En las últimas semanas Panamá fue centro de manifestaciones masivas de descontento social y protesta política, en rechazo a una transnacional minera que desde hace veinte años viene explotando a cielo abierto un enorme yacimiento de cobre y otro en los linderos del Corredor Biológico del Atlántico Mesoamericano, al amparo de un contrato declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia del país.
La Policía Nacional panameña confirmó que un total de 1.157 personas, entre ellos más de un centenar y medio de menores, han sido detenidos durante las cuatro semanas transcurridas de protestas en las calles en rechazo a la Ley 406.
Más allá del reclamo contra la trasnacional, la protesta se ha dirigido contra el régimen político establecido a partir del golpe de Estado de diciembre de 1989, que desde 1990 ha tolerado primero, y ampliado año a año, este tipo de manejos de los recursos de la Nación.
Ese repudio había tenido ya una primera expresión en las grandes movilizaciones de protesta ocurridas en julio de 2022, encabezadas por organizaciones sociales de base popular que reclamaban el derecho de las capas medias y los trabajadores a recibir del Estado tanto apoyo, al menos, como el que éste le ofrece al conjunto mayor del sector empresarial.
Ese movimiento obligó al gobierno a dialogar con las organizaciones sociales para acordar ese apoyo en ámbitos como los de la atención en salud, la seguridad social, la educación y el incremento constante en los precios de los productos de primera necesidad. Del diálogo surgió una serie de propuestas que el Estado remitió de inmediato al olvido, salvo en casos puntuales como el subsidio al precio de los combustibles.
Pero en este 2023 cambió la situación, ya que a las protestas contra la minera – y contra la minería metálica a cielo abierto– se sumó la denuncia del deterioro de la vida política, particularmente en lo relativo al incremento del clientelismo, la desmesura de los privilegios del poder legislativo, y el claro interés del gobierno en otorgar a la empresa minera un nuevo contrato, que en la práctica establecía un nuevo enclave colonial en el país, señala el analista Guillermo Castro Herrera.
Y surgió un elemento nuevo en la política panameña: la movilización masiva de estudiantes, profesionales y trabajadores que habían sido niños en 1989 o nacieron después, sin llegar a conocer más vida política que la organizada por el régimen establecido a partir de aquel golpe de Estado.
Esta crisis ha tenido su expresión principal en el rechazo al contrato minero, condenado como un intento de venta del país y su patrimonio a un consorcio de empresas extranjeras. El gobierno intentó sustentar su interés en otorgar el contrato en los beneficios económicos que traería al país, sin llegar a captar que aquello que estaba en disputa no era el precio que se ponía al interés nacional, sino el interés de los ciudadanos en que su nación no fuera vendida.
Algo cambió en los 16 meses transcurridos de julio del 2022 a noviembre del 2023, que descolocó a todos los participantes en el proceso político que vive el país. Unos, advierten espantados una negra agenda del comunismo, que busca crear el caos para hacerse con el poder, pero la mayoría aspira a ver a su país convertido en una república moral, próspera, equitativa y sostenible.
Lo que está en crisis aquí es un modelo de desarrollo cuyas raíces se remontan al siglo XVI, que organizó el país en función de la demanda de servicios de tránsito interoceánico, y del beneficio de quienes controlan la oferta de esos servicios, que hoy han venido a ser de apoyo a la circulación del capital a escala global. La columna que soporta toda la producción de riqueza y toda la generación de pobreza en Panamá consiste en una Plataforma de Servicios Transnacionales estructurada en torno a un canal interoceánico.
Esa plataforma incluyeun Centro Financiero Internacional, y servicios de logística, transporte, telecomunicaciones y sedes de empresas trasnacionales. La construcción de la plataforma se planificaba desde la década de 1970, ´pero se aceleró desde la transferencia del Canal del gobierno de los Estados Unidos al de Panamá, y hoy parece acercarse al límite sus posibilidades de expansión.
El paso al extractivismo minero fue percibido como un mecanismo para sostener un proceso de crecimiento económico basado en el despilfarro de las ventajas comparativas del país – como la abundancia de agua, biodiversidad, y de posibilidades de conectividad interoceánica e interamericana – que no contempla como un problema la creciente inequidad en el acceso de la población al progreso técnico y sus frutos, como alguna vez definió Raúl Prebisch al desarrollo, añade Castro Herrera.
Carlos Pedreschi indica que sobre el país gravita una muy profunda crisis económica, fiscal y moral que viene de arrastre de gobiernos anteriores al actual, al que éste, Laurentino Cortizo, ha agregado su cuota de incapacidad. Como se conoce, el presidente no toma decisiones y cuando las toma no son oportunas ni acertadas.
La sociedad panameña ha ingresado, así, en una crisis que no encontrará solución en ningún intento de retorno al estado de cosas anterior. Han quedado atrás los días en que se proclamaba que sin Canal no podía haber país. Panamá ingresa a una fase nueva, en la que lucha por su soberanía y descubre que sin país no habrá Canal.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://estrategia.la/2023/11/17/panama-sin-pais-soberano-no-habra-canal/