La guerra de 34 días entre Israel y el grupo extremista islámico Hizbolá dejó a Líbano destruido en lo físico y desestabilizado en lo político en 2006. El nuevo año no promete un futuro mejor. Antes del último 12 de julio, cuando estalló el conflicto, gran parte de los cuatro millones de habitantes de esta […]
La guerra de 34 días entre Israel y el grupo extremista islámico Hizbolá dejó a Líbano destruido en lo físico y desestabilizado en lo político en 2006. El nuevo año no promete un futuro mejor.
Antes del último 12 de julio, cuando estalló el conflicto, gran parte de los cuatro millones de habitantes de esta nación situada al norte de Israel lograba por fin sacudirse el polvo de la guerra civil entre musulmanes y cristianos que diezmó al país entre 1975 y 1990. Actualmente, se estima que 60 por ciento de la población es musulmana.
En los años de recuperación de esa guerra, el turismo y el comercio se reactivaron, las fuerzas de ocupación sirias se retiraron (después del asesinato del ex primer ministro sirio Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005) y un Líbano unido parecía por fin posible.
Pero todo esto cambió radicalmente tras una incursión de Hizbolá el 12 de julio en que el grupo capturó a dos soldados israelíes y mató a otros tres cerca de la frontera israelo-libanesa. El ataque fue similar a muchos otros anteriores, pero provocó una respuesta devastadora de las fuerzas armadas de Israel.
Menos de 24 horas después de la captura de los soldados, las fuerzas israelíes bombardearon el aeropuerto internacional Rafik Hariri de Beirut, impusieron un bloqueo aéreo y naval a Líbano, y comenzaron bombardeos aéreos masivos en gran parte del país.
«Si no nos devuelven a los soldados, haremos retroceder 20 años los relojes de Líbano», amenazó el jefe del estado mayor de Israel, Dan Halutz, al principio de la guerra. Y la amenaza se cumplió.
El líder de Hizbolá, Sayed Hassan Nasralla, planeaba utilizar a los soldados secuestrados como moneda de cambio por algunos de los miles de libanes y palestinos presos en cárceles de Israel.
Pero el primer ministro israelí, Ehud Olmert, consideró que la acción de Hizbolá fue «un acto de guerra» y respondió con un ataque abierto contra distintas posiciones de ese grupo, que causó la destrucción de gran parte de la capital, Beirut, y otras ciudades. Israel contó con el apoyo diplomático de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Para cuando se implementó un cese del fuego logrado con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 14 de agosto, habían muerto 1.200 civiles libaneses y otros 4.500 habían resultado heridos. Del lado israelí, murieron 43 civiles y otros 1.350 resultaron heridos. Más de un millón de libaneses y hasta 300.000 israelíes fueron desplazados de sus hogares.
Además, gran parte de la infraestructura civil de Líbano fue destruida. Este fue el destino de 70 puentes, 94 rutas y caminos, 20 estaciones de gas y combustible, 350 escuelas, los principales puertos, centrales eléctricas, fábricas de alimentos, represas, iglesias, mezquitas, hospitales, ambulancias y una base de la ONU, según datos del foro mundial y el gobierno de Líbano.
Israel aseguró que la destrucción del puesto de observación de la ONU el 26 de julio fue un accidente, aunque funcionarios de la organización habían advertido reiteradamente a Israel sobre ese peligro. Los cuatro observadores presentes en la base murieron como resultado del ataque, y el personal de rescate que intentó llegar hasta el puesto también sufrió un bombardeo.
Unas 15.000 viviendas de civiles fueron destruidas. El costo estimado de la infraestructura inutilizada supera los 15.000 millones de dólares, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Mientras, los ataques a tanques de petróleo sobre la costa causaron el derrame de 10.000 toneladas de crudo que contaminaron 80 kilómetros de la costa de Líbano y destruyeron la industria pesquera.
Después de la guerra, Israel admitió haber utilizado armas prohibidas, por ejemplo bombas de racimo y con fósforo blanco. Hasta hoy, gran parte del sur de Líbano permanece inhabitable debido a la presencia de bombas de racimo sin explotar. Hasta el 1 de diciembre, unos 250.000 libaneses continuaban desplazados internamente a causa del conflicto.
Por su parte, Hizbolá lanzó cerca de 4.000 cohetes hacia el norte de Israel y una guerra de guerrillas contra los soldados israelíes invasores en el sur de Líbano. Los cohetes mataron a decenas de civiles israelíes, dañaron viviendas y comercios, y forzaron a muchos civiles a vivir temporalmente en refugios subterráneos.
Ambas partes cometieron crímenes de guerra al realizar ataques indiscriminados en zonas civiles.
El 11 de agosto, la ONU aprobó la resolución 1701, que exigió la retirada israelí de Líbano, el desarme de Hizbolá y una fuerza de la ONU más eficaz en el sur de Líbano. Hizbolá no se desarmó.
El fin de la guerra no trajo la tranquilidad a Líbano. El 21 de noviembre, el país se vio sacudido por el asesinato cerca de Beirut del ministro de Industria y líder maronita cristiano Pierre Gemayel, hijo del ex presidente Amin Gemayel.
Pierre Gemayel era un político opositor a Siria, miembro del partido Phalange. Políticos antisirios acusaron a Damasco de estar detrás del asesinato, aunque el gobierno sirio lo desmintió y condenó el atentado.
La muerte de Gemayel se produjo en un momento de crisis del gobierno de Fouad Siniora debido a la renuncia de seis ministros del gabinete que pertenecían a Hizbolá. Los ministros reclamaban un gobierno unidad y liberado de la «influencia occidental».
Desde fines de septiembre, se multiplican las protestas multitudinarias contra el gobierno de Siniora, protagonizadas mayoritariamente por sectores desposeídos de la población, en general pertenecientes a la comunidad chiita. Los manifestantes reclaman representación y servicios básicos.
Hizbolá, con una posición fortalecida tras la guerra, promete atender esos reclamos. Para evitar una división sectaria, el grupo se alió con Michel Aoun, un político cristiano maronita que ha prometido limpiar al gobierno de corrupción.
La inestabilidad política puede agravarse en 2007 si el gobierno de Siniora no realiza grandes concesiones para incluir a Hizbolá y sus seguidores.