La patria, la soberanía, el monopolio de la violencia y el bien común

INTRODUCCIÓN

Los gobernantes dicen tener legitimidad, ser patriotas que defienden la soberanía, que el Congreso es el primer poder del Estado, que en Perú se vive en democracia y que unos terroristas tratan de subvertir ese orden. Estas son invenciones propias de la barbarie a la que han llevado a un país después de 45 años de acumulación de casos de corrupción. Este es el desenlace cuando miles de exautoridades estaban siendo procesadas: alcaldes y regidores, gobernadores y funcionarios regionales, presidentes con sus gabinetes y funcionarios. En el actual Congreso tenemos mas de 80 congresistas (de 130) con carpetas por corrupción. Solo les quedaba destruir el estado de derecho, archivar carpetas, establecer la impunidad, desaparecer delitos, condecorar delincuentes, impedir resistencias, silenciar a la ciudadanía, prohibir los movimientos regionales, asesinar a quienes protestan en las calles, utilizar psicosociales sobre la amenaza de guerrillas inexistentes, etc. Lo vienen haciendo cínica e impunemente, abierta y públicamente, con el argumento de que vivimos en democracia y que estos políticos son representantes y delegados por los pueblos. Lamentablemente, los caviares (izquierda pituca) han sido cómplices en estas acciones y en construir una subjetividad acerca de que las acciones militares de Sendero y el MRTA ha sido lo peor de la historia contemporánea y que los mas corruptos presidentes (los 10 años de Alan García y otros 10 de Fujimori) se les perdona crímenes y robos por haber derrotado al mal. Paralelamente los académicos y analistas políticos “críticos”, coinciden en la falacia de que existimos en una república, con democracia recortada o en crisis, una cuasi dictadura, donde un gobierno corrupto, ha capturado algunas instituciones, un estado fallido, que puede revertirse con el voto.  Rechazamos estas caracterizaciones y nos vemos obligados  a discutir algunas cuestiones básicas del debate público actual, lo que implica reconocer que la política es praxis, no ciencia. La política es fundamentalmente lucha por el poder y la hegemonía. Se trata de construir un «pueblo-clase trabajadora» que pueda disputar la dirección del Estado a la oligarquía.

En el actual momento histórico, después de décadas de neoliberalismo y resistencias discontinuas desde la rebelión del año 2000, existen condiciones para extraer conclusiones de la historia vivida, siempre vinculadas a luchas sociales y procesos de creación de poder por parte de los explotados mediante la movilización popular. Los aparatos políticos y sus abogados —el grupo que controla verdaderamente las fuerzas políticas existentes— no son precisamente los más indicados para registrar y elaborar experiencias, ni para leer y reflexionar. Son partidarios de renovaciones en contra de los pueblos y a favor de la criminalidad.

Para la izquierda institucional, la maquinación electoral absorbe todo su tiempo y energías. Las fuerzas políticas de izquierdas reconstituidas no salen del proyecto político como gestión desde las instituciones. Se comprueba que sólo la movilización social, la generación de nueva experiencia en la gente con sus nuevos interrogantes, es lo que puede hacer que las elaboraciones que tratan de dar cuenta del pasado inmediato, de enlazar con tradiciones intelectuales y de repensar la política, tengan acogida de la mano de nueva movilización democrática. Con la generación Z se produce una saludable regeneración moral en parte del pueblo y la posibilidad de unificación de fuerzas verdaderamente democráticas, no neoliberales. En la medida en que hagamos que la movilización prospere, generemos en nosotros mismos nueva capacidad de control sobre nuestra actividad y nueva experiencia al respecto, es posible que surjan nuevos interrogantes que, al crecer, modificarán creativamente el pensamiento político hegemónico que es antisoberano, antipopular, antipatriótico y antidemocrático.

