Recomiendo:
4

Entrevista al colectivo Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona

“Las ollas populares se han extendido en Paraguay con una implicación esencial de las mujeres”

Fuentes: Rebelión

La informalidad y la precariedad en el mundo del trabajo son factores estructurales de la economía paraguaya, y de la que dependen masas de personas pobres para sobrevivir.

Permiten constatar el fracaso del modelo económico neoliberal. Además, en el contexto de la crisis por la COVID-19, se han extendido y cobrado mayor relevancia en el país las iniciativas solidarias autogestionadas, de la que son ejemplo las ollas populares, la recolección y reparto gratuito de alimentos en las comunidades, las donaciones de medicina, “polladas”, “hamburgueseadas” y venta de rifas. Las organizaciones de mujeres desempeñan un papel medular en estas redes de apoyo.

¿Se trata de una realidad inevitable? “El hambre no está provocada por la falta de comida. Al final, el Paraguay es uno de los principales exportadores de soja y carne vacuna. Su tierra es fértil”, responde Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona, activistas residentes en estas dos ciudades que defienden la justicia social y la democracia participativa. La organización surgió como respuesta al golpe parlamentario de junio de 2012 que destituyó al expresidente Fernando Lugo; interpretan las redes solidarias como “una forma de autogobierno paralelo y de amenaza a las élites”. La siguiente entrevista se realiza con la colaboración del comité de solidaridad internacionalista CEDSALA del País Valenciano.  

-La estudiante de arquitectura y militante feminista Vivian Genes está entre los cinco jóvenes detenidos y procesados durante las protestas del Marzo Paraguayo. ¿Qué causas de fondo subyacen a la criminalización de la dirigente estudiantil?

La criminalización de Vivian Genes empezó por ser mediática antes de ser judicial. Digamos que el Ministerio Público calcó no solo el planteamiento vertido en el escrito de denuncia de la ANR (la Asociación Nacional Republicana en el gobierno), en el que se señalaba explícitamente a Vivian -a partir de fotos que ella misma publicó en sus redes sociales-, como una de las autoras del incendio de Colorado Róga; también se hizo eco de la línea editorial de determinados medios de comunicación social (Colorado Róga es la sede de la ANR ubicada en el centro de Asunción, a la que se prendió fuego durante las protestas del 17 de marzo. Nota del entrevistador).

No deja de ser llamativo que la campaña de criminalización mediática de Vivian Genes, y demás estudiantes y jóvenes, la haya iniciado el canal de televisión Canal 13, uno de los principales medios de comunicación cuyos periodistas y tertulianos fueron de los más empeñados y voluntariosos en apoyar las autodenominadas movilizaciones de ciudadanos autoconvocados, especialmente la primera, realizada el 5 de marzo.

Un día antes de la emisión de la orden de detención del Ministerio Público contra Vivian Genes y otros cuatros jóvenes y estudiantes (esta orden se emitió el 19 de marzo), esto es, el 18 de marzo, el Canal 13 anunció “Quién inició el fuego en la ANR: Se llama Vivian Genes Meza, una becaria de Itaipú”. En esta noticia, el Canal 13 singulariza e individualiza específicamente a Vivian, no mencionando en ningún momento a los otros cuatro jóvenes y estudiantes que también serían objeto de la orden de detención emitida por el Ministerio Público.

-¿Cómo interpreta el colectivo Paraguay Resiste estos señalamientos e imputaciones?

La criminalización de la protesta y del activismo social, por no hablar de la pobreza, es un factor recurrente en la sociedad paraguaya. Con ella se magnifica la muy estudiada estrategia del enemigo interno, derivada de la oposición amigo-enemigo de Carl Schmitt, pero perfeccionada por el concepto de guerra política, de inspiración taiwanesa y con fuertes reminiscencias de la Guerra Fría.

La criminalización a la que fueron sometidos Vivian y los cuatro estudiantes y jóvenes imputados por el incendio de Colorado Róga ensancha los procesos de criminalización que vienen sofriendo las organizaciones campesinas, retratadas por los medios de comunicación y las instituciones del Estado como criminales, actores sociales que violan la ley con acciones deleznables, indebidas y reprensibles.

El objetivo es desactivar el mínimo atisbo de reivindicación y protesta social, lanzando el mensaje de que toda manifestación, siempre manipulada por una mano negra que solo busca la desestabilización, es el preámbulo del caos. La criminalización de la protesta es, así, contigua al imperativo del orden.

-Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) realizaron un escrache el 31 de marzo a la jueza Hilda Benítez. ¿Quién es y qué representa esta magistrada?

La magistrada Hilda Benítez es un mero peón del sistema judicial del Paraguay. Vive en la interinidad desde que empezó su carrera de jueza. Incluso, cuando decretó la prisión preventiva para los cinco jóvenes y estudiantes acusados de incendiar Colorado Róga ocupaba de forma interina el cargo de Jueza Penal de Garantías del Juzgado Penal de Garantías n.º 4, de Asunción. El Juez de Garantías originalmente designado para el efecto, Raúl Florentín, fue reemplazado, justo los días 29 al 31 de marzo de 2021, por problemas de salud. La prisión preventiva de Vivian, Pedro y Luis fue decretada el 30 de marzo de 2021.

La designación de la jueza interina implicó un conflicto de intereses, ya que la causa fue iniciada por interés directo de la ANR, organización partidaria a la cual la magistrada Hilda Benítez se encuentra afiliada desde 1992, habiendo participado, además, en actividades proselitistas del Partido Colorado.

Desde el año 2012, la magistrada Hilda Benítez viene siendo objeto de múltiples acusaciones presentadas por varios agentes judiciales, incluyendo el propio Ministerio Público, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por “mal desempeño de funciones”. Abarcan varios procesos, pero en todos ellos fue absuelta o las causas archivadas por desistimiento de la acusación.

El pasado 9 de abril de 2021, Macarena Chilavert, la abogada de Arnaldo Martínez, uno de los jóvenes imputados, junto con Vivian Genes, Pedro Areco, Luis Trinidad y Enrique Agüero, por el incendio de Colorado Róga, presentó una denuncia contra la magistrada Hilda Benítez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

-¿Cómo se iniciaron y desarrollaron las protestas de marzo?

El rasgo más novedoso de las movilizaciones de marzo de 2021 fue que su convocatoria, o autoconvocatoria, se impulsó y promocionó a partir de ciertos sectores de la prensa, vinculados, en su mayoría, al Grupo Vierci (propietario, entre otros medios, de Telefuturo) y al Grupo de Javier Bernardes, propietario de Canal 13 y Unicanal.

El hecho de que se asocie a Bernardes como testaferro de Horacio Cartes infundió la percepción de que quien estaba por detrás de las primeras movilizaciones sería el propio Cartes. En apariencia, tenía una cierta lógica, ya que la diana de las protestas, al margen del entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, era el propio presidente de la República, Abdo Benítez, amigo de infancia de Mazzoleni.

El sentido de las movilizaciones cambia cuando Horacio Cartes pasa a ser objeto de escraches por parte de los manifestantes y se introduce el eslogan ANRNuncaMás. Todo culmina con la decisión tomada por la Cámara de Diputados de no enjuiciar políticamente a Abdo Benitez y al vicepresidente Hugo Velázquez, el hecho causal que, según varias interpretaciones, habría llevado a que Colorado Róga “apareciese” incendiada.

-¿Qué función han desempeñado los medios informativos convencionales?

La novedad de todas estas movilizaciones fue su carácter altamente mediatizado. Fueron manifestaciones televisadas, en las que la adhesión en las calles se medía en función del número de veces que se utilizaba un hashtag en las redes sociales. Sin embargo, los miles de tweets y retweets nunca fueron proporcionales a las adhesiones callejeras.

El análisis que hemos realizado nos lleva a concluir que el apoyo mediático a las movilizaciones iniciales, marcadas por un tono apolítico y no partidista -al menos no se señalaba explícitamente a la ANR como la responsable de la crisis sanitaria y económica-, evolucionó hasta las conocidas prácticas de criminalización de la protesta que la prensa siempre utilizó contra los campesinos. En el marco mediático paraguayo, el sujeto campesino es representado como ignorante, manipulable y potencialmente violento. Obviamente que una estudiante de arquitectura, como Vivian, no puede ser descrita como ignorante. Pero los medios la han retratado con los otros dos estereotipos: manipulable y violenta.

-¿Cuáles fueron las principales reivindicaciones durante las manifestaciones populares?

