Este 17 de diciembre se cumplen tres años desde el anuncio del proceso de «normalización» de relaciones entre el gobierno de EE. UU., entonces presidido por Barack Obama, y el gobierno cubano, presidido por Raúl Castro. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense se ha producido el regreso a una política de […]
Este 17 de diciembre se cumplen tres años desde el anuncio del proceso de «normalización» de relaciones entre el gobierno de EE. UU., entonces presidido por Barack Obama, y el gobierno cubano, presidido por Raúl Castro. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense se ha producido el regreso a una política de abierta confrontación con la Revolución Cubana. El episodio más reciente de esta hostilidad manifiesta son las denuncias estadounidenses de supuestos ataques sónicos a su personal diplomático en territorio cubano,[1] que han culminado con la retirada de todo el cuerpo de la Embajada de EE. UU. en La Habana, a excepción del de emergencia, lo que tendrá repercusiones -entre otros aspectos- en la colaboración bilateral en materia de migración.[2]
Este cambio en la postura del gobierno estadounidense, pese a la oposición de grandes sectores del empresariado del país interesados en hacer negocios con Cuba, se puede leer en la lógica de un sector del establishment que ha optado por estrategias de confrontación -en lugar de la supuesta persuasión de Obama- para seguir manteniendo la presión destinada a lograr la definitiva apertura del mercado cubano, bajo las reglas que EE. UU. considere y, de preferencia, forzando la capitulación de la Revolución Cubana, que es percibida como una piedra en el zapato para los intereses estadounidenses en el Caribe.
La hegemonía estadounidense en el Caribe
Cabe recordar que el Caribe ha sido históricamente un área geopolítica de vital importancia para los intereses estratégicos de EE. UU. desde los tiempos de la guerra hispano-americana. Unas posiciones e influencia que se vieron amenazadas con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la llegada al poder de Maurice Bishop en Granada en 1979 (que concluyó con la invasión estadounidense a dicha isla en 1983), o el inicio de la Revolución Bolivariana en 1998. No se puede entender la política de EE. UU. hacia el Caribe sin tener presentes estos hechos, visualizados por EE. UU. como una cortapisa al control de un territorio que ve como extensión de su frontera («mar interior») y a la expansión de las corporaciones estadounidenses en el área.
En este sentido puede explicarse la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI por sus siglas en inglés) que, en sus propias palabras, es «uno de los pilares de la estrategia de seguridad de los EE.UU.»[3] a la que este país ha dedicado más de 473 millones de dólares desde 2010.[4] Unida a ésta, encontramos la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI por sus siglas en inglés) que, según el Departamento de Estado, «tiene como objetivo impulsar la seguridad energética y el crecimiento económico sostenible en la región mediante la atracción de inversión en una gama de tecnologías energéticas a través de una mejor gobernanza, mayor acceso a la financiación y una mayor coordinación entre los donantes de energía, los gobiernos y las partes interesadas».[5] Esto es, la seguridad de las inversiones de EE. UU. depende de que haya gobiernos que no impidan con sus políticas la expansión de las corporaciones estadounidenses y, dentro de éstas, el sector energético es clave. De ahí que EE. UU. diseñara la CESI, como respuesta geopolítica al Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe impulsado por Venezuela, que estaba ganando aliados políticos en el Caribe por la vía de la cooperación energética.
En realidad, se trata de una estrategia encaminada a ahuyentar competidores económicos o políticos en la zona, sean extrarregionales como China, o hemisféricos, como Venezuela. De ahí la estrategia de cerco a Venezuela [6] pero también la hostilidad hacia Cuba, como dos ejemplos de países que, desde la lógica estadounidense, impiden el flujo de las inversiones provenientes de EE. UU. a la vez que abren la puerta a las inversiones chinas por sus relaciones estratégicas con el gigante asiático. Pero también se trata de garantizar el respaldo político en un área plagada de paraísos fiscales,[7] que ha sido tradicionalmente aliada de EE. UU. en organismos internacionales multilaterales como la OEA, cuyos votos en este organismo cobran mayor importancia en el contexto de ataques al gobierno venezolano desde dicha institución.
