Han tenido que pasar 3 años, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta la fecha para que tanto el Poder Judicial cuanto el Congreso de la República se hayan visto obligados a reconocer que Pedro Castillo no hizo ningún “Golpe de Estado”, de lo que sistemáticamente se le ha venido acusando.
La decisión dejó virtualmente sin habla a los voceros de la Mafia en los grandes medios de comunicación. Y es que Omar Mariluz, Milagros Leiva, Mávila Huerta. Guillermo Thorndike y algunos más, nunca pudieron olvidar el epíteto de “golpista” en cada ocasión que aludía a Castillo.
En el caso del Poder Judicial el reconocimiento se ha dado a través de la sentencia dictada hace algunos días y mediante la que se condena al hoy Mandatario encarcelado a 11 años y 5 meses de prisión. Dicha sentencia, que se hace extensiva a Betssy Chávez, no se dicta por un hipotético “Golpe de Estado” ni por el delito de “Rebelión”.
Apenas se le sitúa en el plano de “conspiración” que, ridículamente se fundamenta en el hecho que Castillo y Betssy Chávez, se abrazaran al fin del sorpresivo “mensaje” leído esa mañana por el jefe del Estado.
Tan vigorosa prueba de afecto, sustenta el trato que se ha dado hasta hoy al caso: secuestro, confinamiento, juicio regimentado, acallamiento del acusado, expulsión de su defensa, y otros latrocinios absolutamente anti jurídicos que descalifican cualquier procedimiento judicial.
En cuanto el Congreso, en votación inobjetable se rechazó “inhabilitar” al ciudadano Pedro Castillo por diez años bajo el alegato de haber ejecutado un “Golpe de Estado”. Tal rechazo acredita fehacientemente que ese tal “golpe”, nunca se produjo.
Claro que eso de “nunca”, es mucho decir, porque en verdad sí hubo un Golpe de Estado sólo que fue dado contra él, y sirvió para derrocarlo. Lo consumó entonces la “mayoría parlamentaria” que sin seguir las pautas normativas correspondientes “vacó” a Castillo y puso en su lugar a Dina Boluarte, quien se mantuvo en el Poder durante 34 meses, completamente a espaldas del país entero y de la legalidad.
No ese periodo, Dina -recordemos- se triplicó su sueldo, viajó 6 veces al exterior, le dio la mano al Papa Francisco y se tomó fotos con León XIV. También con Biden, Lula y otros mandatarios, se arregló la nariz, le dio 80 millones de soles a su “amigo” Oscorima, nombró a su hijo en Naciones Unidas y colocó en puestos expectantes a todos los “suyos”. No hizo poco, sin duda.
No está demás, sin embargo, recordar que ese “Golpe” del 7 de diciembre del 2022, no sólo fue efectivo; sino también sangriento. Costó la vida a casi 80 peruanos y hasta un millar de heridos, sin que nadie haya sancionado tal crimen.
Los caídos en Juliaca. Ayacucho. Apurímac, Huancavelica. Arequipa y otras ciudades -incluyendo la ciudad Capital- dejaron su sangre sembrada en la tierra y ella hoy da sus frutos incluso en los predios del enemigo.
Si se trata de precisar la naturaleza del Golpe del 7 de diciembre, hay que recurrir a una investigación elemental que los órganos pertinentes simplemente han eludido. Investigar. Por ejemplo, al fugaz ministro de Defensa, el general Bobbio, cuya única “actividad oficial” fue en sus escasas horas de gestión ministerial, recibir a la embajadora de los Estados Unidos el 6 de diciembre para “coordinar acciones” que nunca se han precisado.
Investigar también al general William Zapata, en ese momento presidente del Congreso, quien según todas las fuentes “centralizó las informaciones destinadas a garantizar el éxito de la tarea”, es decir la caída de Castillo y el ascenso de Boluarte, “movidas” que llevaban a la práctica el accionar Golpista que realmente tuvo lugar.
Hoy, cuando Estados Unidos prepara abiertamente un operativo militar sangriento destinado a asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y liberarse al mismo tiempo de todo su entorno; puede advertirse más claramente el sentido del Golpe del 7 de diciembre del 2022: no fue otro que asegurar que Washington tenga “amigos seguros” en estos predios, para fundamentar y ejecutar una acción militar contra Venezuela, su pueblo y su gobierno.
Por eso se explica, si duda, que el Congreso de la República haya aprobado hace muy poco una nueva Resolución Legislativa mediante la cual se concede a los Estados Unidos la anuencia de Perú para desembarcar en nuestro territorio tropas norteamericanas y hacer aquí ejercicios de guerra y prácticas militares.
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