El economista derechista Santiago Peña, de 44 años, asumió como nuevo presidente de Paraguay, de la mano del Partido Colorado que lleva 71 años en el poder casi sin interrupciones, entre democracia y dictadura, y gobernará bajo la sombra de su mentor político, el expresidente Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto” pero tolerado y respaldado por Estados Unidos.
Tras dejar la gerencia del Banco Basa, propiedad de la familia Cartes, Peña ganó las elecciones del pasado 30 de abril, y al asumir volvió a prometer la creación de medio millón de empleos en un país de siete millones de habitantes, en un país que tiene a un tercio de su población en la pobreza, al 60% con trabajos informales y a dos millones de personas en el extranjero.
Peña asumió rodeado de mandatarios de la región que no comparten su ideología, pero sí historia, fronteras y algunas veces conflictos. Ante ellos dijo que reforzará las relaciones ya firmes con EEUU e Israel, a quien prometió mover su embajada de Tel-Aviv a Jerusalem. Al mismo tiempo optará por Taiwán en lugar de China, como siempre hizo el Partido Colorado desde los tiempos del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), y prometió acercarse a Venezuela y reabrir su embajada en Caracas.
En su discurso de asunción al cargo no se acordó de los pueblos indígenas, del campesinado, ni de la importancia del rol de las mujeres en la sociedad o las altas cifras de feminicidios, ni del contrabando que aflige a la industria. Prefirió hablar de la descentralización de servicios públicos, de modernizar la gestión educativa, de hacer bien las cosas en salud, de poner más policías a las calles, de la lucha contra la pobreza,de políticas económicas, del acceso a la tierra, de una alianza con Taiwán y abogar por la paz en Ucrania.
Peña y su vicepresidente Pedro Alliana, asumen con una amplia mayoría parlamentaria alcanzada tras un acuerdo con el sector de Fuerza Republicana, buscando zanjar la crisis interna en el Partido Colorado que ambos sectores arrastraron durante gran parte de la administración de Mario Abdo Benítez.
El pacto con la oposición avanzó gracias a la división interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la fragilidad política de sectores como Cruzada Nacional, Patria Querida y Hagamos.
“Este Gobierno empieza con señales muy fuertes de poca gobernabilidad política, las designaciones de ministros y secretarios son de Cartes y no de Santi Peña”, señaló el sociólogo y economista Fernando Masi, sociólogo y economista, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya.
Masi aseguró que en las instituciones antidrogas y antilavado “han puesto a personas que van a defender las actividades ilegales de este señor, en un momento en que Estados Unidos está decidido a que Paraguay no se convierta en un hub mundial de drogas”.
Paraguay vive un contexto político marcado por el odio y desinformaciones basadas en género y Peña anunció que presentará medidas que podrían eliminar los ministerios de la Mujer, Niñez y Adolescencia y Secretaría de la Juventud, además promulgar un acuerdo que deroga un convenio con la Unión Europea para financiar la educación y por el cual otorga 38 millones de euros para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), destinados a kits escolares, platos de comida y gastos en infraestructura.
Con discursos basados en la “defensa de la vida y la familia”, la “pérdida de la patria potestad” y el fantasma de la “ideología de género” en la educación, 70 diputados y diputadas, en su mayoría de la bancada cartista, votaron a favor la derogación de la Ley 6.659/20 el 9 de agosto, que aprueba el convenio financiero con la UE.
El 1 de agosto, en la reunión interinstitucional de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, se debatió el proyecto de ley que “prohíbe la promoción, el fomento o la enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas”. Allí, la senadora cartista Lizarella Valiente dijo que “Paraguay no es machista”, lo que sucede es que las mujeres “malcrían a los hombres».
El nuevo gobierno incluyó a viejos conocidos de la política paraguaya como a Enrique Riera, exministro de Educación de Cartes, conocido por prometer entonces quemar libros que contuviesen la palabra “género», quien será ministro del Interior.