Las movilizaciones de marzo de 2021 han estado motivadas, principalmente, por la administración negligente, por parte del gobierno, de todos los aspectos, tanto sanitarios como económicos, relacionados con la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. En términos simbólicos, el marzo paraguayo de 2021 fue una respuesta ceremonial de determinados sectores de la sociedad para demostrar el hartazgo provocado por un año viviendo bajo la ley de emergencia sanitaria, promulgada el 26 de marzo de 2020.

Si bien, inicialmente, el gobierno impidió, mediante la adopción de severas medidas restrictivas, la propagación de la enfermedad, lo cierto es que no aprovechó ese valioso tiempo ganado al principio de la pandemia para dotar el sistema de salud de las condiciones necesarias para hacer frente a la inevitable segunda ola.

Uno de los ejes centrales de las protestas fue el uso que el ejecutivo dio a los más de 2.000 millones de dólares destinados a mitigar los impactos sanitarios y económicos de la pandemia. Al fin y al cabo, el Estado se había endeudado para financiar las urgencias en salud y para fortalecer la economía y los sectores más afectados por la crisis y, sin embargo, el sistema sanitario, a principios de marzo de 2021, estaba al borde del colapso y la economía, con excepción del sector agropecuario exportador, en una situación paupérrima.

Esos fondos, asignados al amparo de la mencionada ley de emergencia sanitaria, fueron obtenidos vía préstamos de contingencia concedidos por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial, así como a través de colocación de bonos, cuyas negociaciones corrieron a cargo de Goldman Sachs, Citibank, Itaú y Santander. 

-¿Qué ocurrió con estos recursos, de qué modo se utilizaron?

La mayoría de la población considera que, disponiendo el gobierno de tanto dinero -la mayor parte del cual, cerca de 500 millones de dólares, se destinó, como reconoció el propio gobierno, al pago de salarios de la administración pública –, no se justifica la situación de colapso que ahora mismo se vive en el país, al comprobarse la falta de camas hospitalarias, unidades de tratamiento intensivo, insumos, medicamentos básicos como midazolam o atracurio, así como torpezas diplomáticas varias que retrasaron la adquisición de las vacunas y la implantación del consecuente plan de vacunación.

Dada la institucionalización de la corrupción, asumida por todos los niveles de la administración como la única forma de gestionar la cosa pública, surgieron sospechas, más que lógicas, de que el gobierno había hecho, y sigue haciendo, un mal uso de los fondos de emergencia. Un año después de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria, el gobierno ejecutó el 84 % de esos fondos, con el sistema de salud colapsado y la economía real pasando serias dificultades.

Con el surgimiento del eslogan/hashtag, #ANRNuncaMas, las movilizaciones adquirieron un tono más político, pasando a dirigirse contra un determinado partido político. Eso habrá disgustado a algunos sectores de la sociedad, incluso algunos personajes mediáticos que apoyaron las primeras movilizaciones. Según este planteamiento, la quiebra de la hegemonía de la ANR no puede hacerse sin la colaboración de determinadas facciones o militantes de la propia ANR.

-¿Cómo respondió la policía?

En las movilizaciones de marzo de 2021, el ejercicio del poder coercitivo del Estado fue un cometido casi exclusivo de la Policía Nacional. El despliegue policial adoptó, aparentemente, dos estrategias: si, por un lado, de cara a los medios de comunicación, transmitía mensajes surrealistas de paz, tales como empuñar banderas blancas para frenar a los manifestantes más violentos o desplegando carteles con frases como “la paz es el único camino”; por otro lado, en las calles y zonas alejadas de los focos mediáticos, así como en las comisarías, proseguía con la vetusta práctica stronista de la tortura.

Dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la única fisura detectada fue la renuncia, obligada por la facción de Horacio Cartes, del comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, como consecuencia de la aparente falta de protección de la sede de la ANR y, en especial, de Colorado Róga, en la noche en la que fue incendiada, el 17 de marzo de 2021.

Pero, incluso esta renuncia debe enmarcarse dentro de los conflictos internos del Partido Colorado, entre Cartes y Abdo Benítez, cuyo objetivo final sería forzar la dimisión del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, a quien Horacio Cartes tiene una especial inquina, bien porque haya sido ministro de la Senad, la Secretaria Nacional Antidrogas, bien por unas declaraciones proferidas por Giuzzio en 2016, en las que calificó a la ANR como “un partido de corruptos, contrabandistas y narcotraficantes”, categorías delictivas que encajan en la mitología que se viene formando a propósito de la figura de Cartes. 

