Las apuestas para el Triángulo Norte de Centroamérica

Estos fondos fueron “mochados” por el Congreso de EEUU, y el gobierno de Obama exigió evidencia que los gobiernos de los países también asignaban recursos de contraparte, especialmente para proyectos de combate a la pobreza, narcotráfico  y control de la migración hacia el norte.

“Con la llegada al poder de Donald Trump, las exigencias aumentaron, sobre todo la presión a los gobiernos para frenar la llamada migración ilegal, para lo cual se aceleró la construcción del muro en la frontera EEUU.-México y la creación de un “cuchumbo” de países seguros, o sea países cuyos gobiernos retienen al migrante y no le permiten avanzar en su ruta hacia el país del norte, al menos que desde allá se mande una autorización que nunca llega”[1].

Este intento fallido del Plan de la Alianza y la condicionalidad impuesta a los gobiernos por Donald Trump, como ejemplo  amenaza de aranceles a las importaciones desde México y ajustes al TLC, y presión a los gobiernos de la región centroamericana para contener la migración y el narcotráfico usando fondos públicos y aumentando los controles migratorios y policiales, dio paso a la vigencia de un nuevo instrumento denominado: Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala y Honduras y el sur-este de México, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y un gran número de agencias ligadas a Naciones Unidas.

El Plan fue presentado oficialmente por la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcenas, en septiembre de 2021, donde participaron funcionarios de gobiernos de los países involucrados. Tiene un costo de 45.000 millones de dólares programados para cinco años, contentivos de cuatro (4) pilares: Desarrollo Económico, Bienestar Social, Sostenibilidad Ambiental y Ciclo Migratorio, con 15 programas denominados temáticos y 114 proyectos listos para su ejecución.

Aunque no se reconozca por los formuladores y el gobierno de México, el Plan puede ser considerado como otro intento fallido, que llevó tres (3) años su formulación, pero que desfasó en tiempo, recursos y prioridades de asignación de fondos por los gobiernos, además del poco interés mostrado por el gobierno de EEUU. La preocupación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque el plan no muera, asignando recursos y desarrollando proyectos puntuales de beneficio a las familias de los migrantes, especialmente mujeres y niños (as), es una clara manifestación que la propuesta original con enfoque innovador puede seguir nuevos cursos de acción frente a lo “visible” de las causas explicativas de la migración.

Este Plan es muy superior al anterior, ya que busca encontrar soluciones efectivas a estos factores causales desde dentro de los países, garantizando oportunidades de empleo para las familias y en situación de pobreza y acciones de protección social y ambiental, lo que no fue ni ha sido entendido por los gobiernos donde todavía se sigue evidenciando el  involucramiento de funcionarios públicos  en actos de corrupción y narcotráfico.

“El desafío hoy, dijo Bárcena, es abordar las causas estructurales de la migración, entre ellas, el crecimiento insuficiente, la pobreza y la desigualdad (el 10% de mayor ingreso obtiene hasta 70 veces más que el 10% más pobre); el alto crecimiento demográfico en ciudades y el gran rezago rural; la vulnerabilidad al cambio climático; los elevados niveles de violencia; el diferencial salarial con Estados Unidos, y las necesidades de reunificación familiar”.[2]

Con la llegada a la presidencia de EEUU de Joe Biden, se retoma la agenda inconclusa con los países del Triángulo Norte, con su apuesta por combatir la corrupción, migración irregular y narcotráfico  en un marco de gobernanza política y social. Los recursos se estiman en 4,000 millones de dólares que deberán asignarse para combatir estos “flagelos”, con el aporte y participación efectiva de los gobiernos involucrados. La designación de la vicepresidenta, Kamala Harris, para que lidere este proceso ha enfrentado desde lo interno de los países varios obstáculos.

El primero es la agenda política de cada gobernante y las relaciones externas. Por un lado, el presidente Nayib Bukele en El Salvador, le apuesta a una relación de cooperación directa con el gobierno de China, denunciado por Washington con vicios de gobierno autoritario, violador de derechos humanos y proclive al continuismo. En Guatemala, Alejandro Giammattei  ha sido acusado de actos de corrupción, violador de derechos humanos  y de estar ligado al narcotráfico. En el caso de Honduras, la presidenta electa, Xiomara Castro, le apuesta a un modelo de desarrollo socialista democrático que reivindique derechos económicos, sociales y políticos cercenados por más de 11 años de gobiernos del partido nacional, y a una política económica más heterodoxa con un amplio espacio de relaciones internacionales, aunque todavía no ha concretado acuerdos de cooperación con China, tal como lo hizo Costa Rica y El Salvador.

En segundo lugar, Washington le apuesta al desarrollo de proyectos con un fuerte componente de inversión extranjera directa, con empresarios interesados en sectores claves como energético, turismo, telecomunicaciones, agroalimentario y manufactura textil (especialmente maquila), que lo aleja de la propuesta de CEPAL por combatir las causas estructurales de la migración y  pobreza, sobre todo las carencias en dotación de activos productivos, salud, alimentos, agua y vivienda social. En la Cumbre de las Américas, EEUU anunció una inversión de 1,900 millones de dólares provenientes de unas 10 empresas extranjeras, donde se incluye la capacitación a 500,000  mujeres y familias  en habilidades laborales.

En Honduras se habla de una inversión de 350 millones de dólares para fortalecer y ampliar la industria textil del país, con capital de empresas transnacionales, pero manteniendo o ampliando los incentivos fiscales por cinco (5) años y garantizando un vía rápida, no burocrática, para la instalación de las mismas; en el marco de la iniciativa “Call to Action”, avalada por Joe Biden y que busca también que las Universidades capaciten a trabajadores de la industria textil hondureña.

