Son muchas las críticas que a lo largo de estos años ha recibido el liderazgo comunitario europeo por sus estrategias y acciones en el ámbito de la inmigración. Críticas que denuncian el carácter utilitarista, discriminatorio, represivo y xenófobo de la «Política Migratoria Común» que construye el bloque imperialista. Criticas rechazadas por éste de manera oportunista […]
Son muchas las críticas que a lo largo de estos años ha recibido el liderazgo comunitario europeo por sus estrategias y acciones en el ámbito de la inmigración. Críticas que denuncian el carácter utilitarista, discriminatorio, represivo y xenófobo de la «Política Migratoria Común» que construye el bloque imperialista. Criticas rechazadas por éste de manera oportunista e hipócrita, esgrimiendo como justificación la necesidad de proteger la seguridad del territorio y la ciudadanía de la Unión ante la presunta amenaza que, de acuerdo con su discurso, representan los millones de inmigrantes indocumentados que habitan ese espacio, o quienes pretenden alcanzarlo en búsqueda de una ilusoria «vida mejor», mayoritariamente al costo de la explotación, de la obligada sumisión callada, y de la humillación.
Así, con un manipulado discurso, los líderes del bloque europeo han logrado construir una relación causal entre inmigrantes e inseguridad. De este modo, la población inmigrante, racistamente llamada «ilegal» -como si los seres humanos por sí mismos pudiéramos serlo o no-, se presenta como una de las mayores responsables de los grandes conflictos que hoy aquejan a las sociedades comunitarias europeas, y por tanto de su «inseguridad». Problemas numerosos y crecientes, que pueden ir desde el desenfrenado deterioro del mercado laboral, hasta manifestaciones de insalubridad, como por ejemplo, la grave crisis con los desechos sólidos que desde hace meses abruma a una ciudad tan cosmopolita como Nápoles. Problemas que constituyen en realidad expresión del notorio fracaso de esa fantasiosa quimera que pretende ser un supuesto Estado Benefactor en sociedades imperialistas y neoliberales, gobernadas por el gran capital.
En este contexto, el comportamiento del liderazgo comunitario resulta cada vez más vergonzoso. Los hechos no dejan la menor duda: la Unión Europea está dispuesta a cumplir el «Programa de La Haya» -2004-, según el cual la «Política Común de Migración y Asilo», debe ser una realidad en el 2010, momento en el cual el territorio del bloque presuntamente habrá de constituir un «verdadero Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia«; en verdad, una «fortaleza» capaz de resguardar a sus «afortunados» ciudadanos y ciudadanas; proyecto irreal y falaz en sociedades excluyentes, donde la inequidad, la marginación, y la inseguridad de vida crecen por día.
Pero sobre todo, el proyecto resulta utilitario, discriminatorio, altamente racista y xenófobo. Y es que se trata de un hecho inexorable, la arrogante y deshumanizada Unión Europea no puede prescindir de la inmigración, sus sociedades envejecen aceleradamente, sin que hasta ahora hayan sido creados, de manera general, mecanismos endógenos capaces de garantizar la necesaria reposición poblacional. Datos de mediados del 2007 afirmaban que uno de cada cinco europeos tiene más de 60 años, proporción que podría ser uno de cada tres en el 2050. Contexto en el cual son dos las principales amenazas: el alza galopante de los costos de seguridad social; y el déficit creciente de fuerza de trabajo que permita mantener los niveles de producción, y en consecuencia de consumo, acorde con el mundo desarrollado que pretenden ser.
Problema ciertamente grave, para cuya solución el liderazgo de la Unión sigue la ruta del fascismo, y apuesta por la «selección», lo cual significa que la muy bien resguardada «fortaleza», cerrará sus puertas principales a las indeseadas «avalanchas» de inmigrantes, pero dejará abierto un resquicio en las de servicio para dejar pasar a quienes les resultan imprescindibles y lucrativos, entiéndase los y las más capaces tanto desde la perspectiva intelectual como física, en este último caso, los y las destinadas a realizar el trabajo sucio y mal pagado que por estas mismas razones la ciudadanía comunitaria declina realizar.
En consecuencia, definidas sus propias y urgentes necesidades, así como las vías de solución -actualmente en discusión-, la Unión Europea se ha propuesto resolver otro dos problemas aún más amenazantes para su presunta «seguridad y estabilidad» -obviamente de acuerdo con su discurso-, impedir la llegada a la frontera comunitaria de los flujos migratorios «no solicitados», y deshacerse de los millones de hombres y mujeres identificados como innecesarios que en condición de inmigrantes indocumentados habitan hoy ese espacio. De esto precisamente se trata la «Política Migratoria Común» que construye el bloque.
Para lo primero se han dando pasos muy precisos. El mejor ejemplo resulta FRONTEX, la «Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores», creada en el 2004. Agencia altamente equipada que a fines de 2007 disponía, entre otros dispositivos, de 21 aviones, 32 helicópteros, 116 buques, y 392 equipos técnicos para la vigilancia fronteriza -radares móviles, cámaras térmicas o detectores de personas-. Asimismo cuenta con equipos de reacción o intervención rápida destinados a colaborar con aquellos países que atraviesen crisis migratorias. Aparatos que dispondrán de al menos 450 agentes -entre activos y reserva- calificados como «expertos», preparados para intervenir en «un corto periodo», ante posibles llegadas masivas de inmigrantes indocumentados a las zonas límites de los Estados miembros.
Fue precisamente FRONTEX la mayor beneficiada del monto general que la «Autoridad Presupuestaria comunitaria» otorgó a la cuestión migratoria en el espacio de la UE durante el período 2007-2013, como parte del Programa Marco «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios»; contexto en el que fue creado el «Fondo para las Fronteras Exteriores». Así, de los 4 020 millones de euros que representa el total, dicho «Fondo» recibió € 1 820 000 000, el 45%, cifra a la cual sumó los 285,1 millones de euros adicionales que recibe la «Agencia» con lo cual la suma final asignada a estas acciones es de 2 105,1 millones de euros.
Para ilustrar el significado de lo anterior baste solo mencionar que las partidas restantes, el «Fondo Europeo para los Refugiados», el «Fondo Europeo para el Retorno» y el «Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países» disponen del 15,6%, el 16,8% y el 20% de la cifra general, respectivamente.
Muy relacionado con las acciones dirigidas a la creación y «salvaguarda» de la «Fortaleza», la Unión Europea ha venido trabajando en su segundo gran propósito, la expulsión de los alrededor de 8 millones de indocumentados(as) que residen hoy en el espacio de la Unión. Con este objetivo fueron instrumentados los «Acuerdos de Readmisión» con terceros países, y sobre todo con aquellos grandes emisores de inmigrantes o que les sirvan de tránsito, mayoritariamente africanos; «acuerdos» devenidos sine qua non insoslayable para recibir fondos de «cooperación», los que en última instancia dependen, casi en progresión geométrica, de la existencia o no de dichos arreglos.
Otra de las medidas creadas al respecto han sido los vuelos organizados de manera conjunta entre varios Estados miembros, los que, según el discurso oficial, se dirigen a la «repatriación de inmigrantes ilegales a nivel de la UE», entendibles como expulsión forzosa; y es que se trata de actos marcadamente represivos y violentos. En enero de 2007 un joven nigeriano de 23 años murió en uno de dichos vuelos; según fuentes policiales, dada la agresividad del detenido se hizo necesario amarrarle -piernas y muñecas- y colocarle una mordaza espesa -de cuatro centímetros de ancho-. Diez minutos después murió; la autopsia reveló que presentaba hipoxia o déficit de oxígeno en el organismo, además de síntomas hemorrágicos, compatibles con un edema pulmonar provocado por asfixia. No obstante en junio de ese mismo año, el ex-comisario de «Justicia, Libertad y Seguridad», Franco Fratini -actualmente canciller de la Republica Italiana- valoró esta práctica como un hecho positivo «que puede ayudar a calmar las inquietudes de las organizaciones humanitarias».
También como parte de la estrategia general para -presuntamente- «combatir la inmigración ilegal y el terrorismo», en el mes de enero del presente 2008, fue acordada la creación de un registro electrónico de entradas y salidas de los extranjeros de la UE, capaz de facilitar el seguimiento y expulsión, en el caso en que sea necesario. De acuerdo a declaraciones oficiales, se trata de «poner fin al problema de los ciudadanos extranjeros que permanecen de manera ilegal en el territorio de la Unión, cuando ha caducado su visado». Por estas razones el registro incluye, entre otras informaciones, fotografías, huellas digitales e identificadores biométricos.
