El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti no desaprovechó un reportaje en la WebTV del diario «El Observador» de esta semana para subrayar y consecuentemente convalidar una de las conclusiones que extraje el pasado domingo en este medio: la creciente aquiescencia de un sector significativo del Frente Amplio (FA) para con el régimen político liberal-fiduciario […]
El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti no desaprovechó un reportaje en la WebTV del diario «El Observador» de esta semana para subrayar y consecuentemente convalidar una de las conclusiones que extraje el pasado domingo en este medio: la creciente aquiescencia de un sector significativo del Frente Amplio (FA) para con el régimen político liberal-fiduciario y los intentos de la derecha de profundizar la potencial incomodidad en el universo frentista. En pocas palabras, sostuvo literalmente que hay sectores del FA que han evolucionado a la democracia liberal y la economía de mercado, pero otros no. Desde el punto de vista descriptivo no tengo tantas diferencias. Pero difiero diametralmente en la valoración de la tendencia. Lo que llama «evolución», lo considero un proceso de descomposición que va comprometiendo seriamente al FA, no sólo por su propia deriva sino por la anemia imaginativa y programática del resto para impedirla y revitalizar la herramienta política del cambio. Unos y otros se complementan en la confusión para solaz de las derechas.
El sueño del ex presidente sería algo así como tener de adversarios a una socialdemocracia europea -pongamos española cuyos ejemplos recientes están más frescos- con la que puedan anudar fuertemente los lazos de pertenencia a una casta dirigente que, con diferencias de matices entre sus miembros, dispute la alternancia de poder dentro de un estable statu quo, político, social y económico. Como la contradictoria realidad que describe esta alejada de sus sueños, concluye con la disparatada tesis de que el FA se parece al peronismo en su corporativismo (sindical) hiriendo el concepto de democracia republicana. Debería explicar de paso en qué corriente del republicanismo se fundó su iniciativa de ley de caducidad que hasta hoy ha cubierto con un ominoso manto de impunidad los peores crímenes de la historia del país. Así como Uruguay está catalogado en los ámbitos turísticos como «gay friendly», también podría etiquetarse políticamente como «murderer and torturer friendly», no sin vergüenza para el mundo consecuente con los principios de la declaración universal de los DDHH. En lo que a quien suscribe respecta, no hay un solo principio republicano para revisar o sustituir. No desearía otra cosa más que plena igualdad ante la ley, es decir, sin torturadores en la misma cola del supermercado soplándole la nuca a sus víctimas. Con plena independencia de los 3 poderes, la más amplia libertad de expresión, reunión y organización. Claro que en lo posible, sin miembros de una casta representante reiterándose en los cargos sucesivamente, atornillados a sus privilegiados asientos y escandalosos salarios, como el ex presidente y -no es grato reconocerlo- muchos otros compañeros frenteamplistas.
Evidentemente Sanguinetti está defendiendo la democracia vigente, pero al no acotarla conceptualmente pretende identificarla ontológicamente con «LA democracia», como única y modelo ideal, de forma tal que la secuencia silogística lo lleva inevitablemente a confrontar de manera binaria y maniquea con cualquier intento de crítica o perfeccionamiento que no considero contradictorios con la defensa irrestricta de las instituciones existentes, hasta su transformación. El recuerdo histórico de los terrorismos de Estado, y en algunos casos la previa agudización de la vaga crítica de las instituciones representativas existentes, no puede resultar disuasorio de su análisis exhaustivo y de los esfuerzos intelectuales y organizativos por su superación. La defensa constituye una precaución valiosa en tanto signo de apego a una conquista, pero fijar la crítica de unas instituciones exclusivamente a una contraposición entre democracia y autoritarismo o directamente al terrorismo, obstruye la posibilidad de señalar los elementos negadores de la soberanía popular adheridos estructuralmente a la democracia realmente existente que un progresismo consecuente debería intentar remover.
En otros trabajos expuse con más detenimiento los fundamentos de la sintética conclusión según la cuál no existe «LA» democracia, sino diversos niveles o grados de democraticidad en todas las instituciones tanto de la sociedad civil como del Estado, desde las más pequeñas hasta el propio régimen de gobierno, mensurables según la concentración o distribución del poder decisional y el alcance de la participación de los afectados en las decisiones adoptadas.
