Marcha en el país del miedo

A menudo, la celebración en los países consiste en desfiles militares, clases escolares reunidas, padres que aplauden y grupos musicales. En El Salvador, las cosas volvieron a ser un poco diferentes este año.

Desde hace semanas, los dos grandes bloques sociales de la oposición, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Alianza Nacional El Salvador en Paz, han convocado dos manifestaciones distintas para el 15 de septiembre. En el Bloque, una coalición de 34 organizaciones sociales, se reúnen varias fuerzas de izquierda, incluyendo una parte importante de la base histórica del FMLN, pero también nuevos esfuerzos como las Juventudes Antifascistas, feministas autónomas o segmentos de la iglesia. En la Alianza a su vez, aunque está dirigida por un representante de ex-combatientes de la guerrilla, las fuerzas determinantes se basan en la derecha: sindicatos amarillos, que durante años combatieron todos los esfuerzos de reforma de los anteriores gobiernos del FMLN, ex soldados de las FF.AA. Representan a una derecha opuesta a la dictadura y actúan en las calles.

Los temas centrales de la movilización fueron el rechazo a la reelección del presidente Nayib Bukele, claramente prohibida por la Constitución (pero que él mismo puso en marcha a través de un poder judicial depurado de manera golpista), la enorme crisis social, incluido el peligroso endeudamiento del Estado, y el rechazo al estado de excepción, vigente desde hace más de medio año, en la supuesta guerra contra las estructuras criminales de las maras. Según el régimen, el ejército y la policía han metido desde entonces a más de 52.000 presuntos miembros de las maras en cárceles (enormemente superpobladas). En realidad, se trata muchas veces de jóvenes, principalmente de zonas pobres, que son encarcelados de forma arbitraria y brutal. No está claro su porcentaje de todas las detenciones; algunas voces hablan de más de la mitad, otras de alrededor del 40 por ciento, el régimen sabe como mucho de uno por ciento. Más de 80 de estos detenidos han muerto en prisión, muchos de ellos con huellas de brutales maltratos por parte del personal penitenciario o de mareros en las celdas con enorme hacinamiento. Los familiares a menudo desconocen el paradero de sus seres queridos, si están recibiendo o no los medicamentos entregados que a veces son esenciales para la supervivencia, si están o no vivos. En un caso, una familia se enteró de la muerte de su ser querido dos meses después de forma indirecta.

La popularidad de Bukele, que se venía desmoronando tras la introducción de la criptodivisa Bitcoin como segunda moneda nacional hace un año, se ha disparado hasta la vertiginosa cifra del 80% en los últimos meses, según las encuestas, gracias a su supuesta guerra contra las maras. Pero hay dudas. Ciertamente, mucha gente ve con buenos ojos un ataque duro a las maras, especialmente entre las clases populares que han tenido que soportar durante años su terror. Pero la lectura  de las encuestas hace que uno se pregunte. Aunque una clara mayoría está a favor de la «guerra contra las maras”, al mismo tiempo la mayoría de la gente sólo quiere que las detenciones sean ordenadas por un juez, es decir, que no haya detenciones basadas en la «impresión» que los miembros del ejército y de la policía tienen de alguien, y ciertamente ninguna basada en denuncias anónimas. Sin embargo, son precisamente estas cláusulas arbitrarias las que sirven de base a muchas detenciones.

Muchas actividades gubernamentales relevantes (como los gastos presupuestarios) están sujetas al secreto durante varios años. Después de que medicina legal diagnosticara repetidamente rastros de tortura en los cuerpos de las personas detenidas bajo el estado de excepción, el régimen tomó medidas: medicina legal fue puesto bajo el mando del ejército. Sólo para indicar el alcance de la política de no-transparencia (como se dice): Después de que la oficina nacional de estadística Digestyc, conocida por sus encuestas técnicamente serias, constatara hace unos meses un impresionante aumento de la pobreza en el país, la mayoría parlamentaria bukelista decidió suprimirla, diciendo que el Banco Central se encargaría en adelante de estas tareas. Estos ejemplos “absurdos” preparan el terreno para el incesante bombardeo propagandístico del régimen en los medios tradicionales y digitales.

Pero, poco a poco, los límites de este modelo surgen a la vista. Últimamente, se oye hablar de episodios todavía muy aislados en los que una comunidad intenta persuadir a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de capturar a una persona porque es muy apreciada en la comunidad y ciertamente no es un miembro de la marina. Hace apenas dos meses, esto era inimaginable en el País del Miedo. En las comunidades urbanas y rurales asoladas por la pobreza, la gente sabe de muchas detenciones absolutamente arbitrarias (para alcanzar una cuota de capturas fijada «desde arriba», pues de lo contrario existía la amenaza de represalias), de la grave situación de las familias afectadas, que a menudo pierden su única fuente de ingresos. Los testimonios de los afectados son estremecedores. Esta realidad no puede pasar de largo por las Comunidades sin dejar huella, por muy grande que sea su entusiasmo por Bukele y su supuesta guerra de maras. Tarde o temprano, esto tiene que expresarse, haya o no haya encuestas, fanatismo o trolls digitales.

