«El país sufre la irresponsabilidad y avaricia de un grupo relativamente pequeño, cuyos intereses personales se anteponen al interés público.» Con esta frase célebre se encabeza el título de la editorial de La Nación titulada Huelga en Limón, del día 27 de octubre de 2014 [1]. Quizás el «tico promedio» no comprenda mucho lo que […]
«El país sufre la irresponsabilidad y avaricia de un grupo relativamente pequeño, cuyos intereses personales se anteponen al interés público.»
Con esta frase célebre se encabeza el título de la editorial de La Nación titulada Huelga en Limón, del día 27 de octubre de 2014 [1]. Quizás el «tico promedio» no comprenda mucho lo que se esconde detrás de esta patraña absurda y falaz del señor Armando González, quien ahora se mantiene «en vela» al frente del equipo editorial de este medio oligarca, pero lo cierto es que no se trata de un indescifrable artilugio. El lector, por lo tanto, no se halla frente a la infalible Gorgona, sino ante una Medusa con muchas cabezas de serpiente.
Quizás la perspicacia de algún amante de los acertijos pueda suponer que la frase que da comienzo a estos párrafos se refiere a la clase acaudalada, omnisciente y todopoderosa del país. Pero no, aunque nadie lo pueda creer, el editorialista de este medio no se refiere a la sacrosanta figura de Rodolfo Jiménez de la Guardia. En absoluto. Todo lo contrario, la referencia es directamente a los trabajadores de JAPDEVA. Es decir, ahora los empresarios son mayoría en este país y los trabajadores la minoría que impide el aclamado desarrollo económico nacional.
Ahora bien, dejando el patetismo «literario» -y más bien retórico- del escribidor editorial, vale la pena deshilar un poquito los garrafales errores en los que se cae para visualizar el intento de manipulación vil que conlleva ese pasquín propagandístico.
Como siempre ocurre con estos grandes medios de desinformación -y atolondramiento- masiva, las verdades (o las mentiras), siempre se dicen a medias (o muy completas). Primero porque el editorialista menciona que el problema de todo esto es la cláusula 9.1 del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, la cual dicta que APM Terminals
«será la terminal especializada para el manejo de contenedores, del Complejo Portuario de Limón / Moín y en la Costa Caribe, así como la única encargada de atender barcos portacontenedores – fully-cellular container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica» [2].
Pero, ¿acaso no contradice esto el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica que establece claramente que «son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.»? Pues al ser esto un tema de interés público, debe el estado impedir un acto de esta naturaleza. Pero no, no interesa el derecho cuando priva el beneficio particular.
Entonces, ¿no es un monopolio al mejor estilo RITEVIANO lo establecido en esa cláusula? Iluso el que no entienda lo que ahí está escrito, pero bien astutas las cámaras empresariales de este país que cuentan con este pasquín propagandístico mercantil como lo es La Nación. ¿No son acaso liberales que se afanan en la defensa plenipotenciaria del libre mercado? ¿No es que la Economía Política establece este precepto casi como un versículo bíblico, como un mandamiento escrito sobre piedra, totalmente incuestionable?
Bueno, al editorialista se le olvidan estas palabras escritas con fuego por parte de Ricardo y Smith. O tal vez solo se trate de la clásica conveniencia pragmática de estos liberales de cereal, que hasta las ideas terminan prostituyendo cuando se les acaba el país. ¿Pero debería extrañar al costarricense una postura como esa? Para nada, demostrado está que el capitalismo tiende a la monopolización, no a las maravillas del libre mercado.
Y luego los trabajadores, según la propaganda, tienen demasiados beneficios y un poder casi absoluto en el puerto. ¿Y ellos son entonces unos pobres diablos relegados de la riqueza? Patrañas. Y peor aún, patrañas engullidas por lectores y televidentes ignorantes que no saben cuestionar el modo discursivo retórico de estos abotargados comerciantes de la desinformación. (¡Mea culpa!). Todo lo contrario, quienes han gozado de todos los beneficios y prerrogativas que otorga el acceso al poder, han sido estos falaces de la palabra.
Pero la farsa no queda develada en esto nada más. Asegura la editorial que el «costo para las navieras y el país es el más elevado», pero no dice que ese costo aumentará considerablemente según lo estipulado en el contrato de concesión. Esto es así en la cláusula 11.8, inciso 8), en la cual se lee, en su último párrafo, que la tarifa final es de $223 [3], mientras que el costo actual es de aproximadamente $175 [4].
Algo que tampoco menciona el escribidor editorialista es que el Puerto de Limón es el segundo más eficiente de Latinoamérica, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo [5]. ¿Por qué omitir esta información? Muy fácil, porque se trata del sector público y a los abanderados de la privatización les incomoda la existencia de cierta distribución de la riqueza. Al final de cuentas, para estos personajes de fábula, la libertad se restringe cuando, ahora sí, se ven amenazados sus particulares y cuantiosos intereses económicos.
