En un documento de circulación interna en el Frente Amplio al que accedió Siete sobre Siete y reproduce íntegramente, el general retirado Víctor M. Licandro reclama un debate de fondo sobre la doctrina y la legislación militar a aplicarse por el nuevo gobierno; los legisladores que se especializan en el tema prevén un debate general […]
En un documento de circulación interna en el Frente Amplio al que accedió Siete sobre Siete y reproduce íntegramente, el general retirado Víctor M. Licandro reclama un debate de fondo sobre la doctrina y la legislación militar a aplicarse por el nuevo gobierno; los legisladores que se especializan en el tema prevén un debate general y público con suerte y viento a favor recién hacia el 2006.
Perdón que pregunte pavadas…
¿para qué sirven las Fuerzas Armadas?
(conjuntas o separadas).
Perdón pero no me explico
en Uruguay…¿pa’ qué los milicos?
Pa’ defender la nación
de alguna revolución
(o quizá de alguna invasión)
…extraterrestre o extranjera.
No sé, pa’ mi que exagera
Discúlpenme la pregunta
¿pa’ qué sirvieron las Fuerzas Conjuntas?
Tabaré Rivero*
No hay dos lecturas al respecto: al lograr quebrar la secular resistencia de los mandos militares en actividad respecto a la comparecencia de sus pares -en retiro y en actividad- ante los estrados judiciales que estudian o se aprestan a estudiar los episodios de lesa humanidad acaecidos durante la dictadura, el actual gobierno se ganó un lugar en los libros de historia.
Sin embargo la tarea de reconciliar las Fuerzas Armadas (FFAA) con la sociedad civil y más aún retrotraerlas a la misión originaria de defensa de la soberanía y seguridad nacionales sin contagio de la Doctrina de Seguridad Nacional que abrazaron como resultado de la Guerra Fría y la Alianza para el Progreso en los tempranos 60s parece una labor harto más ardua. Y para la cual no aparecen demasiadas voluntades anotadas.
El tema preocupa a los integrantes de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio, única instancia programática de la fuerza gobernante que ha asumido el tema, dado que la Comisión Integrada de Programas (CIP) del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría eludió soberanamente el punto en sus definiciones que, luego, serían una de las «biblias» del Ejecutivo liderado por Tabaré Vázquez.
En especial, el Gral. (r) Víctor Manuel Licandro pretende que la fuerza política reoriente su análisis del «tema militar» por encima del tratamiento del pasado reciente, profundizando en aspectos de definición doctrinaria de la «defensa nacional» y el «para qué, cómo y con qué las FFAA». Ello se desprende de un extenso informe redactado a fines de julio por el veterano militar y enviado a los integrantes del Plenario Nacional del Frente Amplio que se reunirá en dos semanas y al cual tuvo acceso Siete sobre Siete.
El lunes 1º de agosto la Mesa Política del FA resolvió postergar una semana el Plenario Nacional que se celebrará los días 20 y 21 de agosto. El Orden del Día del mismo tendrá tres puntos: evaluar el resultado electoral, realizar un balance de los 150 días de gobierno y definir la ubicación de la fuerza política ante la nueva coyuntura, informaron los voceros del ejecutivo frenteamplista. Si bien el «informe Licandro» no está incluido en la agenda, se estima que al haber sido distribuido entre los integrantes del PN -máxima instancia de definición política entre congresos del FA- se ingresará a la discusión del punto. No obstante, algunos representantes de sectores políticos, instancias de base y hasta legisladores consultados por este semanario manifestaron desconocer el contenido del documento.
Actor político
Licandro señala en su informe que si bien «el poder militar, las FFAA a estar por las declaraciones de los mandos naturales, ratifica su total subordinación a los Poderes del Estado», siguen presentes «como un actor político», al margen del ordenamiento constitucional. Para Licandro, que presidió desde la salida de la dictadura hasta el mes de abril la Comisión Especial de Defensa Nacional e integra como personalidad independiente el PN, el Parlamento -antes y ahora- «no ha tenido una acción clara, firme, de plena vigencia en sus potestades y responsabilidades constitucionales» en materia militar.