-El general retirado, Bernardino Soto Estigarribia, exescolta del dictador Stroessner, exministro de Defensa en el anterior Gobierno de Horacio Cartes y en el actual de Mario Abdo Benítez, hizo referencia en las redes sociales a “movilizaciones violentas, que buscan quebrar el orden constitucional y pretenden normalizar el caos”. ¿Qué intereses representa el Partido Colorado?

El hecho de que el general Bernardino Soto Estigarribia sea el único ministro del actual gobierno de Abdo Benítez que también lo fue durante la presidencia de Horacio Cartes, y ocupando un cargo tan clave como el de ministro de Defensa, nos da una idea de la función conservadora y estabilizadora de las Fuerzas Armadas del Paraguay en el contexto de las luchas internas del Partido Colorado. Es necesario recordar que la candidatura de Abdo Benítez en las elecciones internas del Partido Colorado, que antecedieron las presidenciales de 2018, se configuró como antagónica al legado de Cartes.

Que, a pesar de ese antagonismo, el único ministro que haya repetido en ambos gobiernos sea el de Defensa y, además, una figura como la del general Soto Estigarribia, nos da una idea de que, pese a las aparentes diferencias entre Abdo y Cartes, el elemento de cohesión y estabilización del régimen -por ponerle un nombre a la forma democrática vigente en el país- cabe a las Fuerzas Armadas. No han estado muy presentes en las movilizaciones de marzo de 2021, pero están ahí, no tanto como argamasa, sino como cimiento.

Lo anterior no solo es una evidencia de que la cultura castrense paraguaya sigue siendo permeable a los valores del stronismo – las fuerzas armadas y el Partido Colorado fueron el sostén de la dictadura-, sino que pone de manifiesto los complejos personales de Abdo Benítez en relación a los militares. Nunca ningún presidente civil en la historia de la transición democrática del país, que dura desde 1992, disfrutó tanto jugando con revólveres, rifles, tanques de guerra, helicópteros y uniformes militares como Abdo Benítez. Se ve a sí mismo como un general. Y eso que ni siquiera hizo el servicio militar. Para compensarlo apuntó a su hijo menor de edad para que haga el Servicio Militar Obligatorio. Por muy estrafalario que pueda parecer, en el Paraguay se permite que menores de edad se inicien en el servicio militar. Sectores del Partido Colorado vienen criticando esta sobreactuación bélica de Abdo Benítez, pero esta performance es compensada por la, digamos, sobriedad profesional del General Soto Estigarribia.

-¿Qué datos de su carrera militar revisten un especial interés?

Si miramos la larga hoja de servicios del general, lo que más llama la atención es el detalle biográfico de haber sido instructor, entre 1986 y 1989, de la fábrica de torturadores y dictadores que es la Escuela de las Américas. Bueno, ahora tiene el nombre más sonante de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Pero el general Soto Estigarribia no fue un mero instructor, sino que recibió la distinción de mejor instructor entre 90 oficiales estadounidenses, lo que le eleva a la categoría de sumo pedagogo, prácticamente catedrático, de una institución que cuenta, entre sus más ilustres alumnos, con personajes siniestros como Rafael Videla, Efraín Ríos Montt, Manuel Noriega o Vladimiro Montesinos.

En una entrevista concedida a Johannes Wilm, poco tiempo después del golpe de estado parlamentario a Fernando Lugo, el general Estigarribia desglosó la doctrina y fundamentos del Partido Colorado, los cuales, según sus propias palabras, son muy hermosos. Dentro de esa hermosura se encuentran los vínculos con la doctrina social, con el socialismo, pero el socialismo bien interpretado; el progresismo, que supone que todo ciudadano tiene derecho a progresar por su trabajo; el  idealismo ético, que hace compatible la moralidad con el ejercicio de la política; el nacionalismo, que es el sentimiento del pueblo, que quiere lo mejor para el país, que incentiva el amor a la patria; y el tradicionalismo, la transmisión de los buenos valores de generación en generación. Obviamente que todos estos son conceptos de una enorme vacuidad cínica si los contrastamos, en un ejercicio de idealismo ético -por utilizar las propias palabras del general Estigarribia- con las políticas concretas y materiales implementadas por el Partido Colorado desde 1954. Y que no son más que la institucionalización de la corrupción.

-¿Afecta también la corrupción a las Fuerzas Armadas?

