Anualmente en distintas regiones del mundo, la pobreza, la carencia de trabajo y la violencia producen migraciones transfronterizas de millones de personas.
Desde hace décadas, estos contextos de expulsión de migrantes se han incrementado con el estructural aumento de la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y la acumulación de riqueza derivadas de la globalización neoliberal.
Las migraciones internacionales implican la redistribución espacial a través de diferentes países de grandes poblaciones y de una masiva fuerza de trabajo (indispensable para los procesos productivos de las economías de altos ingresos del norte global). Pero también son miles los migrantes que, año con año y en rutas geográficas muy adversas y peligrosas, pierden la vida y desaparecen, en sitios como el Mediterráneo y el desierto de la frontera México Estados Unidos de América (EUA). Según el Missing Migrante Project, y sabiendo que se trata de cifras conservadoras que no reflejan la gravedad de la situación, para el 2021 se registraron 6,041 migrantes muertos y desaparecidos a nivel global. Y los acumulados históricos de 2014 a la fecha, y de acuerdo a las principales regiones del mundo, son muy drásticos: 24,667 migrantes muertos y desaparecidos en el Mediterráneo; 11,816 en África; y 6,672 en América, principalmente en la frontera México EUA, lugar con más del 60% del continente.
Asimismo desde hace años y en diversos lugares del norte global (EUA, ciertos países de Europa, entre otras regiones), también se han incrementado las narrativas y prácticas sociales y estatales de estigmatización, discriminación y racismo que, sin fundamento empírico y carentes de evidencia, hacen responsables a los migrantes de diversos problemas sociopolíticos y económicos de los países y sociedades de destino. Hay una tendencia creciente en diversos países y regiones del norte global al cierre de fronteras, la contención y la criminalización estatal de las poblaciones migrantes irregularizadas.
En este contexto, y como lo han apuntado diferentes estudios e informes (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Servicio Jesuita Migrante, Médicos Sin Fronteras), las muertes y desapariciones migrantes no son hechos naturales y neutros; ni se deben “únicamente” a los riesgos de los medioambientes biofísicos de las rutas migratorias. Por el contrario, tienen procesos de construcción social y están relacionadas con el ejercicio de ingeniería político jurídica de los países de tránsito y destino de concebir y “producir” a los migrantes como transgresores de la ley y criminales. Desde el aparato estatal y ciertos sectores del sistema de medios de comunicación, el hecho de que se “muestre” a las poblaciones migrantes como infractoras de marcos jurídicos, permite la configuración de políticas que las criminalizan, cierren las fronteras y se incumplen sus derechos. Esto genera, además, que los migrantes sean más vulnerables a agresiones, abusos y delitos en su contra; y, para evadir a las autoridades de los países de tránsito y destino, se expongan a rutas de tránsito mucho más peligrosas, inseguras e invisibilizadas.
Un ejemplo de esto es lo que acontece en los procesos migratorios irregularizados de Centroamérica y México hacia EUA. Como han mostrado las investigaciones de Cornelius, Heyman y Martínez y el trabajo de diversas redes y organizaciones pro migrantes (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Servicio Jesuita Migrante, Médicos Sin Fronteras), a partir de las políticas migratorias estadounidenses de criminalización migratoria y del cierre/militarización de fronteras de mediados de los años 1990 a inicios de este siglo (considerando hasta la fecha), las rutas de tránsito migratorio se modificaron y se han hecho mucho más peligrosas e inseguras. Esto ha desembocado en un incremento sustancial en el número de migrantes muertos y desaparecidos en la frontera México-EUA, principalmente en sitios con intensos procesos de cruce fronterizo irregularizado, como el desierto de Altar (entre Sonora y Arizona) o el río bravo. Por ejemplo, sólo entre 2014 y la fecha, el Missing Migrant Project registró 4,071 muertes y desapariciones en la frontera México-EUA. Este es un fehaciente recordatorio de que, para salvar vidas, es necesario dejar de criminalizar a los migrantes y desistir del cierre y securitización de fronteras. Por el contrario, habría que centrarse en el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la justicia social hacia las poblaciones extranjeras irregularizadas. Los migrantes no son delincuentes, sino personas que, con diversas estrategias y capacidades de agencia, intentan tener una vida mejor recurriendo a la migración.
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