Peña prometió achicar el Estado y mantener las tradiciones católicas y las de la máquina conservadora más aceitada de la región, el Partido Colorado, que domina el poder Ejecutivo, el Legislativo y obviamente también el Judicial. Agradeció a Cartes por “perseverar, sin desmayos, en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias”.
Las primeras señales políticas muestran que su administración dará continuidad a las proyecciones impulsadas por Cartes y que fue interrumpida en el 2018, tras el fracaso del proyecto de enmienda y posterior derrota electoral. Muchos de los integrantes del nuevo gabinete fueron reciclados de la administración cartista y otros designados por directa influencia del poderoso empresario.
El crecimiento del país va a seguir dependiendo de los commodities agrícolas: soja y carne, que no generan casi empleo. “Es decir, depender del clima y de los mercados internacionales. Pero nuestros commodities van con droga al mundo, nuestros productos más competitivos, y eso ya es un gran problema”, afirma Masi.
Paraguay no tiene un pasado de gobiernos democráticos y eso repercute en la población, señala Sara Mabel Villalba, docente e investigadora social de la Universidad Católica de Asunción: “Se replica en la familia, instituciones educativas, ambientes laborales, permea en gran parte de la sociedad”
“Permite o facilita la normalización de un sistema autoritario que no va a contra marcha de la sociedad. Gran parte de la sociedad ve normal un sistema autoritario y un discurso autoritario y no conoce otra forma de gobierno, o no concibe una forma muy diferente”, añade.
Tres meses antes de las elecciones, Cartes, millonario empresario tabacalero que ejerció el cargo entre 2013 y 2018, fue acusado por Washington de “incurrir en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay”, le prohibió la entrada al país, acceder a los bancos y hacer negocios con empresas estadounidenses.
Estados Unidos afirma que Cartes “fundó su carrera y continúa apoyándose en la corrupción” y lo acusa de haber pagado sobornos de hasta 10.000 dólares para impulsar su carrera a la presidencia en 2013, además de haber invertido al menos un millón de dólares en 2017 para impulsar una reforma constitucional que le permitiera presentarse a un segundo mandato y de seguir pagando sobornos para beneficiar a sus empresas.
Peña había señalado que una eventual extradición de Cartes no representará un problema para su gobierno con el de Estados Unidos, que había sancionado económicamente al expresidente. Durante esta transición hubo reuniones de Peña con referentes de la Embajada de Estados Unidos buscando encaminar la relación diplomática con la Casa Blanca y tratando de despegarse de los intereses de Cartes.
El pacto del cartismo con los grupos fundamentalistas antiderechos -“Pro Vida”- está llevando al país y al incipiente gobierno a un peligroso terreno, tanto en el área económico y social, como en el de las relaciones internacionales. El país está dando internacionalmente una pésima imagen en cuanto a seguridad jurídica, ya que nunca se ha visto que un Convenio Internacional, que fue ya fue firmado y ratificado por el Congreso hace tres años, sea derogado.
La supuesta línea “Pro Vida” perjudica al propio Peña, ya que corta sus propios recursos para educación y otros rubros, y provoca una situación de tensión diplomática con toda la comunidad europea. Cartes ya tenía como enemigo a EEUU y ahora suma a la Unión Europea, situación que podría aislar al país.
Como un disparo en el propio pie, eVarios analistas políticos coinciden en que Si en el Senado no se logra revertir la ratificación de la Cámara de Diputados en el proyecto de derogación del Convenio entre Paraguay y la Unión Europea, quedará un nefasto precedente y una situación jurídica incierta, ya que una ley nacional está por debajo de los acuerdos internacionales en el orden jurídico, también llamado pirámide de Kelsen.
La Unión Europea ya emitió un comunicado advirtiendo de las repercusiones que podría tener esta decisión en todo lo que hace a los proyectos y fondos de cooperación que se están ejecutando en el país en diversas áreas, que implican millones de euros de fondos no reembolsables que el país perderá.
*Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)