“…romper con el afán de enmascarar la realidad, de no querer ver que el capitalismo realmente existente es guerra de despojo o cuarta guerra mundial, como la nombran los zapatistas. El crimen y la violencia, para llegar a ser el principal modo de acumulación de capital, deben contar con el apoyo y complicidad de los estados, que se van reconvirtiendo en estados para el despojo.” (Raúl Zibechi, Crimen Organizado y extractivismo, la Jornada 13/01/2023)
Algunos analistas sostienen que esta es una crisis política de representación, otros que obedece al desprecio por los indígenas del sur y un conflicto étnico-racista, otros más señalan que hay la percepción de una mala distribución de la riqueza o que es un ataque a los trabajadores. Claro que hay algo de todo esto, pero lo que engloba a todos estos elementos es que el objetivo del nuevo gobierno es escarmentar a los pueblos andinos para permitir la inversión minera sin resistencia y sin riesgos y que la oligarquía rentista continúe sin pagar impuestos. El Premier, la derecha congresal y los militares, como veremos, no son más que sicarios económicos de las mineras. Castillo no garantizaba las exigencias de las corporaciones y había que sacarlo, crear el caos justificaría el cambio autoritario de gobierno. Considerando la deslegitimación de la izquierda organizada, mercantilizada y sin principios, no esperaban que esta ofensiva empresarial desate la rebelión anticolonial, antineoliberal, que es lo que esta ocurriendo. La necesidad de la liberación nacional, de la autodeterminación, de las autonomía se expresan de distintos modos y en este caso es la rebelión.
El viernes 13 de enero continúa el paro nacional indefinido por adelanto de elecciones, renuncia de Dina y cierre del Congreso. 10 regiones de 25 están bloqueadas (más de 80 bloqueos de carreteras) y los asesinatos y heridos están en más de 7 regiones. Casas de congresistas son atacadas e instalaciones de la minera Antapaccay del grupo minero suizo Glencore han sido incendiadas. Gobernadores regionales que se unen al pliego petitorio y ministros que renuncian; a pesar de todo esto la dictadura se mantiene a la ofensiva militarizando y reprimiendo en todo el país. Los unifica la idea de que para neutralizar a un terrorista es necesario arrasar a sangre y fuego el entorno en el que se infiltra.
La expresión política de esta lucha anticolonial no puede ocultar el trasfondo económico. Si bien es cierto, como bien lo expresa Milciades Ruiz “La población revienta de indignación acumulada porque repudia el sistema político y su falsa democracia. ¿Por qué, ha sucedido esta explosión social, al margen de los partidos políticos? ¿Por qué, la indignación desborda los canales oficiales? ¿El diálogo mecedor, la renuncia presidencial, adelanto de elecciones, asamblea constituyente, son suficientes para cambiar la estructura de dominación hereditaria?”[1] Esto expresa que la conflictividad social persiste más allá de su aspecto político y se vuelve cada vez más antagónica con el comportamiento virreinal del gobierno, consiguiendo como respuesta la toma de carreteras y protestas sociales, la marcha de los pueblos hacia Lima, acciones que afectan a la viejas y nuevas inversiones mineras. Este año se cumplen 30 años de los contratos ley, de decenas de concesiones mineras y los dueños del país esperan aprobar otros nuevos 40 proyectos de saqueo minero.
Esta que fue nuestra hipótesis inicial, al acusar al Premier de ser el sicario de corbata[2] de las mineras es corroborada por el mismo Alberto Otárola, quien informó al Congreso para pedir un voto de confianza para que el gobierno de Dina Boluarte destrabe nueve grandes proyectos mineros por US$ 10,555 millones (Toromocho, Sulfuros Yanacocha, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Yacimiento Zafranal, Proyecto San Gabriel, Planta de Cobre Río Seco, Proyecto Yumpaq y Ampliación de Retamas, entre otros). Los asesinos a sueldo si retroceden pierden millones y esto viene ocurriendo con el gabinete y las FFAA y PP que son utilizadas para aterrorizar a los pueblos. Las mismas FFAA y PP que cada día proclaman haber vencido a Sendero hace 30 años, hoy pretenden legitimar sus crímenes acusando y apresando dirigentes sociales y persiguiendo a destacados académicos que hace 40 años residen en Londres o en La Paz debido a una vieja persecución.
Bajo la concepción de mando-obediencia, agregando ideas neoliberales sobre el estado mínimo, la visión del estado como objeto de la competencia, y otras de Kelsen, para quien el poder soberano no radica en el pueblo sino en la capacidad de crear y aplicar el derecho en un territorio considerado como parte del estado y sobre un pueblo con capacidad de hacerse valer, recurriendo de ser necesario a la fuerza, son ideas suficientes para gobernar. Esta forma de pensar la tradujo, en la imposición de una constitución, garantizando su cumplimiento con la impunidad presidencial y el TC, corrompiendo al Congreso y al sistema judicial; con el sometiendo de las FFAA al poder económico legal e ilegal e implementando un sistema criminal de saqueo desde las alcaldías, hasta los ejecutivos regionales.
De este modo, mientras los pensadores eurocéntricos y los analistas políticos creen que el poder esta solo supeditado a una correlación de fuerzas, muchas veces imaginaria, pero que hay que tomar en cuenta en la lucha política, Montesinos y los jerarcas militares más cerca de la realidad -con dos siglos gobernado o cogobernando, con 5 décadas de experiencia antisubversiva, y de ellas más de 30 en política estatal neoliberal- actúan pensando que el Estado es una relación social de poder, dominación y explotación que es posible manejar. Y pensando y actuando así – quizás sin saberlo, coincide con Weber e incluso con algunas ideas de Marx- Es más, en la nueva configuración del poder, desde los años 90, las grandes corporaciones controlan se apoderan del Congreso, el sistema judicial y el Ministerio del Interior y Defensa. Financiados por una interminable privatización de la economía y los poderes, los mediadores y la lumpen burguesía territorial y los grandes monopolios, se unifican en grupos con coincidencias e intereses comunes usando como herramientas: el dinero, corrupción, chantajes, complicidades, impunidades, lobbistas, etc. para garantizar la gobernabilidad y constituirse en el verdadero gobierno, aunque no siempre sean los titulares.