Finalmente, y apelando a una especie de sentimiento nacionalista y lastimero, la Editorial esboza una serie de falacias patéticas que no tienen ningún sustento teórico ni práctico. Por ejemplo, apela a una disminución en la balanza de pagos. Estos argumentos los han esgrimido con temas como el Combo, TLC, Crucitas o explotación petrolera. La práctica (siguiendo su dinámica) favorece por mucho la postura de que esto es una absoluta mentira. Costa Rica, hasta el día de hoy, con TLC con Estados Unidos y China, sigue importando más de lo que exporta y esto se debe a condiciones históricas que estos poderosos empresarios jamás lograrán comprender desde sus posturas idealistas del manejo económico.
Arguyen que esto se trata de un asunto de «legalidad» y la encaminan en varios sentidos: la del contrato, la del derecho empresarial e inversionista y la de la libertad de tránsito. Pero se olvidan que existe el derecho al trabajo digno, a la igualdad de condiciones y a la huelga. Por lo tanto, la «legalidad» solo se ajusta a intereses oscuros de quien ostenta el poder real. Sin embargo, sería un desgaste de cuartillas exponer estos puntos sólidamente afianzados en la teoría y la práctica que la historia ha legado.
Este proyecto no contribuye a la vanagloriada libertad económica, todo lo contrario la restringe. ¿Qué diría Friedman en una situación como esta? Lo más probable es que aplaudiría. En todo caso, si hay algo que sí queda demostrado es algo: el carácter fascistoide de estos medios, que aplauden la represión y la violencia de estado cuando sus intereses están en peligro. Que hablan de democracia cuando los principios más elementales los ignoran por omisión. Al final de cuentas, la tragicomedia de la democracia fue su invento y como «literatos fantásticos», pueden modificar la historia cuando gusten, para ponerle un poco de capricho, patetismo, contradicciones y beneficio para algunos bancos privados y grandes empresas.
Para estos facinerosos, acabar con los movimientos sociales es la gran premisa, al menos así lo asevera esta editorial cuando afirma que «el Gobierno debe mantener la misma firmeza para evitar alentar otros movimientos similares» [6]. En suma, que vuele garrote y lacrimógena a cualquier síntoma de descontento de la población producto de las políticas del despótico mercado.
Algunos sectores botaron la toalla, tal es el caso de la cámara de bananeros que hasta hace un año se oponían a APM Terminals [7]. No podía esperarse más de los que ostentan el poder económico, al final quien cargará con los sobreprecios de las tarifas portuarias serán las personas, los trabajadores, quienes verán crecer el costo de la vida mientras que los mercaderes verán abultar sus barrigas con el «orden y progreso» costarricense.
Parece que la última carta está en juego, la mano la tiene el sector sindical que no levanta a la opinión pública y un as escondido que podría compensar un poco las fuerzas en pugna: se trata del ambientalismo, quienes tienen la evidencia constatable del impacto ambiental que producirá la construcción de la terminal en Moín [8].
Todo sigue su curso. Jairo Mora lo advirtió con su muerte, desde un caparazón de tortuga. Reafirmando la sensibilidad de esta zona costera donde se piensa construir el proyecto transnacional. Por ir un paso más allá, tuvo que desaparecer por un instante, pero algún día volverá, probablemente cuando un mar de sedimentos ocupe aquellos lugares de desove. Pero ojalá vuelva cuando la consciencia por fin llegue a cada costarricense y salga a defender lo que realmente es suyo.
Notas
[1] La Nación. 2014. Huelga en Limón. Sección Editorial. Versión digital del 27 de octubre de 2014. Consultado en: http://www.nacion.com/opinion/
[2] Consejo Nacional de Concesiones. 2012. Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, p. 55. Consultado en: http://www.cnc.go.cr/content/
[3] Ibid., p. 65
[4] Chinchilla, S. 2014. Pablo Díaz, JAPDEVA. Youtube. Minuto 0:39. Consultado en: http://www.youtube.com/watch?
[5] Mundo Marítimo. 2014. Puertos de América Latina aumentaron 39% su eficiencia entre 1999 y 2009. Edición del 7 de abril de 2014. Consultado en: http://www.mundomaritimo.cl/
[6] La Nación. 2014. Óp. Cit.
[7] Véase declaraciones en prensa: Loaiza, V. 2012. Bananeros reiteran oposición a que APM Terminals construya muelle en Moín. En La Nación. Consultado en: http://www.nacion.com/archivo/
[8] Córdoba, J. 2014. Expertos a piden a SETENA rechazar Estudio de Impacto Ambiental de APM Terminals. En Semanario Universidad. Consultado en: http://www.
José Solano es educador
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