¿Cuál es nuestra visión de las instituciones democráticas bajo un gobierno de izquierda? ¿Qué escollos encuentra hoy el objetivo definido por el IV Congreso del FA de avanzar en la profundización de la democracia? Discusión y democracia interna para mejorar nuestra acción política La clave está en una acción política de masas por soluciones populares […]
¿Cuál es nuestra visión de las instituciones democráticas bajo un gobierno de izquierda? ¿Qué escollos encuentra hoy el objetivo definido por el IV Congreso del FA de avanzar en la profundización de la democracia?
Discusión y democracia interna para mejorar nuestra acción política
La clave está en una acción política de masas por soluciones populares capaz de vencer la resistencia de los defensores del privilegio y la dependencia. Es decir, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas, de los sindicatos, de las cooperativas, de los impulsores en todos los terrenos de iniciativas culturales que procuren consustanciarse con las angustias y los anhelos populares. Y fortalecer al FA.
Nos enfrentamos a la lógica de los que controlan los medios de comunicación y desde ellos inflan o ignoran hechos y opiniones, actuando a menudo en sintonía y sin rendirle cuentas a nadie. Gestores de «imperios de lo efímero», a partir de electrizantes «noticias» de las que, unos días después, ya nadie habla, pero que en su minuto sirvieron para despistar y confundir.
En estas circunstancias, todo discurso que nos saque del esfuerzo por fundar sobre bases racionales nuestra acción política es equivocado. Y si el que lo hace es un dirigente político, es una «omisión de asistencia» ante las preocupaciones de una gran masa de ciudadanos que alentó esperanzas de cambio votando al Frente Amplio y que hoy no termina de entender muy bien qué es lo que está pasando.
La avalancha
En las últimas semanas se han sucedido decisiones importantes y discutibles: la participación de Uruguay en la O. Unitas, la apertura de la discusión sobre el pasaje de las empresas públicas a un régimen de derecho privado, la firma del Tratado con los EE.UU., la difusión pública de los ejes de una reforma tributaria y el tratamiento legislativo del proyecto de Presupuesto Nacional (P.N.).
Algunos de estos temas tienen una importancia más bien simbólica. Otros, tienen efectos institucionales y políticos relevantes y que -hasta ahora- no se han puesto de manifiesto. No me propongo intervenir sobre todos los asuntos que están en la agenda sino sobre el presupuesto que hoy lunes se está discutiendo y votando en el Senado.
Los contenidos político-institucionales del Presupuesto Nacional
Contrariamente a lo sustentado siempre por el FA, a través de disposiciones contenidas en este PN se acrecientan las facultades del M. de Economía en la regulación del flujo presupuestal y por ende en el conjunto del gobierno y del aparato del Estado.
Varios artículos del P.N. otorgan facultades al P. Ejecutivo sin hacer referencia a un aspecto clave del ordenamiento institucional del país: el Poder Ejecutivo debe actuar siempre con uno o dos ministros o en Consejo de Ministros.
Tratándose de la fijación de prioridades presupuestales, lo razonable es que acción de gobierno se realice en una instancia colectiva, en la que estén presentes todos los secretarios de Estado ya que allí se estará definiendo la asignación de los recursos que cada ministerio tendrá para la realización de sus cometidos.
También se acrecientan las facultades del M. de Economía cuando, en asuntos que han sido objeto de la ley, se prescinde de la instancia legislativa para adoptar decisiones posteriores.
Por ejemplo en el Artículo 4 se autoriza al P. Ejecutivo a efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el P.N.
Después, simplemente «se dará cuenta» a la Asamblea General.
Batlle y Bensión lo hicieron
La materia de este artículo (errores u omisiones numéricas o formales) fue objeto de un artículo (el 5º) en el PN impulsado por la administración pasada (Batlle-Bensión).
