Quienes siguen de cerca las políticas de Washington hacia el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), vaticinan cambios radicales cuando Joseph Robinette Biden se siente en el sillón que el 20 de este mes, Trump dejará a regañadientes.
Respecto al Triángulo Norte, la administración de Donald Trump ha apelado reiteradamente a la vieja política estadounidense del garrote y la zanahoria, pero aun así, fue más que benévolo a la hora de desembolsar ayudas de todo tipo. De esa forma, mantuvo su poder y ascendencia sobre las administraciones de los tres países. Con esa dualidad, los tuvo con el Jesús en la boca, como solían decir nuestras abuelas, como forma de disciplinarlos y sumarlos a sus intereses, más allá de lo que ocurriera en cada país.
Así, lanzaba rayos y centellas, calificándolos de “países de mierda” (sic), lleno de corruptos y narcos, pero por otro lado, colaboraba con militares y policías, al par que aportaba fondos para neutralizar el gravísimo problema de las migraciones irregulares o para acciones humanitarias que, debido a la corrupción imperante, iban a parar, mayoritariamente, a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos.
Según expresara la analista Carmen Rodríguez el pasado diciembre para la Agencia Anadolu, “el giro que tendrá la política de Estados Unidos hacia los países del Triángulo del Norte de Centroamérica para los próximos cinco años ya está marcado (…) Los cambios incluyen recorte a la ayuda militar y la publicación de una lista con los nombres de funcionarios de los tres países vinculados a casos de corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado (DOS) que dirija la Administración Biden-Harris enfocará la política de la región en atacar la corrupción en los gobiernos de los tres países y en las causas principales de la migración” (sic).
En tanto, de acuerdo a la congresista demócrata Norma Torres, nacida en Guatemala y con fuertes antecedentes de combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte, si se les niega apoyo a los funcionarios corruptos, la región podría entrar en un período de mayor estabilidad y con ello, minimizar las migraciones irregulares hacia el norte.
Su posición se considera excesivamente optimista, pues aun logrando erradicar en buena parte la corrupción imperante, otros factores son claves para mejorar notablemente la situación de los centroamericanos. Entre ellos, el mejoramiento de la economía, brindando, entre otras medidas, mayores oportunidades laborales, algo que no se consigue de la noche a la mañana, por más esfuerzo que se ponga.
En 2018, Torres promovió una enmienda de ley que fue aprobada en 2019, que obliga al Departamento de Estado a publicar periódicamente una lista con los nombres de funcionarios corruptos del Triángulo Norte. En el tiempo transcurrido, la Casa Blanca publicó listados verdaderamente risibles, pues omitió la inclusión de funcionarios en servicio con gravísimas denuncias, pero sí incluyó a otros personajes que se encontraban enjuiciados en sus países o en Estados Unidos, por relaciones con el crimen organizado.
Las nuevas iniciativas que Norma Torres propicia, tienen similitudes con la Alianza para la Prosperidad, plan para el Triángulo Norte diseñado e implementado durante las administraciones de Barack Obama. Estas nuevas políticas, están enmarcadas en el Omnibus Bill, un proyecto de ley que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso y ratificado por Donald Trump, cuyas acciones entrarían en vigor 180 días después de su promulgación.
Como vicepresidente, Biden fue el coordinador de aquella Alianza, que tuvo escasos resultados positivos, porque no se ocupó seriamente de neutralizar la corrupción imperante en la región. Sin embargo, Torres resalta que, mientras a Trump sólo le interesó firmar acuerdos para combatir la migración irregular, Biden, en su momento, trabajó en la región, la conoce y es consciente de los problemas de corrupción y relación de buena parte de la dirigencia política y empresarial con el crimen organizado, principalmente en su forma del narcotráfico.
Como lo expresamos previamente, aunque incompleta, ya existe una lista de corruptos, pero se espera que la que se elabore a partir del Omnibus Bill, que será conocida como la “Lista Engel”, pues fue propuesta por el representante Eliot Engel, sea más completa e incluya nombres que hasta la fecha han permanecido fuera de la enmienda de Norma Torres.
A partir de esta lista, Estados Unidos cancelará visas, permisos, nombramientos diplomáticos y otros estatus no solo a los funcionarios de los gobiernos vinculados a casos de corrupción, sino a todos aquellos que sean relacionados con ese tipo de delitos. Además, se espera que la Justicia estadounidense tenga herramientas para incluir en sus acciones a aquellos que tengan denuncias de relación con el narcotráfico, un delito por el cual la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, puede accionar contra extranjeros que no estén en el país.
Las sanciones en el marco del Omnibus Bill alcanzan incluso a familiares y relaciones personales de los funcionarios señalados, en caso que hayan contribuido de una u otra manera a los delitos imputables. Allí no se detiene la cuestión, sino que las acusaciones pueden incluir a quienes perpetren o promuevan acosos, violencias o intimidaciones directas, contra funcionarios estatales o referentes no gubernamentales por sus acciones en contra de los actos de corrupción.
De acuerdo a las recomendaciones del Congreso para aplicar esta ley, las investigaciones en contra de funcionarios públicos o personas físicas por fuera de las estructuras estatales de El Salvador, Honduras y Guatemala, serán lideradas por la Casa Blanca y los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, coordinadamente con las embajadas estadounidenses y las autoridades del país involucrado.
Las sanciones previstas incluyen recortes a la ayuda militar, por lo cual se prohíbe al Departamento de Estado “financiar o apoyar compras de armamento o equipo militar” para las fuerzas armadas de los tres países del Triángulo Norte.
Por otra parte, el documento indica que el Gobierno estadounidense debe asegurarse que las amenazas y los ataques en contra de periodistas, líderes sindicales, ambientalistas, defensores o activistas de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, sean adecuadamente investigados y los responsables de esos delitos sean acusados ante la Justicia.