El Bloque lleva tiempo trabajando para formar un comité de familiares de los capturados bajo el estado de excepción. En las últimas semanas, esto ha tomado una forma concreta. Cientos de familiares se han organizado en la organización Movir. Y Movir estuvo claramente presente en la manifestación del día 15.

Observadores estiman la participación en la manifestación del Bloque en 10-15.000 personas, la de la manifestación de la Alianza en torno a 3000-5000. Esto puede parecer relativamente bajo teniendo en cuenta el dramatismo de la situación, pero por el contrario es una expresión de la misma. En el artículo enlazado anteriormente se describe el avivamiento del miedo en la población, mediado por las terribles condiciones del régimen de excepción. Al igual que antes del 1 de mayo, todos debían preguntarse si querían correr el riesgo de desaparecer en el «agujero negro» del sistema penitenciario durante un tiempo ilimitado como simpatizantes de la Mara. De todos modos, la posibilidad de participar desde el interior del país estaba masivamente limitada por los habituales bloqueos de carreteras por parte del ejército y la policía; para el 15, el ejército ya había instalado los primeros puntos de control en las carreteras terrestres hacia la capital tres días antes. Según informes de zonas históricas del FMLN en el departamento de Chalatenango, casi nadie, y menos los jóvenes, se atrevió a participar en la manifestación esta vez, para no ser capturados como miembros de la Mara en el camino.

Tres días antes del 15, Bukele anunció un gran desfile militar con muchas orquestas de música y participación popular en una ruta hasta el parque Cuscatlán, el lugar de reunión del bloque. El 14 de septiembre, anunció generosamente un día festivo el viernes para que la gente pudiera hacer el puente. La conocida mezcla de soborno y represión.

Aunque acudió más gente al desfile bukelista  – los padres de las clases de la escuela integradas al desfile, en cualquier caso, pero también muchos curiosos – fue estupendo ver los aviones de combate tronando por encima y tantas bandas tocando – la presencia siguió estando muy por debajo de las expectativas del campamento gubernamental, a pesar de las listas de control de presencia de los empleados estatales. Al mismo tiempo, la dimensión de las manifestaciones de la oposición hizo imposible descartarlas como minieventos. Bukele reaccionó a su manera: ni siquiera se presentó al desfile (el ejército había retrasado su inicio en previsión de llegada del presidente). En su lugar, anunció por la noche que se presentaría de nuevo a la elección presidencial en febrero de 2024. Tal y como estaba previsto, esto alejó a las manifestaciones de la oposición de los titulares.

Sin embargo, el día 15 es un claro éxito para los movimientos sociales. Surgieron nuevos momentos en el todavía largo camino hacia condiciones no-dictadoriales. En primer lugar, más personas superaron el miedo que el 1 de mayo. Esto se debe a que las condiciones se están volviendo poco a poco insoportables: desde el estado de excepción pasando por los despidos masivos de empleados públicos hasta el hambre. El miedo difuso propagado por el estado de excepción ha llevado, por ejemplo, a que los vendedores ambulantes de San Salvador, antes alborotados, se dejaran desalojar del centro de la ciudad sin oponer resistencia. Pero ahora la resistencia está surgiendo lentamente aquí y allá más allá de los segmentos organizados. Por ejemplo, Bukele quiere desalojar a las comunidades que se han asentado a lo largo de las vías del ferrocarril que se cerró en los años 80, en favor de un ferrocarril ultrarrápido que se ha anunciado desde que llegó al poder. Gente de estas comunidades, donde trabaja el Bloque, acudió a la manifestación, al igual que los familiares de los presos organizados en el Movir, muchos de los cuales habían votado a Bukele. 

Incluso los acontecimientos poco llamativos son notables. Si se da una trabazón de tráfico en algún lugar, empieza un “concierto” de claxones. Peor si un autobús se queda atascado a causa de una manifestación. Hasta ahora, motoristas y pasajeros han arengado e insultado a cuantos manifestantes les impiden avanzar. El 15 ya no. En varias ocasiones se observó que las personas que iban en el autobús permanecían en silencio, y que el motorista no avanzaba. No, no rompieron en aplausos. Pero ya no maldecían.

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