Avances y retrocesos de la lucha contra la impunidad en el país. El 27 de junio se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Uruguay cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry (1972-76) disolvió el Parlamento con ayuda de las Fuerzas Armadas y dio inicio a un régimen militar de 12 años durante los […]
Avances y retrocesos de la lucha contra la impunidad en el país.
El 27 de junio se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Uruguay cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry (1972-76) disolvió el Parlamento con ayuda de las Fuerzas Armadas y dio inicio a un régimen militar de 12 años durante los cuales se cometieron atroces violaciones a los derechos humanos. Fueron 206 los uruguayos detenidos desaparecidos en el país, así como en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay en la época de terror, como parte de la coordinación represiva de las dictaduras militares de la región, conocida como Plan Cóndor.
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calcula que unas 60 personas permanecen en calidad de desaparecidas en Uruguay, incluyendo a las que fueron trasladadas desde Argentina.
Hasta ahora son siete los restos de uruguayos asesinados encontrados, el último fue Alberto Cecilio Mechoso Méndez, el 23 de mayo del 2012. Antes que a él se halló a Ricardo Blanco, en marzo del 2012, Julio Castro, en octubre del 2011, Mónica Benarroyo, en el 2008, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa en el 2005, y Roberto Gomensoro Josman en el 2002.
La llegada al gobierno del izquerdista Frente Amplio en el 2005 dio paso a avances importantísimos en la recuperación de la verdad y se judicializaron policías y militares responsables de asesinatos y otras atrocidades en la dictadura que duró hasta 1985.
«Se avanzó sustancialmente en encontrar la verdad y hay que seguir trabajando para de forma definitiva terminar con la impunidad en nuestro país», dijo a Noticias Aliadas el dirigente Washington Beltrán, de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT, siglas del Plenario Intersindical de Trabajadores y de la Convención Nacional de Trabajadores. «Es una tarea que sigue pendiente, que estamos tratando de profundizar.
Las organizaciones que en materia de derechos humanos trabajan en nuestro país han logrado generar una base de datos muy importante, de denuncias que están establecidas en diversos juzgados y localidades del país, y ese registro de datos lo manejamos y lo vamos a impulsar entre todos».
Sociedad civil reclama la verdad El dirigente recordó que los primeros tres gobiernos democráticos luego de la dictadura -encabezados por los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-95), de los derechistas Partido Colorado y Partido Nacional respectivamente- negaban que el régimen militar haya dejado un legado de personas desaparecidas, otras que fueron torturadas, secuestradas y mujeres que fueron violadas. Por eso valoró especialmente la lucha de la sociedad civil para ir alcanzando retazos de verdad.
Y no dejó de rescatar el «papel glorioso de la clase obrera uruguaya» en aquel junio de 1973 que se lanzó a una huelga general convocada por la CNT.
«Nosotros habíamos resuelto ya esa huelga general un año y medio antes, porque se sabía que venía el golpe, y pudo concretarse la medida de lucha porque de alguna manera el conjunto del pueblo uruguayo y el entramado social cumplieron un papel importantísimo, tanto es así que no se conoce en el mundo una experiencia de estas características y de alguna manera marcamos a muerte a la dictadura», añadió Beltrán.
En octubre del 2011 fue aprobada por el Parlamento la Ley 18.831 de la Pretensión Punitiva del Estado, presentada por el gobernante Frente Amplio, con lo cual quedó sin efecto la Ley de Caducidad que no permitía condenar a los responsables de los crímenes de la dictadura uruguaya. A pesar de ello, policías y militares que ocuparon cargos de importancia fueron encarcelados porque se logró judicialmente que sus casos no quedaran amparados por la llamada «ley de impunidad», a raíz de vacíos legales que dejó esa normativa y de una nueva interpretación más «abierta» del Poder Ejecutivo con el gobierno del Frente Amplio.
Son los casos, entre otros, del propio Bordaberry, quien fue sometido a juicio entre el 2006 y el 2010 junto con el excanciller Juan Carlos Blanco y condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Bordaberry permaneció bajo prisión domiciliaria por motivos de salud hasta el momento de su muerte en el 2011.
En un acto realizado el 4 de junio del 2012 en el Palacio Legislativo, el Estado reconoció su responsabilidad institucional y actuación ilegítima en el periodo que va de 1968 -cuando se adoptaron las llamadas «medidas prontas de seguridad», que permitían suspender garantías constitucionales ante conmoción interior- a 1985. El objetivo de la ceremonia fue dar cumplimiento a la Ley 18.596 de Reparación Integral aprobada en el 2009, durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), que prevé la promoción de acciones simbólicas de reparación por parte del Estado.
Marcha atrás
Sin embargo, la SCJ ha tomado algunas decisiones en los últimos meses que empantanan el camino de la lucha contra la impunidad. En febrero pasado declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que categorizaba los delitos que se cometieron durante la dictadura como de lesa humanidad. Sin embargo, decidió de forma unánime no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad para el artículo 1º de la ley, que establece que «se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado».
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, dijo a la prensa nacional que la Corte ha establecido que esos artículos son «inaplicables y [los delitos] no son declarados de lesa humanidad». Luego explicó que «cada juez interpretará en cada caso cómo influye la declaración de inconstitucionalidad». De hecho «se vuelve a la situación anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes» para procesar a militares, policías y civiles por esos delitos.
El PIT-CNT calificó la decisión de la SCJ como «un retroceso muy importante». Según Beltrán, esto demostraría que hay «algunas presiones que se han ejercido por parte del poder político y otros poderes importantes que todavía conviven en nuestro país», vinculados a los partidos tradicionales y sectores económicos asociados a ellos, e invocó a las organizaciones sociales a estar «muy vigilantes».
«De cualquier manera hay fiscales y jueces que han hecho público que van a seguir recorriendo un camino en el que los delitos de lesa humanidad no prescriban en el tiempo», reivindicó el representante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT.
«Las nuevas generaciones deberán investigar para conocer en forma plena la verdad y así actuar en consecuencia», sostuvo Beltrán en el diálogo con Noticias Aliadas. «Eso es lo más importante que debe hacer una sociedad que sale de una etapa tan triste, construir hacia el futuro una realidad distinta basada en el conocimiento pleno de la verdad y con compromisos para que nunca más haya dictadura en nuestro país».
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6849