- INTRODUCCION.
Un tema que ha resultado invisible para los analistas políticos e intelectuales es la privatización de la política, el complemento perfecto de la política del despojo neoliberal lumpen burgués y de las corporaciones trasnacionales. Se trata de la política colonial en un país riquísimo donde, sin embargo, los pueblos viven en la miseria. Este proceso comenzó en la economía, con las privatizaciones empresariales por Fujimori en los 90, mas tarde continuaron con el interminable despojo de los “bienes baratos” (territorios, recursos naturales, aguas, bosques, amazonia, mares, espacio aéreo, etc.), siguieron los servicios financieros, educativos, de salud, pensiones y otros. Para cerrar el entramado de traspaso estructural necesitaban las instituciones y lo que se conoce como sociedad civil: poderes estatales (judicial, Banco central, Congreso, organismos electorales, fuerzas armadas y policiales) y partidos, sindicatos, ONG, etc. Todo quedaría sellado y garantizado con la Constitución de 1993 y cambios en la legislación civil y penal. La educación y los medios se encargaron de buscar la hegemonía necesaria al proyecto y se centro en justificar el saqueo usando las políticas de shock, combatir la resistencia manejando el exitoso uso que tuvo para combatir a la rebelión armada de la década de los 80 y utilizar la pobreza como herramienta clientelar. Este proceso paso por seis administraciones gubernamentales corruptas y cada cual se fue apoderando de algún segmento del poder hasta cumplir su ciclo. Con Fujimori se reinicio y se generalizó la tradicional corrupción del poder político, empresarial y militar. Se calcula que, con los procesos del 2001 en adelante, quedaron presos 200 de cuatro mil gobernantes, empresarios, funcionarios y militares en redes delincuenciales, que con el tiempo se fueron rearticulando en defensa de todo un conglomerado de mafiosos. Alan García (en sus dos administraciones) y PPK-Vizcarra, agregaron nuevas mafias a las anteriores.1 El poder económico con la CONFIEP a la cabeza, las FFAA e instituciones fueron la estructura mas permanente y los protagonistas de la gran política. De este modo los poderes políticos (judicial, ejecutivo, congreso) contaminados e instrumentalizados se privatizaron y fragmentaron. Con ellos los partidos se convirtieron en franquicias; las ONG se politizaron en favor de segmentos del poder; el congreso quedo en manos de varios patrones; los asesores, consultores, firmas de abogados, académicos caviares se vendieron al mejor postor; las fuerzas armadas y policiales buscaron fuentes ilegales de ingresos; las instituciones podían ser compradas. Esta telaraña del poder hoy se nos presenta como la privatización de la política con sus funestas secuelas.
Hoy en día, ha corrido mucha agua bajo el puente y el despojo y la corrupción, develan un antisistema político permanentemente reconstruido por el poder colonial reestablecido, en medio de la pandemia y la crisis de un Estado neoliberal, deslegitimado e inerme, pero, activo en su descomposición y a la defensiva frente a la amenaza de la prisión de sus ineficaces protegonistas. Las confrontaciones entre catervas, inherentes a su naturaleza mafiosa, pretenden resolver la crisis tratándola como hechos y soluciones coyunturales, cuando los problemas son estructurales e históricos. Por otro lado, sus avances en el dominio y la sumisión popular, con alcances represivos, han logrado formas de sociabilidad individualistas y consumistas, racializadas y feminicidas, religiosas y conservadoras; han impedido la conformación de un sujeto con organización popular, de resistencia articulada en el plano nacional.
Sin embargo, lo realmente posible, solo está parcialmente predeterminado. Esto se debe a que la sociedad produce sus propias vidas de la misma manera que hace su propia historia. La dimensión activa de la lucha define, una zona de transición entre lo que es material, social e históricamente posible y lo que no. Un campo que pueden aparecer como materialmente imposible, pero su realización depende de la práctica humana concreta. Esta práctica no emerge ni automática ni simultáneamente de la existencia de esa posibilidad material. Por lo tanto, la realidad histórico-material es siempre una totalidad abierta, una totalidad incompleta, que incluye desarrollos posibles diferentes. Algunas de estas posibilidades se realizarán, otras no. Nada es más ajeno al marxismo que el fatalismo histórico o el determinismo mecánico y economicista, tan ajeno como el voluntarismo. Pero lo realmente posible, a su vez, solo está parcialmente predeterminado. Esto se debe a que la sociedad produce sus propias vidas de la misma manera que hacen su propia historia. De allí la importancia de la teoría, que no nace de las especulaciones librescas, sino de la praxis. Estas perspectivas deben basarse en un análisis correcto de la realidad y no en fantasías, deben partir de un análisis de las contradicciones socioeconómicas reales y revelar su dinámica, deben examinar si y por qué estas contradicciones disminuyen o, por el contrario, se intensifican, y no partir de un desarrollo abstracto y deseado.
Se avecinan las elecciones generales entre nubarrones, amenazadas por la anti política del voto en blanco viciado y el abstencionismo, por el voto obligado, por la indecisión, por la acechanza del fraude, por candidatos impresentables que van por la defensa de la impunidad y continuar con el saqueo, por que las listas están plagadas de corruptos, por que casi todos los candidatos a la presidencia son neoliberales, por que Keiko tiene al menos tres candidatos y por que el poder económico bajo la dirección de la CONFIEP controlan el proceso.
- LA GUERRA ENTRE CARTELES POLÍTICOS POR EL CONTROL DEL ESTADO COLONIAL
Muchos han llegado a pensar que el futuro no esta en el sufragio, en las elecciones, sino en los levantamientos, insurrecciones, en las calles y caminos, y que la esperanza viene desde abajo. Examinemos el por que de una desconfianza marcada por las reducidas posibilidades de que las fuerzas progresistas ganen en una segunda vuelta, e incluso, de lograrlo, creen que continuaran las políticas prevalecientes impuestas por la economía.