La política es, ante todo, praxis, y los jóvenes Z están en ello con todo derecho, pues se trata de una actividad autoconsciente de la ciudadanía que se organiza para gestionar los asuntos comunes. Criticamos duramente la concepción de la política hecha por abogados y algunos académicos que la conciben como una «ciencia» o técnica en manos de expertos; defendemos la política como un «saber hacer» popular. Sin embargo, sin información teórica, espontáneamente, los jóvenes honestos y críticos del régimen opresor, coinciden con la tradición demo-republicana clásica y plebeya (desde Aristóteles hasta Robespierre), rescatando esta tradición de su apropiación por parte del liberalismo, destacando sus raíces democráticas y comunitarias. En lo político-estratégico, su análisis está muy centrado en la coyuntura, la táctica, la construcción de sujetos políticos y la correlación de fuerzas. Solo les falta adoptar el concepto de refundación republicana como propuesta estratégica concreta y en el «cómo pensar correctamente» una ruptura constituyente que instaure un nuevo régimen como paso indispensable para cualquier proyecto emancipador.

De acuerdo con Joaquín Miras Albarrán, la política jamás ha sido asunto de episteme, de ciencia. Es un saber hacer que la ciudadanía desarrolla experiencialmente, por escuchar y ver la realidad a través de las denuncias y las deliberaciones de las leyes, en la praxis política de resistencias de la comunidad, cansada de corrupción e inseguridad, que genera dominio ciudadano sobre el ethos, en el ejercicio de la crítica a las magistraturas fundamentales^. Buscar explicaciones científicas o modelos de interpretación para conocer la política peruana es una verdadera aberración. Debatir si este es un gobierno parlamentarista, o si el estado es fallido o no, o hablar de una crisis democrática, o de autoritarismo congresal, no nos dice nada de esta cacocracia, de un gobierno de las organizaciones criminales que se han apoderado del Estado y han contaminado a todo el país.

Esa otra concepción política que se declara basada en el dominio de saberes no accesibles a la mayoría —ciencia— es la concepción política del Liberalismo, esto es, el gobierno de la meritocracia, de «los mejores», de las «minorías selectas». Es la teoría de élites liberal, justificada mediante la variante ideológico-filosófica del positivismo científico, continuada por la escuela neopositivista y la analítica, todas las cuales son cientificistas y parten de la ciencia como noción que les permite discriminar quién «sabe» de política, quién es «clérigo» y quién es lego. Con este argumento algunos creen que los mafiosos congresistas merecen estar en el recién creado Senado, cuando se trata de energumenos corruptos y antidemocraticos. Por que no incluir la cleptocracia que se enfoca en el robo sistemático de recursos; la tiranía que implica crueldad explícita, inscritos en la cacocracia que es más amplia: pues en ella gobiernan los peores, por ineptitud, malicia o ambos.

Recordemos que desde la destitución de Castillo, en diciembre de 2022, se desataron masivas protestas, principalmente de sectores rurales y simpatizantes de Castillo, que exigían: elecciones anticipadas, asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de 1993 (de Fujimori) y la renuncia de Boluarte, acusada de ser ilegítima y sierva de Keiko Fujimori. La respuesta fue una mayor represión estatal; consolidación de la corrupción sistémica destruyendo casos emblemáticos como Cuellos Blancos y Odebrecht, que involucró a casi todos los expresidentes vivos (Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, PPK). Dina Boluarte (2022) enfrentaba el rechazo popular por fuertes protestas, especialmente en el sur andino, con más de 60 muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad (según la CIDH) y decenas de acusaciones por corrupción, provocando protestas sociales y conflictos. El Poder Judicial y el Ministerio Público también no solo son cuestionados por politización y lentitud, sino por eliminar delitos, archivar casos y pretender impunidad. Todo esto ha conducido a una economía en riesgo, del saqueo, donde la inestabilidad política ha generado incertidumbre y en 2023, Perú entró en recesión técnica (-0.5% de crecimiento), afectado por conflictos sociales y menor producción minera (key para su PIB). La fragmentación política, un Congreso altamente dividido (10 bancadas en 2024), fue superada con acuerdos delictivos y los partidos tradicionales desprestigiados se consolidan como mafias políticas. ¿Como llamamos a esto “cientificamente”?