Durante el gobierno colorado de Jorge Batlle, la reforma de la Ley Orgánica Militar -10.050 de 1940, su enmienda de 1947 bajo el número 10.757 y el decreto-ley de la dictadura del año 1974- conoció amagues varios. El primer Ministro de Defensa, el extinto Luis Brezzo y su reemplazante, el inefable Yamandú Fau, comparecieron varias veces ante las comisiones especializadas del Legislativo para manejar los «titulares» de la ley que nunca llegó a plasmarse en el papel. Peor aún: un proyecto que establecía nuevos criterios para la carrera militar, entendiendo por esto los ascensos y pase a retiro fue publicada en Internet por el gobierno pero inmediatamente «descolgada» debido al malestar que generó entre los oficiales generales: una claudicación más del poder político civil ante los uniformados, punto que preocupa especialmente al autor del informe de marras. Lo cierto fue que diputados y senadores se quedaron con las ganas de meterle diente a la anquilosada ley y, de hecho, la izquierda -entonces en desfavorable correlación de fuerzas- no empujó demasiado en ese plano. La pregunta es si con mayoría absoluta en ambas cámaras y luego de haber torcido simbólicamente el brazo a la impunidad, esta legislatura parirá una nueva Ley Militar. Quienes tienen acceso a la cocina del gobierno no piensan en soluciones a corto plazo.
En efecto, el socialista José Korzeniak integra la Comisión de Defensa del Senado desde hace por lo menos tres legislaturas, pese a lo cual tampoco tomó contacto con el «informe Licandro» al PN. El legislador dijo a Siete sobre Siete que el debate acerca de una nueva Ley Orgánica militar «probablemente» se desarrolle durante el año venidero, pero dejó claro que la iniciativa en la materia no está en la cancha de los parlamentarios sino del Ejecutivo. Sin embargo, existen aspectos -que Korzeniak definió como «parches» – que ya están a estudio de las comisiones de ambas cámaras o lo estarán en breve. Entre ellos destacó la modificación del criterio de asenso a generales en el ejército. Actualmente, el máximo rango del arma de tierra puede ser alcanzado por parte del tercio de los coroneles con mayor antigüedad, lo cual será modificado y los generales podrán ser «escogidos» entre todo el conjunto del coronalato -estamento que, por otra parte se encuentra sobredimensionado. Además de eliminar esa «preselección», Korzeniak dijo que se aprobará sumariamente una enmienda a la Ley Orgánica que determinará que los cargos de Director y Sub-Director General de Secretaría del MDN pasen a ser considerados de confianza política y, por ende, puedan ser ejercidos por civiles. En la actualidad rige la norma de que dichas jerarquías -los «número tres y cuatro» del ministerio- sean ocupadas por coroneles en actividad o sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea.
«Después sí se va a abordar la discusión de una nueva Ley Orgánica», explicó Korzeniak. La misma tendrá la forma de «un estudio muy transparente y público» en el cual intervendrían distintas esferas políticas y académicas. El constitucionalista estimó que recién el año próximo se pondrá en funcionamiento el debate que implicará «todo lo que significa una Ley Orgánica», a saber las misiones primarias y secundarias de las FFAA, su doctrina, su despliegue y formación de cuadros oficiales y personal de tropa, añadió.
En círculos de gobierno también ronda una pregunta: ¿quién será en definitiva el encargado de redactar los primeros borradores, la ministra Azucena Berruti o el Secretario de la presidencia Gonzalo Fernández? Berruti representa la persona de confianza del Presidente, pero el relacionamiento con los mandos se ha desdoblado hasta volverse casi bicéfalo entre Berruti y Fernández, opinaron algunos oficialistas.
En tanto fuentes de la Cámara baja señalaron a este semanario que «el gobierno ha prometido enviar un proyecto de Ley Orgánica» pero aún no se han formalizado los contenidos que constituirán dicha reglamentación.
A estar por lo señalado por Licandro, un año más de espera podría ser demasiado en función que el gobierno debería corregir algunos pasos que, a juicio del veterano militar, se están dando en el sentido equivocado. A modo de «reflexión final», Licandro escribió en su informe un duro diagnóstico: «hay (en el actual gobierno) como un repetir el proceso seguido a la salida de la dictadura cívico-militar, priorizando la discusión de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y Policiales en las violaciones a los Derechos Humanos, dejando para un segundo plano las discusiones y medidas a adoptar para realmente revisar lo de ‘defensa nacional’ y el ‘para qué, cómo y con qué las FFAA'» (ver texto completo del «Informe Licandro» más abajo).