La realidad peruana, es un complejo de incertidumbres donde se entrecruzan tendencias que apuntan y posibilitan estrategias diferenciadas de acuerdo con la conjunción de intereses particulares, cuya matriz común es el neoliberalismo y su complemento: la corrupción. Cuando llega la crisis o cuando los pueblos se mueven, los poderes tienen miedo, se organizan, se movilizan y los corruptos se dotan de un plan alternativo. Uno es el del poder en general, del sistema, otros son los de las fracciones de clase en el poder. En esas estamos desde hace años, desde la apertura del caso Lava Jato, el 2017. Un sistema político o un régimen, si se prefiere, podría continuar su degradación durante un largo periodo mientras no exista una alternativa que lo sustituya. Esta alternativa puede surgir al parecer, únicamente, desde el exterior mediante el poder destituyente, de una ruptura que puede ser pacífica o violenta; sin desconocer, que el poder monopoliza esta violencia y que las violencias generadas por ella son su subproducto. Marx ha sido capaz de observar que la violencia excedente en la historia, originariamente motivada por la escasez, ha generado instituciones que, cosificadas, la legitiman y prolongan más allá de la época histórica en que pudo tener algún sentido, y la presentan falsamente como paz. La principal y central de esas instituciones en Perú es el Estado colonial y sus FFAA. El otro lado de la moneda es la posición dominante sobre el mercado, en la definición usada por Milciades Ruiz, quien puntualiza que la dominancia requiere poder en y sobre el mercado y que exista un comportamiento independiente en grado suficiente. Sin embargo, lo mas importante será el control de un poder politico que obstaculice el desarrollo de la competencia efectiva o potencial que supongan una amenaza para su negocio.2 Es el falso libre mercado de los pàíses recolonizados.
Los dueños del Perú pese a sus cíclicas renovaciones y contradicciones internas y a su confrontación con la dispersa oposición al neoliberalismo, se mantiene en el poder como lo veremos a continuación. Sumamos seis expresidentes, poderes institucionalizados, miles de funcionarios gubernamentales en todos los niveles, trasnacionales y grandes empresarios, militares, etc. corruptos, que teniendo diverso origen y distintas ideologías en la practica van organizando defensas para cada coyuntura y así, evitar llegar a la cárcel. Este escándalo histórico de corrupción protagonizada por la empresa Odebrecht, constructora brasileña que forma a la vez parte del Caso Lava Jato, marca la vida política de las últimas décadas. Involucra a políticos, funcionarios y empresarios en coimas en licitación de obras públicas a favor de las constructoras cometiendo delitos de formación de organizaciones criminales, hasta lavado de activos cometiendo ilicitos de cohecho, colusión, trafico de influencias, puertas giratorias, negociación incompatible, asociación ilícita, financiación de campañas y tráfico de influencias. El último escándalo del negociado de las vacunas es una nueva expresión genocida de una enorme capacidad para organizar mafias criminales en poco tiempo, sin importar las decenas de miles de muertos. El problema menor es que se hayan vacunado el Presidente y su cilentela política, que no deja de tener una enorme gravedad etica. El estado en su carácter subsidiario es protegido para que no cambie; de allí que las medidas sanitarias sean coyunturales: contratos temporales via service de médicos y otro personal de salud, compra de oxigeno por tiempos definidos, etc. No se proyecta un cambio radical en salud, lo mismo en educación, vivienda, salarios. Primero es la empresa, la inversión privada, el resto es inaceptable.
Desde hace tres decadas, la historia se repite bajo el mismo formato, siempre como farsa, el fujiaprismo y Lava Jato (2017-2021), siguen definiendo la coyuntura y la izquierda oficial mantiene su ambigüedad. Las siguientes cuatro páginas narran hechos que muestran la complicidad de las corporaciones y el poder político delincuencial, pedimos disculpas por insertar tan larga narrativa de este enredoso y vomitivo proceso. Políticos, partidos, poderes como el ejecutivo, judicial, electoral, Congreso forman parte de las instituciones capturadas por la lumpen burguesía y trasnacionales a través de organizaciones criminales. Una institución clave es la de justicia (y la propia Constitución) al garantizar impunidad: Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), Fiscalía General de la Nación, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Ministerio de justicia, Corte Suprema. Junto a ellas esta el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva que asegura contar con el apoyo estatal sin pagar impuestos; y el Ministerio de transporte y obras públicas que garantizan que el Estado sea subsidiario de las corporaciones. Con este Estado recolonizado, este chiquero fallido, la política es un asco, no existen opciones oficiales, sin proyecto de país, no hay esperanza en la supervivencia como nación. Prevemos que continuaran el genocidio, ecocidio, los privilegios, la desigualdad, la discriminación. El complejo periodo de creciente saqueo y corrupción 1990-2016 lo dejaremos a un lado; solo describiremos el lustro coyuntural que redefine los conflictos en la pequeña política.
Odebrecht le dio a la Comisión Bartra información sobre contratos de PPK que dispararon su renuncia. La familia Fujimori y la organización criminal de Vizcarra, estando implicados en la delincuencia política fomentada por Odebrecht usaron información para las vacancias. Luego de hacerse pública información que lo vinculaba con la empresa brasilera Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski, elegido presidente el año 2016, enfrentó dos intentos de vacancia por incapacidad moral, impulsados desde el Parlamento fujiaprista. En el primero, Kuczynski logró mantenerse en el cargo gracias al retiro de diez parlamentarios de Nuevo Perú del hemiciclo y al voto en contra de otros diez fujimoristas, liderado por Kenji Fujimori, a cambio del indulto a Alberto Fujimori. El 24 de diciembre del 2017, Fujimori quedó en libertad. Poco después, salió más información del caso Lava Jato, que relacionaba a Kuczynski con esta empresa durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y se planteó una segunda moción de vacancia. Se desató el escandalo cuando se difundió un video grabado por el hoy difunto Moisés Mamani, congresista leal a Keiko Fujimori, que registró al ministro Bruno Giuffra negociando un intercambio con los fujimoristas: sacar del cargo a Saavedra para frenar la reforma educativa. La moción fue presentada por el Frente Amplio, coincidiendo con Fuerza Popular, pero por motivos diferentes. El interés de Keiko era conseguir la presidencia y por ello los ambiguos sectores de izquierda llamaron a una marcha contra el golpe. Recordemos que Gorriti, Glatzer Tuesta, ambos de IDL asesoraron a PPK.
