“Los dirigentes políticos convirtieron el escrutinio en un caos. Pobre Honduras. Un pueblo de primera con dirigentes de tercera” (Edmundo Orellana, ex Fiscal General)
No cabe duda que Honduras es especial. De base militar gringa, todavía visible, se ha convertido en un país productor de cocaína y uno de los más corruptos de Latinoamérica, con una clase política que busca el poder para robar. El golpe de Estado de junio de 2009 contra Manuel Zelaya Rosales marcó un punto de inflexión, al destruirse la poca institucionalidad para favorecer el autoritarismo, la corrupción e impunidad, y ligar el gobierno al narcotráfico.
El Partido Nacional, un partido de derecha y oligárquico, después de la mal llamada vuelta a la democracia en 1982, ejerció el poder entre 1990-1993 y 2002-2005, y después del golpe de Estado, entre 2011-2021, violando la Constitución y las reglas democráticas para mantenerse en forma fraudulenta. El Gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2021), fue catalogado como uno de los más corruptos de la historia, sumado al involucramiento en el tráfico de drogas, al grado de condenarlo a 45 años de cárcel por narcotraficante por un juzgado de Nueva York.
En 2022 asumió el poder el partido Libertad y Refundación (LIBRE), con Xiomara Castro a la cabeza, cuyo ideario dice que es un partido socialista democrático, aunque confunde con socialismo del siglo XXI. El 30 de noviembre de 2025 se celebraron elecciones generales, arrojando los datos una leve ventaja a favor del Nasry Asfura del Partido Nacional frente al candidato Salvador Nasralla del Partido Liberal, con un total de 19.751 votos de diferencia. Tiene acaso el pueblo hondureño corta memoria para votar a favor de dirigentes de un partido que gobernó el país por tres periodos consecutivos (2010-2021) con evidencia del lastre de la corrupción y narcotráfico o asume que el Gobierno de Xiomara Castro fue un gobierno que repitió gran parte de los errores acumulados en la década, como la evidencia de actos de corrupción, nepotismo e inoperancia pública, entre otros.
Como en el pasado, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha denunciado fraude y quieren robarle el triunfo electoral, mostrando evidencia de retención y registro de votos en departamentos donde claramente gana las elecciones en forma contundente, caso de Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Valle. Dirigentes del Partido Nacional manifiestan que ellos ganan la elección con votos rurales, con cifras de más de 50.000 votos en Lempira y 40.000 en Olancho, igual que en las elecciones de 2017, siendo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) David Matamoros Batson, acusado de permitir la adulteración de actas y “apagones” para el ingreso de votos a favor de JOH.
Salvador Nasralla denuncia también que le asignan votos a un candidato perteneciente a otros y adulteración de gran cantidad de actas (más de 5.000) que otorgan más votos al Partido Nacional de los que registra el acta física. Hay evidencia que no se quiere dar a conocer los resultados obtenidos en los llamados departamentos liberales, para no mostrar que Salvador Nasralla es quien va ganando la elección, sumado a que la empresa contratada para la trasmisión de los resultados tiene socios hondureños simpatizantes del Partido Nacional. Esta empresa, al parecer, se muestra incapaz de registrar en forma correcta los votos, y el CNE debe tomar acciones rápidas, incluyendo su sustitución [1]
Antes de las elecciones el presidente Donald Trump manifestó su apoyo público a la candidatura de Nasry Asfura y premió al expresidente Juan Orlando Hernández con un indulto para que salga de la cárcel y, obviamente, actué como testigo protegido. Donald Trump da a entender que si no gana Asfura no apoyaría al nuevo Gobierno, sin valorar la política de puertas abiertas a la inversión y protección de los derechos de propiedad manifestada por el ingeniero Salvador Nasralla, sumado a su disposición de revisión de las relaciones con China-Continental y vuelta de China-Taiwán.
