 2023? ¿Está considerando el Congreso un cambio de estatus? ¿Aprobara el Congreso un plebiscito vinculante para la descolonización de Puerto Rico? ¿Complacerá Trump con la descolonización a la élite independentista dispuesta a administrar la república neocolonial a cambio de $489 mil millones en un solo pago inicial para establecer el Fondo de Transición de Puerto Rico que le ahorraría $231 mil millones a los EEUU.
El presidente Putin, con la invasión a Ucrania, ha puesto al borde de una guerra mundial al consorcio de naciones de la OTAN, que junto a Estados Unidos está aliado en la defensa de Kiev. Esta guerra se centra en el terreno del Donbás y el Mar Negro, afectando la seguridad y el comercio internacional que pasa por el estrecho del Bósforo, así como el comercio en los mares Mediterráneo y Rojo. La inestabilidad en las relaciones entre la República Popular China y la República de China (Taiwán) añade inseguridad a la escalada del conflicto global entre potencias con agendas unipolares, como Estados Unidos y las naciones aliadas de la OTAN, frente a las que conforman el bloque económico BRICS.
Este bloque emergente no tiene una ideología económica-política homogénea, ya que incluye países comunistas, socialistas y capitalistas, demuestra su poder al forjar un nuevo balance de cooperación multipolar sin imponer un único modelo ideológico. Por ejemplo, la colaboración en investigación y desarrollo para enfrentar la pandemia mundial de COVID-19 entre 2021 y 2023 se evidenció con la contribución de la República Socialista de Cuba, que produjo las vacunas Soberana y Abdala contra el SARS-CoV-2, exportadas a Irán, México, Venezuela y Vietnam. Durante el año pasado, misiones de la Marina rusa maniobraron en el Caribe por invitación de Cuba y Venezuela. En Cuba, la República Popular China instaló una base de inteligencia equipada con radares.
Ante el desarrollo industrial de los BRICS, Estados Unidos ha perdido su dominio en la producción de alimentos, ropa, calzado, materiales para la construcción de viviendas, tecnologías informáticas y de salud. Cada vez depende más de la frágil burbuja del mercado de valores, que antes podía dominar desde Nueva York y Washington. La primera ofensiva de Trump fue lanzar una guerra de aranceles que desestabiliza su propia economía con tal de frenar el desarrollo de los BRICS. Sin embargo, en el siglo XXI, esa acumulación de riquezas depende de la producción y el consumo del Sur global, que incluye nuevas monedas y mercados virtuales de criptomonedas. La guerra arancelaria del presidente Trump promete “villas y castillos” a la clase trabajadora pobre y a la clase media compradora. Según su narrativa neoimperialista, resucitarán las ciudades industriales, así como el hierro y el petróleo norteamericano.
Estados Unidos teme el quiebre de su hegemonía globalista, lo que explica su preocupación por una guerra mundial a través del conflicto entre la OTAN y Rusia. Además, ha promovido la guerra entre Israel y la República Islámica de Irán y sus aliados: Hamas, Hezbolah y los hutíes. Mientras tanto, el escenario se complica en el Caribe debido a la aparente incertidumbre sobre la estabilidad económica venezolana, que ha resultado en la migración de 8 millones de ciudadanos. Surge un bloque alineado con los BRICS a favor de la reelección del presidente socialista Nicolás Maduro Moros, y otro bloque a favor de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia. Brasil, Colombia y México parecían neutrales hasta que circularon las actas en la OEA y el Centro Carter. En respuesta, el presidente Maduro ordenó desalojar las misiones diplomáticas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y terminó el contrato con Petro-Boscán, el grupo inversionista norteamericano que importa petróleo de PDVSA a través de Chevron. En respuesta, el presidente Maduro Moros anunció que venderá el petróleo a los BRICS. A pesar de las presiones, la nación venezolana liberó a seis norteamericanos encarcelados, acusados de atentar contra su vida del presidente Maduro. El conflicto entre Caracas y Washington reaviva la tensión entre Estados Unidos y las fuerzas antiimperialistas en la región.
