El reciente encarcelamiento de 130 personas por parte del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que incluyó incluso a ex guerrilleros sandinistas como Dora María Téllez y Hugo Torres, no solo es un episodio de violación de derechos humanos y de concentración del poder político de parte de la pareja presidencial, sino también de un momento que debiera servir para la reflexión profunda de las izquierdas latinoamericanas y del mundo.
Señalo esto ya que buena parte de las izquierdas en la región poco y nada han dicho al respecto de un gobierno criminal, el cual desde la revuelta popular del 2018 se ha dedicado a profundizar su política del terror a quienes intenten plantear críticas al régimen, recordando lo peor de las experiencias dictatoriales de la región en la década de 70, como lo fue la de los Somoza en Nicaragua.
Lo paradójico de la dictadura Ortega-Murillo es que aparte de reprimir a todo aquel que se le oponga políticamente se ha apropiado de la lucha sandinista a través de un discurso revolucionario para el exterior, ya que en la práctica no ha hecho otra cosa que aplicar políticas neoliberales que en cualquier país serían consideradas de derecha.
Es sorprendente entonces que sectores de izquierda en la región sigan apelando a una defensa casi religiosa del actual Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el cual desde hace muchos años no tiene nada de revolucionario ni de progresista, sino muy por el contrario se volvió un partido fuertemente reaccionario y lacayo de organismos coloniales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En consecuencia, esas izquierdas que argumentan que existe una ofensiva imperialista de parte de Estados Unidos para derrocar al criminal y violador de Daniel Ortega debieran saber también que fue él mismo quien entre el 2007 y 2018 pactó con los grandes grupos económicos de Nicaragua (Consejo Superior de la Empresa Privada – COSEP) y con las jerarquías de la Iglesia Católica de aquel país para impulsar políticas de ajuste estructural y de focalización extrema, al estilo de países ultraneoliberales como Chile, Perú y Colombia.
En la misma dirección es una vergüenza defender desde la izquierda a un gobierno que se presenta como sandinista, pero que se ha dedicado a prohibir y criminalizar cualquier tipo de aborto, inclusive el terapéutico, lo que refleja su carácter patriarcal extremo y su desprecio por todas las mujeres de aquel país y del mundo.
Por otra parte, por si no fuera poco todo aquello, también se ha profundizado el carácter clientelar del Estado a través de los llamados Gabinetes de Familia (GF), los cuales han servido a Ortega para buscar apoyo y movilizar partidarios para las concentraciones oficiales.
Ante esto rescatamos lo planteado por la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, perseguida también por el tirano, quien ha señalado lo lejos que está este gobierno de otros en la región progresistas en su momento (Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador o Chávez en Venezuela), ya “que está, realmente, no solo reproduciendo y ampliando el régimen capitalista, sino también constriñendo de manera brutal las libertades esenciales” (1).
De ahí que con la revuelta del 2018, la cual partió por la reforma al sistema social y por los incendios de la biosfera de Indio Maíz, ante un modelo fuertemente extractivista, derivó en una crítica completa al régimen asesino y corrupto de Daniel Ortega, quien como respuesta impulsó al máximo su política represiva, llevándose cientos de vidas, la cual no solo fue llevada por la policía nacional, sino también por grupos parapoliciales.
Desde ahí en adelante los grandes grupos económicos y la Iglesia católica en Nicaragua quitaron el apoyo a Daniel Ortega, lo que el dictador de manera oportunista usó para hablar de un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y Estados Unidos.
La situación actual sigue siendo muy parecida desde el 2018 y peor incluso, ya que en el mes de noviembre de este año serán las elecciones presidenciales en Nicaragua, haciendo que Daniel Ortega haya encarcelado a varios de los candidatos a la presidencia y a todo quien se le oponga por delante o sea considerado como una amenaza para sus intereses.
Ante esto, lo que está pasando en Nicaragua se vuelve gravísimo no solo para ese país, sino también para el futuro de toda la región, por lo que ahora más que nunca se necesita tomar posición clara y sin ambigüedades al respecto. Quienes criticamos la represión y las violaciones de los derechos humanos en países como Chile y Colombia no nos podemos mantener al margen y estar callados respecto a lo que está pasando en Nicaragua.
Por eso las izquierdas que aún defienden o no se pronuncian sobre el régimen de muerte como el de Daniel Ortega en Nicaragua, terminarán siendo cómplices de un discurso revolucionario, de manera delirante, ya que en la práctica ha sido antipopular y antisandinista.
Nota:
Andrés Kogan Valderrama. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social y miembro del Movimiento al Buen Vivir Global (https://buenvivir.global). Es director del Observatorio Plurinacional de Aguas (www.oplas.org).