Estuve asignado 12 años en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción en Honduras. Fui parte de los Fiscales asignados en las causas penales que se iniciaron contra el expresidente Rafael Leonardo Callejas, por burdos robos de carterista, y en los que los jueces siempre exigieron el testimonio de Jesucristo para que se dilucidara lo palmariamente obvio, lo que cualquier niño de primer grado podría descifrar con una simple suma que daría como resultado que hombres azules de este país mancharon sus manos de colores grises, con mañas que avergonzarían a cualquier ladronzuelo neófito de asaltos menores.
Iniciamos causas penales en los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos, reprochando penalmente contratos a favor de empresas leales al Partido Liberal. Presenté requerimiento por el concesionamiento de la telefonía celular a Celtel, hoy Tigo, por pagar un precio irrisorio e inferior en un 2000% a la venta de espacio radioeléctrico que efectuaron los gobiernos de Guatemala y Panamá en similar operación en el mismo momento histórico.
Igualmente, reprochamos penalmente la concesión de los Aeropuertos del país a Interairport, una empresa trasnacional, avalada mediante una relación operacional inexistente con el aeropuerto de San Francisco California, y cuya empresa fue constituida en Estados Unidos con un puñado de dólares que no causaría ningún dolor de cabeza a cualquier dueño de una pequeña abarrotería para convertirse de pronto, como por arte de magia, en un 2 x 3 en un nuevo millonario de las trampas cómo funcionan las cosas aquí.
Acusé de la misma forma a la Junta Directiva del IPM, compuesta por cuadrados militares que se robaban a sí mismos, y como es lógico no tuvieron ni un día de prisión, pero si 100 años de absoluto perdón. En mi ingenuidad siempre me preguntaba, pero ¿Qué querían estos jueces si se les lleva todas las pruebas?
Para Sherlock Holmes era compleja la tarea de hurgarle los tuétanos a la verdad. Igual tarea estaba cifrada en nuestra actividad investigativa. Sin embargo, para los jueces los colores azules y rojos de los hombres de los partidos políticos les causaba terror, y peor aún si las acusaciones incluían a gigantes del poder, de esos que solo mueven un dedo para nombrar y destituir.
Después, comprendí que el germen de la corrupción pública no solo estaba entronizado en el sistema bipartidista, sino sobre todo en las instituciones donde se asignaban los fondos públicos para el funcionamiento de estas, lo que, por otra parte, causaba pérdidas del 40% de la totalidad del presupuesto, pero que la mayor corrupción pública tenía su núcleo en la confección del propio presupuesto de Ingresos y Egresos del País y su aprobación en el Congreso Nacional. Porque ¿Cómo era posible que en un país tan pobre se asignara menos en Educación Pública? ¿Cómo era posible que en un país tan miserable se destinara en Salud Pública? ¿Qué estudio o necesidad objetiva justificaba estas asignaciones suntuarias por sobre las reales necesidades humanas? ¿Cómo era posible que los fondos de crédito internacional impusieran mediante actos de coacción que la mayor parte del presupuesto se destinara al pago de intereses usurarios de la deuda externa? ¿Cómo era posible que a los pagos de los intereses de la deuda externa se le llamase inversión, y a la inversión en la persona humana se le llamase gasto?
La historia de los presupuestos del país son la historia misma de las omisiones fatales de los gobiernos para con sus pueblos postergados, para proporcionar o no ese obligatorio bienestar económico y social a nuestros habitantes como compromiso constitucional o para crear privilegios exorbitantes que no se justifican desde ningún punto de interpretación humanista.
Luego, el golpe de Estado de 2009, me persuadió que la corrupción pública fue instrumentalizada para dar golpes de Estado. Fui testigo como el señor Luis Rubí, en ese entonces, Fiscal General de la República empantanó a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción compuesta por solidarios compañeros, en un viraje inusitado y ajeno a su tradicional gestión de transparencia para golpear a la propia institucionalidad democrática.
