Habla Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral, quien denuncia fraudes generalizados, injerencias extranjeras y una estrategia para excluirlo de las instituciones. «Quieren impedirme investigar y silenciar a quienes se oponen»
Las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras pasarán a la historia por la enorme cantidad de irregularidades denunciadas, así como por los descarados actos de injerencia extranjera que han vulnerado la libertad de voto y viciado el resultado final de las urnas.
Cientos de miles de votos que nunca se contaron, actas electorales impugnadas y nunca verificadas, recursos nunca resueltos, se suman a la falta de medidas de seguridad biométricas en la mayoría de los centros de votación, al pirateo del sistema de transmisión de los resultados preliminares, a las repetidas y prolongadas caídas del sistema de conteo y de la página del escrutinio en línea.
Si a esto le sumamos la injerencia agresiva de Washington en las horas previas a la votación, indicando por quien había que votar y cuáles serían las consecuencias en caso de victoria de la candidata progresista Rixi Moncada (Libertad y Refundación – Libre), y las amenazas del crimen organizado para favorecer al mismo candidato, es evidente que nos encontramos ante unos resultados electorales fuertemente condicionados y que no respetan en absoluto la voluntad popular. Una situación denunciada en repetidas ocasiones por Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del máximo órgano electoral.
En los meses previos a la cita electoral, Ochoa no había escatimado críticas a la gestión de sus colegas Ana Paola Hall y Cosette López, vinculadas a los dos partidos tradicionales (Liberal y Nacional), señalando la trama subversiva urdida por aquellos grupos de poder económico y político que, protegiendo sus intereses, llevan más de un siglo gestionando los destinos de Honduras.
Precisamente por sus denuncias públicas sobre lo que estaba ocurriendo tras la votación —con la proclamación de ganadores sin haber concluido el conteo de votos ni resuelto la totalidad de los recursos— y por haber solicitado al Ministerio Público la investigación de posibles delitos electorales, Ochoa fue aislado y, de hecho, excluido de las reuniones plenarias del Consejo Nacional Electoral (CNE). Una destitución de facto que, sin embargo, no le ha impedido seguir alzando la voz contra los abusos, las irregularidades y las graves anomalías.
Una vez que el candidato conservador respaldado por Trump, Nasry Asfura, asumió la presidencia, se desató la ofensiva restauradora para acabar con los avances alcanzados durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Además de los despidos masivos en el sector público —se calcula que más de 9 000 personas han perdido su empleo en menos de dos meses—, de los decretos para flexibilizar y precarizar aún más el mercado laboral, de las declaraciones de estado de emergencia económica y fiscal para facilitar la subasta y privatización de servicios públicos y bienes comunes, se ha desatado una auténtica cacería contra quienes denunciaron la farsa electoral.
La herramienta escogida por la mayoría parlamentaria bipartidista es el juiciopolítico, cuyo blanco son los altos cargos institucionales ajenos a los dos partidos tradicionales, entre ellos la presidenta del máximo órgano judicial, Rebeca Raquel Obando; el fiscal general, Johel Zelaya; el expresidente del Congreso Luis Redondo y, precisamente, Marlon Ochoa, de los cuatro, aquel que más está sufriendo la embestida del partidismo y de la oligarquía nacional. Confirmando los temores, este lunes (23 de marzo) una amplia mayoría parlamentaria inició el proceso de juicio político contra el fiscal Zelaya, suspendiéndolo de su cargo.
Cuando en Honduras las fuerzas ultraconservadoras se alían y apuntan a un objetivo concreto, lo que está en juego no es solo el puesto de trabajo, la carrera o el futuro político y social de una persona, sino su propia integridad física. Los ejemplos de Berta Cáceres y los casi 200 defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes asesinados, de las decenas de campesinos organizados abatidos en total impunidad en el Bajo Aguán, así como de los cientos de personas asesinadas, víctimas de desaparición forzada u obligadas al exilio por protestar contra golpes de Estado y fraudes electorales, están ahí para atestiguar lo peligroso que puede ser.