La crisis en la República Norteamericana
Dos crisis de derechos humanos y civiles desequilibraron el orden interno de la República norteamericana: el asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020, que desató un conflicto racial en la nación, y el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021, un fallido golpe de Estado liderado por Trump y sus huestes de extrema derecha, quienes se negaban a aceptar su derrota electoral. La primera crisis destapó el violento conflicto racial, producto del discrimen étnico y la desigualdad político-económica en los Estados Unidos. No existe un informe detallado sobre cuántas muertes estuvieron directamente relacionadas con las protestas del movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, se sabe que cerca de 200 ciudades establecieron toques de queda y que treinta estados activaron a más de 96,000 miembros de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, tropas de la División 82° Aerotransportada y del 103° Regimiento de Infantería. Este despliegue militar se financió con fondos destinados a los operativos de la pandemia de COVID-19, y las pérdidas ascendieron a dos mil millones de dólares en daños a la propiedad asegurados a nivel nacional. Por otro lado, el asalto al Congreso, incitado por el presidente Trump para sabotear el escrutinio de los votos del Colegio Electoral, culminó con seis víctimas mortales y 140 heridos en el Capitolio.
Parecía inverosímil que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos habilitará a Trump como candidato a la presidencia. Sin embargo, en el verano de 2024, resurgió como el ave Fénix tras un atentado perpetrado por un joven de clase media trabajadora, aficionado al tiro al blanco. Tampoco se podía prever que la vicepresidenta Kamala Harris sería candidata a la presidencia debido a la delicada salud del presidente Biden. Harris fue la primera mujer vicepresidenta, con un trasfondo afrocaribeño por parte de su padre jamaiquino y asiático por parte de su madre, oriunda de la India. Las minorías étnicas latinas votaron mayoritariamente por Donald Trump, quien obtuvo 77,237,942 votos populares (49.91%), mientras que Kamala Harris consiguió 74,946,837 votos populares (48.43%). Las elecciones en los Estados Unidos están contaminadas por el virus del extremismo y la intolerancia, promovidos por agentes de odio que aterrorizan a sus opositores y electores mediante narrativas apocalípticas en las redes sociales para alcanzar o mantenerse en el poder político. En Puerto Rico, observamos esta tendencia fascista de crear y consumir narrativas falsas contra personas y partidos políticos, enturbiando el proceso electoral.
Puerto Rico Colonial
El progreso económico, los derechos civiles y la ley y el orden en los Estados Unidos se tambalean debido a conflictos raciales internos y a los intereses personales del actual presidente Trump, quien ha ordenado la expulsión de migrantes sin credenciales y la represión de las instituciones y movimientos sociales que los defienden. La administración de Donald Trump revocó el programa de «parole humanitario», que beneficiaba a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida afectará a aproximadamente 532,000 personas, quienes perderán su estatus legal.
Puerto Rico no es la excepción en este tablero volátil de intereses internacionales. Nuestra nación, invadida hace 125 años, está inmersa en una relación desigual en la que los ciudadanos no eligen al presidente que los gobierna, ni a los congresistas que deciden sobre el presupuesto de la colonia, sancionado por medio de la Junta de Supervisión Fiscal. Esta Junta atenta contra las pensiones de los empleados públicos, el financiamiento de la Universidad de Puerto Rico, y la salud y seguridad del pueblo puertorriqueño. Aunque dicta austeridad, Puerto Rico ha estado pagando puntualmente la deuda durante los últimos cinco años.
En las elecciones de 2024, se enfrentaron la extinta Alianza, formada por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana (una evolución del Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento Unión Soberanista de tendencia socialista), contra el anexionista y neoliberal Partido Nuevo Progresista, en el poder desde 2016. Mientras tanto, el Partido Popular Democrático, defensor del estatus quo, quedó en tercer lugar, solo por encima del Proyecto Dignidad, un nuevo partido religioso conservador. Atestiguamos tácticas controversiales del PIP, como la negación de la independencia en el plebiscito de 2024 y su abstención en apoyar a los candidatos del MVC, como la comisionada residente Ana Irma Lasen.
A pesar de los desafíos del huracán María, la pandemia de COVID-19 y el estancamiento en el crecimiento poblacional, Puerto Rico logró reducir la tasa de desempleo a 5.6% por primera vez en su historia. Además, la participación laboral de las mujeres aumentó a 45.8% y la deserción escolar bajó a menos del 25%. El salario promedio per cápita subió a $37,000, el más bajo en todo Estados Unidos (promedio de $81,000), pero el más alto en Latinoamérica, donde Uruguay lidera con $19,000 y el promedio regional es de $9,000. Desde el año 2000, Puerto Rico ha experimentado una baja natalidad que apenas reemplaza a la población, mientras que 4.6 millones de puertorriqueños residen en los Estados Unidos. Estos envían remesas, regresan a la Isla comprando viviendas y estableciendo pequeñas empresas.