Los principales interesados
Para el presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, Luis Rosadilla (MLN) los oficiales más jóvenes y provenientes de las últimas graduaciones «son los principales interesados» en que se aborde el tema del nuevo sistema militar y de defensa nacional. «Es su principal motivo de preocupación», indicó el legislador a Siete sobre Siete, «incluso muy por encima de los hechos de estos días vinculados a la búsqueda de verdad y justicia y a las investigaciones para encontrar enterramientos de compañeros nuestros detenidos desaparecidos» lo cual, según Rosadilla «los tiene prácticamente sin cuidado». Para esos oficiales «definir su papel dentro de la sociedad y su rol profesional» es un tema crucial ya que «son personas que han elegido una carrera y quieren» que el sistema político «defina cuál va a ser el lugar y las tareas» que tendrán a su cargo. Rosadilla, que al igual que Korzeniak desconocía el contenido del informe redactado por Licandro, criticó asimismo el nivel de seguimiento del «tema militar» desde el sistema político en general y desde la izquierda en particular. «Tenemos unas FFAA empequeñecidas desde todo punto de vista», dijo. A la salida de la dictadura se instaló la idea de que mientras las FFAA «no hicieran ruido» el sistema político «no las molestaría» y en cambio, dijo Rosadilla «le tiraríamos algún chinchulín» y con eso se considerarían «bien tratadas». «Nunca se debatió con seriedad», opinó, «como si el proceso histórico pudiera ser tratado de un modo autista»; «eso no existe y no existió», por lo tanto el debate deberá remontar dicha demora.
Para Rosadilla la Doctrina de la Seguridad Nacional «desapareció» a influjo de un cambio de paradigma en el «imperialismo» que apostó a una «policía mundial uniformada» en detrimento del modelo de los «ejércitos nacionales». El diputado frenteamplista indicó que actualmente las «guerras preventivas» y las fuerzas especiales de coalición al estilo de la conformada para la invasión a Irak constituyen el nuevo paradigma, que definió como «de piratería internacional lisa y llana». El legislador oficialista cree que consideración aparte merece la creciente incursión uruguaya en misiones de mantenimiento o imposición de la paz en el marco de la Carta de Naciones Unidas, conocidas como «cascos azules».
Rosadilla sostiene que la visita del dictador chileno Augusto Pinochet en la década del 90 a Uruguay durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti significó un intento de «oponerse» a esa política norteamericana y defender la vigencia de los «ejércitos nacionales» los cuales en su forma han subsistido en el continente. «Sobre este tema no hay payadas, hay teoría de un lado y del otro», lo que, a juicio de Rosadilla, debe constituir en el marco de «el más amplio debate nacional», de forma tal que «la sociedad se adueñe del tema», la base sobre la cual se construya el nuevo esquema «militar, de seguridad y de inteligencia» para los próximos años.
A continuación reproducimos íntegro el documento redactado por Licandro.
______________________________________________________
DOCUMENTO: El informe Licandro
Montevideo 26 de julio de 2005.
De: Gral. (R) Victor M. Licandro
A: PLENARIO NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO DEL URUGUAY
Tema: «Puntos de vista respecto a la política militar y las relaciones cívico-militares en Uruguay»
En Uruguay, a diferencia de Argentina que desde 1930 ha vivido una cadena de dictaduras, podemos hablar en singular, ya que la anterior dictadura (Presidente Dr. Gabriel Terra 1933-1939) quedó superada y separada por un fermental período de acción democrática-republicana, con ejercicio de las libertades individuales.