Buenos y malos caribeños
Abrir las puertas a la Inversión Extranjera Directa (IED), sin ningún tipo de restricción a dicha inversión, parece ser el ideal de las empresas estadounidenses. En las economías insulares caribeñas, el país que mayor porcentaje de IED recibió en 2016 fue Jamaica, concentrando el 60 % de las inversiones hechas al grupo de los Estados del Caribe anglófono.[8] La mayoría de estas inversiones proceden de capital estadounidense, seguido de chino, mexicano y español.[9] Uno de los proyectos estrella, anunciado en 2016, tiene que ver con las energías verdes o «limpias», uno de los puntos que EE. UU. establece en la CESI, y supone una inversión en 95 millones de dólares por parte de la estadounidense Benchmark Renewable Energy [10] en Jamaica.[11] Seguramente, ni a las empresas estadounidenses ni a su gobierno se les escapa que Jamaica lleva desde el año 2013 aplicando un plan de «reforma macroeconómica» diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) encaminado a liberalizar la economía.
Otro de los países que EE. UU. valora positivamente para hacer negocios es Granada, el mismo que padeció una de las últimas intervenciones militares abiertas de este país en la región. Sólo dos años después, en 1985, Granada creó la Grenada Industrial Development Corporation (GIDC),[12] la agencia de inversión que facilita la entrada del capital extranjero al país. Casualmente también -o no- el sector energético es otro de los que está en el punto de mira del capital internacional por la posible liberalización de su mercado eléctrico. El gobierno de Granada está tratando de derogar la Ley de suministro de electricidad de 1994,[13] que daba privilegios exclusivos a la Grenada Electricity Services , propiedad de WRB Enterprises. [14] Para ello, el gobierno propuso en 2016 una Ley de suministro de electricidad que abriría el mercado a la participación de capitales regionales e internacionales, como destaca el Departamento de Estado de EE. UU. en su informe sobre el país.[15] Cabe apuntar que, como Jamaica, Granada es miembro de Petrocaribe, aunque no de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), creada por Venezuela y Cuba en 2004.
Además, los incentivos a la inversión extranjera son muchos. Granada es un paraíso fiscal que no establece ningún tipo de restricción a las transacciones en divisa extranjera, no impide la repatriación de beneficios, capitales o dividendos.[16] Cuenta asimismo con un programa llamado Programa de Ciudadanía por Inversión, que otorga la nacionalidad granadina a los inversores y que ha visto triplicar las solicitudes desde el último año. Sólo en la primera mitad de 2017 el programa recibió 189 solicitudes (62 en el mismo período del año anterior) y, hasta la fecha, ha otorgado más de 449 nacionalidades por inversión.[17] Una iniciativa que recuerda a una puesta en práctica similar implementada por el gobierno del Partido Popular (PP) en España.[18] La diferencia es que el impacto de estas inversiones en economías como las de los microestados caribeños es mucho mayor. Por ejemplo, con el Programa de Ciudadanía por Inversión se podría llegar a cifras de ingreso que se acercarían al 15 % del PIB del país.[19]
Contrastando estos dos casos con la realidad existente en países como Cuba y Venezuela podemos hacernos una idea de que para EE. UU. existen «buenos y malos» caribeños. No es difícil imaginar el interés del establishment estadounidens
Teniendo en mente los intereses geoestratégicos y geoeconómicos de los Estados Unidos en la región latinoamericano-caribeña, observando su expansión allí donde los gobiernos amigos abren las puertas al capital estadounidense y comparando la opinión favorable hacia estos gobiernos con la actitud hacia aquellos que establecen mayores limitaciones a la inversión o a la participación de EE. UU. en su economía, se puede comprender por qué unos países son hostigados por la prensa internacional y otros son simplemente invisibilizados por las noticias diarias.
Notas:
[1] http://www.celag.org/trump-
[2] https://translations.state.
[3] https://www.state.gov/p/
[4] https://www.state.gov/p/
[5] https://www.state.gov/e/
[6] http://www.celag.org/cerco-
[7] https://actualidad.rt.com/
[8] http://jamaica-gleaner.com/
[9] https://www.state.gov/e/eb/
[10] http://www.brenewable.com/
[11] UNCTAD, World Investment Report2017 , p. 94.
[12] Grenada Investment Development Corporation desde 2016
[13] https://www.state.gov/e/
[14] http://wrbenterprises.com/
[15] https://www.state.gov/e/
[16] https://www.state.gov/e/
[17] https://imidaily.com/
[18] Se trata de la Ley 14/2013 de «apoyo al emprendedor» que contempla que los inversores extranjeros puedan tener permiso de residencia si invierten más de medio millón de euros en capital inmobiliario o un millón de euros en empresas españolas, entre otros supuestos. http://www.
[19] https://imidaily.com/
Arantxa Tirado es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
@aran_tirado
Fuente: http://www.celag.org/paises-hostiles-paises-invisibles-ee-uu-negocios-caribe/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.