Los analistas caviares olvidan que la razón primordial de la política es asunto de poder: de poder hacer, de capacidad de control sobre la actividad. Sobre la nuestra misma, puesto que los explotados son la inmensa mayoría y son, por tanto, quienes crean el hacer que produce materialmente a la comunidad, desde la vida cotidiana. Un hacer cotidiano que, sin embargo, no controlamos. El fundamento de la política es, en consecuencia, no la elaboración de habilidades tecnológicas de gestión, para intervenir sobre un objeto que no es sino nosotros mismos y nuestra capacidad de hacer en comunidad, precisamente porque nosotros no somos artefacto, objeto. Sino la creación de una verdadera voluntad, o capacidad real de control en común sobre la actividad, que nos permita ser sujeto dirigente de nuestro propio hacer común; y esto se logra solo mediante la organización de la mayoría para controlar democráticamente las micro organizaciones en las que nos integramos para actuar, y que constituyen los fundamentos mas pequeños de la vida cotidiana. Si poder es capacidad de control sobre la actividad común, poder democrático es capacidad de control sobre la actividad de la comunidad que integramos, del conjunto de comunidades que integramos o de las que utilizamos.

 SECCIÓN I: ¿QUIÉN ES EL ENEMIGO DE LOS PUEBLOS?

¿Quién es el enemigo de los pueblos?: es el neoliberalismo y los sujetos que lo implementan y se benefician; es ese capitalismo desaforado que tiene más forma y fondo de pillaje y saqueo; es la denominación del expolio, de la desposesión violenta, del despojo de los recursos, tanto de propiedad pública como particular, de las clases populares por parte principalmente de la administración estatal. Es delincuencia según las propias reglas del capitalismo, terrorismo estatal, «violencia». La desposesión y la expulsión de las masas de las comunidades campesinas de sus territorios, tierras y recursos mediante los que esas comunidades habían subsistido. Los recursos tributarios se emplean para cubrir las deudas de los bancos mal gestionados, privilegios de políticos criminales y se entrega toda la sociedad a la desregulación del mercado; la política se somete al «mercado», o sea, al poder. Por debajo, este proceso de desposesión implica hacer tabla rasa con lo poco de institucionalidad y del pensamiento denominado liberalismo, ideología cada vez más distorsionada que se ha convertido por abogados del poder en la matriz del pensamiento político actual y se presenta a sí misma como democracia: liberalismo político es democracia, régimen representativo es democracia. Falso. El Liberalismo es lo opuesto a la democracia, como veremos. Al cambio de época respecto al capitalismo digital de Estados Unidos, a la mengua del poder imperial, al declive de Europa y resurgimiento de los BRICS y a la crisis de identidad hay que añadir el naufragio de la política y la cultura progresista que ha convertido esta ideología en declive en su parte orgánica y no deja de asumir que en Perú se vive una democracia porque hay elecciones.

Como anota Raúl Zibechi «no estamos simplemente ante el fracaso económico y militar de Estados Unidos, sino ante algo mayor que define como ‘una dislocación de las creencias que han organizado la vida social occidental durante varias décadas'»[^2].

Ante este fracaso muchos se confunden, más cuando reaparecen viejas potencias de antaño, que se organizan en torno a los BRICS que ponen en jaque al capital criminal que es la forma principal de reproducción ampliada del capital mundial en la fase actual de decadencia. No entienden muchos economistas que el predominio del capital financiero-bancario provoca un estancamiento de la reproducción ampliada y ya no son suficientes las guerras de exterminio (Irak, Siria, Libia, etc.), las bolsas y la emisión de dólares; otros grupos de poder pretenderán recrear al imperio recurriendo de vuelta a los métodos de los tiempos del feudalismo rentista y la acumulación originaria con sus diversas formas de apropiación y acumulación por expropiación violenta (Canadá, Groenlandia, Panamá, México) y rentas tecnológicas. Esta confrontación, sumada a la concentración de capitales, la corrupción y el despilfarro, lo llevarán a la ruina. Además de que el capital requiere de una reserva inagotable para las transiciones de los momentos de crisis, la destrucción de capitales desechables, basura, que encuentran en las rutas del capital ilegal, los paraísos fiscales, las guerras de limpieza interna, la explotación de los cuerpos, la posibilidad de una fuga adelante, como sucedió en la crisis del 2008.