En la experiencia política de presidencialismo o colegiado (Consejo de Gobierno de 1952 a 1967) las FFAA (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) tuvieron poca presencia en público y no se manifestaron como actores políticos. Actuaron dentro de las normas de la Ley Orgánica Militar Nº. 10.050 de 1940 y su modificativa Nº 10.757 de 1947. Es de tener presente que la discusión parlamentaria extensa y conocida para la sanción de la ley se dio en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. El Uruguay practicaba la política exterior -y, por extensión su política militar-, de neutralidad y no era beligerante. Aunque llegó a declarar la guerra a los países del «eje» no destinó fuerzas armadas fuera del territorio nacional. La República no era expansionista y tenía la «política de la defensa nacional». Las FFAA atendían una hipótesis de conflicto y se preparaban profesionalmente para desarrollar una guerra convencional en caso de que su territorio fuera agredido. Su pequeñez hacía pensar en una acción con aliados y organismos internacionales que acudieran en su ayuda.
Las FFAA, como apoyo a la acción policial (dependiente del Ministerio del Interior), participaron en el control de conflictos laborales y, aún, sustituyeron y tomaron a su cargo algunas actividades para asegurar transportes u otros servicios a la población. O ante conmociones producidas por fenómenos de la naturaleza. Terminados los conflictos o las emergencias volvían a su rutina de cuartel.
En esa etapa el MDN (1) (FFAA, Servicios y otras reparticiones bajo su dependencia) llegó a tener en 1969 un máximo de 16.000 efectivos entre civiles y militares. Los cuadros de oficiales originados en institutos de formación profesional y personal de tropa de reclutamiento entre voluntario-contratados. Se les reconocía hondo sentido civilista y constitucionalista, mirando a la defensa de la Patria, la Nación, su integridad territorial, la Constitución y las leyes; bajo el mando superior ejercido por el Presidente de la República y el ministro respectivo.
En la post guerra tuvieron la influencia del país hegemónico y se inscribieron en las doctrinas militares emanadas del Pentágono; equipamiento, armamento, aspectos técnicos, principios tácticos y aún en cierto modo concepción estratégica para la defensa militar continental. Con la Alianza para el Progreso se introdujo la «acción cívica» y llevó a las FFAA a actividades en planes de desarrollo. Con ello se involucraron en actividades de tipo esencialmente políticas y ejercieron su influencia.
A partir del año 1971, bajo la presidencia de la República de Jorge Pacheco Areco, las FFAA fueron responsabilizadas por el Poder Ejecutivo de la acción antisubversiva, tenida en cuenta la acción de la guerrilla y los conflictos con la población (huelgas, manifestaciones, etc.). Se hizo abuso del uso de los instrumentos constitucionales de excepción (medidas prontas de seguridad, suspensión de las garantías individuales) que se complementaron con la «ley de estado de guerra interna», a la que le sigue la «ley de Seguridad del Estado y del Orden Público». Momento de un cambio sustancial en la política militar, ampliando la organización, responsabilidades y acción de la Justicia Militar.
Las FFAA entran de lleno a participar como «actores políticos», quedando claro el enfrentamiento del poder militar al poder político, particularmente con el Parlamento. En febrero de 1973, con evidente desconocimiento del poder político constitucional, en clara insubordinación, que los mandos militares denominaron «fuerzas en operaciones» acompañado de la divulgación de comunicados. Se resalta los Nos. 4 y 7 porque constituyen verdaderos programas para la acción futura. Puede decirse que fue el comienzo real del proceso de la dictadura que el 27 de junio de 1973 el Poder Ejecutivo decretó con la disolución de las Cámaras.
Hasta el año 1985 actuó el gobierno cívico-militar, sustituyendo el ordenamiento constitucional por la «institucionalidad del proceso revolucionario». La Junta de Oficiales Generales (generales y almirantes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea), resultaron el centro del poder, apoyándose en el CO.SE.NA (Consejo de Seguridad Nacional),en la Junta de Comandantes en Jefe, en los designados para los diversos cargos: desde Presidente de la República, ministros, directores de empresas del Estado, Justicia Militar, órganos de jurisdicción legislativa nacional y gobiernos departamentales. Las FFAA y las policiales, actuando como «fuerzas conjuntas» fueron de ocupación de todo el territorio nacional y, con una red de oficiales de enlace, controlaron toda la actividad de la sociedad uruguaya.