El video obligó a renunciar a Kuczynski y asumió su lugar el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. A Kuczynski viejo político de prestigio como tecnócrata, se le recordó todo un prontuario delictivo contra el Estado desde fines de los sesenta. Se utilizó información hasta ese momento oculta, como el apoyo a la petrolera trasnacional USA, la IPC, 50 años atrás. Se supo que fue lobista toda su vida, trabajo para las empresas norteamericanas contra el Perú. Primer ministro y ministro de Economía de Alejandro Toledo, prófugo en EE. UU., con una orden de captura en su contra por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. A Kuczynski se le acusa por haber recibido dinero de esta empresa como una forma de ganar sus favores y facilitar la entrega de obras públicas de gran envergadura. La forma en que Kuczynski habría recibido sobornos sería mediante la contratación de consultorías con la empresa personal del exministro.3 Como en el caso Vizcarra, las acusaciones fueron por delitos menores, las causas no fueron seguidas con celeridad. Ambos siguen libres, como otros dos expresidentes: Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Martín Vizcarra, hijo de aprista y ex gobernador de Moquegua, asumió el cargo de Presidente a fines de marzo de 2018, necesitaba tiempo para limpiar sus expedientes y buscaba legitimidad, tomo riesgos y desde el inicio chocó con la mafia fujiaprista: el 11 de julio de 2018, anunció la reforma del Poder Judicial y en fiestas patrias -28 de julio- propuso un referéndum sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y una superficial reforma política sobre no reelección, financiamiento y bicameralidad y aspectos electorales menores. Dos poderes ejecutivos en uno. El Congreso fujiaprista no acataba el referéndum y en su lugar blindaba al juez Hinostroza y al fiscal Chávarry, presuntos jefes de los Cuellos Blancos que controlan parte importante del poder judicial. Vizcarra anunció entonces la presentación de una cuestión de confianza logrando que el Congreso apruebe los proyectos en octubre de 2018. El referéndum finalmente se realizó el 8 de diciembre de 2018, en el que la ciudadanía aprobó tres de los proyectos, incluida la reforma judicial. El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura. El pleno del Congreso aprobó el proyecto el 1 de febrero de 2019. Y el 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley Orgánica de la JNJ, creando ese organismo. La guerra estaba decidida. Gano Vizcarra dando la apariencia de combatir al crimen políticamente organizado, pero Keiko y sus Cuellos Blancos estaban agazapados esperando o creando la oportunidad.
La privatización del sistema judicial queda al desnudo parcial, al conocerse a los implicados en el caso CNM-Audios4: el juez César Hinostroza, luego que el Congreso le destituyera, huyó a España, donde fue capturado. Walter Ríos en prisión preventiva. Chávarry fue removido de su cargo de Fiscal de la Nación, aunque siguió siendo fiscal supremo, pese a las denuncias constitucionales que pesaban sobre él. El Presidente esperaba una vendetta y sufrió la oposición del Congreso fujimorista, llegando a tal antagonismo que se decidió por el cierre del Congreso y su abierto apoyo al Equipo Especial Lava Jato, ganándose como potenciales enemigos a los propietarios de varios partidos políticos -mas bien organizaciones para el delito- involucrados en las jugosas coimas de las constructoras brasileñas a cambio de un posterior favorecimiento en la concesión y después las adendas de grandes obras. El 30 de septiembre de 2019, decidió disolver el Congreso, ante la decisión de Keiko de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, generando crisis. También la convocatoria a elecciones y las reformas judicial y política, y principalmente el cierre del congreso, y el uso de los medios, le otorgo un apoyo a Vizcarra que le duro 13 meses, pues antes de su caída solo mantuvo legitimidad con enormes gastos en publicidad y encuestas. Es así como, teniendo como enemigos a la red mafiosa de Keiko, a parte del Club de la Construcción, a los dueños de las lucrativas universidades y otros adversarios ocultos; en medio de la pandemia, meses después, en septiembre de 2020, el Congreso tomo venganza mediante otros personajes. Congresistas liderados por Acción popular, que mantenía una imagen positiva por el recuerdo del Presidente Paniagua que logró apresar a 200 (5% aprox.) delincuentes políticos de la red mafiosa de Fujimori-Montesinos, inició un proceso para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra por haber obstruido las investigaciones del Ministerio público y el propio Congreso, y por sus recurrentes falsas declaraciones. Este intento ocurrió el 18 de septiembre y mes y medio después consiguieron vacarlo, con los 105 votos antes referidos.
El Perú, el 26 de enero 2020, eligió un Congreso tan corrupto como el anterior; de los 130 congresistas, 68 con juicios abiertos, mas del 50% tienen, con casos pendientes en el Poder Judicial: muchos de ellos por delitos graves. En su mayoría son miembros de Podemos, UPP y APP. Podemos busca obstruir y descarrilar las investigaciones que han generado una orden de detención para uno de sus fundadores, José Luna Gálvez. La cabeza de la bancada de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, tiene 36 procesos y apoyó la vacancia esperando que el nuevo presidente libere a su líder, Antauro Humala, preso por liderar una confusa asonada, con el saldo de varios policías muertos. Impresentables como Daniel Urresti, con 23 procesos incluyendo el asesinato del periodista Pedro Bustíos y la violación a mujeres campesinas o Meléndez, del partido Alianza para el Progreso (APP), con el record de 85 casos fiscales abiertos por peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa y lavado de activos. Esta organización política, es un verdadero nido de delincuentes, tiene el mayor número de parlamentarios con procesos abiertos.5 Con la salida de Vizcarra, quien quedó a cargo de la presidencia del Congreso legislativo, Manuel Merino, militante AP. Apoyado por APP, liderado por César Acuña, dueño de un conglomerado de universidades privadas. El fujimorismo espera boicotear las investigaciones contra Keiko Fujimori y toda una tendencia política nacional de corruptos en todos los niveles de la administración publica y empresas.
En un juego perverso tipo bumerang, Vizcarra se arriesgo al apoyar abiertamente al Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, uno de cuyos miembros, el fiscal José Pérez, encargado de los casos de Keiko, Fujimori, Alan García y Kuczynski (caso Odebrecht), se mostró inusualmente activo, recibiendo la simpatía popular. Los medios le recordaron a Pérez que como fiscal en Moquegua habría sido protector de Vizcarra, que no repercutió por su alta aceptación. El primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por recibir dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht durante las campañas electorales de 2011 y 2016 (caso Cócteles). El juez Richard Concepción Carhuancho hizo suya la tesis del fiscal y ordenó detención preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, en octubre de 2018. Dos años después ya conocemos la represalia.
Perú vivió una verdadera guerra de mafias. Los viejos y nuevos empresarios mafiosos financian y ponen congresistas para la defensa de sus intereses. Los congresos y los gabinetes de Vizcarra y Merino fueron los canales de sus intereses y de la corrupción. Merino, como Vizcarra y otros no tienen respaldo partidario, compraron sus nominaciones. Merino fue producto de cinco mil votos, colocó como primer ministro a Ántero Flores-Araoz, quien cuando fue candidato presidencial obtuvo 0,4% de los votos. Los congresistas que llevaron a Merino a la presidencia buscaban terminar con investigaciones judiciales. Los financistas del poder y de la política peruana arriesgan desestabilizar su Estado de derecho con tal de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios. Parece que el objetivo principal de la coalición de la vacancia fue desmantelar al ejecutivo y mantener sus privilegios e impunidad. Casi todos los titulares de las carteras ministeriales están ligados a estudios de abogados “de alcurnia”, o forman parte de acreditados núcleos conservadores. Flores Araoz, el titular del Gabinete tiene oscuros antecedentes, fue ministro de Toledo, y de García. Estuvo involucrado en la represión de Bagua que dejo como estela, decenas de muertos. Abogado, además, de Telesud, esa Universidad-lucro que buscó engañar al país construyendo la fachada en una institución académica. Y abogado también del rector de la Universidad Garcilaso, famoso porque ganaba dos millones de soles (60 mil dólares-mes).