No obstante, Donald Trump busca que Asfura una vez hecho gobierno, le apoye en su política de deportaciones masivas y país refugio de migrantes, aumento de impuestos a las remesas, la nueva operación de las Zonas Económicas de Empleo (ZEDES) y la extradición de narcotraficantes, sumado al uso de espacio territorial y aéreo para acciones encubiertas contra países como Nicaragua. Pone menos interés en la política anticorrupción del ingeniero Salvador Nasralla y reformas legales y políticas para fortalecer el sistema democrático.
Recién el representante del partido LIBRE ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció un golpe electoral donde 13.246 actas que representan más del 86% del total, presentan errores e inconsistencias entre el registro biométrico y la trasmisión del resultado, igual, unos 982.412 votos se muestran contaminados, no permitiendo la práctica de la auditoria correctiva. Hay evidencia de retención de actas, tanto en el primer corte del CNE, como en aquellos reportes donde aventaja Asfura (Marlon Ochoa, comparecencia pública, 4-12-2025).
Para la firma internacional Data Word que respalda el proceso y empresa Grupo ASD, responsable del conteo, “la salida más clara y democrática ante la narrativa de fraude consiste en un ejercicio transparente: exhibir las actas originales. Si el Partido Liberal y el Partido Nacional muestran sus actas y estas coinciden entre sí y con las que posee el CNE, y si LIBRE hace lo mismo, se confirmará públicamente que la información registrada es idéntica. Que el acta 20 del Liberal coincida con el acta 20 del Nacional y ambas con la del CNE, es la demostración más poderosa de que el resultado es legítimo. Si los votos, las firmas y los datos coinciden, la denuncia queda expuesta como lo que muchos interpretan: un intento desesperado del oficialismo por alterar la percepción pública del proceso ”[2]
El Partido LIBRE ha presentado una solicitud para que se repitan las elecciones. El ingeniero Nasralla confía que se subsanen las inconstancias y elimine el potencial fraude, pero se muestra en contra de repetir las elecciones. En aquellos departamentos y municipios donde se ha detectado adulteración de actas y número de votos asignados a un partido y trasmitidos, debe hacerse de nuevo el conteo voto por voto. Para la dirigencia del Partido Nacional no se acepta el conteo voto por voto, mucho menos repetir las elecciones; solo se permitirá la revisión y conteo de aquellas actas con inconsistencias (se argumenta que la mayoría son de departamentos y municipios donde ellos ganan la elección, pero también están saliendo actas adulteradas a favor del Partido Nacional en municipios liberales como Yoro). Se cuestiona que este conteo ya empezó sin que haya terminado el conteo oficial.
El Dr. Nelson Ávila, candidato del PINU-SD está solicitando conteo voto por voto, ya que hay evidencia de adulteración de actas en su contra. Para miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), debe respetarse el conteo del CNE y revisarse todas las inconsistencias, aunque la empresa colombiana-hondureña no diera el ancho para manejar, como diría el Dr. Fernando Lezama, experto en informática, una simple base de datos, aunque contaminada. Hay una clara inconformidad en el movimiento social, incluyendo organizaciones de tierra dentro (movimiento ambientalista por ejemplo), que sienten que su voluntad ha sido violada.
Los miembros del CNE tienen una responsabilidad histórica que pasa por no permitir que la decisión del pueblo sea mancillada, garantizando la transparencia requerida e imputando delitos a aquellos que han cometido fraude electoral. La orden del día es trabajar con manos limpias 24/7 y no aceptar válido un proceso electoral que otorga la victoria a perdedores.
Notas:
[1]No es posible que la votación está congelada desde hace más de 30 horas del último cómputo, donde se otorga el triunfo a Nasry Asfura. Dirigentes del Partido Liberal argumentan que es una nueva estrategia para cocinar un nuevo fraude, ya que es evidente que Nasralla superará a Asfura.
[2] Ver CONFIDENCIALHN, 5 de diciembre de 2025, Tegucigalpa, DC.
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