Al final del período de la dictadura, la política militar era generada por las propias FFAA y suponía: el ejercicio del gobierno, atender «la seguridad exterior e interior del país»; desarrollar «la acción cívica»; participar en «planes de desarrollo»; tareas de «apoyo a la comunidad»; todo en clara aplicación de la «doctrina de la seguridad nacional» (D.S.N.). Conceptos recogidos en las leyes orgánicas de las FF.AA y las particulares de cada Fuerza. El país tenía sus FF.AA. insertas en el «sistema militar panamericano» dirigido por el Departamento de Estado y el Pentágono (2) de EEUU de América.
Las FFAA pretendieron siempre dar un marco legal a su accionar y proyectar hacia el futuro el modelo institucional. Eso se puso de manifiesto en las tentativas de reforma de la Constitución: plebiscito en el año 1980, nueva tentativa en 1983 y conversaciones de su Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) con representantes de los partidos políticos. Período de cierta apertura política acompañada de movilización, concertación y negociaciones llevadas por la Interpartidaria y la Asamblea Intersectorial. Hay que resaltar el acto del 27 de noviembre de 1983 en Montevideo frente al Obelisco a los Constituyentes en que 400.000 personas presentes formaron «un río de gente». Aunque los militares no consiguieron que se aceptara su proyecto de imponer el contralor militar permanente, en el denominado «pacto del Club Naval» de 1984 acordaron la forma de regular el proceso de transición. De este acuerdo registrado unilateralmente por Acto Institucional Nº 19 del Poder Ejecutivo, se han manejado diversas interpretaciones, pero, en el año 1986, se llegó a la sanción de la ley Nº 15.848, «ley de caducidad», que se ha aplicado como verdadera ley de impunidad.
Para estudiar la sustitución del andamiaje institucional de la dictadura por el régimen democrático-republicano, en el entorno de las elecciones nacionales de noviembre de 1984 y la asunción en marzo de 1985 del nuevo gobierno electo, funcionó, la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Ninguna constancia expresa que tuviera relación con la revisión de la actuación pasada de los militares, pero sí se comprometía pleno apoyo para la eficiente actuación de la Justicia.
Referido al poder militar, es de tener en cuenta que, al comienzo del año 1986 el Poder Ejecutivo presentó proyecto de ley que, en el mensaje dirigido al Parlamento, argumentaba la necesidad de modificar la Ley Nº 14.157 de 1974, Orgánica de las FFAA, porque ésta estaba inspirada en una filosofía distinta a la de los principios democráticos y republicanos que habían sido tradición en la República. Y, en el Parlamento, quedó expresamente dicho que se quería quitar de la ley toda influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
En esa primera etapa de reimplantación de la Constitución se puede apreciar: legislación para restituir las libertades, el pleno ejercicio de la Justicia Ordinaria, y quitar los elementos que dieron marco a la acción negativa de las FFAA: el CO.SE.NA., la Junta de Oficiales Generales, la anulación de la ESEDENA (Escuela de Seguridad y Defensa Nacional), la anulación de la responsabilidad de la «seguridad interior» del país, reparación a militares destituidos por razones ideológicas o de arbitrariedad, anular las responsabilidades excesivas adjudicadas a la Justicia Militar, etc.. Aspectos que se pueden caracterizar e identificar en las FF.AA. por:
1º) Autonomía, ya que ellas habían sido el gobierno (suplantando al propio Estado) y emitieron todas las políticas y doctrinas de empleo, organización, educación, entrenamiento, equipamiento, armamento, financiamiento y despliegue de las Fuerzas;
2º) Sobredimensionadas, ya que de un MDN con 16.000 efectivos en 1969 habían al 1º de marzo de 1985 alcanzado a 42.700. 3º) Ideología, «anticomunista», catalogando en ella a toda persona que no acompañara el «proceso cívico-militar»;
4º) Fuerte sentido corporativo, con cobertura a todos sus integrantes (asunto que se vio materializado cuando el Tte. Gral. [Hugo] Medina como Cte. En Jefe del Ejército y luego como MDN guardó y no dio curso a las citaciones de juez competente a militares acusados de violación a los DDHH u otros delitos). Asunto diferente a lo que en desarrollo positivo de las fuerzas morales se impulsa como «espíritu de cuerpo»;
5º) un desarrollo amplio de la «diplomacia militar paralela», creadora de vínculos con el exterior sin contralor de los poderes del Estado.
