Nada más fácil de explicar que el ciclo progresista para los neoliberales. La demanda mundial de materias primas y alimentos, conocida como el boom de los commodities, aumentó los precios de los productos de exportación. Creció la inversión y la producción, con efectos positivos sobre las demás actividades. Aumentaron el empleo, los salarios y la […]
Nada más fácil de explicar que el ciclo progresista para los neoliberales. La demanda mundial de materias primas y alimentos, conocida como el boom de los commodities, aumentó los precios de los productos de exportación. Creció la inversión y la producción, con efectos positivos sobre las demás actividades. Aumentaron el empleo, los salarios y la demanda interna; la mayor recaudación del estado permitió saldar la deuda externa y elevar el gasto público. Pero cuando la demanda externa cesó y los precios internacionales cayeron, el péndulo pasó a moverse en la dirección opuesta. Disminuyó el ritmo de la producción y la creación de empleo. En consecuencia, dicen, los salarios deben ajustarse para recomponer la competitividad de las empresas y hay que reducir el gasto público en consonancia con los ingresos del estado.
¿Qué añade el progresismo a esta sencilla explicación? Pues, la acción del gobierno. Fueron los gobiernos del Frente Amplio que orientaron la distribución del crecimiento con la negociación salarial, las políticas sociales y la inversión pública. Precisamente, la oposición le cuestiona haber despilfarrado los recursos encubriendo ineficiencias del estado y sin realizar las obras de infraestructura necesarias. Sea como sea, si los precios de los commodities explican el crecimiento de la producción, el progresismo se atribuye su distribución.
En efecto, los gobiernos progresistas de Uruguay caminaron sobre dos ejes. En primer lugar, una economía movida por la demanda externa y organizada en torno a empresas y sectores productivos capaces de competir en el mercado mundial, y comunicar impulsos productivos al resto de las actividades. Esto implica aceptar los vínculos derivados de los precios internacionales, que impiden un traslado directo de los costos internos, y mantener la evolución de los precios locales dentro de los límites tolerados por la competitividad.
El segundo eje de los gobiernos progresistas deriva del primero y consiste en aceptar la actual distribución entre salarios y ganancia como garantía de la estabilidad política. El factor desequilibrante no es, desde este punto de vista, una mayor ganancia, que tiene su correlato en el crecimiento de la actividad, sino aumentos de salarios que afecten la competitividad. El Frente Amplio teme los conflictos distributivos entre los trabajadores y el capital no sólo como un elemento potencialmente inflacionario, sino también como el factor político que habría conducido al quiebre institucional en el pasado. En su lugar, busca la adhesión de los trabajadores por medio de una participación en los beneficios del crecimiento y políticas sociales de disminución de la pobreza.
Una economía movida por la demanda externa y una estabilidad política asegurada por el control de los salarios son los marcos de referencia de las políticas progresistas. El Frente Amplio declara con orgullo que, contra la opinión neoliberal, se demostró que se podía crecer y distribuir al mismo tiempo. Pero cuando la demanda externa cesa y el crecimiento se detiene, concuerda en la necesidad del ajuste. El gobierno progresista pasó entonces a contener el crecimiento de los salarios y limitar el gasto público. Neoliberales y progresistas se reencuentran en la austeridad y las diferencias políticas se trasladan a la distribución de los perjuicios. ¿No hay alternativa?
Paul Basso. Universidad de la República
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