El general Estigarribia, como militar, lo sabe mejor que nadie. La corrupción fue importante para garantizar el apoyo militar al régimen de Strossner. El propio dictador se refirió a ella, en una entrevista concedida en 1965, como “el precio de la paz”, sugiriendo que el control de actividades ilícitas por parte de determinados oficiales de las Fuerzas Armadas disminuiría el riesgo de eventuales descontentamientos entre los militares. Por mucha formación que, en la actualidad, los militares paraguayos puedan tener en EE.UU., Brasil, Taiwan, Argentina e, incluso, en Europa, en países como España o Alemania, no hay indicios de que las prácticas corruptas generalizadas en las Fuerzas Armadas durante los tiempos de Strossner no se reproduzcan en la actualidad.

Pero, de todo lo dicho por el general Estigarribia en la mencionada entrevista a Johannes Wilm, le tenemos que dar la razón por lo menos en una cosa: “todo lo que podemos ver en el Paraguay lo hizo el Partido Colorado”. Basta con enterarse de lo que ocurre hoy en el país para comprobar los resultados: hambre, muerte y corrupción.

-Además hay factores socioeconómicos que explican las revueltas. El documento La naturaleza cambiante del trabajo, publicado en 2019 por el Banco Mundial, apunta que el empleo informal asciende al 71% en la economía de Paraguay; la publicación entiende como “trabajador informal” al que no cuenta con un contrato, seguridad social, seguro médico y no está afiliado a un sindicato. ¿Consideráis que, además de la gestión gubernamental de la pandemia, esta realidad ha influido en el reciente estallido social?

El verdadero estallido social está latente. Es una forma velada de descontento que se manifiesta políticamente en las acciones de solidaridad, de las polladas a las ollas populares, en la supervivencia de todos los días. El verdadero estallido social es ese, subterráneo, implosivo, pero no silencioso, del trabajo informal, la precariedad, de no tener otro derecho que salir todos los días, literalmente, a por el pan. El “sálvese quien pueda” inducido por las élites bien nutridas y corruptas del país es amortiguado por la solidaridad espontánea y genuina del pueblo. Incluso la clase media de Asunción, con la magnitud y alcance de la crisis, se ha descubierto a sí misma como pueblo. De ahí surgen las movilizaciones de marzo de 2021, una válvula de escape, sin duda, como son todas las manifestaciones, con uno u otro apunte escenográfico, pero que, en el fondo, representaron, de forma genuina, un malestar prolongado.

Citemos informes del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Trabajo o del Banco Interamericano de Desarrollo, del 2018, 2019 o 2020, las conclusiones son siempre las mismas: el Paraguay es de los países de América Latina y el Caribe donde la informalidad en el mercado laboral es más alta. Según uno de esos informes, publicado en septiembre de 2020 por el nada sospechoso de vínculos zurdos como es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Paraguay está entre los países que registran peores datos en la mayoría de los parámetros analizados: junto con Brasil, es el país donde, después de 2012, más aumentó la desigualdad; no tiene acceso a alcantarillado seguro, ni siquiera en las zonas urbanas, como la capital Asunción; junto con Perú, el Paraguay fue el país donde los salarios mínimos más disminuyeron con respecto al salario medio, dato magnificado por el hecho de que a muchos trabajadores se les pagan salarios por debajo del salario mínimo.

El BID identifica tres problemas estructurales severos (concordemos o no con este léxico) en los países de América Latina: desigualdad, informalidad y baja productividad. Lo más significativo es que estos tres factores interactúan a través de la fragmentación de los sistemas de protección social.

-¿Qué consecuencias tienen la precariedad y las desigualdades?

Mientras los trabajadores asalariados formales disfrutan de diversas prestaciones, como seguro sanitario, subsidio de desempleo, derechos de pensión, los trabajadores informales carecen de cobertura. Esta fragmentación viene siendo objeto de mucha polémica en las últimas semanas en el Paraguay, coincidiendo con la divulgación de los importes a que ascendieron las contrataciones de seguros de salud privados, denominados “seguros vip”, para los funcionarios de diversos ministerios y organismos públicos.