Por eso el objetivo inmediato y desesperado de las mafias coordinadas por la CONFIEP era nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y ejercer su pleno control del poder judicial. No son prácticas defensivas, pues paralelamente luchan por seguir manejando el presupuesto público para el 2021, el BCR y el Ministerio de economía. Ambos bandos se disputaban las Fuerzas Armadas y policiales, que hace mucho han dejado de lado la defensa de la soberanía, ahora solo son defensoras de las corporaciones y en su tiempo libre colaboran en el orden público.
Vizcarra, también contaba con un apoyo condicionado de la CONFIEP y los grandes mineros. Estos y todos los extractivistas, siempre a salvo; siguen sosteniendo que la minería es el único sector económico genuino, aunque su participación en el valor agregado total del país sea ridícula, lo mismo que en la generación de empleo total, con una tasa de informalidad laboral escandalosa. No acepta la imposición de mayores gravámenes por su ventaja productiva natural al acceder a bienes “baratos”. Los mitos derivados de la “gracia divina” de la extraordinaria dotación de factores naturales, no justifica que algunos propietarios de esa riqueza y sus dirigentes crean que por eso son los dueños del país. Sin embargo, a la CONFIEP no le agradaba el apoyo de Vizcarra a las investigaciones que afectaban a todo su sistema de poder: el caso Lava Jato, amenazas de investigación a Graña y otros constructores privados. El proceso al lavado de dinero de los Romero y otros grupos, la intervención de la Fiscalía en sus cuentas, al descubrirse aportes a KeIko no declarados; su renuencia a liberar Tía María, Conga y otras inversiones. Vizcarra se sentía útil y necesario, pero la CONFIEP ya no confiaba en el, de allí que en septiembre del 2019 apoyaron abiertamente el golpe parlamentario de Mercedes Araoz. Estos dueños del país cuentan con el apoyo indeclinable del mafioso grupo El Comercio de José Graña Miro Quesada, uno de los principales acusados, que forma opinión pública con sus noticias falsas, mitos y fetiches.
Los nuevos ricos son los que quieren parte del poder. El propósito es usar a su favor el estado de derecho y sus instituciones, un negocio de los mas rentables en este capitalismo colonial es la educación y en ella, las universidades privadas de mala calidad. El Congreso y gabinete de Merino empezaron el debate sobre la derogación de la ley universitaria, la autorización de cinco universidades, el licenciamiento de las no calificadas. Luchan por liberarse de una reforma universitaria que los limita en su fraudulento crecimiento. El partido Acción Popular, uno de cuyos líderes principales es Raúl Diez Canseco, magnate dueño de universidades; el abogado Flores-Araoz ha defendido a la universidad Telesup, cuyos dueños poseen el partido llamado Podemos. Tras ellos, hacen cola transportistas informales, mineros ilegales, iglesias y ONG contra la “ideología de género”, conservadores aristocráticos y otros populares, etc.
El sistema político se ha transparentado y podemos identificar con Francisco Durand los tres pivotes de la elite económico-política que gobierna el país desde las sombras desde 1990, aunque, cada vez se vea mas obligada a exponerse. Incluye a todos los presidentes influenciados, controlados, financiados, es decir capturados (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra y Merino) por ellos, recurriendo a diversos mecanismos de influencia, asegurándose que el manejo de la economía sea dirigido por tecnocracias, que rotan en este cargo como ministros, asesores, viceministros. Encargados de servir a las grandes corporaciones de la minería, agroindustria, finanzas, servicios y las obras subsidiarias estatales. Decididos a rebajar los requisitos y controles de la inversión y la tributación, acabar con los estándares de regulación ambiental, impedir la formación de sindicatos, generar amnistías tributarias, buscando siempre mayores rentas e intereses, con el objeto de “estimular el crecimiento” por encima de todo.
Estos tres pivotes son: Uno, los grandes empresarios que agrupa la CONFIEP, el gremio de gremios liderado por los intereses extractivistas y financieros. Dos, la tecnocracia neoliberal que rota entre grandes empresas, organismos internacionales y altos puestos de gobierno. Véase la trayectoria de Fernando Zavala, el caso más representativo de “puerta giratoria”: fue del grupo Apoyo al MEF, del MEF a Backus, de Backus de vuelta al MEF, y ahora en Intercorp. Tres, los grandes medios de comunicación de masas (El Comercio, Cadena Correo, RPP, Wilax, este último muy comprometido con el golpe) que inciden en la opinión pública para evitar el debate sobre un cambio económico de la Constitución, al mismo tiempo que, en caso de los conflictos, acentúan las tomas de violencia de los manifestantes y justifican el llamado al orden y la violencia policial. Estado de derecho, dicen. Su Estado, su derecho.6
- LA LUMPEN BURGUESÍA NEOLIBERAL CONTINÚA PRIVATIZANDO LA POLÍTICA.
DE LA ILEGALIDAD DE VIZCARRA AL GOBIERNO DE TRANSICIÓN.
Este caso es único en la historia reciente del país. Nunca un presidente de la República en ejercicio había sido investigado por la fiscalía y la procuraduría, que cuentan con testimonios y delaciones de coimas recibidas en las múltiples veces que fue funcionario público y otros delitos como obstrucción de la justicia e influir en la política para conseguir sucesores “confiables”. De hecho, Intervino descaradamente en el Ministerio Público para colocar o Zoraida Ávalos y usó a un grupo de fiscales adeptos para perseguir a sus adversarios. Incluso el cierre del Congreso y las amenazas veladas de intervención de las fuerzas armadas en su favor, de ocurrir la vacancia. Sus errores lo obligaron a la suspensión de funcionarios, cambios de magistrados y burócratas judiciales y a la reiterada mentira. Se convirtió en símbolo de inestabilidad política. Solo en la administración de la pandemia, tuvo tres ministros de Salud, cuatro del Interior y tres jefes de gabinete. Los audios, como los videos de Fujimori, fueron contundentes pruebas de manejar una organización criminal formada hace una década en Moquegua. Vizcarra solicito ser investigado y su amiga Zoraida Avalos, de la JNJ en un acto de colusión agravada, accedió, pero condicionado a que sea después del 28 de julio 2021.