Las acusaciones contra Manuel Zelaya Rosales y sus Ministros se hacían por encargo del Fiscal General simultáneamente a la par en que se urdía la artera conspiración política. Los requerimientos contra Manuel Zelaya Rosales se presentaron fueron falsificados, porque se adujo que estos se presentaron el viernes 26 de junio del 2009, y estos se prepararon hasta el sábado 27 de junio del 2009. La Cuarta Urna que era un problema político y administrativo, lo convirtieron en un asunto penal, cuando por jurisprudencia el derecho penal moderno solo utiliza el Ius Puniendi como última alternativa de intervención del Estado, pero estos la utilizaron como primera alternativa pues precisaban justificar el golpe de Estado. Un gobierno progresista fue aniquilado mediante una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público alineado a las decisiones oficiales del régimen de facto. ¡Qué vergüenza para la democracia y la administración de justicia!
Si la lógica que orientaba la gestión de los conflictos estatales como causas para deponer a un gobierno, es que estos incurrieran en actos de corrupción pública, al gobierno de Rafael Callejas le hubieran dado 100 golpes de Estados, al gobierno de Ricardo Maduro 50 golpes de Estados, al de Carlos Flores unos 69 golpes de Estados, y al gobierno de Juan Orlando Hernández unos mil golpes de Estado, pero no, estos gobiernos eran de derecha, y sus ejecutorias públicas favorecían a los empresarios y a las oligarquías locales.
En estas jugadas geopolíticas lo que se atacaba era a gobiernos progresistas que aligeraron las cargas al pueblo, a ese pueblo que esperó por siglos “compensaciones sociales” históricas, “Nuevas Agendas” que se convirtieron en viejas mentiras, “Gobiernos de la gente” que fueron gobiernos de la gente rica, “Cero tolerancia” pero con los pobres. O “Voy a hacer lo que tenga que hacer” por robarse el país y venderlo. Los ataques fueron orientados contra el gobierno popular de Manuel Zelaya que tuvo la osadía de preguntar al pueblo, porque para aquellos cuadrados de espíritu el pueblo no tenía capacidad de responder.
Los procesos penales iniciados contra Manuel Zelaya nacieron con vicios de nulidad, y lo que se siembra desde un principio corrompido, cosecha en el plano jurídico solamente “frutos podridos” o prueba ilícita. A Manuel Zelaya se le libró Orden de Captura falsificada, pero lo desterraron a Costa Rica. ¿Cómo se iba garantizar la presencia del imputado en el proceso penal si cuando intentó entrar por la frontera por Nicaragua, no lo dejaron entrar? ¿Si cuando intentó aterrizar en un avión en el Toncontin boicotearon el aterrizaje? Y cuando al fin logró entrar en la embajada de Brasil lo recluyeron y lo trataron como un animal. ¿Cómo se iba a defender si lo alejaron del país?
Sus ministros corrieron igual suerte, no se les escuchó previamente antes del inicio de las causas penales, y para el caso las oficinas de los ministros fueron saqueadas por los militares; y como estos iban a presentar pruebas documentales, si se alteraron las cadenas de custodia, tráfico y ordenamiento de los documentos que validaban cada actividad administrativa oficial. Pero para los golpistas no importaba iniciar los juicios penales de forma abrupta y temeraria contra los colaboradores de Zelaya, porque lo que importaba en ese momento era justificar el Golpe de Estado y alejarlos del poder.
Sin embrago, cuando se hace una ponderación de las actuaciones del Ministerio Público en aquel entonces, ante un juez de garantías, fuera de los sesgos y de los prejuicios de facto, nos encontramos con procesos penales que dejaron en indefensión a los procesados, a quienes se les negó el derecho de defensa porque entre más lejos los tenían, mejor. En todo el proceso penal se les negó el derecho a la igualdad de armas procesales, se les conculcó el derecho al estado constitucional de inocencia, el derecho del debido proceso, el derecho a un juez natural e imparcial, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dejaron en claro, el compromiso del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia con el régimen de facto en sendos comunicados y en sentencias judiciales internacionales que son vinculantes en nuestro sistema penal doméstico por aplicación del artículo 15 de la Constitución de la República.