La crisis social provocada por la pandemia ha servido para visibilizar, incluso de cara a las clases más acomodadas, la precariedad de los trabajadores fronterizos y del sector gastronómico, de los lavacoches, canillitas, vendedores ambulantes. A la población del Paraguay, sometida a estrictas medidas cuarentenarias desde marzo de 2020 -medidas restrictivas justificadas por la propia conciencia del gobierno de que el sistema sanitario paraguayo no estaba preparado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia-, no se le puede pedir que elija entre los dos polos de una dicotomía típicamente occidental, propia de los países ricos con protección social, como es la disyuntiva entre economía y salud.

La informalidad y la precariedad laboral -las únicas formas institucionalizadas por el Estado para que los más pobres puedan sobrevivir- son la base de una estructura social piramidal que tiene su cúspide en la corrupción de las élites. 

-¿Qué importancia están teniendo las redes de apoyo mutuo –iniciativas como las ollas populares- en el contexto de la crisis de la COVID? ¿Qué relevancia tiene en estos ejemplos de autogestión el trabajo de las mujeres?

Empecemos por el papel de las mujeres, cuya importancia es proporcional a los niveles exuberantes de testosterona que caracterizan el machismo presente en la sociedad paraguaya. Sería demasiado tedioso hacer una regresión diacrónica para demostrar aquello que los propios machistas paraguayos saben de memoria: que las mujeres siempre han sostenido el país. Como clase trabajadora, en el sentido clásico del concepto, pero también haciendo ese trabajo invisible, que se considera natural e intrínseco a la naturaleza femenina, como son los cuidados. En el Paraguay las mujeres paren, trabajan (por ellas y por los hombres), cuidan y, muchas veces, terminan asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Un dato curioso, por llamarle de alguna manera, es el de la inmigración: son las mujeres, y no los hombres, las que más migran, especialmente a Argentina y España.

Por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística referentes a 2020, la población de nacionalidad paraguaya residente en el estado español es de 87.045 personas, de las cuales 59.270 son mujeres, esto es, el 67%. Este dato, bastante gráfico, ilustra la condición de las mujeres paraguayas. Tienen, literalmente, que buscarse la vida. Y salvarla. En 2020 se registraron 36 feminicidios en el Paraguay, 32 víctimas adultas y cuatro menores de edad.

La inclusión de víctimas menores de edad no es un error estadístico. El Paraguay ocupa el primer lugar entre los países del Cono Sur en embarazo de niñas. Con datos del 2019, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) alertó que en el Paraguay se registran 20.000 nacimientos de hijos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años cada año, de los que 700 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años. Obviamente, no hace falta ser muy empírico para concluir que los embarazos de niñas son producto de abuso sexual.

-¿Cuál es la conclusión?

Con el retrato esquemático anterior, tenemos una idea del papel de la mujer en la sociedad paraguaya. Y, como no podía ser de otra manera, ha cabido a las mujeres estar al frente de las ollas populares, cuyo principal objetivo es dar de comer, literalmente, a las personas que no tienen acceso -y aquí subrayamos el concepto “acceso”- a comida. Y la comida, la alimentación, viene siendo un factor clave en esta crisis, siendo utilizada como una forma de solidaridad, una especie de ayuda humanitaria interna.

Al margen de las ollas populares, se multiplicó una serie de iniciativas solidarias, bajo los nombres de “polladas” o “hamburgueseadas”, cuya única finalidad es vender comida, a precios económicos, para poder soportar los gastos de internación y tratamiento de los pacientes con Covid-19. Los organizadores son vecinos, familiares cercanos a las personas enfermas, siendo llamativo que se recurra a la alimentación para encontrar fuentes de ingreso alternativas para hacer frente a los gastos sanitarios que el gobierno es incapaz de asumir. Y es llamativo porque el principal sector que se define como el acelerador económico del Paraguay, aquel que más contribuye a engordar el PIB pero el menos expuesto a cargas tributarias, es la exportación de alimentos, especialmente la soja y la carne de vacuno.

-Una contradicción manifiesta…

En efecto: personas que no tienen acceso a alimentos y necesitan recurrir a las ollas populares; personas que recurren a la confección de alimentos como forma de solidaridad para obtener una financiación complementaria que les permita soportar los gastos sanitarios; y un sector agroalimentario extractivo y expansionista dedicado, fundamentalmente, a la exportación.

-¿Son las ollas comunes un fenómeno exclusivamente paraguayo?