Vizcarra se vinculó con la corrupción desde que era presidente regional de Moquegua. Como ministro de transportes favoreció a las empresas que le dieron coimas en su región. Ahora que se conoce mas de su recorrido, podemos deducir que no había obra de la que no obtuviese réditos. El ingeniero José Manuel Hernández, exministro de Agricultura 2016-2018, confesó ante el fiscal del equipo Lava jato, Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del Club de la Construcción, según La República, corroborando la existencia de una coima, hasta por S/ 1.3 millones que había pactado el empresario Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA (asociado con INCOT), con Martín Vizcarra Cornejo por la obra del Hospital Regional de Moquegua por S/ 123.5 millones (18/12/13) durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014). La historia viene desde el 2005 hasta el 2011 cuando la empresa del presidente y sus hermanos C y M Vizcarra se convirtió en proveedor del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, ICCGSA y Graña y Montero a cargo del tramo 2 y 3 de la Interoceánica del Sur. Luego de un conflicto de competencias creado por Avalos
El fiscal Juárez, abrió investigación directa a Martín Vizcarra, dejando de lado a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, que había dispuesto que sea la fiscalía Anticorrupción, los fiscales Omar Tello y Elmer Chirre quiénes investiguen este explosivo caso. Ante este conflicto de competencias, según la norma, tendría que dirimir un Fiscal Supremo -que no incluye a la Fiscal de la Nación- por lo que serían: Pablo Sánchez o Betsabé Revilla que estaban por que siga investigando el equipo Lava jato. Vizcarra firmó el contrato con el consorcio ICCGSA-INCOT, el 18/12/2013 – que también, como el de Obrainsa-Lomas de Ilo y otras tres obras de su gestión en la región- y creyó estar a salvo por haber sido fue certificadas por la agencia de las Naciones Unidas (UNOPS), cuyo funcionario Fernando Cotrim participó del proceso. Un hombre clave en la relación de las empresas del Club de la Construcción con UNOPS es Aldo Belaunde Gensollén, implicado en el caso Vladimiro Montesinos- Congreso 2002), sindicado además por el colaborador eficaz de la brasileña OAS, Valfredo de Assis, en el caso Hospital Lorena del Cuzco como el «operador de UNOPS» que les habría cobrado el 8% del presupuesto de esta obra para repartirlos entre los actores claves que facilitarían que la agencia internacional les allanará el camino hacia la buena pró.7
El hospital fue la gran obra de la gestión de Vizcarra en Moquegua. El gerente general del gobierno regional era el ingeniero Edmer Trujillo, exministro de Vivienda y Transporte 2016-2019, que fue el que autorizó los desembolsos, mientras que el jefe del proyecto del hospital era Carlos Estremadoyro, también ministro de ese rubro, que fuera sindicado como «el cajero» por la exsecretaria del presidente Karen Roca. Así tenemos que, Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro, José Manuel Hernández, funcionarios de la UNOPS, los hermanos Tejeda de Obrainsa, funcionarios de Odebrecht, Aterpa, (que aporto a la campaña de Toledo) todos los presidentes regionales de la promoción «Martín Vizcarra» 2011-14, que recurrieron a estas artimañas, salvo el de Madre de Dios, y otros están en calidad de sentenciados, presos, fugados, o a punto de la condena. Forman parte de esta organización criminal y se los asocia principalmente con las empresas constructoras CASA, ICCGSA y OBRAINSA, COSAPI, Constructora Durán SA (Codursa), miembros VIP del Club de la Construcción y la española Construcciones y Promociones Balzola, que fueron favorecidas cuando Vizcarra ocupó el ministerio de Transporte 2016-18.8
Vizcarra, como presidente, siguió con sus actos ilícitos, a pesar de denuncias y testimonios que lo involucran. En tiempos de pandemia más imputaciones aparecen, en la compra de pruebas rápidas, material medico y la denuncia sobre las vacunas VIP y los negociados con las mismas. Reparto de apoyo a grandes empresarios, dispendio incontrolado de fondos públicos. El fiscal Reynaldo Abia, a cargo del caso, indica que Vizcarra se reunió con la ministra de Economía y otros altos funcionarios para decidir esa compra, la direccionaron. No se compraron pruebas moleculares, las únicas que detectan la enfermedad. En la corrupción está la respuesta. Luego mintió sobre acuerdos con los fabricantes de vacunas y cerca de fines del 2020 nos enteramos de que no existen acuerdos.
Este mandatario convocó a elecciones para abril de 2021. Se inició una secuencia de confrontaciones, incluyendo la censura al gabinete Cateriano, los pedidos de interpelación a los titulares de Educación y Economía y Finanzas, y las denuncias por el caso Swing y el intento fallido de vacancia. El Jurado Nacional de Elecciones sentenció que Vizcarra interfería en los comicios. En febrero 2020 declaró que apoyaría a candidatos afines a sus ideas. Al desacreditar la política con psicosociales contra el Congreso, logró que la gente odie aun mas a los parlamentarios. Fueron 24 las organizaciones políticas en carrera electoral para el 2021; casi todas son solo logos colocados en el mercado. La corrupción campeó desde un inicio, se encarceló a los opositores y se arruinó la economía. Se estima que el PBI caerá 14.8%. El mal manejo de la pandemia colocó al Perú como el primer país con más muertos por millón del planeta. En febrero 2021 busca la impunidad del congresista, postulando a ser parte del Congreso.
Vizcarra se fue con una supuesta aprobación de mas del 50%, pero no se dice que el ministerio del interior con sus prefectos y gobernadores son un instrumento político del Ejecutivo y que gastó decenas de millones en los medios para lograr que en el papel aparezca legitimado. Entre el 2018 y el 2020 habría gastado alrededor de 70 millones de dólares en publicidad, según Transparencia Economía9 Al margen de las maniobras de otros mafiosos, el país no podía continuar siendo gobernado por un corrupto que persistía en actos delictivos, continuaba impune e inmune, y su mayor tiempo lo dedicaba a borrar las huellas de su prontuario de ilícitos. El hecho de que otra mafia lo impugnara y pidiese la vacancia distorsionó la clamorosa demanda de que se vaya. Vizcarra entendió los tiempos políticos y se centro en su legitimidad e imagen, como bien anota Monereo:
El mundo del capitalismo financiero concede poco a la política y prefiere a gestores de imagen y potentes aparatos de comunicación. Los tiempos están cambiando y lo harán más, mucho más y rápidamente. La figura que emerge es el intelectual sistémico. Su papel es definir lo políticamente correcto; lo que se puede debatir y lo que no; sacar de la esfera pública los intelectuales críticos, condenarlos al ostracismo y vetar su presencia en los medios. Sus instrumentos son emitir discursos disciplinarios, criminalizar al disidente y etiquetarlos.10
Perú vive un enfrentamiento entre piratas y corsarios modernos de la economía y la política. Son la llamada gran burguesía y la nueva burguesía, ambas dedicadas al saqueo. Con naturales intereses de grupos: unos en el extractivismo de abolengo histórico: banca, minería, agroindustria (el neolatifundismo esclavista), pesca, servicios y cervecerías y otro sector inversor en competencia en sectores lucrativos: cemento, educación, servicios, comercio, correspondiente a la industria marginal, periférica, de alimentos y artículos de consumo cotidiano como refrescos o leche. Mientras estos últimos están agrupados en una sociedad de medianos empresarios Asociación de Empresas Familiares del Perú -AEP- bajo el liderazgo del grupo Añaños, entre otros.
