Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El 11 de noviembre de 2008 ciento cincuenta policías rodearon el pueblo francés de Tarnac en el marco de la llamada «operación Taiga». Simultáneamente se hicieron registros en Rouen, París, Limoges y Metz. La interpelación de 10 jóvenes es, ante todo, un espectáculo destinado a crear pavor.
Su detención estaría relacionada con unos actos de sabotaje de las líneas de ferrocarril francesas, el SNCF, que el 8 de noviembre provocaron el retraso de algunos trenes de alta velocidad de la línea París-Lille. Los actos perjudiciales, varias catenarias arrancadas, han sido calificados de terroristas aunque en ningún momento amenazaron la vida humana. La acusación, que afirma disponer de numerosos indicios, sobre todo unos escritos y la presencia de los cinco sospechosos cerca de las líneas saboteadas en el momento de los hechos, reconoce no tener ningún elemento material de prueba.
Lo que justifica su inculpación es su perfil. Los arrestaron porque «mantienen unos discursos muy radicales y mantiene relaciones con grupos extranjeros» y muchos de ellos «participaron de forma regular en manifestaciones políticas», por ejemplo, «en las manifestaciones contra la base de datos Edvige y contra el endurecimiento de las medidas contra la emigración».
Según el fiscal de París, Jean-Claude Marin, los cinco jóvenes que están bajo detención preventiva serían el «núcleo duro de una célula que tenía por objetivo la lucha armada». Las otras cuatro personas detenidas fueron puestas rápidamente en libertad condicional, pero seguirán siendo sospechosas de «degradación en reunión sobre las líneas ferroviarias en una perspectiva de acción terrorista». Al no existir elementos de cargo, tres de los cinco detenidos serán liberados después pero permanecerán bajo arresto domiciliario. Por lo que se refiere a su domicilio, ha sido considerado «lugar de reunión, de adoctrinamiento, una base de retaguardia para acciones violentas».
El discurso del poder procede a un doble desplazamiento: simples actos de sabotaje como los que puede haber, por ejemplo, en un movimiento social, son calificados de terroristas y estos actos son atribuidos necesariamente a los jóvenes de Tarnac, a pesar de que la policía reconoce la ausencia total de todo elemento material de prueba. La imagen del terrorismo erigida por el poder crea una realidad que sustituye a los hechos. Estos no se niegan, pero se les deniega toda capacidad explicativa. Los actos de sabotaje sólo pueden ser actos realizados por personas a las que se designa como terroristas. El acto de nombrar, anterior a todo procedimiento de evaluación objetiva, invierte ésta y la encierra en la imagen, en una forma vacía. Este procedimiento es la culminación de un proceso rápido de subjetivación del orden jurídico.
No se niega la ausencia de elementos materiales que permitan demandar a los acusados, pero se invierte la necesidad de que prevalezcan los hechos en beneficio de la primacía de la imagen construida por el poder. Es particularmente interesante la postura de la ministra [del Interior] Alliot-Marie, retomada en un informe de la Dirección Central de los Servicios de Información Interior: «Han adoptado un método de clandestinidad», asegura la ministra. «No utilizan nunca teléfonos móviles y residen en entornos donde es a la policía le resulta muy difícil investigar sin ser descubierta. Se las han arreglado para tener en el pueblo de Tarnac unas relaciones amistosas que podrían prevenirles de la presencia de extraños». Pero la ministra reconoce: «No había indicios de atentados contra personas».
Estas declaraciones resumen bien el asunto. Lo que convierte a estos jóvenes en terroristas es su modo de vida, el hecho de que traten de escapar a la máquina económica y que no adopten un comportamiento de sumisión «proactiva» a los procedimientos de control. No tener teléfono móvil se convierte en un índice que establece intenciones terroristas. Restablecer el vínculo social también es un comportamiento incriminado puesto que esta práctica reconstruye el vínculo simbólico y permite establecer un seguro al despliegue de la omnipotencia del Estado.
En las declaraciones de la ministra Alliot-Marie la referencia a los hechos, en ausencia de todo índice material concluyente, no puede ser integrada racionalmente y engendra la fase del delirio, una reconstrucción de lo real con la imagen del terrorismo como soporte.
Este proceso también es visible en los informes de la policía en los que a nivel del lenguaje se opera toda una reconstrucción fantasmal de la realidad. Así, como índice material que prueba la culpabilidad de los acusados la policía habla de «documentos en los que se precisan las horas de paso de los trenes, comuna por comuna, con horario de partida y llegada a las estaciones». Un horario de la red ferroviaria se convierte así en un documento particularmente inquietante cuya posesión implica necesariamente la participación en el deterioro del material de la compañía ferroviaria.
La escenografía de la detención y acusación de los «autónomos de Tarnac» es un fenómeno que es muestra no sólo de una conmoción del orden jurídico, sino también de una mutación más profunda, la del orden simbólico de la sociedad. La inversión del papel de la ley es ella misma el fenómeno de una inversión* de la Ley simbólica.
El poder tiene la posibilidad de crear una nueva realidad, una virtualidad que no suprime los hechos sino que los suplanta. La debilidad del movimiento social, el fracaso de la función simbólica, explica la ausencia de freno a la omnipotencia del Estado que se muestra en tanto que imagen englobante, en tanto que figura materna. Una estructura psicótica, un orden que suprime todo conflicto, toda posibilidad de confrontación con lo real sustituye a un orden social neurótico que se revela contradictorio.
Esta construcción psicótica no es producto únicamente de las autoridades francesas. Bélgica también lo comparte**. EL 27 de noviembre se produjeron una detención, registros y embargos en el domicilio de miembros del comité belga de apoyo a los acusados de Tarnac. La orden de registro llevaba la mención «asociación de malhechores y deterioros en reunión». Poseer documentos relativos a un comité de apoyo puede, según la relación de fuerzas del momento, autorizar las diligencias judiciales y, en cualquier caso, asocia a quienes los poseen a la investigación que se lleva a cabo en Francia.
Jean-Claude Paye es un sociólogo belga, autor de El final del Estado de derecho, Hiru, Hondarribi, 2008.
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* N. de la t.: El autor utiliza el término lacaniano, intraducible al castellano, de «père-version», formado sobre las palabras «padre» (père) y «perversión» (perversion).
** N. de la t.: También el Estado español utiliza sistemáticamente la presencia de propaganda contra la llamada «Y vasca» (TAV) para inculpar a miembros de las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale.