«Violación sistemática del derecho de asilo de las personas que logran llegar» : así resumen la situación en la UE varias ONG. El Gobierno español es uno de los señalados.
En 2000, en una UE con 15 miembros, fueron presentadas 400.000 solicitudes de asilo. Hoy, en la UE de 27, las peticiones han bajado a 220.000. Y si en 2006 el Gobierno español denegó el 87% de las solicitudes de asilo que se le presentaron, un año más tarde denegaba el 97%. El 28 de abril, se reunía en Madrid el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE), compuesto por 63 ONG de 28 países, para evidenciar su preocupación ante las dificultades en la aplicación del derecho de asilo en las fronteras del sur de Europa. Ya en enero de 2007, Human Right Watch acusaba al Gobierno español de no permitir a los ‘sin papeles’ solicitar asilo político. El 19 de junio de 2008, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la presentación de su informe sobre el derecho de asilo en 2007, afirmaba que hoy en la UE «los refugiados son casi piezas de museo».
La razón, según el ECRE, es que la UE sacrifica el derecho de asilo a favor del control de la inmigración. Para empezar, la política común de la UE asume de manera falsa que todos los países miembros cumplen con sus obligaciones a la hora de proteger a los refugiados. Y no es cierto. El ECRE, denuncia que Grecia es «un país no seguro» donde «los derechos de los solicitantes de asilo son violados rutinariamente». Y añade que en la primera fase, hoy en marcha, de armonización de las políticas de asilo en la UE los gobiernos no han tenido voluntad política de cumplir sus promesas de protección a los refugiados. Por ello, las peores prácticas de algunos Estados han encontrado apoyo en la legislación europea. Como refrenda la ‘Directiva de la Vergüenza’, al permitir la expulsión de solicitantes de asilo a países como Rusia o Turquía, donde no se respetan los derechos humanos.
Según CEAR, «el blindaje y la externalización de las fronteras impide tener la posibilidad de presentar la solicitud de asilo». Por ejemplo, cuando se intercepta un cayuco, las personas son devueltas sin darles la posibilidad de pedir asilo. El 1 de julio, Amnistía Internacional responsabilizaba al Gobierno español de las violaciones de DD HH durante las expulsiones masivas realizadas por la policía mauritana hacia Senegal y Malí, tras las que eran abandonados sin alimentos y a la intemperie a miles de arrestados «arbitrariamente y sin pruebas». Y concluía