Ahora, el liderazgo comunitario acaba de adoptar una decisión definitiva en esta estrategia, la «Directiva del retorno de inmigrantes ilegales», conocida también como «Directiva de la Vergüenza», y no por gusto. En síntesis, la medida establece el procedimiento para la expulsión de la inmigración indocumentada: desde el momento en que ésta se ponga en vigor -lo que será en el 2010- los inmigrantes indocumentados que sean detectados tendrán derecho a abandonar «de forma voluntaria» el Estado miembro en el que se encuentren; para ello dispondrán de un plazo de entre 7 y 30 días. De no hacerlo en ese tiempo pueden ser retenidos por decisión administrativa y sin intervención judicial -sin culpa alguna- en los centros de internamiento especializados, o en supuestos «módulos especiales» dentro de cárceles, durante un periodo que puede llegar hasta los 18 meses en aquellos casos en que la persona detenida no coopere para identificar su nacionalidad o país de origen, y «obstaculice el regreso».
De no aceptar el «retorno voluntario», el individuo en cuestión será expulsado, ya sea a su país de origen, o a aquellos signatarios de los mencionados «Acuerdos de Readmisión» con la UE -países de tránsito-, aunque no guarde ninguna relación con éstos. Luego de la expulsión no podrá entrar a territorio comunitario hasta después de cinco años. La «Directiva» no establece diferencias en cuanto a los destinatarios, identificados todos y todas bajo una misma vergonzosa «categoría»: ilegales; en consecuencia es aplicable en su totalidad a aquellas personas que integran los llamados grupos vulnerables: ancianos y ancianas; mujeres embarazadas; refugiados o necesitados de asilo que no puedan probarlo -víctimas de torturas, etc.-; menores con o sin sus familiares; etc.
La nueva Ley parte de una propuesta realizada en el 2005 por el ex-comisario Franco Fratini, la que teniendo como antecedentes las medidas antes mencionadas -entre otras-, pretendía la armonización a nivel comunitario de toda legislación relacionada con el tratamiento a las personas indocumentadas. Sin embargo la versión actual supera el proyecto original, aprobado por decisión mayoritaria del Parlamento Europeo, con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. En su defensa se sumaron en pleno los eurodiputados del Partido Popular y los liberales. Los socialistas, que previamente habían acordado vetar el documento se dividieron finalmente, cuando las delegaciones de España -con tres excepciones-, y la de Alemania lo apoyaron. A su vez, los grupos de «los Verdes» e «Izquierda Unida», respectivamente, votaron en contra.
De acuerdo al eurodiputado del Partido Popular, Agustín Díaz de Mera, quien expresó la opinión de su Partido, la «Directiva» constituye «.el primer y decidido paso de la Unión Europea para tener una verdadera política de inmigración común (…), además es un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal». Por su parte, para el nuevo comisario de «Justicia, Libertad y Seguridad», Jacques Barrot, la nueva directiva «reduce la zona gris, permite luchar contra la explotación de los niños y proteger a las personas en situación irregular». Se trata, en su opinión de una norma, en la que «los Estados Miembros tendrán las alternativas de «repatriación o residencia»», y que aportará «mayor certidumbre jurídica para todos los interesados».
Toda una falacia. Se trata verdaderamente de un acto bochornoso, altamente rechazada y denunciada por un número creciente de persona e instituciones, incluso dentro del espacio comunitario. En el propio Parlamento Europeo se alzaron voces como la de Willy Meyer, líder de «Izquierda Unida», quien calificó el documento como una «verdadera vergüenza para Europa». Indignado, Meyer apuntó que «los Estados miembros, que han reducido su ayuda a la cooperación este año respecto a la del año anterior, impidiendo a los países del Tercer Mundo cumplir con los Objetivos del Milenio, son los que ahora quieren aprobar esta Directiva de la vergüenza. Esta será la aportación de la UE a la lucha contra la hambruna en el siglo XXI». A su vez, llamó a la movilización para frenar lo que «pretende ser la pieza fundamental de la política represiva comunitaria en materia de inmigración y que anula los derechos fundamentales de las personas inmigrantes».