No puede separarse la realidad paraguaya del contexto latinoamericano, donde las llamadas ollas comunes surgieron como acciones de movilización y resistencia en Chile -en la década de 1970- y Argentina -a principios de 1990 o durante la crisis de los años 2000 y 2001-. Las ollas populares en el Paraguay siempre fueron una expresión de solidaridad comunitaria autogestionada, especialmente en la zona de los Bañados, en Asunción, para hacer frente a las consecuencias de las frecuentes inundaciones provocadas por las crecidas del río Paraguay.

Con la pandemia, las ollas populares adquirieron mayor relevancia, dada la situación de vulnerabilidad alimentaria a que muchas familias se han visto abocadas por la paralización de la actividad económica provocada por la imposición de sucesivas cuarentenas, desde parciales a totales, a partir de marzo de 2020. La adopción de medidas sanitarias restrictivas vino acompañada de la implementación de programas sociales improvisados y desorganizados. La respuesta inmediata, por lo menos en las zonas con la población más vulnerable, se dio a través de las organizaciones de mujeres, con campañas de recolección de alimentos, cocina y distribución de comida gratuita a las familias en las comunidades.

-¿Y cuál ha sido la respuesta estatal?

Uno de los programas de protección social impulsados por el gobierno, en el marco de la ley de emergencia sanitaria promulgada el 26 de marzo de 2020 consistió, precisamente, en aprovechar las ollas populares, una red de solidaridad autogestionada. Conocedor de su ineptitud e ineficacia en el ámbito de las políticas sociales, el Estado decidió utilizar una forma de resistencia popular, montada para suplir las carencias demostradas por el propio Estado, para alimentar a la población. Y lo hizo aprobando una ley (n.º 6603/2020) destinada a apoyar y asistir, desde el Estado, las ollas populares organizadas por las comunidades en casi todos los departamentos del país.

Lo anterior plantea un problema, analizado por Karina Beatriz Colmán y Omar Tadeo Yampey en un estudio reciente (publicado en junio de 2020) sobre las ollas populares en el contexto de la pandemia. Pese a que todas las ollas populares tengan elementos en común, los investigadores identificaron características que permiten establecer, por lo menos, tres tipologías: ollas populares contingentes; ollas populares sujetas a instituciones de beneficencia y ollas populares de reivindicación política.

Al contrario de las dos primeras categorías, las ollas populares de reivindicación política se insieren en procesos de concienciación y lucha social más amplios, como son los casos de la coordinadora de la lucha por la tierra del Bañado Sur de Asunción, los asentamientos Patria Nueva en el Departamento Central y Tatarendy de Ciudad del Este. En todo caso, el rasgo que las unifica, además de mitigar el hambre, es el protagonismo inequívoco de las mujeres. De las 433 ollas populares a las cuales los organismos del estado prestan o prestaron algún tipo de asistencia en forma de aportación de alimentos, 348 tienen o tuvieron como persona encargada a una mujer. Es el caso de Kimberli Samaniego, de la olla popular Caacupemi 2, en el Bañado Sur de Asunción, integrada en la Articulación de Ollas Populares Bañadenses.

La última vez que escuchamos a Kimberli -dentro de una serie de conversatorios digitales que la comunidad migrante paraguaya viene desarrollando en los últimos meses para analizar la crisis en la que vive el país-, nos comentó que solo en el Bañado Sur existen 8 ollas populares que alimentan a 300 familias, equivalente a 1200 personas. Una parte de los alimentos son aportados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cada quince días, pero son insuficientes: 10 kilos de carne, 6 pollos, 20 kilos de hueso, 5 kilos de azúcar. Con dos kilos y medio de carne por día tiene que alimentarse a 150 personas.

-¿De qué modo actúan las organizaciones sociales ante estas carencias?

La insuficiencia de los alimentos entregados por la SEN lleva a que las organizadoras de las ollas populares busquen donaciones de otras fuentes, como personas a título individual u organizaciones campesinas. A pesar de todas las dificultades y malabares que tienen que hacer para que nadie se quede sin comer, el mensaje de Kimberli es esperanzador: la pandemia permitió que los habitantes del Bañado articulasen formas de solidaridad, organización y autogobierno que llevaron al fortalecimiento de las relaciones comunitarias y, por tanto, más democráticas. En términos genéricos, esta formación de redes de solidaridad, también visibles en las polladas, donación de medicinas, venta de rifas, se está extendiendo un poco por todo el Paraguay. Es una forma de autogobierno paralelo. Y una amenaza a las élites, por mucho que las élites utilicen la solidaridad espontánea de la sociedad para escabullirse de su responsabilidad social.

