A escasos días de que asuma la presidencia Tabaré Vázquez, y gracias a una Carta abierta al futuro presidente, encabezada por el escritor Eduardo Galeano y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se abrió un debate sobre los rumbos de la gestión económica del nuevo gobierno. La carta reclama que Vázquez rechace […]
A escasos días de que asuma la presidencia Tabaré Vázquez, y gracias a una Carta abierta al futuro presidente, encabezada por el escritor Eduardo Galeano y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se abrió un debate sobre los rumbos de la gestión económica del nuevo gobierno. La carta reclama que Vázquez rechace la instalación de dos gigantescas plantas de celulosa sobre el río Uruguay, con las que se «completaría el modelo neoliberal» al consolidar el monocultivo forestal y aumentar los impactos sociales y ambientales. En tono de clara advertencia la misiva -firmada por decenas de activistas ambientales y sociales de Uruguay y Argentina, país donde el impacto de las plantas se dejará sentir a través de la contaminación del fronterizo río Uruguay- finaliza: «Quienes votaron por usted lo hicieron con la convicción de que otro Uruguay es posible, por eso, le pedimos que permita a los y las uruguayos y uruguayas que apostaron por el cambio, seguir festejando».
Días antes, Tabaré Vázquez se había reunido con empresarios finlandeses dando vía libre para la instalación de la celulosa Botnia, asegurando que «es una empresa seria» que crearía 8 mil puestos de trabajo. Pero la respuesta a la carta de Galeano y Pérez Esquivel vino del futuro ministro de Economía, Danilo Astori, quien estimó que la petición es «absolutamente incomprensible» porque las inversiones de ese tipo son «un instrumento formidable de cambio que nosotros necesitamos hoy en Uruguay». Astori abundó en el mismo argumento, asegurando que hay que recibir con los brazos abiertos las inversiones, porque son la forma de crear empleo y combatir la pobreza.
Los argumentos expuestos no son, ciertamente, novedosos. Lo que sí llama la atención, y empareja el caso uruguayo con el brasileño, es que el apoyo al modelo de monocultivo forestal supone enfrentarse con el grueso del movimiento social. En efecto, en los últimos años sindicatos, grupos ambientalistas y vecinos de las ciudades donde se instalarán las plantas han realizado campañas de denuncias sobre los efectos perversos del modelo. Más aún, en la misma tónica que la Carta abierta, sostienen que el monocultivo forestal es parte sustancial del modelo neoliberal.
El los últimos 16 años los cultivos forestales se extendieron hasta abarcar un millón de hectáreas, incluyendo áreas aptas para la agricultura y la ganadería. Un Estado pobre, como el uruguayo, subsidia los predios forestales con créditos preferenciales blandos, con una gracia de 10 años por el total de la inversión. Además los productores son exonerados de tributos nacionales y municipales, y el Estado carga con el costo de fortalecer las redes ferroviarias y viales y la ampliación de puertos.
Peor aún, la forestación ocupa apenas cuatro trabajadores cada mil hectáreas, muy por debajo de la ganadería extensiva, que ocupa seis, y del arroz, con ocho. Gracias al modelo forestal impuesto por los sucesivos gobiernos neoliberales, la emigración rural se ha intensificado y varios pueblos han desaparecido, ya sea por la falta de trabajo o porque las fuentes de agua se secaron.
Según la central sindical PIT-CNT, el sistema de trabajo en las plantaciones forestales es de semiesclavitud: los peones duermen en tiendas de plástico, no tienen luz ni agua potable, los accidentes de trabajo son frecuentes y no hay atención sanitaria, y los ingresos por 12 horas de trabajo oscilan entre cinco y siete dólares diarios. Los obreros forestales son rehenes de los patrones, ya que están forzados a comprarles los alimentos a precios abusivos y por el aislamiento en que viven tienen grandes dificultades para abandonar el lugar de trabajo. La asociación de los inspectores de trabajo, que sostiene que estamos ante situaciones de esclavitud, concluye que los obreros forestales «pasan meses y meses sin recibir prácticamente nada en un ciclo en el cual ellos cortan, duermen, mandan comida a la familia y no ven un peso».
No hace falta recordar que la creación de grandes plantaciones forestales en el mundo es consecuencia de la presión de los organismos financieros internacionales. La producción es prioritariamente destinada a la exportación, con lo que la oferta fue creciendo a tal punto que en los últimos años los precios internacionales bajaron a menos de la mitad. Ahora la inversión forestal no es, como aseguraba la propaganda, «la más segura, confiable y rentable». Por eso surge la propuesta de instalar plantas procesadoras. El caso de la finlandesa Botnia es paradigmático: asegura que invertía mil 200 millones de dólares, pero la planta será armada en Finlandia y luego trasladada a Uruguay, con lo que cuatro quintas partes del costo de la «inversión» quedarán en el país nórdico. Creará sólo 300 puestos de trabajo fijos -casi en su totalidad muy especializados, con lo que los trabajadores uruguayos apenas se beneficiarán-, no pagará impuestos y operará en régimen de zona franca. Ricardo Carrere, presidente del Movimiento Mundial por los Bosques, asegura que al país ingresarán apenas 200 millones de dólares, y que al no pagar impuestos de ningún tipo «terminan haciendo la inversión con nuestro propio dinero».
No sería nada raro que el gobierno de Jorge Batlle, que ya ha autorizado la instalación de una de las plantas de celulosa, intente «aprobar apresuradamente la segunda planta» antes de dejar el cargo el 1º de marzo, como advierte la Carta abierta. Lo que resulta preocupante es que los futuros gobernantes de izquierda estén dispuestos a seguir adelante con uno de los aspectos más chocantes del modelo neoliberal en Uruguay. En caso de confirmarse esta hipótesis, el movimiento social se verá en la encrucijada de apoyar a «su gobierno» o de seguir actuando con la independencia con la que siempre lo caracterizó.