El reciente asesinato de Berta Cáceres, – Premio Goldman al Medio ambiente 2015- así como la retención prolongada en Honduras del ciudadano Gustavo Castro Soto, víctima del mismo atentado, develan la lucha de centenas de comunidades mesoamericanas en defensa de sus tierras y territorios. Y contra la presencia agresiva de megaproyectos, sean éstos mineros o […]
El reciente asesinato de Berta Cáceres, – Premio Goldman al Medio ambiente 2015- así como la retención prolongada en Honduras del ciudadano Gustavo Castro Soto, víctima del mismo atentado, develan la lucha de centenas de comunidades mesoamericanas en defensa de sus tierras y territorios. Y contra la presencia agresiva de megaproyectos, sean éstos mineros o hidroeléctricos. Así lo subraya Philipp Gerber, quien coordina los proyectos de la organización Médico Internacional Suiza en México, donde vive desde hace varios años. Amigo personal de Gustavo Castro Soto y conocido desde tiempo de la dirigente hondureña recientemente asesinada, Gerber introduce no sólo el retrato personal de sus dos amigos sino que analiza más a fondo la responsabilidad del Norte en esta política invasiva contra los pueblos mesoamericanos.
-P: ¿Cuál es el recuerdo, la imagen, que le queda de Berta Cáceres asesinada el 3 de marzo en Honduras?
-Philipp Gerber: Berta rompía con los estereotipos de activista de una causa. Era mucho más que una líder de su organización. Se movilizó frontalmente contra el Golpe de Estado en Honduras en 2009. Denunciaba la presencia de bases militares de Estados Unidos en su país. Se movía con gran facilidad tanto en las redes feministas como en el cabildeo internacional, siempre enfrentando «el poder capitalista, racista y patriarcal», como solía decir.
Pero, y eso la hacía tan especial, a pesar de sus premios y su visibilidad internacional, no dejó nunca de estar en el territorio, de convivir con la gente, de participar en las manifestaciones locales.
Apenas diez días antes de su asesinato lideró una manifestación -que fue duramente reprimida- contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por considerarlo una agresión al pueblo indígena Lenca. Su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ganó la primera lucha contra este proyecto ya que después de cuatro años el Banco Mundial y una constructora china se retiraron en 2013, argumentando el obstáculo que significaba la resistencia local.
Pero ahora llegan fondos de desarrollo de Holanda y Finlandia, acompañados por acciones de supuesta mitigación de impacto ambiental de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo). Y por todos los medios quieren implementar ese proyecto argumentando que ahora, supuestamente, el mismo *será limpio*.
Berta es la cuarta militante del COPINH asesinada en este nuevo ciclo del proyecto. Ella temía -así como su organización- que Agua Zarca signifique la entrada de megaproyectos a la región del pueblo Lenca, donde después del golpe militar del 2009 el nuevo Gobierno entregó en concesión una amplia parte del territorio para implementar 17 proyectos hidroeléctricos y una cantidad similar de proyectos mineros.
-P: Desde años usted trabaja en México, en la misma región que Gustavo Castro, quien fuera herido en el mismo atentado en que perdió la vida Berta Cáceres. ¿Cuál es el perfil del coordinador de Amigos de la Tierra / México?
-R: Lo conozco muy bien desde inicios de los años 90. Gustavo es un activista y defensor de derechos humanos con una larga trayectoria. Desde hace 20 años reside en Chiapas, enfocándose en la defensa de territorios contra la invasión de megaproyectos.
Últimamente, su trabajo y el de las redes del movimiento social en Mesoamérica se ha enfocado en proyectos de energía (hidroeléctricas, eólicas, fracking) y de minería. Gustavo es un activista de actitud modesta, de voz tranquila, pero que siempre insiste en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de las agresiones de las empresas y autoridades contra los territorios mayoritariamente indígenas. A raíz de estos procesos de resistencia y de paulatina toma de conciencia en los últimos meses muchas comunidades se declararon «territorios libres de minería».
-P: Gustavo Castro, según las informaciones públicas, vive una situación muy particular desde el pasado 3 de marzo ¿Tiene informaciones más directas sobre el estado actual de ese defensor de derechos humanos mexicano?
-PG: Tengo informaciones de primera mano. Gustavo está viviendo una situación angustiante de «retención» en Honduras. Todo esto, luego del trauma psicológico que le produjo haber salvado milagrosamente su vida en el mismo atentado en que asesinaron a Berta.
-P: ¿Podría darnos más elementos precisos…?
