Guatemala, 4 de octubre de 2012, Totonicapán. El ejército asesina a ocho personas, desaparece a otra, y hiere de bala y de arma blanca a múltiples mujeres y hombres procedentes de los 48 cantones del territorio. Motivo: las movilizaciones pacíficas llevadas a cabo con el objetivo de protestar frente a los abusivos precios de la […]
Guatemala, 4 de octubre de 2012, Totonicapán. El ejército asesina a ocho personas, desaparece a otra, y hiere de bala y de arma blanca a múltiples mujeres y hombres procedentes de los 48 cantones del territorio. Motivo: las movilizaciones pacíficas llevadas a cabo con el objetivo de protestar frente a los abusivos precios de la electricidad, así como por la defensa de la educación pública y de calidad, entre otros reclamos.
Guatemala, 1 de mayo de 2012, Santa Cruz de Barillas. Una persona es asesinada y 10 permanecen hoy en día todavía encarcelados, acusados de sedición y terrorismo, enfrentando penas de incluso 50 años. Motivo: La oposición mayoritaria de las comunidades del municipio a la construcción de una central hidroeléctrica, decisión que incumple la legislación internacional (convenio 169 de la OIT), ya que no respeta la consulta popular realizada, y que mayoritariamente vota no a este proyecto.
Estos son dos ejemplos recientes de toda una serie de agresiones violentas a los sectores populares en Guatemala. Desgraciadamente, la lista es amplia, y su periodicidad, persistente: Polochic, San Juan Sacatepécez, Uspantán, etc., son sólo algunos de los casos más graves. Ante ello, pudiéramos caer en la tentación de interpretarlos como hechos aislados. O, quizá, como la continuidad inerte de la ya de por sí muy violenta historia de Guatemala desde los años 60 del siglo pasado.
Lamentablemente, creemos que no es así. Al contrario, pensamos que la escalada de violencia política no es sino el ensayo de un modelo social todavía más excluyente y antidemocrático, en el que se plantea incluso la implantación de nuevos gobiernos cívico-militares. Éstos serían, de esta manera, la única forma política capaz de sostener la agudización del proyecto neoliberal en esta crisis civilizatoria. En este sentido, el gobierno actual, presidido por Pérez Molina (militar e implicado en el genocidio producido durante el conflicto armado entre 1960-1996), no sería sino un paso más en esta estrategia de militarismo neoliberal.
En este punto es necesario resaltar que este nuevo modelo no es una cuestión estrictamente guatemalteca, sino que tiene a su vez alcance global. Así, cada vez más, y por supuesto que no sólo en Guatemala, el capitalismo y la democracia entran en una contradicción creciente, incluso con la democracia de baja intensidad actualmente hegemónica. De esta manera, la lógica capitalista, ante la crisis actual, no hace sino acrecentar la búsqueda desesperada de ganancia, y se está dispuesto a todo con tal de conseguirla. En este sentido, y consciente de su creciente falta de legitimidad, los actores fundamentales del sistema -empresas transnacionales y oligarquías locales- se quitan progresivamente la careta democrática y recurren a la fuerza, a la violencia, a la represión, para poder desarrollar su proyecto injusto e inequitativo. Siempre lo han hecho, ya lo sabemos, pero ahora de manera más evidente, sin ambajes, a cara descubierta. Y necesitan experiencias probatorias para ello: Guatemala es uno de sus exponentes.
Este sería por tanto la propuesta política que se ensaya en Guatemala: empresas transnacionales; oligarquías alineadas con los mercados globales; policía y ejército como elementos de represión generalizada; gobiernos sin pretensiones ni ropajes democráticos, al servicio explícito y directo de las necesidades de los que detentan el poder.
Así, la violencia política que sufre el país puede ser entendida a la puesta en práctica de este proyecto militarista neoliberal, atajando la contestación social y preparando el camino para este tipo de gobierno, no de mano no dura, sino durísima. De esta manera, si escarbamos un poco en los casos antes citados, descubriremos que el gobierno del militar Pérez Molina y la Embajada Española apoyan de manera explícita la construcción ilegal de la hidroeléctrica en Barillas por parte de la empresa constructora, que no es otra que la gallega Hidralia Energía, favorecida con créditos de Bankia. Al parecer, el supuesto asesino es parte de la filial de dicha empresa, la Hidro Santa Cruz, según informan fuentes comunitarias.
O también descubrimos que la causa que generó la movilización que acabó con el asesinato de 8 personas a manos del ejército en Totonicapán -el precio desorbitado de la luz-, tiene su origen en la privatización del sector, que pasó a manos de Unión Fenosa, que después vendió la empresa a una compañía colombiana. Ambas, por supuesto, incrementaron precios e impidieron cualquier negociación ni diálogo con las comunidades.
Pero aún descubrimos más. En un país de enorme pobreza, y a la vez que ocurría todo esto, se anuncia también la compra de seis aviones militares y de radares especiales por parte del ejército guatemalteco, presumiblemente con fines antisubersivos. El valor enorme de esta compra se financia con créditos millonarios, concedidos por el BNDES brasileño y…por el BBVA.
Esto es lo que hay, por tanto: empresas gallegas, españolas, colombianas, ejército, seguridad privada, oligarquías, gobierno guatemalteco, embajadas, por un lado. La ciudadanía, los sectores populares, por el otro. La cuerda se tensa.
En definitiva, son varios los aprendizajes que tenemos que hacer de la situación de Guatemala: el primero, que este capitalismo salvaje sólo se para con una fuerte, rotunda y contundente contestación social, y los movimientos sociales y comunitarios guatemaltecos lo están haciendo. Desde aquí nuestro más profundo reconocimiento; el segundo, la solidaridad internacionalista es fundamental este momento, ya que la denuncia y la contestación frente a todos los actores involucrados es una responsabilidad compartida y global, al igual que las redes capitalistas globales que vemos operan en Guatemala; el tercero, Guatemala no es sino la antesala de lo que puede llegar a otras latitudes, también aquí a Europa. En este sentido, siempre creímos que el ajuste estructural era cuestión de países empobrecidos, y, mira por donde, ahora lo tenemos encima, aplastándonos. ¿Queremos que Guatemala prefigure otra vez nuestro futuro? Parémoslo mejor ahora, por ellos, por ellas, pero también por nosotros, por nosotras.
Actuemos, denunciemos, generemos alianzas, confianzas. Toda nuestra solidaridad por tanto con el pueblo de Guatemala, toda nuestra denuncia a las empresas transnacionales europeas. Un futuro común, una lucha común.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Mesa Internacionalista de Alternatiba (Pais Vasco)