La aquiescencia señalada, el deslizamiento hacia una paulatina socialdemocratización del Fa, o de algunos sectores, no deja de ser percibida críticamente en su interior por amplios integrantes que, sin embargo, no cristaliza en alternativa, sino que parece vivir sumida en una suerte de sopor teórico frente a un clima de chantaje ideológico como el que ayudan a instalar intervenciones como esta que comento del ex presidente. Involuntariamente se cae en aquello de lo cual se pretende huir: asimilando toda crítica de la democracia representativa a la vocación por suprimir la democracia en cuanto tal, se pueden perder de vista los procedimientos de la democracia representativa existente que niegan democraticidad a la vida política. Tal vez contribuya a ello que las críticas se desplieguen mucho más en la esfera del programa y el curso económico, que en dinámica política interna y en los análisis y propuestas sobre el régimen político por las urgencias de la gestión.
De todas formas, política y economía, con su posible autonomía analítica y su diferenciación, encuentran algunos ejemplos de adyacencia reveladores de la confusión y el deterioro que intento esbozar. El economista y ex ministro Daniel Olesker, quién ya no ocupa cargo de gobierno sino que es investigador del Instituto Cuesta Duarte de la central única de trabajadores PIT-CNT (de donde provino antes de sus funciones gubernamentales) fue el impulsor de un documento con medidas económicas alternativas al actual balance fiscal y la recaudación tributaria en el debate por el presupuesto quinquenal. Pero en vez de debatir o refutar directamente la conveniencia de tales propuestas, el director de la estratégica Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, señaló simplemente que le llamaba la atención que «nunca hubiese planteado esas ideas en el seno del Gobierno cuando él lo estuvo integrando». Ya en abril de 2013 el entonces ministro elaboró un documento planteando medidas muy similares que llegó a ser debatido en Consejo de Ministros. Tuve ocasión de referirme a ese texto en un artículo de este diario el domingo 2 de junio («El malestar en la cultura progresista). El entonces Vicepresidente de la República y actual ministro de economía, Danilo Astori fue muy crítico con ese trabajo en un discurso público de su espacio. Como si no fueran suficientes estas evidencias, en el Congreso Hugo Cores del FA, se debatieron buena parte de sus propuestas con escasa adopción final. De forma tal que si algo no puede atribuírsele a estas alternativas o a su impulsor es que no hayan sido formuladas con anterioridad, ni que renunciaran a su debate e implementación por instancias gubernamentales.
Intento señalar este episodio como un signo más de oclusión de críticas, matices y disyuntivas, en este caso en el campo de la economía, que refuerzan el blindaje conceptual y práctico de lo existente. El maniqueísmo parece abarcarlo todo. No sólo por el resultado, sino por las consecuencias que el carácter de la réplica (rayana en el argumento ad hominen, o más simplemente en el ataque al mensajero) tiene para pensar críticamente la elaboración política y el curso progresista del gobierno. Tal vez la respuesta refleje alguna molestia con el hecho de que aquello que originalmente fue objeto de debate en el seno de las estructuras del poder representativo, hoy retorne encarnado en demanda por la organización de los trabajadores. Lo considero normal y deseable. Que los jerarcas vengan del movimiento social y de la inserción laboral y vuelvan a esos ámbitos una vez cumplida su funci
En muchísimos aspectos el FA difiere de un partido político tradicional e inclusive de un movimiento, siendo una especie de híbrido entre ambos. El primero de ellos es su vasta pluralidad que conlleva divergencias y debates, en cuyas grietas pretende arraigarse la derecha al modo de molesta cuña. Pero el zurcido no depende de acuerdos de cúpula sino de la extensión de los debates a todos los ámbitos y de la consecuente presión que las bases ejerzan sobres sus representantes. Si bien su configuración puede ser imprecisa, carece de imprecisiones la afirmación de que el FA no puede ser un agrupamiento de personalidades que no procuran multiplicar afiliaciones o pertenencias al estilo de los partidos conservadores y liberales del siglo XIX en la tipología ya clásica de Duverger. Las diversas fracciones de la ciudadanía frentista deben participar como condición sine quanon de su propia naturaleza. Si bien la participación puede resultar algo esquiva para las definiciones simples, aludo aquí a una práctica en distintos órdenes, tanto dentro del Estado como de los partidos, que implica estudio y discusión de problemas, presión sobre los representantes e intervención en las soluciones.
El demorado debate e iniciativa sobre la reforma constitucional, la propia reforma de los estatutos del FA potenciados por la crisis de la presidencia del movimiento y tantas otras discusiones sobre el «cómo» no pueden quedar a la cola de las urgencias de la gestión cotidiana.
Si se olvida el cómo, más tarde se desconoce el qué.
Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
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