Si bien es cierto que para examinar metodológicamente al Estado y para actuar en él, o incluso fuera de él, es válido el análisis estratégico relacional, para conseguir la obediencia y desarrollar políticas públicas, solo fue suficiente saber y actuar para mantener el poder secular agregándole nuevas tecnologías de sumisión, miedo y dominio correspondientes a la época. Con Montesinos-Fujimori las estrategias económicas estuvieron garantizadas la participación de organismos multilaterales como el FMI-BM en las decisiones para el control del gobierno, la gobernanza (creación neoliberal que incorpora a la inversión privada en el gobierno) 1990-2000 y posteriormente a su caída, por la Constitución, el manejo del ministerio de economía y del BCR, el Congreso y la presencia de sus abogados en el sistema judicial. Los proyectos estatales en su década gobernando consistieron en privatizar el país y con el dinero obtenido manejar a los agentes que mantengan las estructuras en base al combate a la rebelión popular, a la generalización de la corrupción como herramienta aglutinadora y de sumisión. La hegemonía fue articulada desde la unidad de la clase dominante monopólica y parasitaria, la compra de medios y la fetichización de la minería presentada como el elemento necesario e indispensable de crecimiento económico. El Congreso y la judicatura fueron conseguidos con elecciones fraudulentas, mercantilizadas y comprado en su totalidad -con la reducción numérica del primero enormes aumentos salariales, y premios por sus votos privatizadores o de no pago de tributos empresariales- y del segundo con su ampliación a numerosas instancias jerárquicas y seguros de impunidad a cambio de mayores ingresos por protección de bandas criminales. La corrupción como forma de gobierno neoliberal, como herramienta y mecanismo de activación de la inversión privada, del saqueo, se extendió a los ejecutivos regionales y locales, la alta oficialidad de las FFAA y policiales, los medios, la alta burocracia de funcionarios en las instituciones, la seducción monetaria de los asesores y consultores caviares. Controlada la representación política, la institucionalidad y el clientelismo corrupto de la gobernanza, había que encerrar las universidades -y otras fuerzas de la izquierda popular- que literalmente fueron cercadas y acalladas para que puedan actuar las estrategias hegemonistas hasta lograr la naturalización del odio a la izquierda radical y a todos los críticos del sistema. En resumen: controladas las estructuras de poder económico, políticas e ideológicas se consolida un sistema de dominación étnico-clasista que marca la arquitectura del control territorial del poder y el silenciamiento de las fuerzas capaces de una acción colectiva. Estamos ante una nueva forma de dominación donde el dinero, la ley, la coerción, el conocimiento o ignorancia son los principales instrumentos de intervención del Estado en la sociedad que llegaron en el 2000 a su límite cuando a través de unos videos se conoció como operaban estos mecanismos y un grupo de fiscales honestos pudo perseguir y apresar a los principales sujetos del dominio. .
Mientras Dina Boluarte repite lo que le cuentan sus asesores militares, en una irracional, grosera y torpe narrativa que terrorista es aquel que critica la violencia estatal por que ello provoca mas violencia, y agrega, perversamente con una cínica y supina ignorancia de la realidad que su régimen pasara a la historia por promover la paz; el Congreso otorga confianza al gabinete criminal el mismo día que otorga perdón a un congresista violador. Al mismo tiempo la Dirección Contra el Terrorismo captura a la Presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho con la absurda invención de obedecer las ordenes de Elena Iparraguirre, la viuda de Abimael Guzman, recluida a cadena perpetua y en un aislamiento asesino, quien estaría tras las luchas del pueblo ayacuchano con la consigna terrorista de “democratizar al Perú” y utilizando piedras y hondas en un ficticio reinicio de la guerra popular. Si esta líder ayacuchana fue liberada hace diez años se hizo por que solo fue un chivo expiatorio y solo se trataría de escarmentar a los coordinadores de una lucha que sin ella prosigue con mas fuerza.
Peo la mayor sorpresa fue que la Fiscalía de la Nación decida investigar a la presidenta Dina Boluarte y al titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por genocidio. El diario La República conjetura que se trataría de “generar rechazo a la investigación y a una probable denuncia que se tendría que presentar ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte” (La República, 14 de enero 2023). O quizás se trata de derivar el caso a la Corte Penal Internacional que persigue este delito. Sea como fuese, es una correcta acusación por que son actos de exterminio que son continuidad histórica de cómo enfrentar a un pueblo rebelde. Desde la llegada de Colon la política de rapiña antiindígena fue de aniquilamiento de estos seres sin alma si osaban rebelarse. Se trata de mas de 50 asesinados y cientos de heridos graves sobre poblaciones originarias que viven en la miseria.
Notas:
[1] Milciades Ruiz, La rebelión de los marginados, https://wordpress.com/view/republicaequitativa.wordpress.com
[2] Si el sicario se define por ser un asesino a sueldo, el Premier lo es, ya que trabaja abiertamente para las mineras desde hace muchos años, lo prueban Tía María y Conga donde fue enviado para lograr autorizaciones de funcionamiento minero y en ambos casos termino con pobladores asesinados.
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