Tras esperar en vano por más de dos años que se investigaran a fondo las amenazas de muerte que recibieron de un comando paramilitar, la mayor parte de las víctimas de ese delito denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los hechos remontan al 28 de enero de 2017, cuando un llamado Comando general Pedro Barneix amenazó de muerte a 11 personalidades uruguayas y extranjeras relacionadas con los derechos humanos, el ministro de Defensa y el fiscal de Corte.
Este martes 12, 9 de los amenazados (el militante humanitario brasileño Jair Krischke, el jurista francés Louis Joinet, la investigadora italiana Francesca Lessa, los abogados uruguayos Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, la ex fiscal Mirtha Guianze y la exviceministra y diplomática Belela Herrera) y el Observatorio Luz Ibarburu presentaron una petición ante la CIDH (*).
Uruguay -afirman- violó varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los enumeran:
– Obligación de Respetar los Derechos – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la Libertad Personal – Garantías Judiciales – Igualdad ante la ley – Derecho a la protección judicial
Pocas semanas después de que el grupo paramilitar, que toma su nombre de un general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos que se suicidó momentos antes de ser detenido, amenazara a los 13, la CIDH instó a Uruguay a investigar los hechos «con la debida diligencia».
Pero la investigación judicial apenas avanzó. Lo poco que se averiguó obtenidos (el origen de algunos de los correos electrónicos enviados por el comando, por ejemplo) provinieron de las propias víctimas o de colaboradores.
La justicia ni siquiera relacionó este hecho con otros similares, anteriores y posteriores (otras amenazas, robos de archivos de grupos de derechos humanos, vandalización de sitios de memoria), lo que hubiera podido precisar la búsqueda.
Desinterés
En ningún momento las autoridades dieron muestras de estar interesadas en aclarar lo sucedido.
Más bien lo contrario, como lo demostró la ausencia, en mayo de 2017, de representantes del Estado en reuniones convocadas por la CIDH en Buenos Aires para examinar el accionar de las instituciones públicas uruguayas en la investigación y sanción de los delitos relacionados con la dictadura.
Una carta abierta que los denunciantes enviaron el 29 de enero de 2018, un año después de la irrupción del Comando Barneix, al presidente Tabaré Vázquez alertándolo sobre la ausencia de resultados, no tuvo respuesta.
La inacción no es sorprendente, dada la parálisis de las decenas de causas abiertas (por asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones) en las que están implicados militares y civiles de la dictadura.
«Los estados tienen que investigar con la debida seriedad cualquier tipo de amenaza», consideran los peticionantes en el comunicado en el que explican por qué acudieron a la CIDH.
«Pero en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de los derechos humanos -dicen- existe una obligación reforzada: dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos ejercen y su objetivo es afectar sus actuaciones.
El Estado tiene que actuar, hecho que no ha sucedido en Uruguay«.
(*) Los otros amenazados fueron el ministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz y los abogados Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena.
Fuente: http://www.rel-uita.org/ddhh/la-impunidad-permanente/