Los primeros concentran su poder en la CONFIEP – fundada en 1986, que incluye a las corporaciones extranjeras y a las viejas sociedades: SIN-industria, CCL-comercio, ADEX-exportadores, SNMPE-minería. Son mas continuidad que ruptura con el mundo colonial, del cual provienen, como todo. En este nuevo ciclo de recolonización neoliberal, estos pillos están a ambos lados de la legalidad. Estos viejos y experimentados piratas son los Romero, Brescia, Rodríguez-Pastor, Benavides, Graña, etc. Controlan la banca y finanzas, el sector extractivo y urbano-industrial. El control del MEF y el BCRP es fundamental para todos ellos. Los políticos son “construidos” (Fujimori, los Kucsinsky, los García, los Toledo, Vizcarra) o absorbidos (Humala, Villarán) por ellos y algunos ingresan a su férula como la familia del difunto Alan García (accionista del grupo Rodríguez Banda) o la familia Fujimori en grandes mineras como Antamina, Volcán y Morococha.
Los que nacieron como piratas, fueron después corsarios y cuando es necesario retoman la piratería, ocupan nichos de inversión “innovadores”, algunos ingresan a la política y terminan con cuentas off shore. Son los Añaños, los Acuña y su red de universidades, los jefes militares y policiales involucrados con los narcos, los mineros ilegales, los nuevos empresarios, comerciantes, constructores, etc. Dedicados a las actividades informales o ilegales, las transforman en lo contrario. Los corsarios -antes piratas y luego, después, parte del Estado, lo que es la verdadera puerta giratoria- actúan con permiso estatal, buscan controlar el Estado desde el ejecutivo y los otros poderes, ocupan las instituciones, crean partidos y financian sicarios. Al ingresar a los poderes del Estado los piratas se convierten en corsarios, acumulan de lo que robaron y continúan defraudando al país, en relaciones personales y de grupo con el poder judicial, el Congreso o la presidencia.
Ambos campos forman una cambiante lumpen burguesía, tienen objetivos comunes y otros discrepantes, nombran presidentes, manipulan al Congreso, al sistema judicial y las instituciones; con las grandes corporaciones manejan la economía, las relaciones bancarias, financieras, fiscales, tributarias y; forman opinión pública con los medios. A través de los “cuellos blancos” tomaron el poder judicial, pero además con su capacidad de financiamiento pueden elegir a gran parte del Congreso y con ello elaborar la Constitución, institucionalizar y proteger la propiedad privada y estar siempre cubiertos. Al tener como únicas actividades económicas estatales las obras y servicios subsidiarios para las grandes corporaciones como la construcción o el de otorgar concesiones, utilizan al “club de la construcción”, para repartirse las obras y las correlativas adendas; entregan las minas, tierras, mares y bosques – territorios íntegros- para el despojo. Pero los nuevos empresarios, los nuevos piratas, quieren mas, quieren el Ministerio de Educación, el de Transportes y Comunicaciones, etc. Y ese es el caso de Manuel Merino y su grupo de congresistas dueños de universidades.11
El nuevo Congreso, producto de las elecciones de enero del 2019, después de un intento por vacar a Vizcarra lo consiguió con 105 votos contra 19 y el resto abstenciones, el 9 de noviembre y un día después asumió el mando quien era el presidente del Congreso, Manuel Merino. Este conformó un gabinete de abogados ligados a despachos de defensa de probados corruptos y otros recalcitrantes neoliberales o conservadores de derecha. El Premier Antero Flores Araoz, abogado de Telesud, Universidad-lucro que buscó engañar a la SUNEDU con la foto de una fachada y también del corrupto rector de la Universidad Garcilaso, ministro de Toledo y de García. Responsable de la represión en Bagua con un saldo de decenas de muertos.12 La renuncia del presidente Manuel Merino, gracias a las enormes marchas populares del 12-14 de noviembre es consecuencia de la destitución del presidente Martín Vizcarra, a su vez, continuación del cierre del Congreso bajo dominio de la familia Fujimori, que a su vez estuvo precedida de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kucsinsky y el suicidio del otro ex presidente Alan García Pérez. Todos implicados en el caso Lava Jato. Este gobierno duró solo 5 días y después del debate congresal fue electo por el mismo Congreso.
Este es un sistema político que esta en descomposición y atraviesa una crisis en todos sus agentes y clases, incluyendo las instituciones electorales. Un sistema privatizado y mercantilizado ha afectado a derecha e izquierda, hasta hacer sus diferencias mínimas. Nos referimos a que los partidos son empresas electorales, de franquicias, cuyos propietarios convocan a emprendedores políticos que invierten en su negocio, solicitan los permisos correspondientes y entran al mercado publicitario. El negocio personal consiste en competir para seleccionar a quienes vivirán del Estado por toda la vida, se impone a las ideologías y proyectos políticos. Ser gobernador o alcalde, puede ser un mejor negocio, aunque signifique mas trabajo y riesgo. Aquí los negocios se establecen desde la concesión de obras (negociando el diezmo y las adendas) y dar facilidades a las grandes corporaciones para apoderarse de territorios y bienes baratos. Hoy, ya no existen lealtades y el mejor ejemplo es Vizcarra que luego de hacer de las suyas como Gobernador de Moquegua, con un saldo de 48 procesos, traicionó a su amigo PPK que le había encargado sus negocios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que fracasó en la operación aeropuerto de Chincheros, alejándose en la embajada de Canadá. Volvió para reemplazar a PPK, ante su renuncia frente a su anunciada vacancia.