La jurisprudencia latinoamericana en materia de golpes de Estado establece la nulidad de todos los actos realizados por cualquier régimen de facto, porque no se pueden divorciar de ningún modo, el alineamiento y las lealtades de estos dos órganos de administración de justicia (Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia en 2009) con el régimen de facto sin ser parte esencial del mismo, y sin ser ellos los actores protagonistas que pretendieron dar legalidad a la conspiración política mediante causas criminales viciadas de nulidad, nacidas al calor de la prisa y del error, de la renuncia a los controles de constitucionalidad; y sobre todo del libramiento de ordenes de captura acompañadas de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia que defendía las posiciones del régimen de facto. Había de tal manera prejuzgamiento y penas anticipadas. La Corte Suprema de Justicia anteriormente ha sentado jurisprudencia en el sentido de que, si no se es escuchado previamente a un imputado, las acusaciones que se presentan en su contra son nulas de pleno derecho.
Los que dieron el Golpe de Estado y provocaron el quebrantamiento a la institucionalidad democrática obtuvieron leyes de amnistía por asesinar a ciudadanos hondureños que actuaron defendiendo el Artículo 3 de la Constitución de la República. Todo fue normal, y nadie dijo nada, porque para los medios corporativos y la gente cegada por sus adherencias al golpe de Estado, la muerte de los pobres no interesa, estos son “sub humanos”, y no merecen el interés debido porque “no valen nada”. Ellos no tienen derechos humanos porque son “desechos humanos”.
Ahora, se decreta una amnistía a favor de las víctimas del golpe de Estado, los que fueron defenestrados injustamente de sus cargos, los que fueron perseguidos implacablemente, los que sufrieron la ausencia de sus familias porque fueron proscritos por un sistema dictatorial, se encuentran con la oposición de los mismos que defendieron la Monarquía o Sucesión Constitucional que hablan ahora de un pacto de impunidad, cuando en materia procesal penal ningún proceso que nace podrido o envenenado por la vindicta y el afán de venganza se puede sostener por sí mismo, porque el afán primigenio era sustraer a estos funcionarios públicos del gobierno de Zelaya del poder público, descuidando el cumplimiento de las formalidades, garantías constitucionales, y convencionales. Está gente que dio el golpe, ha persistido en sus golpes y pretende seguir golpeando a los golpeados. ¡Qué cinismo!
Lula y Vilma Roussef fueron atacados con estas nuevas armas y prácticas de esta derecha vomitiva, y estos actos de vindicta no son verdadera lucha contra la corrupción, sino instrumentos para atacar al enemigo político. Los gobiernos progresistas son frenados con estos nuevos dispositivos de control social. Los farsantes de los medios corporativos han demonizado a Manuel Zelaya porque no toleran que este repita con reiteración tautológica que el Congreso Nacional y el Gobierno Central es del pueblo, porque por su parte, los que siempre han golpeado, con igual ímpetu han sostenido y nos han querido persuadir con la mentira de que ellos son los dueños del poder.
A Enrique Flores Lanza lo han convertido en un agente del mal, porque este David venció al Goliat blanco quitándole el negocio de los combustibles a las empresas comercializadora del petróleo como la Esso, Exxon Mobile y la Texaco. Empresas Gringas como el pastel de manzana, y por iniciar dentro de la lógica de una democracia representativa profundizada, un ejercicio ciudadano de participación que es vital en cualquier democracia inclusiva y participativa.
El pueblo ya sabe con quién puede contar, y que los que dieron el golpe se mantienen allí agazapados para volver a sus antiguas trampas, porque urgen que la Honduras democrática, que selló la victoria de Xiomara Castro con una aplastante derrota contra la derecha, regrese a la selva de sus discrecionalidades, para seguir golpeando a los golpeados.
Milson Salgado Ex Fiscal Contra la Corrupción.
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