Es en este contexto de crisis institucional y social donde Marlon Ochoa ha aceptado conversar en exclusiva con Pagine Esteri.
«El objetivo es restaurar el poder de los sectores más conservadores en el país y recuperar así el control absoluto de las instituciones. Para ello, deben necesariamente deshacerse de todos aquellos funcionarios que son obstáculo para su proyecto», explica.
Según la ley electoral, a Ochoa le corresponde asumir la presidencia del CNE el próximo mes de septiembre. Algo que las fuerzas ultraconservadoras quieren evitar a toda costa.
«Saben la cantidad de irregularidades que se han cometido, las presiones internas y externas ejercidas por Estados Unidos, el crimen organizado y la cúpula empresarial para manipular el voto en función de sus propios intereses. También saben que lo primero que haré como presidente será iniciar una investigación interna sobre las responsabilidades de mis colegas y sus cómplices. Por eso quieren impedirme seguir haciendo mi trabajo. No se trata de un proceso político, ni de justicia, sino de persecución y venganza», asegura Ochoa.
Las denuncias presentadas por el consejero dibujan un escenario inquietante en el que más de cien mil votos potenciales a nivel presidencial nunca se contaron, mientras que en los otros dos niveles (legislativo y municipal) se habla de más de un millón. «Esto significa que hay personas que ocupan cargos electivos sin haber obtenido los votos para ello. Además, se están acelerando los plazos para la destrucción de todo el material electoral, lo que imposibilitaría futuras investigaciones. Esto es inaceptable».
Reapropiarse de las instituciones y «eliminar» al representante de la oposición progresista dentro del aparato electoral significa también empezar a preparar el terreno para una nueva candidatura en 2029 del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico e indultado por Trump apenas unos días antes de las elecciones.
El proceso de «juicio político» inicia formalmente con la presentación de una denuncia contra el funcionario y su aceptación por mayoría calificada de los dos tercios. Luego, el plenario tendrá que integrar una comisión de investigación, dar la oportunidad al investigado de defenderse y llegar a un veredicto final que también necesitará de los dos tercios de los votos.
«Dudo que sigan el procedimiento de ley, ni que respeten el derecho a presentar los descargos y todas las pruebas del fraude electoral. No quieren que se haga público y que la gente escuche todo lo que ha pasado antes, durante y después del 30 de noviembre. Quieren hacerlo rápidamente. Esto forma parte de un plan más amplio que prevé mi separación del cargo, la emisión de requerimiento fiscal, mi detención y encarcelamiento y mi asesinato. Tengo información de inteligencia que confirma que en las más altas esferas del bipartidismo se está debatiendo si matarme o no», explica Ochoa.
Desde su cuenta de X, el expresidente Manuel Zelaya ha lanzado un llamamiento a todos aquellos diputados que «todavía creen en la democracia» para que no se consume «este nuevo y monstruoso golpe electoral (…) que sería como una declaración de guerra contra el pueblo hondureño» . A continuación, se unió a cientos de activistas del partido Libre que se manifestaban frente a la sede del Congreso, donde se celebraba la sesión parlamentaria, invitando a la base del partido a mantenerse alerta y movilizada.
Para proteger su vida, Ochoa pidió al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si se conceden, el Estado deberá garantizar la protección y la seguridad del beneficiario de las medidas.
«A pesar de las amenazas y la persecución, sigo adelante y afrontaré este momento con la cabeza alta, porque no tengo nada que ocultar ni de qué avergonzarme. Al contrario, quedará claro para todos que se trata de una conspiración, urdida por quienes quieren recuperar el control absoluto de las instituciones y asegurar así sus propios intereses económicos y políticos», concluye Ochoa.
Fuente: Pagine Esteri (italiano) LINyM (español)