La intervención del gobierno federal de los Estados Unidos en Puerto Rico es vista por la mayoría de la ciudadanía como necesaria para fiscalizar la corrupción estatal, combatir el crimen organizado y garantizar transferencias de fondos para alimentos, servicios de salud, educación e infraestructura, como el mantenimiento de carreteras y aeropuertos. Las transferencias obligadas para mitigar desastres, provenientes de FEMA y CDBG, totalizan $122,439 millones asignados entre 2018 y 2025. Durante el año fiscal 2023, Estados Unidos transfirió $33,120.9 millones a la colonia (según el Plan Fiscal Autorizado de la JSF).
Esta realidad económica dependiente inclina la preferencia anexionista de la mayoría de la ciudadanía, aunque el apoyo al partido de la independencia aumentó de un 3% a un 15% principalmente tras la derrota del ELA en el plebiscito de 2012. El movimiento Boricua Ahora Es logró movilizar a 910,970 electores que rechazaron rotundamente el actual estatus colonial (54.0%) a favor de la descolonización desde el 2012.
En el plebiscito concurrente con las elecciones generales, 620,782 votaron por la estadidad, mientras que 313,259 optaron por la libre asociación soberana y la independencia. A pesar de ello, el PIP se desvinculó de esta última alternativa, promoviendo en su lugar una asamblea constituyente de estatus, un mecanismo considerado elitista por el EPB Macheteros: “Estamos convencidos de que todo lo relacionado con la llamada Asamblea Constituyente no va a prosperar como proyecto, y que habrá de extinguirse como tantos otros proyectos acomodaticios que no cumplen las verdaderas aspiraciones libertarias, de justicia social y de independencia para los puertorriqueños”.
El actual status territorial impide y violenta los derechos civiles de los habitantes de Puerto Rico, quienes carecen de soberanía, ya sea como estado afiliado a la República o como nación independiente. Los ciudadanos en Puerto Rico no votan por el primer ejecutivo ni por sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Estuvo sobre la mesa el Acta de Estatus para la descolonización de Puerto Rico, conocido como el proyecto HR8393, que proponía «permitir que el pueblo de Puerto Rico elija un estatus político permanente, no territorial y totalmente autónomo para Puerto Rico, y proveer una transición y la implementación de ese estatus político permanente, no territorial y totalmente autónomo, y para otros propósitos». Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos, dominado por la extrema derecha, rechazó el acta de estatus, quemando el puente de la descolonización por la vía parlamentaria liberal electoral y empujando al movimiento independentista a salirse del marco legal-colonial para lograr la independencia, de manera similar a como lo hicieron los Estados Unidos en 1776.
Es el Congreso de los Estados Unidos, no el presidente Trump, quien debe demostrarle al mundo que, a través del plebiscito propuesto, que Puerto Rico puede ser descolonizado mediante un proceso vinculante y democrático. Sin embargo, los cabilderos colonialistas se empeñan en paralizar la propuesta del pasado HR8393. El territorio colonial podría convertirse en otro foco de inseguridad, conflictos sociales y políticos violentos, como el «Verano de 2019». La inercia del Congreso en Washington respecto a la situación de estatus político ha provocado una burocracia colonial oportunista, que se ha entronizado en las estructuras económicas y de poder, sin resolver las condiciones de desigualdad y dependencia endémicas de la relación colonial de la isla con los Estados Unidos.
¡Todos bailamos o rompemos la vitrola!
Como decía mi abuela Tomasa: ¡Bailamos todos o rompemos la vitrola! Con esta metáfora, podemos coincidir con Ricardo Dell Buono y José Bell en que la estrategia imperialista de avivar los conflictos internacionales amenaza con una guerra mundial que desestabiliza el progreso de un mundo multipolar, mientras en Puerto Rico continuamos estancados sobre el debido proceso para la descolonización y sumarnos al concierto de las naciones libres.
Michael González-Cruz, Sociólogo, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez
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