La CEPAL también estaba interesada en reactivar los mecanismos e instrumentos del Sistema de Integración Económica y Social de la Región, ejemplo la Secretaria de Integración Económica (SIECA) y el Consejo Monetario Centroamericano, igual el trabajo de las agencias de Naciones Unidades con programas y proyectos de apoyo a los migrantes y de combate a la pobreza, inseguridad alimentaria y deterioro ambiental. Pero, también, la apuesta era hacía el fortalecimiento de los sistemas de planificación nacional que ligan las acciones de las instituciones públicas a la Agenda ODS 2030. Frente a la desconfianza por los altos índices de corrupción e impunidad, EEUU le apuesta a Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), muchas de cuales son afines con la política de Washington por proteger sus intereses e inversiones de las empresas, así como no permitir que se instalen gobiernos “antidemocráticos” (los que surjan de elecciones “contaminadas” y uso de la fuerza), aunque en Honduras se avaló un golpe de Estado y se aprobaron dos (2) elecciones fraudulentas.

Finalmente, hay que reconocer que los países del Triángulo Norte han sido duramente golpeados por la pandemia Covid-19, fenómenos naturales y la crisis generada por el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania, donde EEUU y UE han tomado partido. En promedio, antes del Convid-19, estas economías venían observando signos de desaceleración, en tanto el PIB promedio real de los tres países fue de  3.03 % en 2019, y el per cápita 1.8% (CEPAL: 2022), que se agravó en 2020 con tasas de crecimiento negativas, siendo la más alta la de El Salvador con una caída del PIB real de -8.2%, seguido de Honduras (-8.0%) y Guatemala (-1.8%); cabe sumar el aumento de la pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria.  Se estima que los tres (3) países tendrán un crecimiento positivo en 2022, pero bajo, sumado al problema inflacionario que ha venido en ascenso.

La caída de la inversión extranjera directa neta (IEDN) a finales de la década del 2010 y el aumento del endeudamiento externo para enfrentar la contracción de la demanda agregada y los menores flujos de bienes y servicios, sumado al aumento de la inflación, ha hecho visible-de nuevo- políticas ortodoxas de ajuste económico con contracción de los medios de pago y ajustes en la (s) tasas de política monetaria (TPM). A excepción de El Salvador que tiene una economía dolarizada, Guatemala ya ajustó en 2022 su TPM, no así Honduras que apuesta por un enfoque de economía heterodoxa y control de la liquidez por el Banco Central, en tanto la tendencia de reducción en la tasa de crecimiento del PIB y mayor inflación, presagian que un ajuste progresivo en la TPM puede tener efectos negativos que orillen al país a una recesión económica.

Contrario a El Salvador, todo parece indicar que tanto Guatemala como Honduras le apuestan a una cooperación de mediano plazo con el FMI, en tanto el primer país ha retomado la proyección del crecimiento inicial y consolidado una posición externa favorable por la acumulación de reservas, según se desprende de la Consulta del Articulo IV (junio de 2022) realizada por funcionarios de dicho organismo; y Honduras se ha comprometido a honrar el pago del servicio de la deuda externa con préstamos del banco central, buscar una solución definitiva a la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y dar vida al Presupuesto Base Cero (PBC) con apoyo de dicho organismo y CEPAL, que permita un uso más racional de los fondos públicos orientados a las prioridades establecidas en el Plan de Gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, y la Gestión por Resultados en cumplimiento de objetivos, metas e indicadores establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno (2022-2026) que lidera la Secretaria de Planificación.

En tal sentido, estos compromisos y políticas de ajuste económico acompañaran las acciones que ejecute el gobierno de Joe Biden para los países del Triángulo Norte, especialmente Guatemala y Honduras, focalizado en la atracción de inversión externa por empresas que buscan facilidades logísticas, mano de obra barata, seguridad jurídica e incentivos fiscales; o sea una apuesta mayormente maquiladora.

Una de las preguntas que surgen en Washington, sobre todo en el equipo de apoyo a la Vicepresidenta Kamala Harris, en el tema de la migración hacia el norte, es ¿con cuál de los gobiernos del Triángulo Norte es factible y viable construir una alianza conjunta para coordinar las acciones y proyectos propuestos? .Hay un liderazgo del gobierno de Honduras y su presidenta electa, Xiomara Castro, al grado que el departamento de Estado de EEUU certificó su gestión pública por el combate de la corrupción, las acciones para traer al país una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), respeto de los derechos humanos e independencia de poderes, control y patrullaje de la frontera Sur, respeto de la oposición política e independencia de los medios de comunicación, derogación de la ley de secretos, entre las medidas más importantes ejecutadas;  que hace suponer que Honduras y su gobierno son los indicados.

A ello hay que sumar que, contrario a lo previsto por la oposición política, los niveles de popularidad de la presidenta Xiomara Castro, siguen siendo altos. Asimismo, es evidente el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con otros países, especialmente México, cuyo gobierno sigue apostándole a una estrategia más integral para enfrentar el  problema migratorio en la región centroamericana, muy a fin a lo planteado en el Plan Bicentenario de Gobierno 2022-2026 de Honduras.

Notas:

[1]Javier Suazo “Kamala Harris y crisis en el Triángulo Norte”. Alainet, 23 de junio de 2021

[2]CEPAL-MEXICO, Comunicado de Prensa, 8 de diciembre de 2020

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