En lo político, el analista y comentarista crítico británico George Galloway sentencia que occidente asesina la democracia para mantener el poder y lo ejemplifica con los casos de Grecia, Rumanía, Francia, Italia, etc.[^3]

Otro asunto que confunde a los analistas democratistas (los que toman a la democracia como una fe y no como una construcción popular desde la lucha) se da cuando el Estado interviene en los procesos de mercantilización o no, dependiendo de la lucha de clases y de las necesidades del capital. Así, existen políticas públicas que apuntan a sostener la fuerza de trabajo: transferencias monetarias, servicios colectivos como educación, salud y transporte, o subsidios. En momentos de mayor conflictividad, el Estado puede mejorar condiciones de vida para contener el malestar social; en momentos regresivos, como el actual, puede avanzar en la mercantilización y privatización. Por este motivo nos alejamos de aquellas visiones que consideran que ante modelos con mayor énfasis (neo)liberal, existirá un Estado ausente, una destrucción del Estado o un «Estado mínimo», gendarme ante la protesta social. Uno de los momentos donde más intervención y actividad tuvo el Estado fue, justamente, durante las décadas en que se dieron las privatizaciones, la modificación de la Constitución, el rápido y efectivo desmontaje de las características que aún subsistían del «Estado benefactor», la batería de medidas de flexibilización laboral, etc. Todas estas nos hablan de una dinámica de ofensiva del Estado; no pudiéndose hablar jamás de un «Estado ausente» si el gobierno se vale de todos los engranajes del Estado para llevar a cabo sus políticas de rapiña y más aún ahora, cuando recurre a legalizar el crimen por considerarlo indispensable para aterrar a los pueblos y ofrecer totalitarismos para salir de ello. Olvidan que el objetivo de las clases dominantes siempre fue el saqueo y con él creció la corrupción. Desde sus inicios, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia con sus FFAA y PP, que también asumen decisiones sobre la economía criminal de la que se benefician, reduciendo al mínimo la participación directa de la sociedad en los asuntos públicos. Olvidan que por el miedo a las rebeliones y revoluciones aceptaron y promovieron la delegación política como forma de desmovilización. Con el neoliberalismo que se instaura hace 35 años, cada vez menos les importa el consenso social, construido ideológicamente, para fortalecer la legitimidad del Estado y su papel de mediador, aunque en realidad actúa como garante del orden capitalista. A través de su aparato disciplinador, el Estado otorgaba concesiones limitadas para evitar estallidos sociales; la recomposición estatal incorporaba demandas de las luchas sociales para restaurar la institucionalidad, sin romper con la lógica del capital. Hoy ya no les interesa, todo cambió. El Estado se privatizó hasta el grado en que las empresas transnacionales han asumido y asumen de manera creciente funciones del Estado, hasta detentar un protagonismo progresivo e inédito en la definición, formulación, diseño y ejecución de la política pública. Se profundiza desde George W. Bush (2001-2008), hasta Donald Trump (2017-2021) como presidentes de EEUU. En el siglo XXI, la privatización transnacional a gran escala del Estado que se inició a fines del S. XX, es un elemento fundamental del cambio de época, porque: a) mantiene y expande la privatización de importantes empresas estatales por transnacionales. b) el Estado contrata empresas transnacionales para realizar tareas operativas que usualmente desempeñaba, es decir, paga para delegar o ceder a terceros ámbitos de su competencia. c) las empresas transnacionales cumplen de manera creciente funciones estatales directas, protagónicas, en la política pública. Un enorme crecimiento cualitativo-cuantitativo de cesión o delegación de funciones estatales al imperio y sus empresas transnacionales, disminuyendo en contrapartida la presencia y ámbito de competencia estatal en la sociedad. En la política pública militar: las empresas transnacionales de manera creciente ejercen competencias y cumplen funciones propias de los ejércitos. De este modo también implanta progresivamente el modelo mundial de privatización transnacional de la política pública en recreación, ocio y tiempo libre. Y, por último, el Estado alquila a sus fuerzas policiales como sicarios de transnacionales extractivistas, corrompiendo a la policía que deriva en mercenarios de grandes empresas, transforma a las escuelas policiales en adiestradoras en uso de armas de carteles y los cuarteles en el lugar de provisión de armas a las organizaciones criminales. En resumen: 1. La privatización del Estado y la concepción de un Estado mínimo (desprovisto de políticas sociales) continúan en ascenso. En segundo lugar, el Estado parasitario, extractivista y rentista está representado por las Fuerzas Armadas y la Policía, la lumpenburguesía monopolista y rentista, así como por los servicios digitales y financieros. Los grupos políticos y funcionarios depredadores constituyen el verdadero enemigo de clase.

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