El 26 de enero de 1983 ocho periodistas y un guía andino fueron brutalmente masacrados por campesinos al servicio de las fuerzas armadas. Este brutal crimen fue perpetrado en la comunidad de Uchuraccay (Ayacucho) por campesinos adiestrados y dirigidos por la Marina de guerra del Perú. Con este crimen, el gobierno y las fuerzas armadas […]
El 26 de enero de 1983 ocho periodistas y un guía andino fueron brutalmente masacrados por campesinos al servicio de las fuerzas armadas. Este brutal crimen fue perpetrado en la comunidad de Uchuraccay (Ayacucho) por campesinos adiestrados y dirigidos por la Marina de guerra del Perú. Con este crimen, el gobierno y las fuerzas armadas ponen en evidencia la utilización de rondas campesinas en la lucha contrainsurgente contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Con este crimen el gobierno inaugura «las aldeas estratégicas» (rondas) contra la subversión. Ello ocurrió durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) un personaje del derechista partido Acción Popular (AP) que en la década del 90 colaboraría estrechamente con el régimen de Alberto Fujimori.
Los periodistas habían llegado hasta esa localidad para investigar la muerte de presuntos miembros del Partido Comunista del Perú, entre ellos algunos menores de edad, por pobladores de la vecina comunidad de Huaychao. Las Fuerzas Armadas habían empezado con su táctica de organizar comunidades campesinas contra las guerrillas como lo hicieron norteamericanos en Vietnam y que después se haría de uso corriente en Guatemala, El Salvador y Colombia.
Los periodistas fueron asesinados a golpes con palos, piedras y hachas. Tras la masacre se creó una comisión investigadora presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, hoy premio Nóbel de Literatura. La comisión investigadora determinó que los comuneros de Uchuraccay habían creído que los periodistas eran miembros de Sendero Luminoso confundiendo sus cámaras fotográficas con fusiles. Esta comisión investigadora presidida por Vargas Llosa concluyó que la masacre era producto de la existencia de «diferencias culturales entre los campesinos quechuahablantes y los periodistas provenientes de un mundo urbano» y que las «Fuerzas Armadas no habían tenido ninguna responsabilidad en el hecho». «Todos somos culpables», dijo Vargas Llosa en su conclusión final.
Estas conclusiones contradecían todas las evidencias. En esta época las Fuerzas Armadas ejercían el control militar del campo. Uchuraccay estaba controlada por la Marina. Los militares intentaban organizar comunidades campesinas contra Sendero Luminoso y estaban en contacto directo con los campesinos, controlándolos y organizándolos para lucha antiguerrillera. La versión oficial decía que los campesinos de Uchuraccay habían confundido las cámaras fotográficas de los periodistas con armas. Pero se sabía que muchos campesinos de la zona habían hecho el servicio militar obligatorio y no podian confundir un fúsil con un aparato de fotografia
De esta manera, la comisión Vargas Llosa exculpó la política de violación sistemática de derechos humanos como pilar de la estrategia contrainsurgente del Estado peruano y eximió a militares asesinos, encubrió una masacre y, de esta manera, muchas otras y legitimó la militarización del campo peruano.
Al exculpar a los militares, Vargas Llosa se convirtió en complice de la matanza de Uchuraccay.
El escritor peruano, para encubrir este crimen, pretendió dar un tono literario a la masacre. En una entrevista concedida posteriormente Vargas Llosa afirmó que la masacre había sido producto de la existencia de «dos Perús», uno compuesto por hombres que viven en el siglo veinte y otros, como los pobladores de Uchuraccay, que vivían en el siglo XIX o incluso en el siglo XVIII.
Los hechos posteriores fueron confirmando las sospechas en torno a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. 135 de los comuneros de Uchuraccay fueron muertos en los años posteriores, la mayoría de ellos desaparecidos por militares quienes pretendían de tal manera desaparecer cualquier vestigio de responsabilidad en la masacre de los periodistas. Los familiares de las víctimas han denunciado en repetidas oportunidades que han sido amenazados y presionados para que no hagan denuncias para el esclarecimiento de la masacre.
A pesar de esto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar los crímenes cometidos en el marco de la guerra interna entre 1980 y 2000, avaló la tesis de la comisión Vargas Llosa y exculpó a las Fuerzas Armadas. Es este uno de los casos más claros en los cuales se evidencia que esta Comisión de la Verdad ha servido a escribir una Historia Oficial de la guerra interna exculpando a militares, policías o paramilitares o para minimizar su responsabilidad en los asesinatos, masacres, desapariciones y torturas cometidas contra ciudadanos y ciudadanas peruanos.
Posteriores investigaciones no sólo han traído más luces y demuestran la coautoría de las Fuerzas Armadas en la masacre. Fernando Fuchs Valdez ha investigado el caso y ha revelado detalles de la coautoría de los militares. Según las investigaciones Fuchs Valdez, los militares no sólo alentaron la masacre sino que tendieron la celada a los periodistas y su guía. La región estaba llena de agentes de inteligencia que avisaron a los comuneros de Uchuraccay de la llegada de los periodistas y les dieron las órdenes de asesinarlos. Los responsables de la masacre fueron el Presidente Fernando Belaúnde en tanto Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Clemente Noel como Jefe del Comando Militar de Huamanga, capital de Ayacucho, el oficial de la Marina Duffo, mando militar de la provincia de Huanta y su lugarteniente el marino Artaza Adrianzén. (Ver entrevista a Fuchs Valdez en: http://www.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica ha declarado en el 2010 admisible la demanda interpuesta por los familiares de la masacre para que lleve acciones para que el Estado peruano corrija las irregularidades en las investigaciones de la masacre de Uchuraccay por parte del Poder Judicial peruano. Esta demanda fue interpuesta por los familiares de las víctimas.
Se han cumplido 30 años de mentiras, amedrentamiento sistemático a los familiares de las víctimas para intentar ocultar a los verdaderos responsables y asesinato selectivo de los testigos. Esta historia de infamia empezó con el informe de la Comisión Vargas Llosa que se esmero en tergiversar y ocultar informaciones, acallar a los familiares, exculpar a los militares y al gobierno de Belaúnde de toda culpa. El 26 de enero, aniversario de la masacre de Uchuraccay, quedara marcada con sangre en la copiosa biografía de Mario Vargas Llosa cuya pluma sivió y renombre ha servido para encubrir a militares asesinos.
Fuente: http://eldiariointernacional.