-PG: Para Gustavo es una situación extrema, porque no sólo vio morir a Berta en sus brazos, sino que luego, siendo víctima sobreviviente del atentado, sufrió maltratos de las autoridades hondureñas. En las horas y los días posteriores del atentado las autoridades han aplicado tratos crueles e inhumanos al obligarle a mantenerse despierto en prologados interrogatorios a los que lo han sometido haciéndolo declarar ante diferentes instancias. Se le ha restringido el acceso al agua y a los alimentos.
Una de las copartes mexicanas de Médico Internacional Suiza es el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. En una información de prensa, dicha organización subraya que: «La falta de atención médica y psicológica, evitar dormir y someter a interrogatorios prolongados y exhaustivos, son equiparables a métodos de tortura y malos tratos». Por su parte, el médico hondureño Juan Almendares señaló que el dirigente ecologista «no solo es víctima de un atentado sino también víctima de tortura psicológica y de la perversa crueldad del sistema jurídico en este país».
-P: ¿Y la situación de su seguridad en Honduras?
-PG: Sabemos que Gustavo se siente inseguro y teme que su vida está en peligro. Y esto con justa razón, porque los asesinos de Berta Cáceres lo dieron por muerto, después de que una bala le rozó la oreja.
Nadie puede asegurar que los asesinos fallidos no puedan intentar nuevamente de cumplir con su propósito y agredir, ahora, al único testigo ocular del asesinato de Berta Cáceres. Gustavo colaboró desde el principio con las autoridades para ayudar a esclarecer el crimen, pero también criticó el maltrato del cual fue objeto. Y denunció la insistencia de las autoridades de tratar de construir un escenario para que el asesinato político aparezca como un crimen pasional o personal.
Las autoridades prolongaron por 30 días la alerta migratoria que le impide salir de Honduras para regresar a México.
Haber sobrevivido por pura fortuna a un atentado y sentir que su seguridad está amenazada, constituye, según el derecho internacional, una situación inhumana. No tiene nada que ver con el trato elemental que merece una víctima de violencia extrema.
-P: ¿Este atentado del 3 de marzo puede provocar una nueva toma de conciencia ciudadana en torno a los temas que Berta Cáceres y Gustavo Castro denunciaban?
-PG: Espero que sí. Que este sacrificio no sea en vano. Ellos denuncian una política intervencionista de grandes empresas trasnacionales e instituciones financieras mundiales que promueven esos megaproyectos, que significan la misma imposición y violación de derechos desde la Patagonia hasta Sonora, a lo largo de todo el continente.
A pesar del bonito discurso del desarrollo «verde» y de la participación de la población afectada, la realidad en el terreno es otra. Esos megaproyectos significan despojo, destierro, corrupción, criminalización de la protesta, rompimiento del tejido social, violencia y migración forzada.
El giro eco-territorial del movimiento social latinoamericano es una reacción a este ataque. Y aunque hay ejemplos de resistencias exitosas, también la presión discursiva sobre la supuesta necesidad de este mal llamado «desarrollo verde» aumenta. Por ejemplo en el reciente Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de fines del año pasado, aparece muy fuerte este negocio pintado de verde.
Las empresas quieren consumir energía verde, nuestro capital social, nuestros ahorros de jubilación en el Norte tienen que ser invertidos en infraestructura verde, en tanto, en realidad, las comunidades tienen que entregar sus territorios, sus ríos y sus bosques para este propósito.
-P: Una reflexión final …
-PG: La muerte violenta de Berta no es la primera de una activista mesoamericana, pero el gran eco que tiene su asesinato tiene que servir para exigir un cambio de políticas. No puede ser que con nuestros impuestos que pagamos en tanto ciudadanos suizos, europeos, del Norte desarrollado; con nuestros ahorros; con «nuestras» empresas; se maten a defensoras y defensores comunitarios.
Ya no estamos en los años 80, donde por ejemplo, en la vecina Guatemala se implementaron represas con financiamiento de bancos suizos a costo de masacres de población indígena.
Si una política pública crea mucha crispación social, lo mínimo es hacer un alto en el camino, suspenderla y revisar las condiciones.
En toda América Latina hay una preocupante criminalización de la protesta social en el contexto de la movilización contra empresas, como lo acaba de constatar también el Observatorio de DDHH de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Y no hay una regularización clara del derecho a la consulta y al consentimiento de la población afectada. Y que quede claro, consentimiento significa que también la población puede decir NO a un proyecto. Porque los actuales procesos de consulta muchas veces son una mera simulación, son un trámite más en el diseño de los proyectos y los intereses multinacionales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.