Para concluir. Las ollas populares, utilizadas por el Estado para alimentar a franjas de la población que el mismo Estado abandonó, pone en evidencia el fracaso del modelo económico del país. El hambre no está provocada por la falta de comida. Al final, el Paraguay es uno de los principales exportadores de soja y carne de vacuno. Su tierra es fértil. El sector agropecuario es la principal actividad económica del país. El problema está en que hay un porcentaje muy significativo de la población que carece de recursos económicos que le permita tener acceso a comida. Es comprensible que todos los seres humanos tengamos miedo a la pobreza. Pero cuando son las propias élites que fomentan el miedo al pobre, hasta el punto de criminalizarlo, entonces estamos delante de la culminación de un modelo neoliberal cuya principal característica es un profundo desprecio por la vida.

-Por último, la niña de 15 años “Lichita” Oviedo Villalba está desaparecida desde el pasado 30 de noviembre, mientras que otras dos niñas de 11 años, familiares de la anterior, fueron asesinadas el 2 de septiembre en Yby Yaú. ¿Quiénes son los responsables y qué revelan estos hechos? 

La operación más misteriosa -por lo menos entre todas las que se hicieron públicas- llevada a cabo por el Comando de Operaciones de Defensa Interna de las Fuerzas Armadas del Paraguay, más conocido como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), ocurrió el 2 de septiembre de 2020 en la Estancia Paraíso, en Yby Yaú, Departamento de Concepción. La operación tuvo como principal consecuencia el asesinato de dos niñas de 11 años de edad, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de nacionalidad argentina. El presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, con atuendos militares, incluyendo pistola en la cintura, calificó el operativo como “exitoso”, después de contemplar, in situ, los cadáveres de las dos niñas. Fueron las únicas víctimas reportadas.

Atendiendo a la información divulgada por la prensa, la FTC llevaba preparando esta operación, mediante labores de inteligencia, durante ocho meses. Al fin y al cabo, en la Estancia Paraíso se encontraba, como se demostraría posteriormente, uno de los campamientos principales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Sin embargo, de acuerdo con la orden de allanamiento emitida por el juez Gustavo Amarilla, de fecha 28 de agosto de 2020 -que respalda jurídicamente la acción de la FTC-, la operación tenía como principal objetivo verificar si en el mencionado lugar se encontrarían o no personas armadas con orden de captura y/o miembros del EPP, así como incautar diverso material.

En declaraciones a la prensa, después de darse a conocer la operación de la FTC y el asesinato de las dos niñas, el juez Gustavo Amarilla sostuvo que el conocimiento por parte de la FTC de que podría haber menores en el campamento -información revelada posteriormente a la operación por los propios portavoces de la FTC-, no le fue transmitida, ni a él, juez, ni a los fiscales. De lo anterior se infiere que la FTC tenía, por lo menos, sospechas sobre la probabilidad de existencia de menores en el campamento, y que esa información, sumamente relevante, fue ocultada al juez y fiscales.

Atendiendo a una nota informativa publicada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 5 de febrero de 2021, se han conocido nuevos testimonios fiables sobre lo ocurrido durante la operación de la FTC llevada a cabo el 2 de septiembre de 2020. Según estos testimonios, una tercera niña había sido herida durante aquella operación. Se trata de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, más conocida como Lichita, de 14 años, de nacionalidad paraguaya. De acuerdo con la información disponible -considerada fiable por la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-, Lichita fue herida por las tropas de la FTC en la operación del 2 de septiembre de 2020, pero consiguió huir, junto con su tía, Laura Villalba Ayala y, por lo menos, otras dos niñas más, Tania Tamara Villalba, de 19 años, y Tamara Anahí Oviedo Villalba, de 15 años.

Según estos testimonios, las dos niñas asesinadas -Lilian y María Carmen- fueron capturadas con vida y, posteriormente, ejecutadas por la FTC. Lichita se encuentra desaparecida desde el 30 de noviembre de 2020 y su tía, Laura Villalba, fue detenida por la FTC el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos, encontrándose, actualmente, detenida en una instalación militar. Las otras dos niñas, Tania y Anahí, han conseguido escapar a Argentina.

Atendiendo a estos nuevos datos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, apeló, el pasado mes de febrero de 2021, a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de Lichita, así como a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Lilian Mariana y María Carmen Villalba.

4