Una destacada investigadora hondureña considera que los partidarios del golpe no serán capaces de sostener su apoyo al régimen de facto hasta las elecciones de noviembre. La Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leticia Salomón, sostiene que nadie previó la amplia oposición al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, producido el […]
Una destacada investigadora hondureña considera que los partidarios del golpe no serán capaces de sostener su apoyo al régimen de facto hasta las elecciones de noviembre.
La Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leticia Salomón, sostiene que nadie previó la amplia oposición al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, producido el 28 de junio de 2009. Ahora, después de más de dos meses, el país está en gran medida aislado de la comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad hondureña siguen protestando a diario en las calles. Como resultado de ello, Salomón estima que los costos para los conspiradores golpistas se han convertido en una carga demasiado pesada.
La socióloga y economista, que trabaja en el Centro de Documentación de Honduras, se resiste a especular sobre cómo el régimen golpista podría caer, a la vez que expresa preocupaciones frente a la mayor participación de militares y sectores empresariales en los asuntos políticos; pero, dice: «Hay un hecho que es cierto, no se puede mantener este gobierno hasta noviembre, al día de las elecciones. Y no se va a mantener por varias razones. No solamente por la protesta social que está en las calles», sino porque choca con los intereses de los empresarios y de los políticos».
En su opinión, el sector empresarial de Honduras jugó un papel clave en el golpe de Estado. Aquellos empresarios «que pensaban que un golpe de Estado era cuestión de miles de dólares y nada más, ya llevan miles y millones invertidos en esto. Y no solamente de dinero que han sacado de su bolsillo, sino del impacto económico de la toma de carreteras, de los paros, y de la huelga. Los mismos empresarios reconocen que eso ha sido terrible para ellos y por ello, un fuerte sector de empresarios ha empezado a presionar para que le encuentren una salida, porque ya han llegado al límite de lo aceptable del costo económico del golpe».
Pero más allá de haber estorbado los planes golpistas, Salomón añade que la amplia resistencia nacional al golpe de Estado está generando una nueva «fuerza social» en el país, con la que cualquier futuro gobierno tendrá que lidiar.
Errores de cálculo
Todo el mundo quedó sorprendido por la oposición que surgió el mismo día de la expulsión. Y nadie calculó los costos adicionales que la presión interna y externa para revertir el golpe de Estado tendría sobre los intereses económicos, políticos y militares, con el derrocamiento de Zelaya, indica Salomón; al punto que ella considera que los costos para los partidarios del golpe han aumentado más allá de lo tolerable; y no sólo financieramente.
En cuanto a los militares, cuya legitimidad en los últimos años -dice- rivalizaba con la de la Iglesia, Salomón vislumbra que todo su futuro podría estar en peligro, sobre todo como consecuencia de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado.
Por un lado, la eventualidad de que EEUU reconozca que hubo un golpe amenaza las aspiraciones de los nuevos oficiales o los oficiales más jóvenes en la institución, cuyo sueño «es salir a los EEUU, participar en las actividades de la OEA o la ONU». Ella considera que es principalmente la cúpula militar «que está empecinada» con el golpe, y «más por dignidad propia que por otra cosa».
Pero considerando las graves violaciones de los derechos humanos que los militares y la policía han contribuido a perpetrar contra la oposición al golpe, que califica de absolutamente «inadmisible», ella anticipa que se buscará reducir seriamente su papel, pues: «si esto lo hacen públicamente cuando había gente filmando, a la vista de todo el mundo, entonces obliga a trasladar la mirada hacia el interior de la policía y los militares». Le lleva a considerar si será necesario «pensar en su reducción al mínimo aceptable o a su eliminación», como en Costa Rica.
En el plano político, comenta, «Ya la legitimidad de los partidos políticos estaba por el suelo. Pero con esto, el rechazo a los dos partidos tradicionales ha crecido en una forma increíble en el país. Pueden hacer campaña, pero la campaña va dirigida más bien al ámbito urbano; en el ámbito rural no aceptan ninguna campaña. Te montan campañas, son expertos en montar campañas trayendo gente de otro lado, pero están los militares cuidándolos y protegiéndolos».
La oposición al golpe de Estado rechaza la realización de elecciones sin el regreso del Presidente Zelaya, argumentando que éstas «legitimarían efectivamente la violencia militar». A ello se añade ahora el anuncio de EE.UU. de que no reconocerá los resultados de las elecciones en las condiciones actuales, por lo cual la presión sobre estos políticos sigue en aumento.
Es más, según Salomón, la presión social no se acabará con las elecciones.
Ella atribuye la fuerza de la oposición actual al golpe de Estado a su capacidad de encontrar un terreno común entre los diversos sectores a través de esta misma oposición, más que en la adhesión a un partido o ideología en particular, y cree que se prolongará más allá del período actual. Con un sentido de esperanza, declara, «No importa quién gane las elecciones de noviembre. El próximo gobierno tendrá que lidiar con una fuerza social de envergadura que está en este momento, si quiere mantener una mínima gobernabilidad en el país».
Jennifer Moore, periodista canadiense independiente, reportó desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.
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