En estos veinte años transcurridos desde 1985 al 2005 se puede apreciar:
* Comandos militares que en declaraciones públicas reiteran su subordinación al poder político y adhesión a la Constitución de la República;
* Militares que, al justificar la corrección de sus procederes durante el pasado, entienden que, si se llegara a repetir situaciones parecidas actuarían de la mismo forma que en el pasado;
* MDN con un volumen de 32.000 efectivos (civiles y militares) que aún duplican los que tenía inmediatamente antes del período de la dictadura;
* NO DEPURADAS en sus cuadros; ni con claro control del imprescindible cambio ideológico. Es de tener presente que la ESEDENA -creada para imponer la Doctrina de la Seguridad Nacional-, se prolongó en el CALEN (Centro de Altos Estudios Nacionales) como instituto heredero de instalaciones y cuerpo docente que viene de la dictadura. En la doctrina de preparación militar el enemigo, señalado como el movimiento comunista internacional, tuvo su sustitución por la lucha contra el «narcotráfico», la «narco-guerrilla»; manteniendo lo de «antisubversivo» y «antisediciosos», prontos a controlar y atender los servicios esenciales y el orden público interno, actuar en la «acción cívica», en «planes de desarrollo» y otras tareas de «apoyo a la comunidad». Todas misiones confirmadas por la Ley de Presupuesto General de la Nación Nº 16.170 sancionada en 1990 a impulso de la Presidencia del Dr. Luis A. Lacalle. A ello se agrega lo de «antiterrorismo» superalentado luego del 11.09.2001.
* Se puede recalcar que, hasta la asunción del gobierno presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, ningún militar había sido puesto ante un Juez y, que, en estos momentos, julio de 2005, los intermediarios mediáticos señalan una especie de crisis en lo interno de las FFAA, en particular dentro del Ejército, aunque con una subordinación expresada hacia el mando superior, y con fuerte protagonismo público que los muestra como aún verdaderos «actores políticos» actuando fuera de las limitantes emergentes de las normas de la Constitución de la República. El tema violaciones a los DD.HH, los detenidos desaparecidos y la aplicación de la Ley 15.848 de la «caducidad de la pretensión punitiva del Estado», así cómo se procesarán las citaciones a militares para concurrir ante la Justicia Ordinaria, están en el centro de la discusión pública, a la que no se sustraen quienes fueron presidentes de la República y responsables del relacionamiento político-militar desde 1985: Dr. Julio Ma. Sanguinetti, Dr. Luis A. Lacalle y Dr. Jorge Batlle.
* Es de recordar que, cuando el primer gobierno del Dr. Sanguinetti, al restituir el grado de general a los destituidos Líber Seregni y Victor M. Licandro, algún jefe de DE (3) (Gral. José Sequeira, Cte. de División de Ejército IV) renunció y pasó a situación de retiro. Cuando el presidente de la República, Dr. Luis A. Lacalle, visitaba Gran Bretaña, debió adelantar su previsto regreso para atender el planteamiento de los generales y reunirse con ellos, ante el caso suscitado con el espía chileno Eugenio Berríos, cobijado por miembros de los servicios de información del Uruguay.
*Cuando en su segundo período de gobierno el Dr. Sanguinetti firmó el decreto por el cuál se cambió el tratamiento de «militares en situación de reforma» a «situación de retiro» en reparación parcial a cuarenta militares destituidos por la dictadura cívico-militar, tuvo la reacción de la renuncia del Tte. Gral. [Raúl] Mermot, al cargo de Comandante en Jefe del Ejército, por discrepar con la resolución del Poder Ejecutivo.
* Es permanente la acción discrepante de los centros sociales militares actuando como portavoces de la llamada «familia militar», ante cualquier medida que suponga mirada o revisión del pasado en temas de DDHH, y lo hacen en forma pública. En ocasiones, teniendo como asociados a oficiales militares en actividad o en retiro, resultan actividades políticas, (por ejemplo el haber declarado persona no grata al entonces MDN Dr. Mariano Britos), actividades políticas prohibidas expresamente por sus estatutos, sin que el Ministerio Público haya controlado el estricto cumplimiento de las respectivas personerías jurídicas.