En ese contexto, Claudio Fava, coordinador del «Área de Libertades Civiles, Justicia e Interior» del Partido de los Socialistas en el Parlamento Europeo, al denunciar el carácter arbitrario de la medida, que «va en contra de las Constituciones vigentes en muchos países europeos», apuntó que con ella se crea «una categoría inferior de seres humanos. Es una humillación más fuerte aún».
En «Nuestra América» el rechazo ha sido general. Organizaciones como «Las Madres de la Plaza de Mayo», la «Federación Internacional de Derechos Humanos» y varias ONG se han unido a la denuncia. Conjuntamente, el nuevo liderazgo político de la región, demostrando la gran dignidad que les caracteriza, no solo han denunciado el carácter xenófobo de la controvertida Ley, sino que han anunciado que podrían responder con medidas de escarmiento. Tal es el caso del presidente Hugo Chávez, quien en una rueda de prensa conjunta con el recién electo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, calificó la medida como «Directiva del Bochorno», informando a la vez de posibles sanciones contra aquellos Estados miembros de la UE que la apliquen.
Por su parte, los presidentes, ecuatoriano y boliviano, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente, han declarado su intención de trasladar su condena a la «Directiva» al seno de la «Comunidad Andina de Naciones» (CAN) y de ser pertinente, bloquear las negociaciones -en curso- de ese organismo con la UE. El presidente Rafael Correa, en este momento al frente de la CAN, aseguró que «…no tiene sentido negociar un Acuerdo de Asociación, que involucra aspectos de diálogo político, cooperación y comercio, cuando la Unión Europea «criminaliza» a los emigrantes».
A su vez, el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez anunció que el documento será objeto de análisis en la próxima Cumbre del MERCOSUR, a celebrarse entre el 30 de junio y 1 de julio. Con el mismo tono acusatorio, Argentina, Brasil y Paraguay condenaron también la «Directiva».
En resumen
Una vez más, la Unión Europea ha demostrado su esencia imperialista y en consecuencia, expoliadora; solo que ahora lo ha hecho con mucha menos hipocresía, de ahí el amplio rechazo. Sin embargo, ¿de qué asombrarse? Es este el verdadero y salvaje rostro del capitalismo, y del imperialismo globalizador neoliberal, su fase actual, dominado por los poderes imperiales de los grandes capitales trans-nacionalizados.
Solo que además de imperialista, el bloque europeo es también olvidadizo…Olvida cuanto debe el dudoso esplendor actual del llamado primer mundo, a los más de cinco siglos de saqueo que significaron las prácticas colonizadoras perpetradas por las otroras metrópolis contra ese otro expoliado mundo, que no es pobre, ni nunca lo fue, sino solo empobrecido, precisamente como resultado de dichas ignominiosas practicas; perpetuadas más tarde a través de otro infame ejercicio, el del neocolonialismo. Pues tal y como expresara E. Galeano refiriéndose a nuestra región, extensible a todo el maltratado «Sur geopolítico», «La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar, y otros se especializan en perder. (…) América Latina fue precoz: se especializó en perder…Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones…, la región continuó trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo, del hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, más de lo que América Latina gana produciéndolos». Una realidad que afortunadamente, ha comenzado a cambiar.
He ahí las verdaderas causas y los verdaderos causantes de los grandes flujos migratorios. No será entonces con leyes xenófobas, vergonzosas y criminales como la «Directiva de Retorno» de la Unión Europea que éstos serán detenidos, pues como dijera nuestro Comandante en Jefe, el compañero Fidel, «…las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los analfabetos; pero no podrán matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia».
La solución se encuentra en el sentido contrario, en el diseño y praxis de relaciones internacionales políticas, culturales, económicas y comerciales de nuevo tipo, basadas en el respeto a la autodeterminación soberana; en la cooperación fraterna y desinteresada; en la complementariedad; en el amor y la defensa inalienable de la paz, de la justicia, de la igualdad de derechos y oportunidades, del libre desarrollo de todas las capacidades humanas. Se encuentra precisamente en ese mundo mejor que con tanta fuerza, y pese a todos obstáculos con los que el imperialismo recolonizador pretende detenernos, seguiremos construyendo en «Nuestra América».