El objetivo neoliberal mas destacado fue la inversión y el crecimiento económico, que mejoraron, debido a las innumerables concesiones mineras y altos precios de las materias primas; que permitió que las grandes corporaciones, CONFIEP y sus corifeos tecnócratas, funcionarios, los medios, fetichicen el crecimiento económico e impongan el mito del progreso. Con ello el poder logra que la política solo sirva a esta exigencia y los candidatos se desvinculan de los reales problemas sociales. Montesinos, el ideólogo del fujimorismo, fue un militar y agente de la CIA que supo percibir lo que realmente era el Estado peruano y sobre esa base inicio un nuevo ciclo de recolonización y ocupación de los poderes. Un cuarto de siglo después el sistema llegó a sus límites y se expreso en la Operación Lava Jato, todo un sistema de sobornos de constructoras brasileñas que comprometió a representantes del gobierno y partidos de izquierda y derecha y que viene definiendo la conflictividad actual, pues los que no quieren llegar a la prisión intercambian intereses con quienes buscan apoderarse de espacios de poder para su beneficio.
Así como se reveló el manejo de la economía con el escándalo Lava Jato y el control de la política en el esquema Montesinos; el podrido sistema judicial se reveló en los involucrados en el caso Consejo Nacional de la Magistratura y los Audios que lo evidenciaron. Se imponía su cierre. Las organizaciones criminales están en la CONFIEP, en el Congreso y en el poder judicial (Los Cuellos Blancos del Puerto). Un sociólogo especializado en el estudio del poder nos dice:
La cúpula de esta nueva clase capitalista puede llegar a 40 conglomerados o “grupos de poder económico”, lista a la que debemos añadir unas 60 grandes empresas nacionales y multinacionales no conglomeradas. En total, grosso modo, son unas 100 corporaciones las que conforman esta cúpula dominante, donde destacan los conglomerados nacionales, extranjeros y asociados que manejan la economía formal del país. Los conglomerados ocupan una posición privilegiada debido a que coordinan cientos de empresas ubicadas en varios sectores, destacando los extractivos y el eje articulador de los poderes fácticos económicos: el poder financiero -bancos, fondos de pensiones, seguros y financieras-. Se trata entonces de un gran poder económico corporativo extractivo-financiero donde el comando lo tiene el capital financiero. En suma, estamos frente una cúpula capitalista moderna diversificada con dos grandes brazos, el financiero y el extractivo-exportador. A su interior se observan dos importantes tendencias: a la concentración continua que asume rasgos oligopólicos, y a la extranjerización, al ir siendo el capital nacional desplazado progresivamente.13
No estamos inaugurando una nueva época en el Perú y América Latina. Seguiremos atrapados en un mundo neoliberal del que es difícil escapar, no solo del interno sino rodeados de su presencia global que ha modificado las formas de vivir y pensar. Nos han convertido en esquizofrénicos colonizados, por un lado, pugnamos por “que se vayan todos”, “nueva constitución”, “refundar el país”, por otro, recibimos ordenes desde arriba, a través de los medios y nos sometemos a los manipulados procesos electorales y a las decisiones del poder a través de herramientas maniobradas por periodistas transformados en políticos y orientadores de la opinión pública. Esta esquizofrenia terminará cuando crezca la conciencia política y se vaya creando un nuevo ethos, una nueva cultura que lo construya y empuje una transformación estructural, que demanda ser internacional. La evidencia reside en que cuando ocurren estos procesos, no obstante rechazar el mundo en que vivimos, elegimos lo que hay en el mercado electoral: a sujetos cuya única intención es enriquecerse viviendo del erario y/o de las onerosas contribuciones corporativas. Los jóvenes manifestantes que reaccionan en América Latina no parecen conscientes de que la casta de esos políticos, empresarios y dueños de medios, han logrado naturalizar las privatizaciones, el poder financiero y de las megacorporaciones mineras, la idea de dar prioridad a la inversión externa y de la necesaridad del extractivismo, a pesar de que solo han conseguido la precariedad existencial resultante de la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados financieros y laborales. Los jóvenes están indignados por la corrupción e impunidad de políticos rapaces, banqueros, lumpen empresarios, exacerbada por la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas. Hubo un colapso en la producción y el comercio, forzado o impuesto por cierres pandémicos, que luego condujeron a una enorme caída de los ingresos, el gasto y el comercio. La irracionalidad, la exclusión y la sumisión caudillista, mantienen su continuidad y confirman lo que Adorno sostenía: la democracia no es una realidad; es un ideal que aún no se ha realizado y que seguirá generando movimientos de resentimiento y rebelión.
Perú vive en una encrucijada política, momentos decisivos para el futuro del país. El presidente Sagasti nace como ultimo recurso oligárquico, como producto del caos gubernamental, confronta las nuevas amenazas de vacancia y la persistencia por imponer intereses particulares de los grupos en el Congreso. Debe armonizar el conflicto en las alturas por la gestión del excedente, el uso estatal para los fines de los grupos corporativos en pugna. Necesita ocultar el próximo fraude electoral que se avecina, la presión preelectoral por procesar y condenar a tantos precandidatos prontuariados. Al mismo tiempo, aminorar la presión social por el encarcelamiento de políticos corruptos; la indignación ante la falta de respuestas eficientes ante la pandemia y sus secuelas (con un saldo de 100 mil muertos y un millón de contagiados; y muchos negociados en su derredor) y tomar medidas frente el desbarajuste y las amenazas de caos en lo económico, social, político. Evitar mas tensiones entre los poderosos lo llevará a definir el financiamiento y uso del presupuesto para favorecer a los de mas arriba usando el endeudamiento como justificación del despojo y la austeridad para el gasto social. Ante la necesidad de aminorar la corrupción a la que ahora agrega la que se descubre en las fuerzas armadas y policiales provoca conflictos con el poder político. Otro desafió radica en el agravamiento de las condiciones de vida del pueblo, la inminencia de la muerte, las amenazas de nuevos despojos a los pueblos indígenas, desata un renacimiento de las luchas sociales de los jóvenes sin expectativas, de los trabajadores agrarios, mineros, de la educación, la salud, que se expresa el “que se vayan todos”, en la lucha por una asamblea constituyente y una Nueva Constitución, sabedores que es un paso en la lucha por la emancipación. Intuitivamente optan por romper el Estado de derecho, que no es mas que el derecho de los poderosos.