En el primer año de vigencia de aquel Presupuesto, el P. Ejecutivo detectó errores que dejaron en sus manos alrededor de 500 millones de pesos. Para decidir sobre estos recursos, el P. Ejecutivo emitió alrededor de 100 (cien) decretos. Esos recursos no fueron decididos en el Consejo de Ministros ni, por supuesto, tampoco se le dio participación al Parlamento.
Ahora se reitera el mecanismo. Como de lo que se trata es de una norma que ha tenido tratamiento legislativo, lo lógico es que en la corrección de sus errores u omisiones y en el destino de los recursos también tenga participación el órgano legislativo, representante directo de la soberanía nacional.
Un ministerio con manos de tijera
En el art. 32 se establece: «Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el P. Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias y de gastos de inversión (…) a fin de ajustar los desvíos producidos».
(…) El P. Ejecutivo determinará en función de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno, el tipo de actividad que se priorizará en caso de restricciones fiscales.»
Como se puede apreciar hay aquí facultades acrecentadas, propias de un súper ministerio que, en materia de recursos públicos decide por sí y ante sí.
Aquí no aparece incorporada la existencia de una programación que jerarquice racionalmente unos gastos sobre otros ni de un plan, de acuerdo a los sueños de los constitucionalistas de 1966 cuando se creó la OPP. Siguiendo el trillo inaugurado por el pionero del neoliberalismo Alejandro Vegh Villegas, Planeamiento hace «mutis por el foro».
En este presupuesto, el único plan que parece existir y al que se someten todas las demás funciones del Estado, es «velar por la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las cuentas públicas» (Art. 31)
Más adelante se hace referencia a la existencia de unos Lineamientos Estratégicos de Gobierno, de los que hasta ahora bien poco se ha oído hablar. ¿Serán acaso los contenidos en las resoluciones del IV Congreso del FA?
Se informa que estos lineamientos se encuentran en los Anexos del P.N., documentación a la que habitualmente no se accede para su tratamiento parlamentario. De todos modos el enunciado es demasiado genérico y deja en mano del M. de Economía una amplia discrecionalidad.
También el Art. 26, cuando establece «Las observaciones que por incumplimiento de las normas vigentes de administración financiera, o por razones de mérito u oportunidad formulen los funcionarios de la Contaduría G. de la Nación destinados a control presupuestario y financiero (del conjunto de los ministerios), cuando no sean subsanadas por el ordenador competente, serán comunicadas al M. de Economía.
Como resulta obvio, las llamadas razones de mérito u oportunidad son de naturaleza típicamente política. En esta norma no se le da cabida ni a la OPP, ni a los propios Ministerios. Queda como una facultad exclusiva del M. de Economía.
Hay más artículos (entre otros el 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, el 39, que dice que el PE podrá disponer del 6% del total, unos 400 millones de U$A en 5 años) que van en el mismo sentido. Pero queda nos poco espacio para desarrollar el contenido de esas normas.
Un súper ministro y una fila.
El incremento de los poderes de los ministros de Economía ha venido siendo una constante en A. Latina desde hace ya varios años. Esta deformación institucional ha sido, hasta ahora, perfectamente funcional a las políticas de ajuste y achicamiento del Estado impulsadas por el FMI. Y funcional también al vaciamiento de las democracias.
Controlando las principales palancas de decisión en materia de gasto público, los súper ministros están en condiciones de supeditar el conjunto de la acción de gobierno, con la asignación de los recursos que necesitan como el aire la mayoría de los ministerios: escudilla en mano, todos a la fila. El MEF decidirá.
Esta preeminencia se hace en perjuicio de otros órganos constitucionales, especialmente del Parlamento, institución que en la tradición política de la izquierda hemos defendido como un ámbito de lucha por los intereses populares, por la transparencia y la clarificación de los debates que orientan a la ciudadanía. Sobre el Parlamento se está en condiciones de influir con la movilización popular, por eso históricamente no ha sido confiable para los impulsores del neoliberalismo.