Hemos sido timados. Y cuando los engaños provienen de políticos a quienes mantenemos con nuestros impuestos, es legítimo no callarnos y exigirles que cumplan sus promesas de campaña. Una verdad como un templo es que el presidente Humala se ha burlado de nosotros. Pero no se ha mofado de todos por igual. Quienes pagan pato, […]
Hemos sido timados. Y cuando los engaños provienen de políticos a quienes mantenemos con nuestros impuestos, es legítimo no callarnos y exigirles que cumplan sus promesas de campaña. Una verdad como un templo es que el presidente Humala se ha burlado de nosotros. Pero no se ha mofado de todos por igual. Quienes pagan pato, como siempre, son los más vulnerables. Este aparente seguidor de Carlo Collodi (autor de «Pinocho») ha engañado especialmente a dos minorías: a las mujeres y a las comunidades campesinas e indígenas.
Recuerdo como si fuera hoy, cuando en 2011 leí el Plan de Gobierno, de Gana Perú. El documento explicitaba como una de sus propuestas políticas el «garantizar la despenalización del aborto». Una de las medidas inmediatas era la «aprobación del protocolo de aborto terapéutico». Además, «las trabajadoras del hogar serán protegidas», decía.
Hoy no solo la despenalización del aborto no se ha alcanzado, sino que la aprobación del protocolo de aborto terapéutico -promesa que era concebida como de inmediata ejecución- también ha quedado en el aire. Por su parte, el millón de trabajadoras del hogar que habría en el Perú, no ha logrado que el Estado peruano las proteja y ratifique el Convenio 189 de la OIT para tener cubiertos sus derechos como cualquier trabajador.
Son 35 las organizaciones están llevando a cabo una campaña para la despenalización del aborto por violación. Una campaña humanitaria en un país en donde 1 de cada 5 mujeres es violada antes de cumplir los 15 años. Sin embargo, nuestro presidente está tan ajeno a estos verdaderos dramas sociales, que ni ha mencionado, ni mencionará, el maratónico esfuerzo de haber recolectado 60 mil firmas para la petición por este derecho que salvaría tantísimas vidas y aliviaría muchísimas otras más.
Las comunidades campesinas e indígenas también han sido vilmente engañadas. Desde el minuto uno, el Estado -liderado por Humala- ha criminalizado las protestas legítimas. Se han decretado estados de emergencia, anulando los derechos de estos pueblos. Se han sitiado poblaciones enteras, minándolas con efectivos policiales prestos a disparar a quemarropa. Hemos perdido vidas de héroes que se levantaron para proteger los recursos naturales de este país, y que han dejado a sus familias huérfanas sin ninguna indemnización por parte del Gobierno. Únicamente dos días atrás, la Policía disparaba a un grupo de comuneros en las inmediaciones del proyecto minero Conga, uno de ellos resultaba terriblemente herido. ¿Sus victimarios? El Comando de la División de Operaciones Especiales de la Policía en Cajamarca, un grupo de efectivos que trabaja al servicio del Estado peruano y, al menos por el momento, también al servicio de la minera Yanacocha: clara sintomatología de que nuestro Estado ‘humalistoide’ está enfermo.
El Plan de Gobierno, de Gana Perú, no se me quita de la cabeza. Recuerdo que también hablaba de la importancia de los recursos naturales, especialmente del agua. La llamada «Gran Transformación» sostenía la importancia del cumplimiento del convenio 169 de la OIT ratificado en 1995, pero nunca antes implementado.
A casi dos años de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, hoy, a través de una demagogia digna de cualquier lengua viperina racista y neoliberal, se intenta sustraer el derecho a la consulta de aquellos pueblos de la sierra y la costa que a ciertos ojos no serían lo suficientemente «indígenas» para poder tener algo que decir sobre sus propias comunidades. Además, se ha decidido que los estudios de impacto ambiental deberán ser aprobados en un plazo máximo de 100 días, abriendo camino a que estos se hagan deprisa y corriendo, en beneficio de las empresas privadas. Para terminar de brindar las facilidades de la venta esquizofrénica, en un país donde sólo el 10% del patrimonio cultural está adecuadamente inventariado, se ha publicado el Decreto Supremo 054. En él, se estipula que los certificados de inexistencia de restos arqueológicos (certificado del que, por cierto, el proyecto Conga carece) se emitirían en 20 días. Superados éstos, se aplicaría el silencio administrativo positivo, dando luz verde a la actividad solicitada en la zona.
Yo sé que hubo unas cuantas ‘hojas de ruta’ después del Plan de Gobierno del presidente Humala. También sé que en estas ‘hojas de ruta’ se giraba un tanto hacia la derecha. Pero, yo lo apoyé por ese Plan de Gobierno primigenio, y él cosechó la mayor parte de sus votantes por esas promesas que tanto bien le hubiesen hecho a este país. Entonces, no es solo descarnadamente cruel lo que le hace a los y las peruanas, es además ilegítimo en virtud de lo que nos ofreció y no está cumpliendo.
Fuente original: http://diario16.pe/columnista/17/francesca-emanuele/2568/las-burlas-del-presidente