En los últimos meses el conflicto entre las comunidades indígenas y la empresa transnacional Hocol está llegando a un punto muy crítico, partamos de hacer mención que las autoridades políticas empezando por el alcalde Benjamín Aponte, no han manifestado ninguna voluntad ni estrategias por construir espacios de conciliación que responda a las demandas y necesidades […]
En los últimos meses el conflicto entre las comunidades indígenas y la empresa transnacional Hocol está llegando a un punto muy crítico, partamos de hacer mención que las autoridades políticas empezando por el alcalde Benjamín Aponte, no han manifestado ninguna voluntad ni estrategias por construir espacios de conciliación que responda a las demandas y necesidades por parte de la comisión de resguardos indígenas del Tolima (CRIT).
La denuncia por parte de los líderes indígenas, consiste en que la empresa Hocol no ha demostrado respeto por los derechos, el territorio y las prácticas de las comunidades pero si han realizado proyectos que afectan radicalmente los ecosistemas de esta zona. Un caso en específico es la sequía paulatina y la pérdida del caudal que vive el rio Ortega.
En efecto, el asunto radica es poner en jaque la autonomía y los derechos de las comunidades sobre los intereses estratégicos que representa esta empresa transnacional, otro aspecto consiste en denunciar las fallas sobre los procesos de obtención del crudo y, los efectos estructurales que recaen transcendentalmente sobre el ambiente. La situación es compleja, la actual administración recurre al uso de la violencia. Un ejemplo concreto fue la intervención del Esmad sobre la minga comunitaria que llevaba más de dos meses en resistencia. Véase: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/300816-indigenas-de-ortega-se-reunirian-con-hocol
Vivimos en medio de un proceso de paz que tanto se nos ha promulgado, y el mismo presidente ha hecho eco para que la sociedad lo interiorice, y podamos llegar a ese ideal de una «paz estable y duradera». Pero ¿cómo hacemos realidad esta gran tarea? Si no existe voluntad por parte de las instituciones, prosigue la desigualdad social en las regiones que históricamente han sufrido el conflicto, sin dejar a un lado la lógica de los megaproyectos que continúan implementándose: la privatización del rio magdalena, los actos de corrupción en Reficar, el túnel de la línea, el acto arbitrario de Odebrecht o si pareciera poco el desconocimiento de las instituciones sobre los derechos que tiene las comunidades en sus territorios.
En realidad, el juego de las élites políticas, culturales y económicas que se han consolidado en Colombia sigue tomando fuerza. Ahora cabe recordar el problema de las comunidades indígenas en el Sur del Tolima, puesto que tiene su trayecto histórico, partamos de la lucha que realizó el «indio» Manuel Quintín Lame en defensa de estos territorios, al declararse en fuerte oposición con respecto al tinte conservador y las prácticas de negación sobre los derechos, usos y formas de trabajar la tierra.
Una gran disputa que lo llevó a ser un proscrito para la burguesía de aquella época. A su vez, el repudio por parte de la clase política nacional que nunca lo considero como un actor legítimo. Por el contario, el presidente de la época Guillermo Valencia lo tachó de ser un bandolero, ateo, inhumano y gestor del odio, la maldad y la violencia de los indígenas hacia la raza blanca. http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/circulo-de-confrontacion-el-norte-del-cauca-articulo-361414
En conclusión, ¿qué haremos con Hocol? Si todavía persiste el acto de resistencia por parte los indígenas a través de la minga comunitaria. Las propuestas son concretas:
1) respeto por las tradiciones y costumbres sobre la tierra;
2) la desconcentración de la misma y la redistribución de las regalías:
3) la inversión en un tipo de educación étnica que establezca diálogo con la necesidades de la región;
4) un proceso de control y fiscalización sobre los impactos ambientales;
5) la supervisión sobre las actividades económicas que realiza la empresa Hocol en Ortega.
Sencillamente, re-pensar la forma como se administra en estos momentos los bienes comunales donde se pueda sancionar, judicializar e impugnar las acciones desleales que se están realizando sobre el territorio.
José Javier Capera Figueroa es Politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista político y columnista del Periódico el Nuevo Día (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelión.org (España).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.