Asi vemos, como el astuto Martín Vizcarra logró redireccionar la trama corrupta de un grupo de jueces del Callao y algunos de Lima con la cual él ya aparecía comprometido. Y, con sus aliados de turno (IDL-Reporteros, los grandes medios, la izquierda caviar y las ONGs) lograron convertirla en una operación política de gran magnitud. Invocando el estigma de los «Los Cuellos Blancos», en caida libre y sin posibilidades de abierta defensa, sirvió para sacar del camino a cualquier adversario, asaltaron el Ministerio Público, previa demolición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). “Y, bajo tal cobertura e inflando indicios, defenestraron magistrados incómodos que hurgaban en el caso Odebrecht, Club de la Construcción, y que seguían las huellas y correrías del recién ascendido presidente. Y, por cierto, bajo este manto «incorruptible» lograron desprenderse de la oposición política.”14 Así que el telón ha caído. Todo ha sido una farsa. En todo caso, una confluencia mafiosa de intereses ha sido desvelada. En cuanto a las ONGs, estas se aliaron con Martín Vizcarra para ocupar más y mejores posiciones y avanzar en su agenda neoliberal de “izquierda”, que bajo una presunta defensa popular, mantiene su estatus, sus emolumentos y sus asesorías. Dispuestos a ponerse al servicio de quien se las otorgue: Esta vez fue Vizcarra, ayer Humala y Toledo.15
Sagasti, fue el siguiente asesorado por los caviares limeños, tecnócrata internacional, umbilicalmente unido a la pseudo aristocracia y la banca mundial, no es mas que el continuismo neoliberal. El poder económico y el sistema político reacciona desde el poder recurriendo a las negociaciones con los neoliberales de derecha e izquierda para evitar una nueva vacancia. Sagasti, por un lado, intenta concertar y se reúne con sus líderes (Keiko, Acuña, Arana, Vega, etc.) y por otro recurre a la represión, al apresamiento de líderes, dirigentes y luchadores sociales, defensores del ambiente y DDHH y desviar la atención recurriendo al siempre eficiente “terruqueo” (74 Movadef y expresos detenidos). Ocultando la corrupción galopante en las fuerzas represivas y la responsabilidad de las FFAA y policiales en los asesinatos de estudiantes y luchadores, encubriendo que ya no defienden la soberanía nacional popular ni la seguridad ciudadana, sino, principalmente la del poder económico. Como ya es cíclico apresan a ex militantes y simpatizantes de SL que los tienen clasificados para que la población se centre en esta inventada nueva amenaza. Si bien es cierto que la detención de personas en algún momento vinculadas a SL, según los servicios de inteligencia, fue un acto psicosocial y un simulacro de eficiencia, no deja de ser cierto que las condiciones para que aparezca una rebelión generalizada son óptimas. Mucho mas que 1980, hace 40 años. O acaso creen que generar violencia legitimará su existencia y el monopolio y uso de la fuerza. Sin embargo, no creemos que se de este tipo de rebelión armada, pero si es probable que todo Latinoamerica y otras partes del globo haya levantamientos y conflictos debidos al aumento de las condiciones previas a la pandemia: crisis, desempleo, pobreza, inflación, etc.
En este siglo las luchas por la dignidad persisten. Las justas, aquellas inevitables que tienen en el horizonte los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, denunciar el machismo y el patriarcado
El analista Gerald Lebrun, en las redes sociales comenta:
El presidente interino Francisco Sagasti no pierde tiempo y se revela ser un tremendo aliado del lobby minero, aprovechando de su corto periodo para autorizar un megaproyecto con más de 17000 hectáreas de concesión en Tambo Grande (Piura), en una región fuertemente dependiente de la agricultura y cuya población ya ha rechazado varias veces los proyectos mineros. Por si fuera poco, Sagasti autoriza las concesiones en las zonas fronterizas (banda de 50 km) con el decreto supremo 027-2020-EM, que declara “de necesidad pública la inversión privada en actividad minera” y que menciona expresamente a la empresa “Nuevo Arcoíris”, o sea, un decreto a medida. Sagasti, lobista de la megaminería, que se olvida totalmente de la terrible situación del país, con la mayoría de las fuentes de agua ya contaminadas con plomo, mercurio o arsénico, con 10 millones de ciudadanos ya expuestos a los metales pesados, productos de la actividad minera, con un estrés hídrico severo, con una agricultura familiar ya en gran dificultad. Pero para un presidente, lobista de la megaminería, las ganancias de las empresas mineras son mucho más importantes que el medioambiente y la vida del pueblo.16
Notas:
1 Toledo, Humala, Merino. No tuvieron esas posibilidades y solo actuaron coyunturalmente.
2 Milciades Ruiz, Posición Dominante. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLsdHVcmsPKtsbVwxBrHVcJBzh
3 Más información: Páez, A. (29 de marzo de 2018). Fiscalía encontró en casa de PPK evidencias de vínculos con Barata. La República. Recuperado de https://larepublica.pe/politica/1218610-fiscalia-encontro-en-casa-de-ppk-evidencias-de-vinculoscon-barata EMANCIPACIÓN Cuaderno de investigación N° 3 69 irregulares a cambio de votar contra la vacancia*.
4 La filtración de audios donde se escuchan las conversaciones de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú, que los Implica y configura una organización mafiosa, que involucra a empresarios, políticos y funcionarios públicos.
5 Gabriel Adian, La clase política es una cloaca, 16/11/2020, https://rebelion.org/la-clase-política-es-una-cloaca/
6 Perú. Dueños del país XI: CONFIEP y los golpes, Leer y difundir, 18 noviembre, 2020
7 María Elena Hidalgo, la República 22/10/2020, “ Moquegua, negoció con Obrainsa”,
8 Revisión de hemerografia, diarios y revistas de varios meses del 2020: La Republica, El Comercio, Expreso, etc.
9 El Peruano; 2020.
10 MANUEL MONEREO, La tercera vía está de vuelta: el papel de los intelectuales sistémicos, , 19/11/2020, https://rebelion.org/la-tercera-via-esta-de-vuelta-el-papel-de-los-intelectuales-sistemicos/
11 El mercado de los jóvenes que desean estudiar es jugoso. De aproximadamente 5 millones, el 30% estudia en universidades, quedan 3.5 millones, más los 200 mil que han desertado por la pandemia. Y los postgrados mas la educación on line. Uno de los negocios mas lucrativos, de allí la importancia de controlar el Ministerio de Educación.
12 Gustavo Espinoza, El Perú Entero, Rebelión 17/11/ 2020, https://rebelion.org/el-peru-entero/
13 Francisco Durand, Estructura del poder económico del Perú del Siglo XXI
14 Viejo Topo, 24 febrero 2021
15 Viejo Topo, No 6, marzo-abril 2021.
16 Gerald Lebrun, https://www.facebook.com/gerald.lebrun.92 Francisco Sagasti como presidente Preside interino. Asesor del propietario de la marca Morados, Julio Guzmán, es un consultor y académico de centro derecha que estuvo vinculado con los gobiernos de Velasco y García y a organismos internacionales. Paradójica e incoherentemente, una mayoría mayor de partidarios de la vacancia eligen a uno que estuvo en desacuerdo, y este acepta, habiendo estado en desacuerdo con que salga Vizcarra. El muy esperado pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de Vizcarra nunca ocurrió.