* Se hizo pública la declaración de expreso apoyo que los comandos darían para la asesoría jurídica a los denunciados torturadores.
* Se continúa con la práctica de reuniones de generales actuando en evidente asamblea en tanto fue derogado el artículo de la ley que recogía lo de la «junta de oficiales generales».
* En estos días un comunicado del Comandante en Jefe del Ejército [ver recuadro NdeR] refiere a la «corporación», a «apoyo» a los que fueren citados por la justicia; planteando superar el pasado doblando la página; pero dejando un marco a la interpretación sobre la imposición a sus subordinados y demás de la familia militar en cuanto a su incuestionable subordinación a la Constitución y la Ley, en forma expresa al Mando Superior de las FFAA y Poderes del Estado.
* Queda abierta aún la interrogante de cómo se acatará la decisión del Poder Ejecutivo trasmitida por el Cte. J.E. en relación al acatamiento de militares ante las citaciones de la Justicia Ordinaria, estando informada la reunión de militares que presentarían recurso contra la disposición del Poder Ejecutivo.
* En relación al PARLAMENTO, se debe señalar que no ha tenido una acción clara, firme, de plena vigencia en sus potestades y responsabilidades constitucionales.
* Antes del período de la dictadura, en el mes de febrero de 1973, tuvo una actitud de tibieza ante la insubordinación de las FFAA
* En el proceso de revisión de la legislación que hace a las FFAA, luego del comienzo de discusión de 1986, se llamó a silencio, siendo común escuchar la expresión de que el Parlamento tiene como «asignatura pendiente» la discusión de la temática de «defensa nacional» y el «para qué las FFAA». Cuando la ley de Presupuesto General de la Nación Nº 16.170/1990, la mayoría -y con voto negativo del Frente Amplio-, aprobó cometidos, misiones o tareas registradas en los Anexos a la Ley, pero sin difusión ni discusión suficientemente democrática.
* No ha tenido capacidad para generar «políticas de Estado» en cuánto a defensa nacional, defensa militar y fuerzas armadas, resultando que las normas sancionadas en relación a políticas militares fueron producto del entendimiento de los Partido Nacional y Partido Colorado. En este proceso los respectivos Poderes Ejecutivos negaron o retacearon información necesaria al partido político Frente Amplio del Uruguay.
Dada la gran incidencia que EE.UU. de América tiene como país hegemónico, nunca hubo voto afirmativo del Frente Amplio para las maniobras navales «Operación UNITAS», ni hubo unanimidad de votos en la sanción de autorizaciones parlamentarias para salida o entrada de tropas a la realización de ejercicios conjunto combinados impulsados por EEUU de América.
* Es evidente que en el Uruguay no ha habido aún capacidad o voluntad suficiente en el medio civil para encarar con solvencia la discusión democrática que el Frente Amplio viene proponiendo públicamente en sus documentos desde sus trabajos del año 1986. Asunto citado por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, en su discurso del 1º de marzo de 2005 pronunciado en la escalinata del Palacio Legislativo. Lo que estaría por iniciarse en los próximos meses.
*Los militares, las FFAA, han desarrollado un amplio relacionamiento con Fuerzas de otros países a través de seminarios, ejercicios, acuerdos de cooperación y de apoyo; y continúan con las prácticas de las Conferencias de Ejércitos de América (CEA), de Armadas y de Fuerzas Aérea, actuando como una organización estable, en el marco de acuerdos, con obligaciones expresas para sus miembros, sin claro contralor del Parlamento Nacional. Ya desde el año 1987, cuando el diputado Gonzalo Carámbula del Frente Amplio, en ejercicio de potestades constitucionales, solicitó información sobre la posición llevada por la delegación uruguaya a la XVII CEA desarrollada en Mar del Plata, República Argentina, el entonces MDN, Tte. Gral. Medina, se negó a proporcionar la información aduciendo que las actas de la conferencia eran material secreto.
