La salud ¿es un derecho humano y un bien público, o es privado? La salud está íntimamente vinculado al derecho a la vida, que no consiste sólo en respirar, significa que el Estado debe garantizar a la persona humana el acceso: i) al trabajo digno con una justa remuneración; ii) a servicios básicos de agua y saneamiento; iii) a una vivienda, educación, salud, etc.; sólo así la persona humana tiene un ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo físico y psicológico.
Sin embargo, en tiempos de pandemia, el derecho a la salud quedó reducida a distintos clichés, “Quédate en Casa”, “Sal Solo Si Es Necesario”, “el uso de mascarillas”, y la ciudadanía si está cumpliendo, aun así el número de fallecidos por coronavirus continúa en ascenso, ¿por qué?, por la vida precaria del trabajador, y los políticos de derecha atribuyen a la falta de conciencia de las personas, la falta de educación en la manera de cómo llevar una mascarilla, etc., cantinela de la que no se escapa en el discurso del actual gobierno: “siempre hay irresponsables” (Diario Correo, 21/08/2020), en la misma perorata la Ministra de salud, Pilar Mazzetti argumenta que, el virus se encuentra en nuestras propias casas: “¿Dónde está el virus ahora? De la calle está entrando a nuestras casas, a nuestras familias (…)” (Diario Andina, Lima, 08/18/2020), entonces la salud pública en la filosofía y la política del gobierno se convierte en un asunto privado de cada ciudadano, ¿por qué?, con la finalidad de tapar la precariedad del sistema de salud, distorsionar el fracaso de la política de lucha contra el coronavirus, evidencia que la persona humana se halla en indefensión, abandono, y aterrorizada, ¿esto es un Estado de derecho?, ¿la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado?, entre tanto a la derecha le permite continuar con el “pacto Perú” entre el Congreso, Ejecutivo, y resolver sus propias contradicciones, es decir, los grupos económicos tienen participación en el Congreso, Ejecutivo que pugnan por el reparto del mercado nacional a través de inversiones estatales, por eso no es casual el canibalismo político en la derecha, ¿qué habrían pactado?
¿El virus ataca a todos por igual? La Ley General de Salud, N° 26842, en el título preliminar, numeral I, se establece que, “La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla”. Pero, en la práctica no existe el derecho a la salud para las grandes mayorías, la causa son las diferencias sociales, es decir, es la profunda brecha entre los más ricos (grupo Gloria, Hochschild Mining, grupo Belcorp, grupo Brescia(BBVA Banco Continental), grupo Interbank; fuente: RPP, 05/03/2019) y los trabajadores (empleados, precarios).
La existencia de clases sociales muy marcadas, visibiliza la inequidad en la distribución de los recursos estatales, por ello las grandes mayorías no alcanzan a un seguro de salud, y a otros derechos sociales, como CTS, de gozar de agua y saneamiento, etc., son ellos los que mueren de hambre, y es la pobreza o la vida muy precaria que incentiva a la propagación de diversas enfermedades, tuberculosis (TBC), VIH, parasitosis, disentería, etc., otras enfermedades no infecciosas como cáncer, cardiovasculares, diabetes, etc., y es reconocido por el INEI, en su publicación digital “Estado de la población peruana 2020”, establece:
La pandemia del COVID-19 llega a Perú en un contexto social con alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observa estancamiento en la reducción de la pobreza monetaria, precariedad en el empleo (73,6% empleos informales), grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la crisis socioeconómica (…) La imposibilidad de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, su riesgo de muerte es mayor por la mayor incidencia de condiciones preexistentes de salud como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes y por carecer de acceso adecuado a la atención médica[1].
Un caso que conmocionó a la ciudadanía, y que refleja la realidad peruana, fue el caso de Celia Capira, natural de la ciudad de Arequipa. En fecha 19 de julio, pedía, e imploraba ayuda entre lágrimas al presidente Martín Vizcarra, corría detrás del vehículo donde se desplazaba el presidente, gritaba para la atención de su marido Adolfo Mamani Tacuri (57), hospitalizado en carpas desde el 12 de julio en el hospital Honorio Delgado, “Señor presidente tiene que ver las carpas, mucha gente se está contagiando de covid-19”, sin ningún éxito. El 21 de julio falleció, tras una ardua lucha contra el coronavirus[2]. Posteriormente el presidente le hizo llegar sus disculpas: “No escuché el domingo a la señora Celia… no me di cuenta, ante el caos y el tumulto. ¿Cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser? Es parte de lo que infundo en este gobierno. Le pido disculpas sinceramente por no haberla escuchado. A nosotros nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID-19”[3]
No es casual que el Perú se ubique entre los tres primeros lugares en coronavirus a nivel de América Latina, quinto país con más casos en el mundo. Sumido en una profunda recesión económica, donde “la pobreza subiría a 30%, su nivel más alto en 10 años, según un reciente estudio basado en la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Permanente de Empleo”[4], con una caída anual del 15% del PBI, donde la recuperación de la economía peruana será posible en diez años.
¿Cuáles son los lineamientos de la política estatal en salud? La privatización de la salud pública, legitimado por la Constitución Política, denominada por la derecha como la “asociaciones público-privadas (APP)”, se permite la participación del sector privado, en las modalidades : i) APP ‘bata blanca’; ii) la labor de Salog en Essalud; y iii) la ‘bata gris’ en Minsa, aprovechando el aseguramiento universal[5], un negocio redondo que les permite lucrar con la pobreza, más todavía vivir del Estado, que irónicamente se maquilla con el concepto de “prevención”, cuando el Estado se halla en un alto nivel de corrupción, la deuda pública en soles y dólares sigue en aumento desde el gobierno de Kuczynski, Vizcarra.
Los ciudadanos no tenemos otra alternativa que crear organización, y emprender una férrea lucha por una nueva Constitución, porque el Perú es nuestro, no permitamos que pisen nuestra dignidad. Mi solidaridad con la huelga médica del 26, 27 de agosto del 2020.
Notas:
[1] INEI; “Estado de la población peruana 2020”; en: www.inei.gob.pe
[2] El Comercio de Lima, de fecha: 19/07/2020, 21 de julio 2020; en: www.elcomercio.pe
[3] RPP, de fecha: 22 /07/ 2020; en: www.rpp.pe
[4] RPP, de fecha: 2/06/2020; en: www.rpp.pe
[5] Gestión; de fecha: 12/06/2019; en: www.gestion.pe