Nicaragua otra vez. Ese país impenitente vuelve a las portadas de la prensa corporativa. La izquierda europea y no digamos la española está superdividida para entender lo que sucede en estos días de junio.
Han pasado 42 años desde el triunfo de la Revolución, una ruptura democrática al 100% derrocó la Dictadura de los Somoza (1979) y los sandinistas emprendieron la construcción de un aparato del Estado en democracia participativa, totalmente nuevo y rabiosamente antineoliberal. Washington fue sorprendido. No se lo esperaban.
11 años más tarde (1990), el FSLN, con un país en guerra made in EEUU, pierde las segundas Elecciones Generales ante una candidatura cocinada en la Casa Blanca, que enrumbará el país por la senda del neoliberalismo, aplicando los ajustes brutales del “consenso de Washington”. Desmantelamiento de todas las conquistas sociales y estabilidad monetaria. Venta del sector público. Así 17 años de normalidad imperial, desde 1990 hasta finales de 2006, en que unas quintas Elecciones Generales devuelven el poder político al FSLN. Segunda sorpresa.
En enero de 2007, los sandinistas inician la 2ª etapa de la Revolución. Daniel Ortega, un empecinado revolucionario seguidor de la escuela fundada por el General Sandino en los años 30, que con un ejército guerrillero de campesinos logró en siete años (1927-33), desalojar a los invasores armados yanquis, retoma el mando. Con los sandinistas, de nuevo en el Gobierno (2007), Nicaragua comienza a reconstruir las bases del estado social popular nacido en 1979. Se restauran los derechos sociales de la década de los 80. Ya no hay conflicto militar pero los EEUU van a desencadenar una sofocante guerra mediática internacional, a la que se va uniendo la Unión Europea. Las FFAA siguen intactas leales al mito y aceptan el mando del Comandante Daniel, de nuevo Presidente del Gobierno. El FSLN, bajo el ojo rapaz de los EEUU, comienza la construcción de un proyecto socialista y cristiano haciendo malabares, con aciertos y desaciertos, bajo la supervisión de los tecnócratas del FMI, exclusamente interesados en el crecimiento del PIB y la estabilidad monetaria. Nicaragua crece a un promedio de 4% anual entre 2007 y 2017. Los sandinistas vuelven a ganar Elecciones en 2011 y 2016, derrotando a los líderes de una oposición desconcertada a pesar del apoyo extranjero suministrado desde la poderosa Embajada norteamericana en Managua, conscientes de que la economía nicaragüense sigue muy dependiente de EEUU, a donde exporta todavía el 50% de su producción, con su moneda atada al dólar. Finalmente el plan de Washington para restaurar el neoliberalismo se manifestará en el intento de golpe de Estado que provocó la crisis de abril de 2018. Ese plan extranjero (EEUU+UE) mediático-financiero ha sido ahora descubierto por la inteligencia sandinista y sus agentes locales están siendo sometidos al poder judicial, que aplicará el nuevo marco jurídico encabezado por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (15-oct-2020), Ley del Ciberdelito y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (21-dic-2020). 3ª sorpresa.
“Así crearon los yanquis el aparato mediático antisandinista”, es el título del amplio reportaje del periodista-investigador norteamericano Ben Norton, publicado en The Gray Zone el 2 de junio de 2021, donde revela con pelos y señales, las decenas de millones de dólares con que la CIA, USAID y otras fundaciones norteamericanas, contribuyeron a capacitar al sector más de la oposición más antisandinista. En el centro de sus operaciones se encuentra la élite de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, acusada de lavado de dinero, bienes y activos en contra del Estado. La Fiscalía ha actuado requiriendo a Cristiana Chamorro, presidenta durante más de 20 años de la Fundación, hasta febrero de 2021, por no rendir cuentas de las subvenciones millonarias recibidas de los EEUU y ha sido sometida a arresto domiciliario. De la investigación se ha abierto el melón de una trama de corrupción con dinero extranjero utilizado para crear una vasta estructura de actores anti-sistema, con destino a la subversión y finalmente el golpe al Estado, que en cualquier país desarrollado sería un delito de lesa patria. La detenida pertenece a una familia de intocables de la oligarquía nicaragüense, por lo que ha provocado un gran escándalo. El caso está siendo investigado.
Un segundo hecho muy grave ha provocado la detención del político Arturo Cruz, precandidato, cuando regresaba de un breve viaje a los EEUU. Al parecer hay indicios claros de que ha realizado actividades favorables a la injerencia norteamericana en Nicaragua, colaborando en el plan de intervención (golpe de estado) previsto para después de la celebración de las Elecciones convocadas para el 7 de noviembre. Es público y notorio que, ante una oposición fragmentada que Washington no ha logrado unir como hizo en 1990, el FSLN nada tiene que temer. Según la encuesta publicada por M&R, a fecha del 25 de mayo, el FSLN tiene un 58.2% de intención de voto, frente a un 22,7% que reciben la totalidad de los partidos de la Oposición. A Arturo Cruz se le ha aplicado Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” (que viene a desarrollar el Art. 147 de la Constitución), aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2020 y ha sido encarcelado. Son delitos de alta traición a la patria, tipificados en el Código penal de los EEUU, que prescribe largas penas de prisión e incluso pena de muerte, que en Nicaragua ha sido abolida. Posteriormente han sido detenidos también exlíderes guerrilleros que después de la derrota de 1990 se alinearon con Washington, financiando con sus dólares el disidente Movimiento para la Renovación del Sandinismo (MRS), que acaba de ser desmantelado hace unos meses, cambiando el nombre y renunciando a la tradición sandinista. La libertad de expresión en Nicaragua ha sido tan amplia que les ha permitido hacer durante años declaraciones que en cualquier país democrático serían causa penal por alentar la intervención extranjera.
La razón por la que ha intervenido la justicia no parece que sea tanto la eliminación de candidatos competitivos del FSLN, sino la gravedad de los delitos que atentan a la estabilidad, violan la Constitución y las leyes derivadas. Son solo una parte de la Oposición. El calendario electoral prosigue. Hay más de una decena de partidos inscritos que se presentan a las Elecciones y varios de ellos en coalición.
José Torres, experto en Cooperación Internacional no gubernamental