* El Parlamento ha aceptado en reiteradas oportunidades la presencia, en sesión de las comisiones de defensa nacional, del Jefe del Comando Sur de los EEUU de América con constancia en sus actas de expresiones tales como «estoy recorriendo mi territorio» pronunciada por el Jefe del Comando Sur. También ha recibido la visita de directores del Centro Hemisférico de Estudios de Seguridad y Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa de EEUU de América, en las que se ha planteado el apoyo posible para el desarrollo de tareas afines a aquel instituto. (4)
* Desde el año 1982 tropas uruguayas fueron destacadas por el gobierno «cívico-militar» en la Península del Sinaí en apoyo al cumplimiento de los Acuerdos de Camp Davies firmados por Israel, Egipto y EEUU de América, y el Parlamento Nacional ha reiterado la autorización prolongando hasta el presente dicha salida del territorio nacional. Nunca antes, desde la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, se habían destacado fuerzas militares para operar fuera del territorio nacional.
* Terminada la «guerra fría» el gobierno nacional ha impulsado el empleo de tropas uruguayas en operaciones de mantenimiento de la paz dispuestas por las Naciones Unidas, teniendo efectivos en permanente preparación para los relevos o refuerzos. Paralelamente las FFAA uruguayas han intensificado ejercicios conjuntos combinados, con fuerzas de otros países, de preparación para el cumplimiento de esas misiones. Los EEUU de América, su Comando Sur, impulsan particularmente esos ejercicios que abarcan desde el tipo «ejercicio computarizado» a «ejercicio de tropas en el terreno», en las diferentes modalidades de empleo incluyendo empleo de la fuerza con medios pesados «para la conquista de la paz». Se tienen destacadas tropas por volumen aproximado a los 3.000 efectivos. Eso supone personal de relevo en preparación, personal relevado en recuperación, y políticas de inversiones que priorizan esas tareas, en claro desmedro de inversiones necesarias a atender la preparación para la misión fundamental de la defensa militar del territorio de la República Oriental del Uruguay.
* Desde 1995 se desarrollan las dos líneas que siguen, por un lado las Conferencias de Ministros de Defensa del Hemisferio iniciadas en Williamsburg/EEUU, y por otro la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. Se amplía el empleo de fuerzas armadas en apoyo de la política exterior de la República.
* Hoy, a julio del 2005, el Poder Político ha dado algunas señales:
El Parlamento uruguayo con su homólogo argentino desarrollaron un seminarios sobre «Control Parlamentario en Defensa y Seguridad», contando con la participación de delegaciones de varios países latinoamericanos que integran la Unión Interparlamentaria, y de especialistas en el tema.
El Poder Ejecutivo ha tomado decisiones que marcarían su acción efectiva como «el mando superior de todas las fuerzas armadas», según prescribe la Constitución de la República O. del Uruguay.
El poder militar, las FFAA, a estar por las declaraciones de los mandos naturales, ratifica su total subordinación a los Poderes del Estado, pero están presentes como un «actor político».
REFLEXION FINAL: hay como un repetir el proceso seguido a la salida de la dictadura cívico-militar, priorizando la discusión de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y Policiales en las violaciones a los Derechos Humanos, dejando para un segundo plano las discusiones y medidas a adoptar para realmente revisar lo de «defensa nacional» y el «para qué, cómo y con qué las FF.AA.»
Gral. (R) Víctor M. Licandro
Miembro del Plenario Nacional
__________________________________________________
* Tabaré Rivero, Perdón el cuestionario, en Sopita de ganso, AYUI-TACUABÉ, 2003
Notas
1. Ministerio de Defensa Nacional.
2. Sede del Departamento de Defensa, en Washington.
3. División de Ejército.
4. Nota presente en el original de Licandro: Ya se desarrolló en la Cámara de Diputados un seminario en conjunción con ese Instituto.
_________________________________________________
COMUNICADO de los CLUBES SOCIALES de las FUERZAS ARMADAS
Ponemos en conocimiento que ha sido instrumentada la creación de un fondo especial por parte de Clubes Sociales de las Fuerzas Armadas, con destino a brindar apoyo económico Institucional, para atender la defensa jurídica de aquellos Señores Oficiales en Situación de Actividad y/o Retiro, que así lo requieran.
A tales fines se encuentra disponible para los respectivos depósitos en la Agencia 19 de Junio del BROU, la cuenta corriente en moneda nacional…
(Distribuido desde el Comando del Ejército)